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Rectora encabeza reunión para demandar mayor presupuesto para la UASD.
Universidad Autónoma de Santo Domingo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), encabezó una reunión este jueves con directores de recintos, centros y subcentros de la academia, con el objetivo de llevar a cabo un plan de acción para arreciar la lucha de obtener un mayor presupuesto para el año 2020, ascendente a 16 mil millones 890 mil pesos.
En la actividad realizada en el salón del Consejo Universitario del antiguo edificio de la Rectoría, se acordó implementar acciones y nuevas estrategias de sensibilización a favor de una mayor asignación presupuestaria para la institución académica, con actividades simultáneas en la Sede Central y los Recintos, Centros y Subcentros, así como hacer un desglose del uso de la partida presupuestaria para el 2020.
La rectoraEmma Polanco Melo dijo que la Universidad recibe a miles de estudiantes y que en este año 2019 han ingresado 25 mil 735 nuevos alumnos, lo que sumado a los 19 mil 630 que entraron en el primer semestre del mismo, ascienden a 45 mil 365, cifras que aumentan a más de 250 mil la matrícula de la UASD en 18 ciudades universitarias que posee en distintas ciudades.
Agregó que la institución paga 33.5 millones de pesos mensuales de viáticos y transporte para enviar a los profesores al interior, lo que ronda por más de 8 millones semanales.
Instó a los directores regionales a que sirvan de multiplicadores de las propuestas y campañas que se diseñen a partir de este encuentro con relación a difundir la demanda de una mayor partida presupuestaria.
De su lado, el vicerrector de Investigación y Postgrado, doctor Mauro Canario, señaló que la lucha por una asignación presupuestal justa persigue un mismo objetivo en la Sede Central como en los Recintos, Centros y Subcentros universitarios.
“La lucha por el presupuesto justo tiene que ser en todo el país, tenemos que diseñar estrategias de lucha convincente que nos acerque a la población, para que la Universidad siga manteniendo su prestigio y de calidad”, sostuvo Canario.
Mientras que los vicerrectores Administrativo, maestro Pablo Valdez, y Docente, maestro Alejandro Ozuna, abogaron por una mayor asignación presupuestaria para la Primada de América, para tener una educación superior de calidad, en cambio, el secretario general de la academia, maestro Juan Antonio Cerda Luna, dijo las palabras de motivación del evento.
En tanto, el contralor general de la Universidad, licenciado Favio Roa, al presentar la situación económica por la que atraviesa la institución académica, destacó que la UASD tiene un déficit de RD$1,325.8 millones, así como compromisos pendientes de pago que ascienden a RD$1,715.7 millones, entre otros datos relevantes.
Igualmente, el director de Comunicaciones, maestro Orestes Toribio, presentó la estrategia comunicacional de la academia por la asignación del 5 % del presupuesto nacional para la entidad educativa y la educación superior, de acuerdo a las leyes 57-78 y 130-01, mientras que el director de OTACySU, doctor Tony Tejada, fungió como moderador del encuentro.
Al encuentro asistieron 15 directores de Recintos, Centros y Subcentros universitarios, quienes participaron en los debates sobre las acciones que realizarán para obtener un mayor presupuesto para la casa de altos estudios, así como la campaña de sensibilización que efectuarán en igual cantidad de ciudades que representan.
Las autoridades de la Universidad estatal justificaron la necesidad de aumentar el presupuesto de la academia en 16 mil 890 millones de pesos, para el rediseño curricular en la Sede Central, Recintos, Centros y Subcentros que hacen falta al menos RD$1,839.8 millones; también, para impulsar, diseñar y promover carreras técnicas se requieren RD$1,297.1 millones.
Asimismo, para la construcción y equipamiento de laboratorios se requieren RD$1,032.5 millones; construcción de aulas, 924.5 millones de pesos; un edificio de Postgrado, RD$222.6 millones; proyectos de investigación, RD$167.9 millones; construcción de un nuevo edificio para el Registro Universitario, 79.1 millones de pesos; modernización de la plataforma tecnológica, RD$70.2 millones.
Además, para el equipamiento y mantenimiento de la biblioteca Pedro Mir, RD$61.3 millones; para remodelar el edificio y digitalizar los servicios de Bienestar Estudiantil, RD$45.2 millones; el déficit operativo, RD$1,325.8 millones; compromisos de pago, RD$1,715.7 millones, y, por último, una partida presupuestaria destinada para cada Recinto, Centro y Subcentro universitarios y varias construcciones necesarias.
Las autoridades universitarias han venido desarrollando una serie de estrategias con el fin de restaurar la imagen institucional y un mejor posicionamiento de la academia, también con el objetivo de sensibilizar a los legisladores y la sociedad en general, para demandar del gobierno la aprobación de un mayor presupuesto para la Universidad, que en la actualidad opera con un déficit de 96 millones de pesos mensuales.
En el encuentro estuvieron presentes además, la directora general de Recursos Humanos, maestra Nurys Bastardo; el director de Compras, licenciado Tomás Santiago Báez, y el consultor jurídico, doctor José Parra Báez.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.