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Rectora dice: “La UASD invierte el 30% de su presupuesto en nivelar a los bachilleres”

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La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco Melo, está en campaña para que el Gobierno les asigne RD$ 15,888.9 millones en el presupuesto y así con sus ingresos propios poder llegar a RD$ 16,890 millones para el 2020. La universidad estatal dispone de un presupuesto de RD$ 8.5 millones, de los cuales invierte el 30% en nivelar a los bachilleres de nuevo ingreso que presentan debilidades educativa.

Polanco Melo informó que el Consejo Universitario estructuró un proyecto de presupuesto para el año 2020 de RD$16, 890. 7 millones con el que buscan responder a sus necesidades más urgentes, como son el rediseño curricular con un enfoque de competencia y la construcción de un recinto universitario en Santo Domingo Este para mejorar las labores académicas.

“Cómo vamos a tener calidad que usted espera, si no tenemos el equipamiento, recursos, buenos equipamientos y laboratorios”, comentó Polanco Melo.

El Consejo aprobó una distribución de los recursos en los siguientes renglones: RD$ 13,574 millones para el funcionamiento normal de la institución; RD$ 1 mil 700 millones para pagos atrasados; y RD$ 1 mil 600 millones para inversión en programas educativos, en obras y equipos.

La rectora dice que es difícil mantener la universidad con buen funcionamiento recibiendo un promedio semestral de 16 mil nuevos estudiantes, arrastrando un déficit de RD$ 1,325.8 millones y compromisos por pagar ascendente a RD$ 1,715.7 millones y con un presupuesto de RD$ 8.5 millones, que es el actual.

Polanco Melo y el vicerrector administrativo, Pablo Valdez son los invitados de esta semana del Diálogo Libre que dirige y conduce el director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada.

Otras prioridades son más aulas (500), educación virtual, sala digital, adecuación de la biblioteca central, renovación de la plataforma tecnológica.

La UASD necesita cambiar

“Ya la universidad tiene que cambiar, modernizarse, pero también nosotros tenemos que modernizar la mente de lo que tenemos, hay que hacer un cambio, porque los estudiantes que le van a llegar son puros tecnológicos”, dijo Polanco Melo.

Considera que el hecho de tener más de 250 mil alumnos es garantía de tener buenos ciudadanos, porque no van a delinquir, pues su meta es lograr un futuro mejor y en ese aspecto, la UASD viene a ser un soporte en contra de la delincuencia.

“El presupuesto que pedimos no es un deseo de las autoridades de la UASD, sino una necesidad urgente”, comentó Polanco.

Sin esa partida que solicitan – señala la rectora- es imposible abocarse a un proceso de modernización y eficientización de los servicios que ofrecen a los estudiantes.

Capacidad para admitir estudiantes

A pesar de sus problemas financieros y de sus limitaciones académicas, la UASD siempre puede recibir estudiantes, porque es una institución abierta y es la que tiene la responsabilidad de formar los profesionales que requiere el país y por eso mantienen carreras como física, química, sociología, estadísticas y trabajo social.

“La mayoría de las universidades abren las carreras que dejan dinero y que no requieren grandes estructuras, nosotros abrimos las carreras que necesita el país no importa la estructura que tengan, pero también complementamos con otras”, sostuvo la rectora de la primera universidad del viejo mundo.

No se pueden aumentar los créditos por asignaturas

La rectora de la academia estatal dijo que no se debe aumentar el crédito estudiantil para lograr mayores ingresos, porque así lo dispone la Constitución que establece que la educación superior pública es gratuita.

Tampoco pueden tomar decisiones, porque no son colegiadas, sino que tienen organismos internos que representan a cada sector dentro del Consejo Universitario que es el que toma las decisiones académicas.

El costo del crédito por asignatura es de RD$ 6. En la mayoría de los casos se permite un mínimo de 24 créditos, por lo que si se multiplica ese número por la cantidad de estudiantes inscritos, la universidad recibe un ingreso de RD$ 36 millones por semestre.

Argumentan las autoridades de la UASD que la característica principal del financiamiento de la educación superior pública lo constituyen las transferencias hechas por el Gobierno Central que se nutren de los ingresos fiscales corrientes de las arcas del Estado que asciende aproximadamente al 90% de los ingresos percibidos por la universidad, un promedio equivalente al 1.05% del presupuesto General del Estado. Polanco Melo dijo que la llamada revolución educativa ha creado una explosión en cuanto al número de nuevos ingresos en las universidades, sobre todo en la UASD que es la principal receptora de los estudiantes que provienen de las escuelas públicas.

“El mantener la UASD, que es prácticamente la única universidad pública del país, de puertas abiertas, nos ha forzado ha manejarnos con un déficit que se hace prácticamente insostenible”, dijo la rectora.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.

Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.

Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.

Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.

La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.

Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.

Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.

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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3

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Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.

Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».

«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).

Derechos de Franasyl

La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.

En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.

La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.

  • Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.

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Senado contra la pared con el CPP: aprobar o rechazar

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Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.

El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.

La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.

La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.

El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.

Ejecución del peritaje

Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.

La CD modificó el artículo 48 de la pieza

Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.

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