Opinión
Unas primarias pervertidas y un CONEP que las bendice
Por Narciso Isa Conde
La realidad es más tozuda que el poderoso coro -que desde la JCE, el CONEP, la Comisión Electoral del PLD, facciones de la partidocracia corrompida y ciertas jerarquías eclesiales- falsifica o remplaza lo acontecido en las elecciones primarias por una fantasía convenientemente ajustada a sus espurios intereses.
La verdad comprobada es que, a pesar de ese concierto de mentiras, la competencia pre-electoral del pasado 6 de octubre, resultó corrompida en alto grado por quienes la ganaron y por quienes la perdieron.
En esa competencia inter-mafias político-empresariales, a los vencidos por las vagabunderías de la asociación delictiva estatal-privada dominante dentro del partido morado, les ha resultado imposible ocultar su pasado reciente abarrotado de fechorías y solo le queda desplegar una simulación propia de victimas sin credibilidad.
Las maromas de Leonel Fernández y su “leonelismo”, podrían incluso basarse o no en verdades o medias verdades “templarias”; pero ciertamente no lucen confiables en labios de quienes desde el 1996 se lanzaron al fango de la corruptela, el neoliberalismo, las trampas y los abusos de poder.
A una oposición conservadora y de parecida calaña histórica, menos necesitada de tantas malas artes en sus pugnas y un patrón de votantes mucho más reducido, no le fue necesario llegar a esos extremos; aunque ciertamente las primarias del PLD muestran lo que le espera a la pugna Abinader-Gonzalo de cara al 20-20.
Esto así, porque en esa competencia facinerosa que se anuncia para el año próximo, ese tipo de oposición electoralista tendrá que asumir como propia mucha basura agregada y colocarse en tesitura parecida a la del oficialismo, dada que esa es la dinámica inexorable de un sistema y un escenario electoral podrido.
En realidad los hechos acaecidos y las sucias reglas de juegos aceptadas previamente por el leonelismo y el perremeismo (objetadas con energía solo después de palo dado en el curso del pataleo), indican que lo peor es lo que falta de cara a los comicios del 2020, más aun con el aliento que le ha dado el CONEP a toda esta degradación política.
- CONEP Y ENTIDADES DEL PODER PERMANENTE OCULTAN LO INOCULTABLE.
La complicidad de los híper-millonarios que controlan el CONEP está siendo develada por su afán de sustituir está realidad con sus alabanzas a la JCE y a las referidas primarias:
-Compra de votos y cédulas.
-Sobornos de todo tipo y montón de, precandidatos en procura de impunidad.
-Uso de dinero acumulado en las pasadas fiestas de la corrupción, negociaciones con narcos, repartos ron, pica-pollos y hasta de punto de drogas.
-Uso de los presupuestos y recursos materiales de alcaldías, congreso y gobierno.
-Inversiones empresariales espurias.
-Traslado compulsivo de votantes.
Cierto que lo mucho en la corrupción del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y del gobierno que encabeza sobresalieron y arroparon hasta la saturación. Pero el tema es propio de gran parte del sistema de partidos y sus facciones.
En el seno del PLD se potenció la degradación porque en su seno se produjo un fuerte choque entre dos facciones graduadas “suma cum laude” en delitos de Estado y trampas: una, la leonelista, bajo el mando del ex-presidente Leonel Fernández), empleando lo que se robó durante sus tres anteriores gobiernos corruptos y neoliberales; y la otra, la danilista, liderada por el propio Presidente Danilo Medina), de igual calaña, ahora con más poder estatal, disponiendo del dinero atracado durante su gestión de Estado, junto a las ventajas que da poder volcar impunemente el aparato estatal y sus recursos frescos contra su adversario interno.
En el seno de PRM, Luis Abinader -nuevo pupilo de la política gringa, comprometido con las agresiones a Venezuela- se impuso por amplio margen a otro conservador, el veterano ex-presidente Hipólito Mejía, dentro de una competencia aburrida y caracterizada por una baja concurrencia.
Los resultados, por tanto ameritan, ser tratados sin contemplaciones en los siguientes términos, si no se opta por encubrir lo acontecido:
-La primera facción del PLD postuló a Fernández y la segunda al Ministro de Obras Públicas y comunicaciones Gonzalo Castillo, quien se impuso con un 1% de ventaja, en una competencia caracterizada por los fraudes a cargo de ambas partes.
-A la facción del Presidente Medina le favoreció finalmente su control del sistema electoral, de sus mecanismos de conteo, propagandización, fiscalización, reglas de juego y arbitraje de las votaciones; y su previa gravitación en la confección de las leyes de partidos y electoral; previa captura de las demás instituciones con cartas en ese y otros asuntos: Ministerio Público, Poder Judicial, Altas Cortes, Poder Ejecutivo y Gobierno Central.
