Nacionales
Cámara de Diputados pasa a control de la oposición.
La aprobación pura y simple de proyectos que beneficien al presidente Danilo Medina será ahora mucho más difícil con la conversión en mayoría de los diputados pertenecientes a la oposición con la creación del bloque La Fuerza del Pueblo que le resta 27 curules al partido de gobierno.
La oposición política del país se convirtió en mayoría en la Cámara de Diputados, tras la conformación del bloque de diputados de La Fuerza del Pueblo que le resta 27 diputados al Partido de Gobierno.
El poderoso Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que hasta hace poco contaba con una matrícula de 106 diputados, ahora con 79 tras la renuncia de los legisladores que responden al expresidente Leonel Fernández, ya no controla en términos de mayoría absoluta esa ala del Poder Legislativo.
Se perfila que este cambio, dotando a la Cámara Baja de una tercera fuerza, la segunda en términos de oposición, impedirá la aprobación de proyectos importantes para el Poder Ejecutivo o una posible modificación constitucional.
Antes de la ruptura y previo a los disgustos entre los peledeístas por los intentos de reformar la Carta Magna, el partido oficial ni siquiera requería de sus aliados o la oposición para iniciar una sesión legislativa. De acuerdo a los reglamentos, el inicio de sesión es válido con la mitad más uno, es decir 96, por lo que al PLD le sobraba para hacer quórum.
La correlación de fuerzas, cambió ligeramente hacia la oposición, pues el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) todos con representación en la Cámara Baja, pasaron a apoyar al expresidente Leonel Fernández. También el bloque del Partido Revolucionario Moderno, el principal partido opositor que tiene una sólida matricula.
Así, el PTD o La Fuerza del Pueblo tienen 27; el Bis, 1; el PQDC 1 y el PRSC, 8; el PRM 54 diputados. También de la oposición el Frente Amplio y Alianza País cada uno con un representante e Ito Bisonó que se declaró independiente. Para un total de 94 opositores.
El PLD, aún tiene de aliado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con una matrícula de 13 legisladores y el Moda con 1, serían del sector oficialista 93.
Mientras el Partido Liberal Reformista (PLR) con 2 y el Partido Popular Cristiano con una representación, estos aún no han definido sus alianzas. Con el PLR, de Amable Aristy Castro, dependerá la decisión que tome el ese líder político.
En términos de aritmética, la diferencia no es sustancial pues se trata de un voto. Sin embargo, el PLD no solo perdió esos legisladores, sino que otros nueve leonelistas decidieron no abandonar la organización y se integrarán a los trabajos del PLD, pero ello no es garantía de que acatarán la línea partidaria.
Asimismo, según se comenta en los pasillos congresuales, habría dos diputados del PRD que abandonarían las filas por disgustos con su presidente Miguel Vargas Maldonado. Esto, a saber de una fuente consultada por elCaribe, porque el dirigente no ha definido posiciones claves de alianzas y porque habría prometido plazas a dirigentes de larga data y luego “se quedó en nada”.
De todos es sabido que la comisión de Justicia, es la de mayor carga legislativa en el Congreso Nacional, donde cerca del 70% de los proyectos pasa para estudios.
El presidente de esa comisión, así como su vicepresidente, secretario y dos de los miembros pertenecen a la Fuerza del Pueblo y otros tres miembros al PRM y al PRSC. Estos son: Henry Merán, Demóstenes Martínez, José Luis Cosme, Orlando Espinosa; del PRM, Faride Raful, Dario Zapata y Wandy Batista y del PRSC, Pedro Botello.
El senador del PLD por Samaná, Prim Pujals, anunció ayer su renuncia a esa organización política para formar parte de Fuerza del Pueblo. Informó que junto a Manuel Güichardo, senador por Valverde, formarán el bloque que representará en el Senado a esa organización política. Pujals pidió durante la sesión de ayer al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que avale su solicitud de conformar el nuevo bloque legislativo. Pared Pérez refirió que los trámites deben hacerse con comunicación formal.
Al menos 13 legisladores leonelistas no renunciaron al PLD ni a las candidaturas que ganaron el pasado 6 de octubre en las primarias simultáneas, para seguir a su líder político. De los senadores actuales que también repiten al cargo están: Félix Bautista por San Juan, Dionis Sánchez, Pedernales; Amarilis Santana, La Romana y José Rafael Vargas por Espaillat.
En la Cámara, de los leonelistas se quedaron 9 en el partido morado, que habían ganado la candidatura. Otros que sí ganaron dimitieron.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.