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Dimes y diretes entre el PLD y la Fuerza del Pueblo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que cuenta con un equipo de abogados para oponerse a la candidatura presidencial de Leonel Fernández.
La batalla entre leonelistas y danilistas se torna más férrea durante la presente contienda electoral para las elecciones del 2020.
La decisión de Leonel Fernández de competir en las próximas elecciones presidenciales, del entrante año 2020, y la tajante oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que el exgobernante pueda ser candidato anuncian la próxima dura batalla entre leonelistas y danilistas.
Esta, que sería la «madre de todas las batallas» entre los seguidores del presidente Danilo Medina, organizados en el PLD, y los leales a Leonel Fernández, que militan en La Fuerza del Pueblo (antiguo PTD), se librará en los escenarios de la Junta Central Electoral (JCE) y probablemente en el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.
El presidente del PLD, Juan Temístocles Montás, advirtió que esa entidad no permitirá que Leonel Fernández, que fue derrotado por Gonzalo Castillo y luego abandonó su partido, se inscriba como candidato para los comicios del próximo año.
Montás dijo que la intención de Fernández será objetada en la Junta Central Electoral (JCE) y eventualmente en los tribunales, si fuera necesario.
“Eso lo sabe el excompañero Leonel Fernández y cuando él le dice a los compañeros que ganaron candidaturas legislativas y municipales en el PLD que se queden en el partido es sobre la base de que él sabe que ellos tampoco pueden ser candidatos de otro partido”, precisó Montás.
Recordó que dirigentes que hoy acompañan a Leonel Fernández fuera del PLD, acordaron que la Ley de Partidos incluyera la prohibición a los precandidatos de inscribir candidaturas en otros partidos cuando fueran derrotados en las primarias u otras modalidades de elecciones internas.
Montás indicó que la Ley de Partidos se discutió en una comisión del PLD integrada por Franklin Almeyda, Rafael Alburquerque, César Pina Toribio, Radhamés Camacho, Radhamés Jiménez, entre otros dirigentes integrantes del Comité Político, y que se acordó que era necesario ponerle fin al transfuguismo en la política dominicana.
El propio expresidente Leonel Fernández, ahora líder de la nueva organización La Fuerza del Pueblo, ha declarado que nada le impide legalmente inscribir su candidatura presidencial para las elecciones del entrante año 2020.
‘’Legalmente puedo ir, la ley no se aplica en mi caso y de ser así sería inconstitucional’’, dijo al ser proclamado candidato de varios partidos políticos el sábado 26 de octubre.
El portavoz de Leonel Fernández, el periodista Rafael Núñez, respondió que el expresidente volverá a ser candidato en los comicios de 2020, sin importar la oposición del PLD.
«Leonel será candidato presidencial porque la Constitución de la República y la Ley lo amparan», indicó.
A juicio del dirigente político leonelista, Leonel Fernández será candidato «llueva, truene o ventee».
Roberto Rosario Márquez, abogado, expresidente de la JCE y dirigente de La Fuerza del Pueblo, opina:
“Él no tiene impedimento legal, lo intentaron desacreditar, le hacen un fraude, y ahora de nuevo quieren obligar órganos del Estado violar la constitución y las leyes. ¿Esto es una dictadura?”
José Marte Piantini, dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), considera:
«El expresidente Leonel Fernández tiene derecho a participar en las elecciones del 2020 como candidato presidencial, y en caso de que haya alguna duda, el Tribunal Constitucional seguro le ofrecerá la garantía de participar».
Leonel Fernández tiene todo el derecho a participar como candidato en las próximas elecciones, porque la Constitución le garantiza postularse.
Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista, declaró que Leonel Fernández está impedido de postularse como candidato en las elecciones del 2020, porque así lo establece la ley 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos, sin que ello represente un ruptura de la democracia ni del derecho que tienen los ciudadanos a optar por posiciones públicas.
El agrónomo y abogado Héctor Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmól que el expresidente Leonel Fernández, que recién compitió por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego renunció para militar en una nueva organización, no podrá ser candidato presidencial para los comicios de año entrante, debido a que la Ley de Partidos se lo impide.
Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien advirtió que si se busca un bajadero político al ex presidente del PLD para que sea candidato, pese al impedimento legal, se alentaría un caos en los partidos.
Recordó que el Articulo 49 de la Ley de Partidos 33-18, es clara cuando dispone que un aspirante a cualquier cargo electivo, una vez que haya participado de un proceso interno en un partido, no podrá competir por otro partido, movimiento o agrupación.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.