Roberto Saladín expresó en una rueda de prensa que ya no renunciaría.
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Renuncia y reconsideración en un espacio de treinta minutos de Roberto Saladín de la JCE.
Primero, a las 11:00 de la mañana, Roberto Saladín se dirigió a periodistas que cubren la fuente de la Junta Central Electoral (JCE), a pesar de que un miembro de su equipo de seguridad quería impedir que hablara.
En ese momento el miembro del pleno de la institución electoral anunció su renuncia irrevocable. No dio explicaciones ni respondió preguntas. Anunció que su dimisión iba dirigida al Senado de la República.
“Me voy a reservar esas razonesÖ Pero si aquí en República Dominicana hay sectores que creen que invocando amistad, agradecimiento o cualquier otro argumento va a creer que quien les habla va a cambiar posición o va a aceptar sin seguir los procedimientos legales establecidos, porque es un derecho que tienen, lo repito, cada partido político fue a esas primarias a recurrir a todos los recursos que le tienen abiertos las leyes para someter los recursos legales que crean correspondientes”, dijo el miembro del pleno.
Veinticinco minutos después, a las 11:25, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, dijo que se había enterado de la renuncia de Saladín cuando iba de camino al organismo electoral y que desconocía las razones de la decisión.
Castaños Guzmán también reveló el recuento manual de votos pertenecientes a 821 mesas electorales para despejar dudas sobre los candidatos electos durante las primarias simultáneas celebradas el pasado domingo 6 de octubre.
Ante la renuncia de Saladín, la Junta necesitaba un suplente. Así que de inmediato Castaños Guzmán se comunicó con José Lino Martínez, quien iba de camino a las instalaciones para ejercer por el momento las funciones del recién dimitido.
A las 12:05 del mediodía un equipo médico y familiares de Roberto Saladín entraron al ascensor de la Junta Central Electoral, se desconocía cuál era la razón de la aparente visita.
Cinco minutos después, a las 12:10, la miembro titular de la JCE, Carmen Imbert Brugal, dijo que los motivos de la renuncia de Saladín solo él los podía comunicar. Además, dijo que quien se iba (Saladín) se perdería de formar parte de la historia.
Con relación a la llegada de doctores, declaró que “eso es parte de la rutina de mantenimiento de nosotros”.
A las 12:27 Saladín llegó a la sala de prensa de la JCE para dar una rueda de prensa en la que se dirigiría al público. El mensaje principal fue que ya no iba a renunciar, y lo que había hecho una hora y media antes fue una decisión precipitada y tomada en un ataque de ira.
Pidió excusas a los medios de comunicación y a la opinión pública.
“En primer lugar, tomar a los medios de comunicación que hoy en la mañana había tomado la decisión de retirarme, pero en un momento como este después de ese acto de ira, tengo que pedir excusas a la opinión pública y retirar la renuncia que presenté para seguir”.
La decisión de Saladín se produce cuando la JCE atraviesa por una situación de gran tensión, luego que el expresidente Leonel Fernández y su equipo político desconocieran los resultados de las primarias abiertas del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el pasado domingo, donde se da como ganador a Gonzalo Castillo.
Fernández critica que la JCE no realizara una auditoría forense a equipos del voto automatizado y que no dispusiera el conteo manual del 100% de los votos emitidos en el nivel presidencial.
La Junta Central Electoral organizó las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), para elegir a sus candidatos presidenciales, congresionales y municipales, que participarán en las elecciones del próximo año.
La Junta Central Electoral está integrada por Julio César Castaños Guzmán, quien la preside, y los miembros Roberto Saladín, Rosario Graciano, Carmen Imbert Brugal y Henry Mejía.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.