Roberto Saladín expresó en una rueda de prensa que ya no renunciaría.
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Renuncia y reconsideración en un espacio de treinta minutos de Roberto Saladín de la JCE.
Primero, a las 11:00 de la mañana, Roberto Saladín se dirigió a periodistas que cubren la fuente de la Junta Central Electoral (JCE), a pesar de que un miembro de su equipo de seguridad quería impedir que hablara.
En ese momento el miembro del pleno de la institución electoral anunció su renuncia irrevocable. No dio explicaciones ni respondió preguntas. Anunció que su dimisión iba dirigida al Senado de la República.
“Me voy a reservar esas razonesÖ Pero si aquí en República Dominicana hay sectores que creen que invocando amistad, agradecimiento o cualquier otro argumento va a creer que quien les habla va a cambiar posición o va a aceptar sin seguir los procedimientos legales establecidos, porque es un derecho que tienen, lo repito, cada partido político fue a esas primarias a recurrir a todos los recursos que le tienen abiertos las leyes para someter los recursos legales que crean correspondientes”, dijo el miembro del pleno.
Veinticinco minutos después, a las 11:25, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, dijo que se había enterado de la renuncia de Saladín cuando iba de camino al organismo electoral y que desconocía las razones de la decisión.
Castaños Guzmán también reveló el recuento manual de votos pertenecientes a 821 mesas electorales para despejar dudas sobre los candidatos electos durante las primarias simultáneas celebradas el pasado domingo 6 de octubre.
Ante la renuncia de Saladín, la Junta necesitaba un suplente. Así que de inmediato Castaños Guzmán se comunicó con José Lino Martínez, quien iba de camino a las instalaciones para ejercer por el momento las funciones del recién dimitido.
A las 12:05 del mediodía un equipo médico y familiares de Roberto Saladín entraron al ascensor de la Junta Central Electoral, se desconocía cuál era la razón de la aparente visita.
Cinco minutos después, a las 12:10, la miembro titular de la JCE, Carmen Imbert Brugal, dijo que los motivos de la renuncia de Saladín solo él los podía comunicar. Además, dijo que quien se iba (Saladín) se perdería de formar parte de la historia.
Con relación a la llegada de doctores, declaró que “eso es parte de la rutina de mantenimiento de nosotros”.
A las 12:27 Saladín llegó a la sala de prensa de la JCE para dar una rueda de prensa en la que se dirigiría al público. El mensaje principal fue que ya no iba a renunciar, y lo que había hecho una hora y media antes fue una decisión precipitada y tomada en un ataque de ira.
Pidió excusas a los medios de comunicación y a la opinión pública.
“En primer lugar, tomar a los medios de comunicación que hoy en la mañana había tomado la decisión de retirarme, pero en un momento como este después de ese acto de ira, tengo que pedir excusas a la opinión pública y retirar la renuncia que presenté para seguir”.
La decisión de Saladín se produce cuando la JCE atraviesa por una situación de gran tensión, luego que el expresidente Leonel Fernández y su equipo político desconocieran los resultados de las primarias abiertas del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el pasado domingo, donde se da como ganador a Gonzalo Castillo.
Fernández critica que la JCE no realizara una auditoría forense a equipos del voto automatizado y que no dispusiera el conteo manual del 100% de los votos emitidos en el nivel presidencial.
La Junta Central Electoral organizó las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), para elegir a sus candidatos presidenciales, congresionales y municipales, que participarán en las elecciones del próximo año.
La Junta Central Electoral está integrada por Julio César Castaños Guzmán, quien la preside, y los miembros Roberto Saladín, Rosario Graciano, Carmen Imbert Brugal y Henry Mejía.
Santo Domingo, R.D.-El nuevo juicio contra el pelotero dominicano Wander Franco por abuso sexual en perjuicio de una adolescente comenzará este viernes 20 de febrero en el distrito judicial de Puerto Plata, luego de que un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.
La madre de la menor
En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
En primera instancia, Franco fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, contenido en la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
- La pena impuesta fue de dos años de prisión bajo suspensión, además del pago de 10 salarios mínimos y las costas penales.
Tras la sentencia inicial, el Ministerio Público apeló al considerar insuficiente la pena impuesta a Franco, mientras que tanto el pelotero como Chavalier recurrieron el fallo por no estar conformes con la decisión. Como resultado, la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.
La audiencia está programada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al calendario establecido por el tribunal.
Nacionales
Caso Medusa: Defensa de Alfredo Solano arremete contra Ministerio Público y denuncia desinformación sobre juicio
Santo Domingo. – Los abogados del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaron las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a la defensa la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
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Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.
“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.
Debate sobre la duración del proceso
La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.
El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.
Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.
“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.
Antecedentes procesales
Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.
El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
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Mirna Ortiz recomienda a Gonzalo Castillo «no comer ansias» y asegura que el caso irá a juicio
Santo Domingo, R-D–La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Al responder a los argumentos de los abogados defensores, quienes afirmaron que el expediente está «blindado con algodón» y que el caso no llegará a juicio de fondo, la magistrada Ortiz recomendó al exministro de Obras Públicas «no comer ansias».
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
«A partir del próximo miércoles sucederá exactamente lo que ha pasado hoy: desmontaremos todos y cada uno de los argumentos falsos que han querido montar las defensas», sentenció Ortiz a su salida de la audiencia.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
«El Ministerio Público demostró que se realizaron pagos a personas fallecidas y que se pagó a individuos que no poseían la calidad legal para recibir fondos del Estado», acotó.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.