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Partidos negocian pactos hasta última hora.
Los partidos negocian alianzas y coaliciones hasta las últimas horas de cara a las elecciones municipales de febrero del próximo año que deberán formalizarse este lunes ante la Junta Central Electoral (JCE), organismo llamado a revisar y aprobar los acuerdos.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) contempla pactar acuerdos para la contienda de febrero con los partidos Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Dominicanos por el Cambio (DXC), Humanista Dominicano (PHD), Frente Amplio (FA) y Alianza por la Democracia (APD).
La coalición electoral Junto Podemos de la que forma parte el expresidente Leonel Fernández, el PRM y otros partidos de la oposición tratan de arribar a un acuerdo en el orden municipal.
Tras formalizar una alianza para los comicios de mayo, manifestaron que lo harían en el orden municipal en la medida de lo posible.
Mientras el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), según el suplente de delegado ante la JCE y secretario de asuntos electorales, Danilo Díaz, pactaría con 12 organizaciones, las que no identificó.
Se presentarían como “una gran alianza electoral, con la que se garantiza un triunfo contundente en los comicios de febrero”.
“Antes de la hora límite para el depósito de alianzas y coaliciones, el Partido, con sus aliados, llevará las documentaciones requeridas para oficializar este gran acuerdo”, aseguró.
A pesar de que faltan seis meses para las elecciones de mayo las alianzas en el nivel presidencial y congresual están mayormente definidas. La formalidad de las negociaciones deberá presentarse en marzo ante la JCE, pero se han ido concretizando con tiempo.
Para la contienda de mayo los pactos de alianzas se registran entre partidos de la oposición con ideologías antagónicas que son calificadas por el oficialismo como un acuerdo de “macos y cacatas”.
Las alianzas de la oposición en el nivel congresual se dan entre los 12 partidos que conforman Juntos Podemos, con el único propósito de llevar candidaturas comunes para sacar al oficialismo del poder.
Se trata de los partidos: PRM, de los Trabajadores Dominicanos (PTD) o Fuerza del Pueblo, Reformista Social Cristiano (PRSC), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), PHD, PRSD, Unidad Nacional (PUN), Frente Amplio y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), APD, DXC y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS).
Para el nivel presidencial, el candidato del PRM Luis Abinader cuenta con el respaldo además de APD, PHD, PRSD, DXC y el Frente Amplio.
Mientras el peledeísta Gonzalo Castillo, amén de su partido, irá como candidato presidencial en las boletas del PDP, el Movimiento Democrático Alternativo (Moda), el Partido Cívico Renovador (PCR), la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Acción Liberal (PAL), el Revolucionario Independiente (PRI), Revolucionario Dominicano (PRD) y Liberal Reformista (PLR).
En lo concerniente al expresidente Leonel Fernández, ha sido proclamado como candidato presidencial por los partidos PTD, PUN, BIS, PQDC, FNP y el PRSC.
El cronograma indica que este lunes 18 se deberá entregar la base de datos del registro electoral a los partidos políticos. Este mes se deberá entregar en formato digital a las organizaciones políticas el padrón definitivo a usarse en los comicios de febrero próximo.
Arranca además el inicio de los trabajos de preparación para la impresión de la lista de electorales de las elecciones municipales. Las elecciones municipales se celebrarán el 16 de febrero del próximo año 2020.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.