Santo Domingo, RD..-Jeifry del Rosario Gautier, hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, se siente deprimido y triste tras su vinculación en la red del presunto capo César Emilio Peralta, “César el Abusador”.Nacionales
Jeifry del Rosario se siente “está triste y deprimido” desde acusación en red César el Abusador
Santo Domingo, RD..-Jeifry del Rosario Gautier, hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, se siente deprimido y triste tras su vinculación en la red del presunto capo César Emilio Peralta, “César el Abusador”.Así lo afirmó a LISTÍN DIARIO Severiano Paredes Hernández, tío del imputado, quien confesó que desde que se enteró de la noticia, el pasado 20 de agosto, no ha estado de ánimos. También se ha sentido triste al leer las informaciones que se han publicado sobre su caso.
Del Rosario Gautier está recluido en la cárcel pública general Pedro Santana de El Seibo, y es solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos.
Por otro lado, Paredes Hernández afirmó que Jeifry del Rosario Gautier negó ante la DEA que conociera a César Emilio Peralta, César “el Abusador”.
“Sobre el señor César el Abusador él dijo claramente “yo no conozco a ese señor… nunca lo he tratado, nunca lo he visto”, dijo el pariente, que también es abogado.
Es por tal razón que desconoce por qué su sobrino es vinculado con la red del presunto narcotraficante más grande de la historia dominicana, porque ni siquiera han sido reveladas “ni fotografías ni conversaciones ni ninguna prueba que lo vinculen con César Emilio Peralta”, argumentó.
“En la justicia usted va al tribunal con pruebas, no puede ir al tribunal porque alguien le dijo… Ellos tienen que llevarme a mí las pruebas”, advirtió.
Paredes Hernández, quien convivió con Del Rosario Gautier hasta su adolescencia, explicó que su sobrino tampoco puede ser acusado de haber lavado 230,000 dólares como indica la solicitud de extradición expedida por el Tribunal del Distrito Sur de Florida, porque no posee propiedades ni dinero y que nunca le hallaron paquetes de droga.
Sin embargo, en 2015, la jueza de la Instrucción del Distrito Judicial Hato Mayor, Francis Reyes Diloné, impuso un año de prisión preventiva en su contra por el presunto tráfico del alijo de 55 paquetes de cocaína. Desde entonces está recluido en la cárcel pública general Pedro Santana de El Seibo.
“Dónde está esa fortuna… Tú no me puedes decir a mí que yo lavé cinco millones de pesos sin tú tener el aval y demostrarme a mí que yo manejé ese dinero”, señaló el pariente en una visita a la redacción de Listín Diario.
Asimismo, se quejó de que a Jeifry del Rosario Gautier se le atribuye ser el quinto cabecilla en la red, pese a que no han encontrado pruebas contundentes contra él.
También argumentó que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que el organismo de tráfico de drogas se formó hace aproximadamente 20 años, y que por tal razón Jeifry no pudo haber pertenecido porque apenas tiene 25 años.
“De los 25 tiene casi cinco años preso, es decir que para llegar a ser, en una organización como la que dice el Procurador que manejaba ese señor, el quinto hombre de importancia tú tienes que ser un hombre de poder, pero de poder en todo el sentido de la palabra: poder social, poder económico y poder político… Se cae de la mata que esa es una falsedad”, argumentó.
“Nunca delató a José Jesús Tapia Pérez”
Se remontó a la reunión que tuvo con un agente de la DEA en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la que también participó Del Rosario Gautier. En esa ocasión le mostraron a su sobrino fotografías de cinco personas, y dijo que solo había conocido a uno: José Jesús Tapia Pérez.
“A él le presentaron cinco personas de las cinco él dijo ‘yo reconozco a esa persona, y lo conozco desde que tengo 15 años’… Él no puede negar que conocía a esa persona”, manifestó Paredes Hernández.
José Jesús Tapia Pérez, señalado por la Procuraduría General de la República como uno de los presuntos cinco cabecillas de la red de tráfico de drogas y lavado de activos liderada por César Emilio Peralta, aceptó ser extraditado a Estados Unidos, hacia donde partió la pasada semana junto a Baltazar Mesa.
Paredes Hernández pidió a las autoridades dominicanas investigar profundamente para que al igual que en los casos de los expeloteros Luis Castillo y Octavio Dotel, al igual que otros imputados, sea desvinculado de la acusación.
“Ha cometido errores”
Severiano Paredes Hernández admitió que Jeifry del Rosario Gautier ha cometido errores, “y él ha venido pagándolos”.
“Tú sabe cuál fue el error que cometió Jeifry fue que en una oportunidad se puso a estar hablando porquería, y aquí, como está ese teléfono mío enganchado, porque aquí se vive de eso… Estaba hablando por teléfono cosas de negocios…”, manifestó.
La solicitud de extradición dice que Jeifry fue interceptado en varias ocasiones de 2017 mientras presuntamente conversaba con su padre, Ramón del Rosario Puente (quien fue apresado en Colombia y está esperando ser extraditado a Estados Unidos) y Darys José Baéz Melo (apresado por un caso de drogas).
El familia de Jeifry aseguró que antes de su arresto en 2015 estaba a punto de inscribirse en la universidad para estudiar una licenciatura en Administración de Empresas, y que cuando salga de prisión piensa hacer una carrera universitaria.
“Es un muchacho que me he encargado y he hablado con él de que el camino no es ese, y qué me ha dicho él, tío cuando yo salga de aquí yo voy para la universidad. Si tú no te metes en la universidad no cuentes conmigo, para nada. Es una persona que yo tengo la confianza de que se va a enderezar, entonces por qué meterlo en un lugar donde él no cabe”, manifestó.
De acuerdo a las investigaciones presentadas por las autoridades estadounidenses a las que tuvo acceso LISTÍN DIARIO, el 15 de junio de 2017 un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió y presentó una acusación formal de un solo cargo: acusación delictuosa para distribuir a sabiendas cinco o más kilogramos de cocaína con la intención de importarlos ilegalmente a Estados Unidos.
Las autoridades dominicanas desmantelaron el pasado 20 de agosto la red liderada por César Emilio Peralta, quien tenía varios centros de diversión y otros negocios bajo su propiedad. Hasta ahora permanece prófugo de la justicia.
listindiario.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.