Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.Nacionales
Cómo sobrevivió emboscada «César el Abusador» en Barranquilla
Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.El último hecho de sangre se produjo el pasado 21 de octubre pasado en una plaza comercial de la ciudad caribeña de Barranquilla, en el que murió uno de los capos anteriormente mencionados.
Miguel Ángel Pana Andrioly, alias “Toyo Curiche”, un peligroso operador de la zona de La Guajira, fue uno de los principales asociados de César Emilio Peralta, junto con el venezolano Eduardo Luis Martínez, de 47 años de edad, quien, aunque murió en circunstancias que nada tienen que ver con la actividad a la que se le vincula, Listín Diario fue enterado por organismos ligados a la investigación que éste fue, alegadamente, la cabeza del segundo eje del Clan del Golfo.
El venezolano murió la madrugada del 1 de noviembre del año pasado en un restaurante de comida rápida en la intersección de la avenida Abraham Lincoln y la calle Porfirio Herrera, a manos de un dominicano que le propinó un balazo en la parte izquierda de la cara, tras una discusión en un hecho que dejó heridas a otras tres personas.
En tanto, el alias “Toyo Curiche”, un colombiano de La Guajira, se presentó al centro “Karen Quintero, Estética y Salud”, en una plaza comercial, para someterse a una sesión de masajes y tratamiento de adelgazamiento, pero no se imaginó que dos individuos le estaban localizando para marcar su ubicación.
Poco antes del mediodía del 21 de octubre pasado, Miguel Ángel Pana Andrioly, alias Toyo Curiche, asistió a la plaza comercial 93, ubicada en la calle 39 entre Carreras 47 y 49 C, al norte de Barranquilla, en una camioneta Hilux, blindada, acompañado de un seguridad.
Vestido de pantalón jean con impecable camisa blanca, el guajiro vinculado por la Policía colombiana en actos criminales en Magdalena, La Guajira y El Atlántico, bajó del vehículo blanco placa FYT-206 para someterse al procedimiento habitual.
Lo que menos estaba pensando en ese instante Toyo Curiche era que, tal como refieren en su lenguaje habitual los colombianos de a pies, es que “estaba dando papaya”.
Cuando se dispuso a bajar de la camioneta, dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y la emprendieron a tiros, sin que le dieran oportunidad de defenderse. Cayó herido mortalmente y su camisa blanca se tiñó de rojo. Este, como su escolta, Hernán Urbano Guerra Vásquez, no tuvieron tiempo para reaccionar. Toyo Curiche yacía en el suelo mientras quien estaba destinado a preservar su integridad física saltó al otro lado de la acera, se fajó a tiros con los asesinos, pero también murió en el intento. Este último fue llevado de urgencia al centro de salud San Vicente, donde expiró.
En esa refriega es que se especula habría participado César Emilio Peralta (El Abusador) en la ciudad colombiana de Barranquilla, bañada por el Caribe, adonde el dominicano viajaba con frecuencia desde el mes de agosto cuando salió huyendo de República Dominicana.
En el atentado también resultó herido el trabajador de la construcción, de nacionalidad venezolana, José Gregorio Donantes Morelos, quien se encontraba en un lugar próximo a la balacera y recibió un disparo en el abdomen, sin tener nada que ver con el incidente.
La Policía de Colombia estableció en la investigación que “Toyo Curiche” habría sido víctima de ajuste de cuenta a manos de bandas rivales, pues tenía tres días de haber llegado a Barranquilla.
Aunque los organismos de persecución del crimen organizado en el país, la DNCD y la Procuraduría General de la República, insisten en que César Emilio Peralta se encontraba en alguna zona del territorio nacional, era un secreto a voces de que el capo salió en una lancha rápida hacia la frontera de Venezuela y Colombia, específicamente para La Guaira, luego de ser advertido de su búsqueda.
Peralta utilizaba una cédula colombiana para moverse en ambos territorios suramericanos, donde operaba junto a sus socios en el contrabando de sustancias prohibidas.
Siguiendo las informaciones de que dispone este diario, Toyo Curiche era el principal aliado de César Emilio Peralta. El primero pertenecía a la ganga criminal “Los Curicheros, dirigida por Marquito Figueroa, quien era su cuñado. Al colombiano asesinado se le vincula a varios crímenes, incluido el de una pareja de esposos que fue sacada por él de un restaurante y luego encontrados muertos en bolsas negras.
La hermana de “Toyo Curiche”, María Concepción Pana Andrioly, participó el pasado 27 de octubre, seis días después de la muerte de su hermano, como candidata a la alcaldía de Maicao. Ella negó, cuando ocurrió el crimen, que su hermano estuviera involucrado en actividades ilícitas, pero admitió que dejó La Guajira porque había sido extorsionado.
Según el periódico El Heraldo, “Los Curicheros” es una estructura armada y permanente, pero poco visible, de contrabandistas. Su nombre se deriva de la ranchería Curiche, en jurisdicción de Manaure, La Guajira.
El Heraldo cita el portal web de la Fundación Paz y Conciliación que registra que “Marquitos” revitalizó al estructural criminal de “Los Curicheros, una banda caracterizada por su servicio al narcotráfico, aunque ha estado bajo el mando de varios jefes, como se espera ocurra ahora aquí con la sacada de operación de los tres principales jefes del Clan del Golfo. Con la caída de El Abusador en manos de EE.UU. se espera aporte informaciones acerca de sus colaboradores y personajes del país beneficiados de sus negocios ilícitos, como ocurrió con David Figueroa Agosto, el último de los capos.
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Asimismo, enfatizó la implementación total de la firma digital y la gestión de expedientes electrónicos con trazabilidad completa, lo que, afirmó, garantiza mayor transparencia y control de los procesos judiciales.
«Así que ahora nadie puede decirme que un expediente se pierde o se queda en una gaveta»Presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
«La confianza se gana, se construye con resultados, se sostiene con coherencia y se pierde cuando se detiene la transformación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque lo que está en juego es el desempeño del sistema y con ello la confianza de la gente»Presidente de la SCJ
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-123934-pm-d9871189.jpeg)
En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
El primero de ellos fue digitalizar la justicia, segundo, agilizarla para disminuir el tiempo en dar respuesta; y tercero, hacerla transparente para que la confianza no sea un acto de fe, sino una consecuencia.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.