Nacionales
Dimes y diretes entre el PLD y la Fuerza del Pueblo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que cuenta con un equipo de abogados para oponerse a la candidatura presidencial de Leonel Fernández.
La batalla entre leonelistas y danilistas se torna más férrea durante la presente contienda electoral para las elecciones del 2020.
La decisión de Leonel Fernández de competir en las próximas elecciones presidenciales, del entrante año 2020, y la tajante oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que el exgobernante pueda ser candidato anuncian la próxima dura batalla entre leonelistas y danilistas.
Esta, que sería la «madre de todas las batallas» entre los seguidores del presidente Danilo Medina, organizados en el PLD, y los leales a Leonel Fernández, que militan en La Fuerza del Pueblo (antiguo PTD), se librará en los escenarios de la Junta Central Electoral (JCE) y probablemente en el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.
El presidente del PLD, Juan Temístocles Montás, advirtió que esa entidad no permitirá que Leonel Fernández, que fue derrotado por Gonzalo Castillo y luego abandonó su partido, se inscriba como candidato para los comicios del próximo año.
Montás dijo que la intención de Fernández será objetada en la Junta Central Electoral (JCE) y eventualmente en los tribunales, si fuera necesario.
“Eso lo sabe el excompañero Leonel Fernández y cuando él le dice a los compañeros que ganaron candidaturas legislativas y municipales en el PLD que se queden en el partido es sobre la base de que él sabe que ellos tampoco pueden ser candidatos de otro partido”, precisó Montás.
Recordó que dirigentes que hoy acompañan a Leonel Fernández fuera del PLD, acordaron que la Ley de Partidos incluyera la prohibición a los precandidatos de inscribir candidaturas en otros partidos cuando fueran derrotados en las primarias u otras modalidades de elecciones internas.
Montás indicó que la Ley de Partidos se discutió en una comisión del PLD integrada por Franklin Almeyda, Rafael Alburquerque, César Pina Toribio, Radhamés Camacho, Radhamés Jiménez, entre otros dirigentes integrantes del Comité Político, y que se acordó que era necesario ponerle fin al transfuguismo en la política dominicana.
El propio expresidente Leonel Fernández, ahora líder de la nueva organización La Fuerza del Pueblo, ha declarado que nada le impide legalmente inscribir su candidatura presidencial para las elecciones del entrante año 2020.
‘’Legalmente puedo ir, la ley no se aplica en mi caso y de ser así sería inconstitucional’’, dijo al ser proclamado candidato de varios partidos políticos el sábado 26 de octubre.
El portavoz de Leonel Fernández, el periodista Rafael Núñez, respondió que el expresidente volverá a ser candidato en los comicios de 2020, sin importar la oposición del PLD.
«Leonel será candidato presidencial porque la Constitución de la República y la Ley lo amparan», indicó.
A juicio del dirigente político leonelista, Leonel Fernández será candidato «llueva, truene o ventee».
Roberto Rosario Márquez, abogado, expresidente de la JCE y dirigente de La Fuerza del Pueblo, opina:
“Él no tiene impedimento legal, lo intentaron desacreditar, le hacen un fraude, y ahora de nuevo quieren obligar órganos del Estado violar la constitución y las leyes. ¿Esto es una dictadura?”
José Marte Piantini, dirigente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), considera:
«El expresidente Leonel Fernández tiene derecho a participar en las elecciones del 2020 como candidato presidencial, y en caso de que haya alguna duda, el Tribunal Constitucional seguro le ofrecerá la garantía de participar».
Leonel Fernández tiene todo el derecho a participar como candidato en las próximas elecciones, porque la Constitución le garantiza postularse.
Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista, declaró que Leonel Fernández está impedido de postularse como candidato en las elecciones del 2020, porque así lo establece la ley 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos, sin que ello represente un ruptura de la democracia ni del derecho que tienen los ciudadanos a optar por posiciones públicas.
El agrónomo y abogado Héctor Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmól que el expresidente Leonel Fernández, que recién compitió por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego renunció para militar en una nueva organización, no podrá ser candidato presidencial para los comicios de año entrante, debido a que la Ley de Partidos se lo impide.
Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien advirtió que si se busca un bajadero político al ex presidente del PLD para que sea candidato, pese al impedimento legal, se alentaría un caos en los partidos.
Recordó que el Articulo 49 de la Ley de Partidos 33-18, es clara cuando dispone que un aspirante a cualquier cargo electivo, una vez que haya participado de un proceso interno en un partido, no podrá competir por otro partido, movimiento o agrupación.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.