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¿Çesará la lucha interna en el PLD luego de las primarias?
Son muchas las expectativas de que en dos dos semanas cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) eleja su candidato presidencial en las primarias abiertas cesarán las contradicciones internas y que se acabará la división en esa organización, lo cual parece un escenario muy difícil de ver.
Esa posibilidad en realidad parece muy remota, pero todavía falta ver que giro toma la pre-campaña y si el horizonte presenta alguna luz al final del túnel, cuya hipótesis de convertirse en realidad podría significar la permanencia en el poder del PLD.
¿Cómo y con quién lograr la unificación? El discurso de los precandidatos Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, así como el de sus seguidores dan una idea de que tan difícil será ese proceso.
Fernández mantiene un discurso de unidad y expresa que es importante ganar con amplio margen las primarias, que dice tiene aseguradas, porque eso facilitaría la reunificación de la organización.
El presidente del PLD repite también que su gobierno no será de tendencias, sino para todos los peledeístas y los ciudadanos que no militan en esa organización, pero que estén dispuestos a servir al país.
La tendencia de Fernández en el PLD está totalmente unificada en torno a su proyecto presidencial y logró atraer a la esposa del secretario general y presidente del Senado, Ingrid Mendoza, lo que se ha interpretado como un apoyo de Reinaldo Pared Pérez, que declinó sus aspiraciones con fuertes críticas al sector de Medina y dijo que se mantendría neutral hasta en el proceso de las primarias.
La acción de Pared Pérez, de alguna manera, coloca al presidente y al secretario general de la organización del mismo lado en la actual contienda. Ambos han tenido un historial de mantener la unidad de la organización y la última muestra fue la presidencia de la Cámara de Diputados que por un acuerdo interno correspondía al legislador de Santiago, Demóstenes Martínez y ambos expresaron que el acuerdo debió ser respetado, pero no ocurrió y el danilista Radhamés Camacho permanece en el cargo por una decisión del sector de Medina.
El primer encontronazo de Fernández y Medina que puso en juego la unidad peledeísta fue en el 2007 cuando se enfrentaron en las primarias y Medina pronunció la famosa frase “me venció el Estado”. Sin embargo, en la práctica, aunque Medina no participó en esa campaña, sus seguidores fueron integrados y el día de las votaciones fue a votar y dijo que solo vota por el PLD.
En el 2011 con las acciones a favor de la reelección para un tercer periodo de Fernández el PLD se vio al borde de un cisma, pero el entonces presidente de la República declinó y se mantuvo neutral en la contienda interna que Medina ganó con amplio margen. En la campaña electoral Fernández y su equipo se integraron a trabajar por la candidatura presidencial del PLD que, aunque arrancó en desventaja Medina se impuso frente a Hipólito Mejía 51.20% frente a 46.91%.
En el 2015 el PLD estuvo más cerca que nunca de dividirse por la decisión del Comité Político de someter un proyecto de reforma a la Constitución para la reelección de Medina con la oposición del expresidente. La unidad de la organización se logró mediante un acuerdo de 15 puntos que luego dirigentes como Ramón Ventura Camejo calificaron de “un atraco”. Ese acuerdo incluyó el artículo transitorio que prohibió a Medina presentarse de nuevo como candidato.
Ese proceso electoral estuvo marcado por la aparición del exconvicto Quirino Ernesto Paulino Castillo que acusó a Fernández de recibir dinero para su campaña del 2004 y el sector del expresidente en el PLD lo atribuyen a una campaña sucia de sectores enquistados en el poder para descalificarlo moralmente.
De su lado, Gonzalo Castillo, aunque no habla expresamente de unidad, aconseja a sus seguidores que desarrollen la campaña con decencia y sin insultos con el lema de que quien está ganado no pelea. Hasta ahora, su discurso, al menos lo que su equipo envía a los medios de comunicación, se observa inclusivo para todo el PLD y dice que su prioridad es seguir la obra de gobierno del presidente Medina. “De mis labios no saldrán nunca frases insultantes, negativas o peyorativas contra ningún compañero”, ha señalado.
Castillo logró el apoyo público de al menos 16 miembros del Comité Político de 22 que siguen a Medina y también la mayoría de los integrantes del Comité Central, los senadores y diputados que siguen esa corriente del PLD. Sin embargo, su precandidatura no logró la unificación total de ese sector del PLD, como en los casos de Pared Pérez y Carlos Amarante Baret, este último un símbolo del danilismo y el PLD. Francisco Domínguez Brito, el mejor posicionado en las encuestas detrás de Castillo asumió ayer el proyecto del exministro de Obras Públicas.
Otra dificultad que tendría Castillo de cara a la unificación del PLD es que su llegada a los organismos partidarios no ha sido por su trabajo político en esa organización y eso le dificulta el vínculo con la dirigencia media y de base. Castillo llegó al Comité Central en el 2005 por una cuota de Medina y en el 2014 al Comité Político también señalado por el presidente de la República.
Aunque ni Fernández ni Castillo tienen un discurso agresivo, ambos cuentan con equipos de colaboradores que hacen esa tarea. En el caso del expresidente sus aliados de las Fuerza Nacional Progresista (FNP) son críticos férreos de Medina y todo lo que representa políticamente. Castillo cuenta con los miembros del Comité Político y figuras de los medios de comunicación que se encargan de decir lo malo del proyecto de Fernández y de su círculo de colaboradores.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.