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Rectora encabeza reunión para demandar mayor presupuesto para la UASD.
Universidad Autónoma de Santo Domingo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), encabezó una reunión este jueves con directores de recintos, centros y subcentros de la academia, con el objetivo de llevar a cabo un plan de acción para arreciar la lucha de obtener un mayor presupuesto para el año 2020, ascendente a 16 mil millones 890 mil pesos.
En la actividad realizada en el salón del Consejo Universitario del antiguo edificio de la Rectoría, se acordó implementar acciones y nuevas estrategias de sensibilización a favor de una mayor asignación presupuestaria para la institución académica, con actividades simultáneas en la Sede Central y los Recintos, Centros y Subcentros, así como hacer un desglose del uso de la partida presupuestaria para el 2020.
La rectoraEmma Polanco Melo dijo que la Universidad recibe a miles de estudiantes y que en este año 2019 han ingresado 25 mil 735 nuevos alumnos, lo que sumado a los 19 mil 630 que entraron en el primer semestre del mismo, ascienden a 45 mil 365, cifras que aumentan a más de 250 mil la matrícula de la UASD en 18 ciudades universitarias que posee en distintas ciudades.
Agregó que la institución paga 33.5 millones de pesos mensuales de viáticos y transporte para enviar a los profesores al interior, lo que ronda por más de 8 millones semanales.
Instó a los directores regionales a que sirvan de multiplicadores de las propuestas y campañas que se diseñen a partir de este encuentro con relación a difundir la demanda de una mayor partida presupuestaria.
De su lado, el vicerrector de Investigación y Postgrado, doctor Mauro Canario, señaló que la lucha por una asignación presupuestal justa persigue un mismo objetivo en la Sede Central como en los Recintos, Centros y Subcentros universitarios.
“La lucha por el presupuesto justo tiene que ser en todo el país, tenemos que diseñar estrategias de lucha convincente que nos acerque a la población, para que la Universidad siga manteniendo su prestigio y de calidad”, sostuvo Canario.
Mientras que los vicerrectores Administrativo, maestro Pablo Valdez, y Docente, maestro Alejandro Ozuna, abogaron por una mayor asignación presupuestaria para la Primada de América, para tener una educación superior de calidad, en cambio, el secretario general de la academia, maestro Juan Antonio Cerda Luna, dijo las palabras de motivación del evento.
En tanto, el contralor general de la Universidad, licenciado Favio Roa, al presentar la situación económica por la que atraviesa la institución académica, destacó que la UASD tiene un déficit de RD$1,325.8 millones, así como compromisos pendientes de pago que ascienden a RD$1,715.7 millones, entre otros datos relevantes.
Igualmente, el director de Comunicaciones, maestro Orestes Toribio, presentó la estrategia comunicacional de la academia por la asignación del 5 % del presupuesto nacional para la entidad educativa y la educación superior, de acuerdo a las leyes 57-78 y 130-01, mientras que el director de OTACySU, doctor Tony Tejada, fungió como moderador del encuentro.
Al encuentro asistieron 15 directores de Recintos, Centros y Subcentros universitarios, quienes participaron en los debates sobre las acciones que realizarán para obtener un mayor presupuesto para la casa de altos estudios, así como la campaña de sensibilización que efectuarán en igual cantidad de ciudades que representan.
Las autoridades de la Universidad estatal justificaron la necesidad de aumentar el presupuesto de la academia en 16 mil 890 millones de pesos, para el rediseño curricular en la Sede Central, Recintos, Centros y Subcentros que hacen falta al menos RD$1,839.8 millones; también, para impulsar, diseñar y promover carreras técnicas se requieren RD$1,297.1 millones.
Asimismo, para la construcción y equipamiento de laboratorios se requieren RD$1,032.5 millones; construcción de aulas, 924.5 millones de pesos; un edificio de Postgrado, RD$222.6 millones; proyectos de investigación, RD$167.9 millones; construcción de un nuevo edificio para el Registro Universitario, 79.1 millones de pesos; modernización de la plataforma tecnológica, RD$70.2 millones.
Además, para el equipamiento y mantenimiento de la biblioteca Pedro Mir, RD$61.3 millones; para remodelar el edificio y digitalizar los servicios de Bienestar Estudiantil, RD$45.2 millones; el déficit operativo, RD$1,325.8 millones; compromisos de pago, RD$1,715.7 millones, y, por último, una partida presupuestaria destinada para cada Recinto, Centro y Subcentro universitarios y varias construcciones necesarias.
Las autoridades universitarias han venido desarrollando una serie de estrategias con el fin de restaurar la imagen institucional y un mejor posicionamiento de la academia, también con el objetivo de sensibilizar a los legisladores y la sociedad en general, para demandar del gobierno la aprobación de un mayor presupuesto para la Universidad, que en la actualidad opera con un déficit de 96 millones de pesos mensuales.
En el encuentro estuvieron presentes además, la directora general de Recursos Humanos, maestra Nurys Bastardo; el director de Compras, licenciado Tomás Santiago Báez, y el consultor jurídico, doctor José Parra Báez.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.