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Frente a una segunda vuelta la oposición se uniría en contra del PLD.
La posibilidad de que haya una segunda vuelta en las elecciones del 2020 pone en peligro la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual esta obligado a ganar esos comicios en primera vuelta para evitar la la alianza de toda la oposición en su contra.
Esa es la urgencia del partido oficial que recientemente sufrió un división, con la renuncia del ex presidente Leonel Fernández, quien lo lideró luego de la muerte de Juan Bosch, en el 2001.
El partido morado y quince aliados obtuvieron en las elecciones del 2016, 2,847,438 votos, es decir, el 61.74% de los 4,708, 746 sufragios emitidos.
Si Gonzalo Castillo, candidato presidencial del oficialismo y sus aliados no se impone en primera vuelta, sería la segunda vez que se produce un escenario de segunda vuelta desde que se estableció con la modificación constitucional de 1994.
La realidad electoral del peledeísmo dicta mucho hoy del escenario que se verificó en el 2016, luego de que Leonel Fernández lo escindió en dos partes. El PLD tampoco tiene la misma capacidad de valencia, pues parte de los aliados de los comicios del 2016 hoy están cobijados bajo el frente que auspicia La Fuerza del Pueblo.
El Comité Político del PLD, en su primera reunión luego de la renuncia de Fernández, acordó el relanzamiento de la organización.
A la división del peledeísmo se une el juramento hecho por Fernández en su discurso del domingo 20 de octubre en el que llamó “engreídos” a sus antiguos compañeros y lanzó el grito de ataque de “e’ pa fuera que van”, con lo cual reveló su decisión de luchar por desalojar del Palacio Nacional a sus actuales inquilinos.
Las únicas elecciones en segunda vuelta se celebraron el 30 de junio de 1996. La primera vuelta la ganó José Francisco Peña Gómez, candidato del acuerdo de Santiago con 1,333,925 votos. Además, en el 2000 Hipólito Mejía no alcanzó el 50% más un voto, pero la falta de apoyo de Joaquín Balaguer, del PRSC, al PLD y Danilo Medina, hizo que este desistiera de que se convocara a segunda vuelta.
En las elecciones de 1996, el PLD, que postuló a Leonel Fernández, obtuvo 1,130,523 y el Partido Reformista Social Cristiano 435,504. En segunda vuelta ganó el peledeísmo con el apoyo del reformismo al obtener 1,466,382 votos y el Acuerdo de Santiago sacó 1,394,641 .
Si el PLD no se impone en primera vuelta en mayo del próximo año tendría que enfrentar a la alianza que se ve venir entre el PRM y Fernández, que adelantan negociaciones para apoyarse en 20 provincias con los candidatos para igual número de senadurías. Se cree que dicha alianza se extendería a las elecciones presidenciales de junio del 2020, si es necesario.
La Gran Alianza Nacional Renovadora, que postula a Fernández, está integrada por los partidos Bloque Institucional Socialdemócrata, Quisqueyano Demócrata Cristiano Fuerza Nacional Progresista, de Unidad Nacional y La Fuerza del Pueblo.
El Partido Revolucionario Moderno, que postula a Luis Abinader, recibe el apoyo de la Alianza por la Democracia, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio y el Frente Amplio. El panorama se le presenta muy dificil al peledeísmo en el caso de que no logre obtener el 50 % más uno de los sufragios en las elecciones pautadas para el próximo año.
La segunda vuelta se estableció en el país, entre otras reformas, con la modificación de la Constitución de la República de 1994, para resolver la crisis post electoral que acortó el período gubernamental al líder del Partido Reformista Social Cristiano, doctor Joaquín Balaguer.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.