Por todo esto es ilusorio hablar de transparencia en cualesquiera de las variantes de conteo (manual o automático), como en la puesta en práctica de cualquier mecanismo de fiscalización revisión y auditoría, porque todo fue contaminado. Y se quedó así.
Corrupción e impunidad, nueva vez, evidenciaron que se han tornado sistémicas y endémicas; conformando todo un gran mecanismo o sistema, del cual forman parte el conjunto de partidos que han dominado en este país la institucionalidad establecida durante más de medio siglo.
- .PERSPECTIVAS OMINOSAS HACIA EL 2020.
Engañan incluso quienes reconocen el fraude para no confrontar e insisten en que dentro de esta institucionalidad, con la actual Junta Central Electoral-JCE de Castaños, vigente el Gobierno de Danilo-PLD y este sistema de corrupción e impunidad imperantes, será posible corregir los fraudes y la podredumbre desplegados en estas primarias.
Vivimos solo el prólogo de lo que viene. El 20-20 pinta para peor porque el partido-Estado, la corporación mafiosa, con Leonel o sin él dentro, se apresta a de repetir en grande lo acontecido, por imperiosa necesidad. Y para que no sea así habría que desplazar ese poder desde las calles, porque las elecciones y el Estado pudrieron.
Y si eventualmente dentro de ese cuadro sistémico-institucional se diera una derrota electoral de un PLD dividido, la contrapartida opositora, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno-PRM, sería de esencia parecida.
- BALANCE Y CONSECUENCIAS PUNTUALES.
El balance y las consecuencias de ese de ese prologo traumático puede resumirse de esta manera:
–Un mayor descredito del sistema, de sus votaciones, su JCE y sus instituciones.
-Una mayor desconfianza en el sistema de partidos.
-Una votación, con una gran parte lograda a base de clientelismo, sobornos y múltiples modalidades de corrupción y perversión política.
-Una concurrencia precaria en relación con los padrones electorales empleados: alrededor de un 27% en las primarias cerradas del PRM y de menos aun en las primarias abiertas del PLD.
-Un proceso despreciado por el 75% de los votantes inscritos.
-Una pre-campaña pervertida por las facciones en pugna hasta niveles indignantes: más de 3 mil millones de pesos gastados del dinero de los /as contribuyente, buena parte robado al Estado, invertido en unas primarias corrompidas y fraudulentas
-Numerosas pre-candidaturas en busca de impunidad.
-Prostitución de la competencia entre el danilismo y el leonelismo.
-Total ausencia de un arbitraje imparcial y descalificación de la JCE.
-Tolerancia de las violaciones a las leyes y reglamentos, y extensión de la impunidad al escenario electoral.
-Acentuación de la tendencia mafiosa del danilismo y del conservadurismo corrupto del leonelismo, articulado al neofascismo vinchista.
-Un PLD brutalmente dividido.
-Un PRM disminuido, aunque con posibilidades de sacar provecho de la división (orgánica o no) del PLD y del deseo de mucha gente de salir de los 20 años del nefasto reinado peledeista.
-Un proceso electoral cada vez más intervenido y pendiente de las decisiones del Departamento de Estado-USA.
-Una profundización de la tendencia a la marginalidad y debilitamiento extremo de las opciones que no se subordinen a los polos hegemónico (PLD y PRM) bajo tutela de EEUU, sus Trump y Pompeo. Una llamada de Pompeo obligó al Presidente Medina a desistir de su re-postulación.
-Serias dudas sobre la idoneidad del voto automático por las evidencias de fraudes sofisticados.
-Una tendencia más pronunciada a la desaceleración de la economía camino al desplome.
-Anuncio de calamidades mas graves para el 20-20 y tendencia a la repetición en grande de las prácticas fraudulentas y las fechorías electorales.
-Reforzamiento de la convicción en amplios sectores de que no hay vía institucional para ponerle fin al sistema de corrupción e impunidad. Se ha fortalecido la idea de el remiendo de lo podrido es una gran estafa. De que solo la rebeldía a lo Ecuador, Haití y Honduras podría crear lo nuevo y distinto.
-Mayor pertinencia, por tanto, del ejercicio de la democracia de calle para producir los cambios constitucionales e institucionales y las transformaciones estructurales que abrirían las compuertas para superar este lodazal.
- COLOFÓN:
Esas consecuencias y esas perspectivas podrían determinar en lo adelante mejores condiciones para crear, desde el pueblo movilizado, poder constituyente transformador; y para situar en la agenda nacional la propuesta de Proceso Constituyente, la quiebra de un poder constituido altamente desacreditado y la transición hacia una democracia real vía una Asamblea Constituyente Popular y Soberana, que permitan crear una nueva institucionalidad y organizar elecciones sobre bases democráticas y mecanismos invulnerables a diversos fraudes.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?