Opinión
Unas primarias pervertidas y un CONEP que las bendice
Por Narciso Isa Conde
La realidad es más tozuda que el poderoso coro -que desde la JCE, el CONEP, la Comisión Electoral del PLD, facciones de la partidocracia corrompida y ciertas jerarquías eclesiales- falsifica o remplaza lo acontecido en las elecciones primarias por una fantasía convenientemente ajustada a sus espurios intereses.
La verdad comprobada es que, a pesar de ese concierto de mentiras, la competencia pre-electoral del pasado 6 de octubre, resultó corrompida en alto grado por quienes la ganaron y por quienes la perdieron.
En esa competencia inter-mafias político-empresariales, a los vencidos por las vagabunderías de la asociación delictiva estatal-privada dominante dentro del partido morado, les ha resultado imposible ocultar su pasado reciente abarrotado de fechorías y solo le queda desplegar una simulación propia de victimas sin credibilidad.
Las maromas de Leonel Fernández y su “leonelismo”, podrían incluso basarse o no en verdades o medias verdades “templarias”; pero ciertamente no lucen confiables en labios de quienes desde el 1996 se lanzaron al fango de la corruptela, el neoliberalismo, las trampas y los abusos de poder.
A una oposición conservadora y de parecida calaña histórica, menos necesitada de tantas malas artes en sus pugnas y un patrón de votantes mucho más reducido, no le fue necesario llegar a esos extremos; aunque ciertamente las primarias del PLD muestran lo que le espera a la pugna Abinader-Gonzalo de cara al 20-20.
Esto así, porque en esa competencia facinerosa que se anuncia para el año próximo, ese tipo de oposición electoralista tendrá que asumir como propia mucha basura agregada y colocarse en tesitura parecida a la del oficialismo, dada que esa es la dinámica inexorable de un sistema y un escenario electoral podrido.
En realidad los hechos acaecidos y las sucias reglas de juegos aceptadas previamente por el leonelismo y el perremeismo (objetadas con energía solo después de palo dado en el curso del pataleo), indican que lo peor es lo que falta de cara a los comicios del 2020, más aun con el aliento que le ha dado el CONEP a toda esta degradación política.
- CONEP Y ENTIDADES DEL PODER PERMANENTE OCULTAN LO INOCULTABLE.
La complicidad de los híper-millonarios que controlan el CONEP está siendo develada por su afán de sustituir está realidad con sus alabanzas a la JCE y a las referidas primarias:
-Compra de votos y cédulas.
-Sobornos de todo tipo y montón de, precandidatos en procura de impunidad.
-Uso de dinero acumulado en las pasadas fiestas de la corrupción, negociaciones con narcos, repartos ron, pica-pollos y hasta de punto de drogas.
-Uso de los presupuestos y recursos materiales de alcaldías, congreso y gobierno.
-Inversiones empresariales espurias.
-Traslado compulsivo de votantes.
Cierto que lo mucho en la corrupción del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y del gobierno que encabeza sobresalieron y arroparon hasta la saturación. Pero el tema es propio de gran parte del sistema de partidos y sus facciones.
En el seno del PLD se potenció la degradación porque en su seno se produjo un fuerte choque entre dos facciones graduadas “suma cum laude” en delitos de Estado y trampas: una, la leonelista, bajo el mando del ex-presidente Leonel Fernández), empleando lo que se robó durante sus tres anteriores gobiernos corruptos y neoliberales; y la otra, la danilista, liderada por el propio Presidente Danilo Medina), de igual calaña, ahora con más poder estatal, disponiendo del dinero atracado durante su gestión de Estado, junto a las ventajas que da poder volcar impunemente el aparato estatal y sus recursos frescos contra su adversario interno.
En el seno de PRM, Luis Abinader -nuevo pupilo de la política gringa, comprometido con las agresiones a Venezuela- se impuso por amplio margen a otro conservador, el veterano ex-presidente Hipólito Mejía, dentro de una competencia aburrida y caracterizada por una baja concurrencia.
Los resultados, por tanto ameritan, ser tratados sin contemplaciones en los siguientes términos, si no se opta por encubrir lo acontecido:
-La primera facción del PLD postuló a Fernández y la segunda al Ministro de Obras Públicas y comunicaciones Gonzalo Castillo, quien se impuso con un 1% de ventaja, en una competencia caracterizada por los fraudes a cargo de ambas partes.
-A la facción del Presidente Medina le favoreció finalmente su control del sistema electoral, de sus mecanismos de conteo, propagandización, fiscalización, reglas de juego y arbitraje de las votaciones; y su previa gravitación en la confección de las leyes de partidos y electoral; previa captura de las demás instituciones con cartas en ese y otros asuntos: Ministerio Público, Poder Judicial, Altas Cortes, Poder Ejecutivo y Gobierno Central.
