Nacionales
Siete acciones de inconstitucionalidad en estado de fallo en Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional (TC)
Siete expedientes de acción de inconstitucionalidad quedaron en estado de fallo hoy en el Tribunal Constitucional, entre los que se encuentra el que ataca el reglamento de aplicacion de la Ley de Partidos.
En este caso representantes de la Fundación en Defensa de los Derechos en Norteamérica (FDDN) y el señor Mario Encarnación Soler atacaron el artículo 35 del reglamento de aplicación de la ley número 33-18, sobre Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos sobre la celebración de primarias simultáneas de este año, dictado por la Junta Central Electoral (JCE), en 2018.
En la sesión celebrada en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), hubo cuatro de los casos a los que se les concedió plazos de tres y cinco días para que presenten escritos justificativos de conclusiones.
El primer sustituto del presidente del TC, magistrado Rafael Díaz Filpo, encabezó la jornada en la que se declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0031 otorgando tres días de plazo a solicitud de los accionantes: la Fundación en Defensa de los Dominicanos en Norteamérica (FDDN) y Mario Encarnación Soler.
Se dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0038, en el que Namphi A. Rodríguez y la Fundación Prensa y Derecho Inc., que no comparecieron, atacaron el artículo 43 y los numerales 4, 44 y 7 de la indicada ley.
El TC declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0032 concediendo tres días de plazo para los accionantes y accionados. Patricio Ovalle Lantigua atacó los artículos 158, 159 y 160 de la Ley número 590-16, Orgánica de la Policía Nacional del año 2016.
Asimismo, dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0033 en el que la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), objetó los artículos 7, literal c); 77 y 82 de la Ley número 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios de 2007.
El expediente TC-01-2019-0034, en el que Bienvenido Medina Pérez actuó contra el artículo transitorio vigésimo de la Constitución proclamada en 2015 no quedó en estado de fallo, sino que se pospuso para una nueva fecha, en razón de la inasistencia del accionante.
El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0035 en el que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), entre otras entidades empresariales objetaron los artículos 28, 29 parte capital y párrafos I, II, III y IV; 66, parte capital y párrafos I y II; 67, parte capital y párrafos I y II; y 69 (parte capital y párrafos I y II), de la Ley número 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, 2019.
Los jueces concedieron un plazo de cinco días en el expediente TC-01-2019-0036 declarado en estado de fallo. Atacó artículos de la Ley número 86-11 sobre Inembargabilidad de los Fondos Públicos (2011); de la Ley número 1494, que instituye la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (1947) y la Resolución 198-2018, dictada por el Ministerio de Hacienda en 2018; y se otorgó tres días al TC-01-2019-0037, en que objetaron artículos del Código de Procedimiento Civil.
Además del presidente en funciones, magistrado Díaz Filpo, participaron en la sesión los jueces Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Hermógenes Acosta de Los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos, Khoury, Domingo Gil, Wilson Gómez Ramírez y Miguel Valera Montero.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.