Santo Domingo, RD.-La población dominicana ha perdido la confianza en el Gobierno del presidente Danilo Medina, en los partidos políticos e instituciones públicas, de acuerdo a la encuesta Barómetro de las Américas coordinada por la Universidad de Vanderbilt y el del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).Nacionales
Disminuye confianza en el Gobierno y en partidos políticos, según encuesta
Santo Domingo, RD.-La población dominicana ha perdido la confianza en el Gobierno del presidente Danilo Medina, en los partidos políticos e instituciones públicas, de acuerdo a la encuesta Barómetro de las Américas coordinada por la Universidad de Vanderbilt y el del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).Según el documento de nombre “Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia”, la confianza en los partidos políticos ha tenido de forma continua el promedio más bajo, cayendo a 28.4 en 2019 en una escala de 0 a 100.
El promedio de la confianza en el Congreso disminuyó a 41 puntos y la confianza en las elecciones también ha seguido disminuyendo, con un nivel de solo 37.2 puntos en 2019.
“En comparación con la región, la República Dominicana es el tercer país con la más alta percepción de corrupción”, señala el documento; el 58.5 % de la población piensa que la corrupción está muy generalizada entre los funcionarios públicos y el 87 % de la población indica que la mitad, más de la mitad o todos los políticos están involucrados en actos de corrupción.
Según el documento la identificación partidaria continúa en descenso. “Al preguntársele a la ciudadanía si simpatiza por un partido político, en el 2012 un 63.4 % contestó afirmativamente, en 2016 un 42.4 % y en el 2019 solo un 36.2 %”.
La delincuencia y la inseguridad son los problemas más graves en República Dominicana. Los datos indican que la victimización por delincuencia aumentó de 17% en el 2010 a 25.5% en el 2019, aunque se mantuvo estable en 2019 con relación a 2016. Los actos de delincuencia más comunes son distintas modalidades de robo (con o sin armas de fuego, o robos a domicilio).
“Las personas con mayor probabilidad de ser víctimas de delincuencia son las que viven en los principales centros urbanos, los más jóvenes y los más ricos. Sin embargo, las tasas de victimización son altas entre casi todos los segmentos de la sociedad”, señala la documentación.
La percepción de inseguridad también ha registrado un incremento en los últimos años, pero en el 2019 se mantuvo similar al 2016, con un 32% de los dominicanos que dijo sentirse “muy inseguro en su barrio”, el mayor porcentaje en la región según señala la encuesta. Las percepciones de inseguridad son mayores para quienes viven en los grandes centros urbanos y para las mujeres.
La encuesta registra un declive significativo del porcentaje de la población que se identifica como católico de 67.6% en 2008 a 49.2% en el 2019. Contrario al aumento de la identificación como evangélicos de 12.1 % en 2008 a 26 % en 2019.
El 60.7 % de los dominicanos justificaría el aborto cuando peligra la salud de la madre, el 61.1 % lo justificaría cuando el feto es inviable debido a una malformación congénita, y el 49.6 % lo justificaría cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto.
El 65.8 % de los dominicanos cree que cuando una mujer trabaja fuera de la casa, los hijos sufren, siendo el porcentaje más alto en esta variable para la región.
El 33.9 % de los encuestados en la República Dominicana en el 2019 expresa que los hombres son mejores líderes que las mujeres, el segundo valor más alto en esta ronda de encuestas del Barómetro de las Américas.
La confianza en la Policía Nacional se incrementó ligeramente en 2019 (39.2 puntos) respecto a 2016, aunque la confianza en la Policía en la República Dominicana sigue siendo una de las más bajas en la región.
El documento, presentado por la Dra. Rosario Espinal indica que, para la ciudadanía, lejos de ser una institución que da seguridad, la Policía genera poca confianza, ya que el 61.9% de los dominicanos cree que la Policía está involucrada en la delincuencia.
El 40.8 % de los dominicanos tiene planes de emigrar en los próximos tres años para trabajar o vivir en otro país. La intención de emigrar es mayor entre los hombres y entre los más jóvenes. El 34.7 % de los dominicanos ha considerado emigrar específicamente por la inseguridad.
En los últimos años se ha reducido significativamente el apoyo a los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes. La aprobación a que los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en la República Dominicana sean ciudadanos dominicanos experimentó una reducción abrupta de casi 17 puntos porcentuales, de 50.9 % en 2014 a 34 % en 2019.
También se observa una disminución importante en la aprobación de que el gobierno otorgue permisos de trabajo a los inmigrantes haitianos indocumentados, de 37.3 % en el 2014 a 27.3 % en el 2019.
Para esta encuesta fueron entrevistados 31,050 personas de 20 países de América Latina y el Caribe entre finales de 2018 hasta el verano de 2019.
Señalan que esta vez no se aplicó el cuestionario ni en Haití, ni en Venezuela, debido a la inestabilidad en ambas naciones.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.