Santo Domingo, RD..-Jeifry del Rosario Gautier, hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, se siente deprimido y triste tras su vinculación en la red del presunto capo César Emilio Peralta, “César el Abusador”.Nacionales
Jeifry del Rosario se siente “está triste y deprimido” desde acusación en red César el Abusador
Santo Domingo, RD..-Jeifry del Rosario Gautier, hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, se siente deprimido y triste tras su vinculación en la red del presunto capo César Emilio Peralta, “César el Abusador”.Así lo afirmó a LISTÍN DIARIO Severiano Paredes Hernández, tío del imputado, quien confesó que desde que se enteró de la noticia, el pasado 20 de agosto, no ha estado de ánimos. También se ha sentido triste al leer las informaciones que se han publicado sobre su caso.
Del Rosario Gautier está recluido en la cárcel pública general Pedro Santana de El Seibo, y es solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos.
Por otro lado, Paredes Hernández afirmó que Jeifry del Rosario Gautier negó ante la DEA que conociera a César Emilio Peralta, César “el Abusador”.
“Sobre el señor César el Abusador él dijo claramente “yo no conozco a ese señor… nunca lo he tratado, nunca lo he visto”, dijo el pariente, que también es abogado.
Es por tal razón que desconoce por qué su sobrino es vinculado con la red del presunto narcotraficante más grande de la historia dominicana, porque ni siquiera han sido reveladas “ni fotografías ni conversaciones ni ninguna prueba que lo vinculen con César Emilio Peralta”, argumentó.
“En la justicia usted va al tribunal con pruebas, no puede ir al tribunal porque alguien le dijo… Ellos tienen que llevarme a mí las pruebas”, advirtió.
Paredes Hernández, quien convivió con Del Rosario Gautier hasta su adolescencia, explicó que su sobrino tampoco puede ser acusado de haber lavado 230,000 dólares como indica la solicitud de extradición expedida por el Tribunal del Distrito Sur de Florida, porque no posee propiedades ni dinero y que nunca le hallaron paquetes de droga.
Sin embargo, en 2015, la jueza de la Instrucción del Distrito Judicial Hato Mayor, Francis Reyes Diloné, impuso un año de prisión preventiva en su contra por el presunto tráfico del alijo de 55 paquetes de cocaína. Desde entonces está recluido en la cárcel pública general Pedro Santana de El Seibo.
“Dónde está esa fortuna… Tú no me puedes decir a mí que yo lavé cinco millones de pesos sin tú tener el aval y demostrarme a mí que yo manejé ese dinero”, señaló el pariente en una visita a la redacción de Listín Diario.
Asimismo, se quejó de que a Jeifry del Rosario Gautier se le atribuye ser el quinto cabecilla en la red, pese a que no han encontrado pruebas contundentes contra él.
También argumentó que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que el organismo de tráfico de drogas se formó hace aproximadamente 20 años, y que por tal razón Jeifry no pudo haber pertenecido porque apenas tiene 25 años.
“De los 25 tiene casi cinco años preso, es decir que para llegar a ser, en una organización como la que dice el Procurador que manejaba ese señor, el quinto hombre de importancia tú tienes que ser un hombre de poder, pero de poder en todo el sentido de la palabra: poder social, poder económico y poder político… Se cae de la mata que esa es una falsedad”, argumentó.
“Nunca delató a José Jesús Tapia Pérez”
Se remontó a la reunión que tuvo con un agente de la DEA en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la que también participó Del Rosario Gautier. En esa ocasión le mostraron a su sobrino fotografías de cinco personas, y dijo que solo había conocido a uno: José Jesús Tapia Pérez.
“A él le presentaron cinco personas de las cinco él dijo ‘yo reconozco a esa persona, y lo conozco desde que tengo 15 años’… Él no puede negar que conocía a esa persona”, manifestó Paredes Hernández.
José Jesús Tapia Pérez, señalado por la Procuraduría General de la República como uno de los presuntos cinco cabecillas de la red de tráfico de drogas y lavado de activos liderada por César Emilio Peralta, aceptó ser extraditado a Estados Unidos, hacia donde partió la pasada semana junto a Baltazar Mesa.
Paredes Hernández pidió a las autoridades dominicanas investigar profundamente para que al igual que en los casos de los expeloteros Luis Castillo y Octavio Dotel, al igual que otros imputados, sea desvinculado de la acusación.
“Ha cometido errores”
Severiano Paredes Hernández admitió que Jeifry del Rosario Gautier ha cometido errores, “y él ha venido pagándolos”.
“Tú sabe cuál fue el error que cometió Jeifry fue que en una oportunidad se puso a estar hablando porquería, y aquí, como está ese teléfono mío enganchado, porque aquí se vive de eso… Estaba hablando por teléfono cosas de negocios…”, manifestó.
La solicitud de extradición dice que Jeifry fue interceptado en varias ocasiones de 2017 mientras presuntamente conversaba con su padre, Ramón del Rosario Puente (quien fue apresado en Colombia y está esperando ser extraditado a Estados Unidos) y Darys José Baéz Melo (apresado por un caso de drogas).
El familia de Jeifry aseguró que antes de su arresto en 2015 estaba a punto de inscribirse en la universidad para estudiar una licenciatura en Administración de Empresas, y que cuando salga de prisión piensa hacer una carrera universitaria.
“Es un muchacho que me he encargado y he hablado con él de que el camino no es ese, y qué me ha dicho él, tío cuando yo salga de aquí yo voy para la universidad. Si tú no te metes en la universidad no cuentes conmigo, para nada. Es una persona que yo tengo la confianza de que se va a enderezar, entonces por qué meterlo en un lugar donde él no cabe”, manifestó.
De acuerdo a las investigaciones presentadas por las autoridades estadounidenses a las que tuvo acceso LISTÍN DIARIO, el 15 de junio de 2017 un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió y presentó una acusación formal de un solo cargo: acusación delictuosa para distribuir a sabiendas cinco o más kilogramos de cocaína con la intención de importarlos ilegalmente a Estados Unidos.
Las autoridades dominicanas desmantelaron el pasado 20 de agosto la red liderada por César Emilio Peralta, quien tenía varios centros de diversión y otros negocios bajo su propiedad. Hasta ahora permanece prófugo de la justicia.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.