Por todo esto es ilusorio hablar de transparencia en cualesquiera de las variantes de conteo (manual o automático), como en la puesta en práctica de cualquier mecanismo de fiscalización revisión y auditoría, porque todo fue contaminado. Y se quedó así.
Corrupción e impunidad, nueva vez, evidenciaron que se han tornado sistémicas y endémicas; conformando todo un gran mecanismo o sistema, del cual forman parte el conjunto de partidos que han dominado en este país la institucionalidad establecida durante más de medio siglo.
- .PERSPECTIVAS OMINOSAS HACIA EL 2020.
Engañan incluso quienes reconocen el fraude para no confrontar e insisten en que dentro de esta institucionalidad, con la actual Junta Central Electoral-JCE de Castaños, vigente el Gobierno de Danilo-PLD y este sistema de corrupción e impunidad imperantes, será posible corregir los fraudes y la podredumbre desplegados en estas primarias.
Vivimos solo el prólogo de lo que viene. El 20-20 pinta para peor porque el partido-Estado, la corporación mafiosa, con Leonel o sin él dentro, se apresta a de repetir en grande lo acontecido, por imperiosa necesidad. Y para que no sea así habría que desplazar ese poder desde las calles, porque las elecciones y el Estado pudrieron.
Y si eventualmente dentro de ese cuadro sistémico-institucional se diera una derrota electoral de un PLD dividido, la contrapartida opositora, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno-PRM, sería de esencia parecida.
- BALANCE Y CONSECUENCIAS PUNTUALES.
El balance y las consecuencias de ese de ese prologo traumático puede resumirse de esta manera:
–Un mayor descredito del sistema, de sus votaciones, su JCE y sus instituciones.
-Una mayor desconfianza en el sistema de partidos.
-Una votación, con una gran parte lograda a base de clientelismo, sobornos y múltiples modalidades de corrupción y perversión política.
-Una concurrencia precaria en relación con los padrones electorales empleados: alrededor de un 27% en las primarias cerradas del PRM y de menos aun en las primarias abiertas del PLD.
-Un proceso despreciado por el 75% de los votantes inscritos.
-Una pre-campaña pervertida por las facciones en pugna hasta niveles indignantes: más de 3 mil millones de pesos gastados del dinero de los /as contribuyente, buena parte robado al Estado, invertido en unas primarias corrompidas y fraudulentas
-Numerosas pre-candidaturas en busca de impunidad.
-Prostitución de la competencia entre el danilismo y el leonelismo.
-Total ausencia de un arbitraje imparcial y descalificación de la JCE.
-Tolerancia de las violaciones a las leyes y reglamentos, y extensión de la impunidad al escenario electoral.
-Acentuación de la tendencia mafiosa del danilismo y del conservadurismo corrupto del leonelismo, articulado al neofascismo vinchista.
-Un PLD brutalmente dividido.
-Un PRM disminuido, aunque con posibilidades de sacar provecho de la división (orgánica o no) del PLD y del deseo de mucha gente de salir de los 20 años del nefasto reinado peledeista.
-Un proceso electoral cada vez más intervenido y pendiente de las decisiones del Departamento de Estado-USA.
-Una profundización de la tendencia a la marginalidad y debilitamiento extremo de las opciones que no se subordinen a los polos hegemónico (PLD y PRM) bajo tutela de EEUU, sus Trump y Pompeo. Una llamada de Pompeo obligó al Presidente Medina a desistir de su re-postulación.
-Serias dudas sobre la idoneidad del voto automático por las evidencias de fraudes sofisticados.
-Una tendencia más pronunciada a la desaceleración de la economía camino al desplome.
-Anuncio de calamidades mas graves para el 20-20 y tendencia a la repetición en grande de las prácticas fraudulentas y las fechorías electorales.
-Reforzamiento de la convicción en amplios sectores de que no hay vía institucional para ponerle fin al sistema de corrupción e impunidad. Se ha fortalecido la idea de el remiendo de lo podrido es una gran estafa. De que solo la rebeldía a lo Ecuador, Haití y Honduras podría crear lo nuevo y distinto.
-Mayor pertinencia, por tanto, del ejercicio de la democracia de calle para producir los cambios constitucionales e institucionales y las transformaciones estructurales que abrirían las compuertas para superar este lodazal.
- COLOFÓN:
Esas consecuencias y esas perspectivas podrían determinar en lo adelante mejores condiciones para crear, desde el pueblo movilizado, poder constituyente transformador; y para situar en la agenda nacional la propuesta de Proceso Constituyente, la quiebra de un poder constituido altamente desacreditado y la transición hacia una democracia real vía una Asamblea Constituyente Popular y Soberana, que permitan crear una nueva institucionalidad y organizar elecciones sobre bases democráticas y mecanismos invulnerables a diversos fraudes.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.