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Siete acciones de inconstitucionalidad en estado de fallo en Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional (TC)
Siete expedientes de acción de inconstitucionalidad quedaron en estado de fallo hoy en el Tribunal Constitucional, entre los que se encuentra el que ataca el reglamento de aplicacion de la Ley de Partidos.
En este caso representantes de la Fundación en Defensa de los Derechos en Norteamérica (FDDN) y el señor Mario Encarnación Soler atacaron el artículo 35 del reglamento de aplicación de la ley número 33-18, sobre Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos sobre la celebración de primarias simultáneas de este año, dictado por la Junta Central Electoral (JCE), en 2018.
En la sesión celebrada en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), hubo cuatro de los casos a los que se les concedió plazos de tres y cinco días para que presenten escritos justificativos de conclusiones.
El primer sustituto del presidente del TC, magistrado Rafael Díaz Filpo, encabezó la jornada en la que se declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0031 otorgando tres días de plazo a solicitud de los accionantes: la Fundación en Defensa de los Dominicanos en Norteamérica (FDDN) y Mario Encarnación Soler.
Se dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0038, en el que Namphi A. Rodríguez y la Fundación Prensa y Derecho Inc., que no comparecieron, atacaron el artículo 43 y los numerales 4, 44 y 7 de la indicada ley.
El TC declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0032 concediendo tres días de plazo para los accionantes y accionados. Patricio Ovalle Lantigua atacó los artículos 158, 159 y 160 de la Ley número 590-16, Orgánica de la Policía Nacional del año 2016.
Asimismo, dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0033 en el que la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM), objetó los artículos 7, literal c); 77 y 82 de la Ley número 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios de 2007.
El expediente TC-01-2019-0034, en el que Bienvenido Medina Pérez actuó contra el artículo transitorio vigésimo de la Constitución proclamada en 2015 no quedó en estado de fallo, sino que se pospuso para una nueva fecha, en razón de la inasistencia del accionante.
El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0035 en el que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), entre otras entidades empresariales objetaron los artículos 28, 29 parte capital y párrafos I, II, III y IV; 66, parte capital y párrafos I y II; 67, parte capital y párrafos I y II; y 69 (parte capital y párrafos I y II), de la Ley número 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana, 2019.
Los jueces concedieron un plazo de cinco días en el expediente TC-01-2019-0036 declarado en estado de fallo. Atacó artículos de la Ley número 86-11 sobre Inembargabilidad de los Fondos Públicos (2011); de la Ley número 1494, que instituye la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (1947) y la Resolución 198-2018, dictada por el Ministerio de Hacienda en 2018; y se otorgó tres días al TC-01-2019-0037, en que objetaron artículos del Código de Procedimiento Civil.
Además del presidente en funciones, magistrado Díaz Filpo, participaron en la sesión los jueces Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Hermógenes Acosta de Los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos, Khoury, Domingo Gil, Wilson Gómez Ramírez y Miguel Valera Montero.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.