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RD es el país de América Latina con más feminicidios, según la Cepal
Santo Domingo, 22 nov (EFE).- En un mes difícil para las mujeres en la República Dominicana, con al menos ocho feminicidios conocidos hasta la fecha, grupos de derechos humanos cuestionan la veracidad de las estadísticas oficiales, que registran una aparente disminución de estos crímenes.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció como un logro el descenso del 25 % en el número de feminicidios en lo que va de año, lo que mantiene la tendencia a la baja registrada el año pasado y convertiría 2019 en el mejor de los últimos 14 años.
Entre 2005 y noviembre de 2019, la PGR contabiliza 1,295 feminicidios, pero estos números distan ampliamente de los de publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que, en un período menor, entre enero de 2010 y septiembre de 2019, ha sumado 1,795 mujeres asesinadas en la República Dominicana.
Por estas cifras, la Cepal posiciona a la República Dominicana en el tope de países latinoamericanos con más incidencia de casos de feminicidios.
Las discrepancias han llevado a grupos feministas y de derechos humanos a sospechar de que la PGR camufla los datos.
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El delito de feminicidio no está tipificado en el Código Penal dominicano ni descrito en una ley; y la Fiscalía solo contabiliza los casos ocurridos en el entorno ‘íntimo’ entre parejas.
‘Feminicidios son los que los ejecutan la expareja o pareja. Solo los íntimos’, resumió la portavoz de la PGR, Julieta Tejada, en declaraciones a Efe.
Por ello, este año solo contabiliza 66 feminicidos, de un total de 114 asesinatos de mujeres, en un país de 10 millones de habitantes.
El organismo atribuye el descenso a la implementación del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, que lleva a cabo desde hace dos años y contiene 22 acciones de prevención y combate a estas agresiones.
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, atribuye la discrepancia entre las estadísticas a un cambio en la metodología que el órgano persecutor hizo en 2017 para inventariar los feminicidios.
Ni los portavoces de la Fiscalía ni su departamento de estadísticas han sabido informar a Efe de si, en efecto, se produjo este cambio de metodología y en el Portal de Transparencia de la PGR ya no figuran las publicaciones anteriores a 2017, por lo que no se pueden comparar los datos.
‘Obviamente, en el caso de la Procuraduría, hay una mala intención en ese cambio de metodología’, dijo a Efe el portavoz de Participación Ciudadana (PC), Carlos Pimentel, agregando que, más que ocultar el número de feminicidios, manejan el registro de una manera confusa.
Y es esa imprecisión la que, a juicio de Pimentel, no permite dimensionar la realidad del problema y por ende, adoptar políticas públicas adecuadas.
Sin embargo, según un informe presentado el pasado marzo por PC, es altamente probable que la PGR esté imputando, al menos, un 37 % menos de casos de feminicidios desde 2016.
Los grupos Coordinadora de Mujeres del Cibao y Movimiento Feminista Hermanas Mirabal calculan que, en los últimos cuatro años, la cifra anual de asesinatos de mujeres oscila entre 180 a 200, un dato que, a su juicio, las autoridades ‘minimizan’.
‘Esto tiene mucho que ver con la desprotección que tienen las mujeres dominicanas cuando acuden a la Justicia a denunciar a sus parejas y exparejas por amenazas y malos tratos’, dijo a Efe la portavoz de estos dos grupos, Raquel Rivera.
La activista denuncia que las autoridades no tratan los asesinatos como feminicidios a menos que la parejas o exparejas sean detenidos o acusados por sus parientes como sospechosos del crimen.
La misma suerte corren las haitianas residentes en el país, que ni siquiera son incluidas en las estadísticas, según la activista.
El caso más reciente, el pasado lunes, es el de una mujer haitiana fue asesinada en Baní, supuestamente a manos de su pareja, pero la Fiscalía no ha respondido a la pregunta de Efe de si se investiga como un feminicidio.
Entre los problemas que impiden la protección de la mujer, se encuentra la demora del Parlamento en aprobar el proyecto de ley para crear un ‘sistema de apoyo integral’ para la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero se encuentra estancado en el Congreso desde el 2012.
‘Cuando el Estado no da una respuesta efectiva, se convierte en cómplice’, dice la activista Sergia Galván, organizadora de la manifestación contra la violencia hacia la mujer que tendrá lugar este domingo.
Asimismo, Galván resalta los altos niveles de impunidad que han permitido salir en libertad a hombres que habían agredido a sus parejas y que, aprovechando su salida de la cárcel, las mataron, como ocurrió en dos casos recientes que estremecieron a los dominicanos, los de Anibel González y Juana Domínguez Salas.
‘Recibir justicia en caso de violencia resulta altamente costoso para las mujeres, porque tenemos un sistema que no tiene una respuesta integral”, criticó Galván. EFE
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.