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RD es el país de América Latina con más feminicidios, según la Cepal
Santo Domingo, 22 nov (EFE).- En un mes difícil para las mujeres en la República Dominicana, con al menos ocho feminicidios conocidos hasta la fecha, grupos de derechos humanos cuestionan la veracidad de las estadísticas oficiales, que registran una aparente disminución de estos crímenes.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció como un logro el descenso del 25 % en el número de feminicidios en lo que va de año, lo que mantiene la tendencia a la baja registrada el año pasado y convertiría 2019 en el mejor de los últimos 14 años.
Entre 2005 y noviembre de 2019, la PGR contabiliza 1,295 feminicidios, pero estos números distan ampliamente de los de publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que, en un período menor, entre enero de 2010 y septiembre de 2019, ha sumado 1,795 mujeres asesinadas en la República Dominicana.
Por estas cifras, la Cepal posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.
Las discrepancias han llevado a grupos feministas y de derechos humanos a sospechar de que la PGR camufla los datos.
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El delito de feminicidio no está tipificado en el Código Penal dominicano ni descrito en una ley; y la Fiscalía solo contabiliza los casos ocurridos en el entorno ‘íntimo’ entre parejas.
‘Feminicidios son los que los ejecutan la expareja o pareja. Solo los íntimos’, resumió la portavoz de la PGR, Julieta Tejada, en declaraciones a Efe.
Por ello, este año solo contabiliza 66 feminicidos, de un total de 114 asesinatos de mujeres, en un país de 10 millones de habitantes.
El organismo atribuye el descenso a la implementación del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, que lleva a cabo desde hace dos años y contiene 22 acciones de prevención y combate a estas agresiones.
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, atribuye la discrepancia entre las estadísticas a un cambio en la metodología que el órgano persecutor hizo en 2017 para inventariar los feminicidios.
Ni los portavoces de la Fiscalía ni su departamento de estadísticas han sabido informar a Efe de si, en efecto, se produjo este cambio de metodología y en el Portal de Transparencia de la PGR ya no figuran las publicaciones anteriores a 2017, por lo que no se pueden comparar los datos.
‘Obviamente, en el caso de la Procuraduría, hay una mala intención en ese cambio de metodología’, dijo a Efe el portavoz de Participación Ciudadana (PC), Carlos Pimentel, agregando que, más que ocultar el número de feminicidios, manejan el registro de una manera confusa.
Y es esa imprecisión la que, a juicio de Pimentel, no permite dimensionar la realidad del problema y por ende, adoptar políticas públicas adecuadas.
Sin embargo, según un informe presentado el pasado marzo por PC, es altamente probable que la PGR esté imputando, al menos, un 37 % menos de casos de feminicidios desde 2016.
Los grupos Coordinadora de Mujeres del Cibao y Movimiento Feminista Hermanas Mirabal calculan que, en los últimos cuatro años, la cifra anual de asesinatos de mujeres oscila entre 180 a 200, un dato que, a su juicio, las autoridades ‘minimizan’.
‘Esto tiene mucho que ver con la desprotección que tienen las mujeres dominicanas cuando acuden a la Justicia a denunciar a sus parejas y exparejas por amenazas y malos tratos’, dijo a Efe la portavoz de estos dos grupos, Raquel Rivera.
La activista denuncia que las autoridades no tratan los asesinatos como feminicidios a menos que la parejas o exparejas sean detenidos o acusados por sus parientes como sospechosos del crimen.
La misma suerte corren las haitianas residentes en el país, que ni siquiera son incluidas en las estadísticas, según la activista.
El caso más reciente, el pasado lunes, es el de una mujer haitiana fue asesinada en Baní, supuestamente a manos de su pareja, pero la Fiscalía no ha respondido a la pregunta de Efe de si se investiga como un feminicidio.
Entre los problemas que impiden la protección de la mujer, se encuentra la demora del Parlamento en aprobar el proyecto de ley para crear un ‘sistema de apoyo integral’ para la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero se encuentra estancado en el Congreso desde el 2012.
‘Cuando el Estado no da una respuesta efectiva, se convierte en cómplice’, dice la activista Sergia Galván, organizadora de la manifestación contra la violencia hacia la mujer que tendrá lugar este domingo.
Asimismo, Galván resalta los altos niveles de impunidad que han permitido salir en libertad a hombres que habían agredido a sus parejas y que, aprovechando su salida de la cárcel, las mataron, como ocurrió en dos casos recientes que estremecieron a los dominicanos, los de Anibel González y Juana Domínguez Salas.
‘Recibir justicia en caso de violencia resulta altamente costoso para las mujeres, porque tenemos un sistema que no tiene una respuesta integral”, criticó Galván. EFE
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.