Santo Domingo, RD..-Jeifry del Rosario Gautier, hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, se siente deprimido y triste tras su vinculación en la red del presunto capo César Emilio Peralta, “César el Abusador”.Nacionales
Jeifry del Rosario se siente “está triste y deprimido” desde acusación en red César el Abusador
Santo Domingo, RD..-Jeifry del Rosario Gautier, hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, se siente deprimido y triste tras su vinculación en la red del presunto capo César Emilio Peralta, “César el Abusador”.Así lo afirmó a LISTÍN DIARIO Severiano Paredes Hernández, tío del imputado, quien confesó que desde que se enteró de la noticia, el pasado 20 de agosto, no ha estado de ánimos. También se ha sentido triste al leer las informaciones que se han publicado sobre su caso.
Del Rosario Gautier está recluido en la cárcel pública general Pedro Santana de El Seibo, y es solicitado en extradición por las autoridades de Estados Unidos.
Por otro lado, Paredes Hernández afirmó que Jeifry del Rosario Gautier negó ante la DEA que conociera a César Emilio Peralta, César “el Abusador”.
“Sobre el señor César el Abusador él dijo claramente “yo no conozco a ese señor… nunca lo he tratado, nunca lo he visto”, dijo el pariente, que también es abogado.
Es por tal razón que desconoce por qué su sobrino es vinculado con la red del presunto narcotraficante más grande de la historia dominicana, porque ni siquiera han sido reveladas “ni fotografías ni conversaciones ni ninguna prueba que lo vinculen con César Emilio Peralta”, argumentó.
“En la justicia usted va al tribunal con pruebas, no puede ir al tribunal porque alguien le dijo… Ellos tienen que llevarme a mí las pruebas”, advirtió.
Paredes Hernández, quien convivió con Del Rosario Gautier hasta su adolescencia, explicó que su sobrino tampoco puede ser acusado de haber lavado 230,000 dólares como indica la solicitud de extradición expedida por el Tribunal del Distrito Sur de Florida, porque no posee propiedades ni dinero y que nunca le hallaron paquetes de droga.
Sin embargo, en 2015, la jueza de la Instrucción del Distrito Judicial Hato Mayor, Francis Reyes Diloné, impuso un año de prisión preventiva en su contra por el presunto tráfico del alijo de 55 paquetes de cocaína. Desde entonces está recluido en la cárcel pública general Pedro Santana de El Seibo.
“Dónde está esa fortuna… Tú no me puedes decir a mí que yo lavé cinco millones de pesos sin tú tener el aval y demostrarme a mí que yo manejé ese dinero”, señaló el pariente en una visita a la redacción de Listín Diario.
Asimismo, se quejó de que a Jeifry del Rosario Gautier se le atribuye ser el quinto cabecilla en la red, pese a que no han encontrado pruebas contundentes contra él.
También argumentó que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que el organismo de tráfico de drogas se formó hace aproximadamente 20 años, y que por tal razón Jeifry no pudo haber pertenecido porque apenas tiene 25 años.
“De los 25 tiene casi cinco años preso, es decir que para llegar a ser, en una organización como la que dice el Procurador que manejaba ese señor, el quinto hombre de importancia tú tienes que ser un hombre de poder, pero de poder en todo el sentido de la palabra: poder social, poder económico y poder político… Se cae de la mata que esa es una falsedad”, argumentó.
“Nunca delató a José Jesús Tapia Pérez”
Se remontó a la reunión que tuvo con un agente de la DEA en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la que también participó Del Rosario Gautier. En esa ocasión le mostraron a su sobrino fotografías de cinco personas, y dijo que solo había conocido a uno: José Jesús Tapia Pérez.
“A él le presentaron cinco personas de las cinco él dijo ‘yo reconozco a esa persona, y lo conozco desde que tengo 15 años’… Él no puede negar que conocía a esa persona”, manifestó Paredes Hernández.
José Jesús Tapia Pérez, señalado por la Procuraduría General de la República como uno de los presuntos cinco cabecillas de la red de tráfico de drogas y lavado de activos liderada por César Emilio Peralta, aceptó ser extraditado a Estados Unidos, hacia donde partió la pasada semana junto a Baltazar Mesa.
Paredes Hernández pidió a las autoridades dominicanas investigar profundamente para que al igual que en los casos de los expeloteros Luis Castillo y Octavio Dotel, al igual que otros imputados, sea desvinculado de la acusación.
“Ha cometido errores”
Severiano Paredes Hernández admitió que Jeifry del Rosario Gautier ha cometido errores, “y él ha venido pagándolos”.
“Tú sabe cuál fue el error que cometió Jeifry fue que en una oportunidad se puso a estar hablando porquería, y aquí, como está ese teléfono mío enganchado, porque aquí se vive de eso… Estaba hablando por teléfono cosas de negocios…”, manifestó.
La solicitud de extradición dice que Jeifry fue interceptado en varias ocasiones de 2017 mientras presuntamente conversaba con su padre, Ramón del Rosario Puente (quien fue apresado en Colombia y está esperando ser extraditado a Estados Unidos) y Darys José Baéz Melo (apresado por un caso de drogas).
El familia de Jeifry aseguró que antes de su arresto en 2015 estaba a punto de inscribirse en la universidad para estudiar una licenciatura en Administración de Empresas, y que cuando salga de prisión piensa hacer una carrera universitaria.
“Es un muchacho que me he encargado y he hablado con él de que el camino no es ese, y qué me ha dicho él, tío cuando yo salga de aquí yo voy para la universidad. Si tú no te metes en la universidad no cuentes conmigo, para nada. Es una persona que yo tengo la confianza de que se va a enderezar, entonces por qué meterlo en un lugar donde él no cabe”, manifestó.
De acuerdo a las investigaciones presentadas por las autoridades estadounidenses a las que tuvo acceso LISTÍN DIARIO, el 15 de junio de 2017 un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió y presentó una acusación formal de un solo cargo: acusación delictuosa para distribuir a sabiendas cinco o más kilogramos de cocaína con la intención de importarlos ilegalmente a Estados Unidos.
Las autoridades dominicanas desmantelaron el pasado 20 de agosto la red liderada por César Emilio Peralta, quien tenía varios centros de diversión y otros negocios bajo su propiedad. Hasta ahora permanece prófugo de la justicia.
listindiario.com
Nacionales
Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas
Por redacción
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.
El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.
“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.
El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.
Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas
Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.
Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.
El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.
La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.
Cuestiona exhibición de armas en redes sociales
Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.
El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.
Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.
Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.
Policía también exhorta a entregarse
Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.
Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.
La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.
Debate por actuaciones policiales
El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.
Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.
El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.
Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.
Por redacción
Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.
La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.
Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.
Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.
Investigación continuará
Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.
El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.
No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.
Ocho imputados cumplirán prisión preventiva
El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Arresto domiciliario para otros procesados
El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.
En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.
Garantías de un millón de pesos
El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.
Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.
Ministerio Público atribuye varios delitos
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.
Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Caso fue declarado complejo
Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.
El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.