Opinión
¿Es Venezuela culpable de la retoma de la lucha armada por FARC-EP?
Por Narciso Isa Conde
En esa conspiración macabra participa, además de Trump e Iván Duque, una comparsa continental de presidentes neofascistas; destacándose la demencial amenaza del régimen ultraderechista chileno, que amenaza con enviar sus aviones a bombardear a Venezuela.
Los responsables de 60 años de guerra sucia y terrorismo de Estado -el poder imperialista estadounidense, la oligarquía colombiana y las cúpulas políticas y militares pervertidas- culpan ahora a la Venezuela bolivariana y chavista, que tanto odian, del relanzamiento de las FARC-EP como fuerza insurgente.
Las culpan y usan esa falaz acusación como pretexto para reemprender sus planes de desestabilización, sus trajines golpistas y su pretensión de invadir militarmente y fraccionar el territorio venezolano con el propósito de instalar en el poder a su instrumento neofascista que por el momento encabeza Juan Guaidó.
En esa conspiración macabra está comprometida una comparsa continental agringada de calaña neofascista, destacándose en la demencial declaratoria del presidente chileno, que sin medir la capacidad de defensa anti-área venezolana, amenaza con su enviar sus bombarderos pinochetistas a Venezuela si su Guaidó es tocado con el pétalo de una flor.
Pero más allá de esas fanfarronadas peligrosas, es necesario seguir examinando los por qué de la retoma por FARC-EP de la ruta de la insurgencia armada, siendo la paz un anhelo vital del pueblo colombiano y países vecinos; algo fundamental para pulverizar los falsos argumentos de esta patraña.
- RAZONES DE LA INSURGENCIA POPULAR ARMADA Y EL RELANZAMIENTO DE FARC-EP.
Seguro estoy de que no es una determinación caprichosa y menos una receta del Estado vecino al que las fuerzas dominantes en EEUU y en Colombia tienen dos décadas agrediendo con nuevas modalidades de guerras imperialistas; procurando persistentemente hacer fracasar su autodeterminación y reeditando en escala tipo Libia, Afganistán, Irak, Yemen, Brasil, Argentina, Honduras… una agenda desestabilizadora parecida a la aplicada contra Cuba en las últimas 59 años y re-actualizada permanentemente.
Tampoco lo es el hecho de que el ELN, a la luz de los hechos vividos, no se haya desarmado ni desmovilizado a pesar de su vocación de paz.
Las razones reales son, sin dudas, de fuerza mayor, tanto por sus raíces históricas como por el impacto de una actualidad violenta con impronta de tragedia impuesta desde el poder imperial.
En ese plano y a propósito de lo que ha acontecido y sigue aconteciendo en Colombia, me parece oportuno recordar estos párrafos de uno de mis artículos escrito hace casi 4 años cuando, en la cercanía de la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana, aparecieron los primeros nubarrones del sabotaje interno y externo al proyecto de paz con justicia social, democracia y soberanía; asumido con vehemencia, talento y creatividad por la delegación de paz de las FARC-EP, encabezada precisamente por los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich:
“La paz, como anhelo inmensamente mayoritario, no debe ser obviada por la insurgencia armada; pero tampoco ella puede sujetarse al pérfido interés evidenciado por las fuerzas enemigas, que por demás han estructurado un país sin soberanía con un sistema neoliberal perverso.”
“El camino de la paz verdadera, no el de la paz como farsa, a mí entender precisa tener muy en cuenta esa realidad y enfrentar con decisión esa actitud del poder supranacional y local establecido, sin hacer concesiones unilaterales”.
“Por eso debe pensarse en construir -previamente a cualquier tipo de desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz con justicia social, soberanía y dignidad en medio de un cese al fuego bilateral y una progresiva desmilitarización bilateral de la lucha política; situando en el centro de las grandes metas a alcanzar el rescate de la soberanía que posibilite sacar a Colombia del tablero guerrerista del imperialismo occidental.”
“Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión, deberían de inmediato convertirse en hechos consistentes antes de contemplarse la pretendida desmovilización de los ejércitos populares creados por FARC y ELN durante medio siglo de heroísmo; que bien podrían asumir nuevos roles en medio del cese al fuego bilateral, la detención de la confrontación armada y el nuevo periodo de refundación democrática del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.” (DESARMATE… Y YO ME QUEDO CON LAS BASES Y LOS HIERROS, por Narciso Isa Conde, noticiassin.com, Blog Tiro al Blanco, noviembre 2015, Santo Domingo, RD.)
Los resultados finales de los diálogos de la Habana se distanciaron de esas perspectivas porque la mayoría del Secretariado de las FARC, bajo la jefatura de Timochenko, contrarió a una parte significativa de sus dirigentes y desde la cúpula impuso a contra-corriente la línea de entrega de armas y desmovilización unilateral a breve plazo, la renuncia al proceso constituyente y la evasión del necesario compromiso para erradicar el para-militarismo y anular los principales componentes del Estado Terrorista, incluidas las bases militares y de todo el aparato militar estadounidense e israelí en ese hermano país.
Pero no solo, sino que a continuación se produjo el recorte brutal y la perversión rampante a cargo de la oligarquía y la extrema derecha -con la complicidad y/o tolerancia del partidismo tradicional y el poder imperialista- de importantes vertientes de la temática acordada; especialmente de todo aquello que atentara contra la impunidad, que impidiera o limitara las represalias contra los ex–guerrilleros y luchadores/as sociales y garantizara la defensa de soberanía y la superación del modelo neoliberal.
El proceso hacia la paz fue prostituido por los promotores de la violencia de Estado, la guerra integral y las injusticias sociales.
La venganza mafiosa reapareció con un saldo impresionante de asesinatos selectivos, falsos positivos, apresamientos ilegales, torturas y violación de la amnistía a favor de centenares de presos políticos.
La paz fue hecha trizas.
Esas, entre otras, son causas que justifican el relanzamiento de las FARC-EP y ninguna de ellas ha sido auspiciada por el Gobierno y el Estado venezolanos, que de buena fe acompañó ese proceso de paz pérfidamente burlado por el Estado colombiano con el padrinazgo de de la Administración Trump; ambos, poder imperial y poder re-colonizado, comprometidos con la oleada de golpes, conspiraciones, agresiones paramilitares, guerras económicas, proyectos neofascistas, militarismo y amenazas de intervención militar directa en amplias zona del Continente y más allá.
Venezuela bolivariana ha sido víctima, no victimaria.
Más de sesenta años de Estado Terrorista y de su devenir en narco-Estado, presidido ahora por uno de los engendros políticos del narco-paramilitarismo, violador impenitente de todo esfuerzo pro-paz y justicia, no pueden separarse de la existencia y razón de ser de la insurgencia campesina, popular y patriótica, y de su resurgir cada vez que ha sido estafada su voluntad de paz.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?