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Senador y otros acusados en el caso Odebrech podrían ser inhabilitados de por vida por SCJ
Con los argumentos del Ministerio Público el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició ayer jueves las audiencias del juicio de fondo del caso Odebrecht, a fin de determinar si condenará a 10 años de prisión a los seis imputados por los 92 millones de dólares que la constructora pagó en sobornos en República Dominicana. Los jueces de la Alta Corte ponderarán si sería una pena justa, y apegada a la gravedad de los hechos imputados, poner fin a la carrera política del senador Tommy Galán Grullón, del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el expresidente del Senado, Andrés Bautista García; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); Juan Roberto Rodríguez Hernández, así como impedir que en algún momento el empresario Ángel Rondón Rijo y el abogado Conrado Pittaluga puedan ejercer alguna función pública.
Las penas en caso de ser declarados culpables van desde seis meses hasta 10 años de prisión de acuerdo con la acusación de soborno o cohecho, lavado de activos, sobre falsedad, prevaricación, delito de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, acogida por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte, Francisco Ortega Polanco.
Además de esto, la parte final del artículo 175 del Código Penal colocada en la calificación jurídica dada a los hechos presuntamente cometidos por Galán, Bautista García, Rodríguez Hernández, Díaz Rúa y Pittaluga, establece que “se impondrá, además, al culpable la pena de inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos”.
Aunque fueron muchos los interrogados, a la hora de acusar, la Procuraduría enfiló sus cañones contra 14 personas para luego solo presentar acusación contra seis de ellas por la adjudicación y financiamiento de las siguientes obras: Acueducto de la Línea Noroeste, ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, autopista del Coral, Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino, carretera Casabito, Corredor Duarte I y II, carretera del río Jarabacoa, acueducto Samaná, acueducto Hermanas Mirabal y carretera Bávaro Miches. El expresidente del Senado, Jesús –Chú- Vásquez también formó parte del grupo de imputados, pero fue descargado por insuficiencia de pruebas.
Según la Procuraduría, Víctor Díaz Rúa recibió transferencias de empresas de Ángel Rondón por más de US$850,000. Además de US$6,629,080 por la Autopista del Coral a través de Pittaluga y US$4,000,000 de Odebrecht en el Antigua Overseas Bank, según Hilberto Mascarenhas Alves, sumado a un viaje a Antigua y Barbuda.
El Ministerio Público acusa a Conrado Pittaluga de ser el testaferro de Díaz Rúa, así como de firmar contratos de servicios jurídicos de fachadas con Odebrecht y constituir sociedades de carpeta en paraísos fiscales. Dice también que trianguló los activos a través de las sociedades Newport, Indoequipesa SRL y Solaries SAS.
A Ángel Rondón lo señala como la persona que distribuyó los sobornos a los funcionarios públicos a nombre de Odebrecht. Dice que del 2002 al 2017 como persona física percibió ingresos por RD$983,682,226.57 y que en divisa extranjera percibió US$2,690,155.73. Asimismo, que la sociedad desarrollada por él para soborno y lavado de activos, comprende unas 30 empresas en la República Dominicana y en el extranjero.
De Tommy Galán, la Procuraduría afirma que en su calidad de funcionario falseó su declaración jurada de patrimonio para ocultar los verdaderos costos de sus bienes. Asegura también que incrementó del 2006 al 2016 su patrimonio en un 63 %, y ocultó la suma de RD$63,000,000 en inmuebles y lavó dinero en constructora que creó en 2008.
Según la acusación, Andrés Bautista, de 1994 al 2004 incrementó en 668 % su patrimonio inmobiliario y del 2004 al 2006 subió 333 % y que, además, ocultó bienes. “Partiendo del incremento obtenido desde la fecha de toma de posesión de su cargo por primera vez (1994) hasta la última declaración (2006), el incremento se eleva a 1074 %”, dice la acusación.
En tanto, Roberto Rodríguez, es acusado de recibir un soborno de Ángel Rondón a través de su cuñada.
El primer contrato que obtuvo Odebrecht fue la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste para lo cual, según el Ministerio Público, Rodríguez recibió de ARMA RD$1,075,000 el 19 de enero del 2009. La acusación describe además los productos financieros con que se gestionó el soborno.
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Poder Ejecutivo deposita en el Senado proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, que crea la DNI
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader despositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la ley número 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según informó la Presidencia de la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
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MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
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Raquel Peña dirigirá otro gabinete; Abinader la designa como presidenta del Gabinete de Educación
Santo Domingo, R.D.-La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación, en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.