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Dimes y diretes entre el PLD y la Fuerza del Pueblo.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que cuenta con un equipo de abogados para oponerse a la candidatura presidencial de Leonel Fernández.

La batalla entre leonelistas y danilistas se torna más férrea durante la presente contienda electoral para las elecciones del 2020.

 La decisión de Leonel Fernández de competir en las próximas elecciones presidenciales, del entrante año 2020, y la tajante oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que el exgobernante pueda ser candidato anuncian la próxima dura batalla entre leonelistas y danilistas.

Esta, que sería la «madre de todas las batallas» entre los seguidores del presidente Danilo Medina, organizados en el PLD, y los leales a Leonel Fernández, que militan en La Fuerza del Pueblo (antiguo PTD), se librará en los escenarios de la Junta Central Electoral (JCE) y probablemente en el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.

El presidente del PLD, Juan Temístocles Montás, advirtió que esa entidad no permitirá que Leonel Fernández, que fue derrotado por Gonzalo Castillo y luego abandonó su partido, se inscriba como candidato para los comicios del próximo año.

Montás dijo que la intención de Fernández será objetada en la Junta Central Electoral (JCE) y eventualmente en los tribunales, si fuera necesario.

“Eso lo sabe el excompañero Leonel Fernández y cuando él le dice a los compañeros que ganaron candidaturas legislativas y municipales en el PLD que se queden en el partido es sobre la base de que él sabe que ellos tampoco pueden ser candidatos de otro partido”, precisó Montás.

Recordó que dirigentes que hoy acompañan a Leonel Fernández fuera del PLD, acordaron que la Ley de Partidos incluyera la prohibición a los precandidatos de inscribir candidaturas en otros partidos cuando fueran derrotados en las primarias u otras modalidades de elecciones internas.

Montás indicó que la Ley de Partidos se discutió en una comisión del PLD integrada por Franklin Almeyda, Rafael Alburquerque, César Pina Toribio, Radhamés Camacho, Radhamés Jiménez, entre otros dirigentes integrantes del Comité Político, y que se acordó que era necesario ponerle fin al transfuguismo en la política dominicana.

El propio expresidente Leonel Fernández, ahora líder de la nueva organización La Fuerza del Pueblo, ha declarado que nada le impide legalmente inscribir su candidatura presidencial para las elecciones del entrante año 2020.

‘’Legalmente puedo ir, la ley no se aplica en mi caso y de ser así sería inconstitucional’’, dijo al ser proclamado candidato de varios partidos políticos el sábado 26 de octubre.

El portavoz de Leonel Fernández, el periodista Rafael Núñez, respondió que el expresidente volverá a ser candidato en los comicios de 2020, sin importar la oposición del PLD.

«Leonel será candidato presidencial porque la Constitución de la República y la Ley lo amparan», indicó.

A juicio del dirigente político leonelista, Leonel Fernández será candidato «llueva, truene o ventee».

Roberto Rosario Márquez, abogado, expresidente de la JCE y dirigente de La Fuerza del Pueblo, opina:

“Él no tiene impedimento legal, lo intentaron desacreditar, le hacen un fraude, y ahora de nuevo quieren obligar órganos del Estado violar la constitución y las leyes. ¿Esto es una dictadura?”

José Marte Piantini, dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), considera:

«El expresidente Leonel Fernández tiene derecho a participar en las elecciones del 2020 como candidato presidencial, y en caso de que haya alguna duda, el Tribunal Constitucional seguro le ofrecerá la garantía de participar».

Leonel Fernández tiene todo el derecho a participar como candidato en las próximas elecciones, porque la Constitución le garantiza postularse.

Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista, declaró que Leonel Fernández está impedido de postularse como candidato en las elecciones del 2020, porque así lo establece la ley 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos, sin que ello represente un ruptura de la democracia ni del derecho que tienen los ciudadanos a optar por posiciones públicas.

El agrónomo y abogado Héctor Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmól que el expresidente Leonel Fernández, que recién compitió por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego renunció para militar en una nueva organización, no podrá ser candidato presidencial para los comicios de año entrante, debido a que la Ley de Partidos se lo impide.

Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien advirtió que si se busca un bajadero político al ex presidente del PLD para que sea candidato, pese al impedimento legal, se alentaría un caos en los partidos.

Recordó que el Articulo 49 de la Ley de Partidos 33-18, es clara cuando dispone que un aspirante a cualquier cargo electivo, una vez que haya participado de un proceso interno en un partido, no podrá competir por otro partido, movimiento o agrupación.

 

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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha  convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.

Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.

Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.

También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.

El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.

En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.

“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.

La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.

En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.

47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.

Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.

“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.

¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?

La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.

A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.

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El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.

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Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza,  presidente del PRM,  reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.

Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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Autoridades desmantelan red de trata de personas en Puerto Plata.

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Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.

Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.

La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.

Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.

También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.

Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.

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