Santo Domingo, RD.-Este lunes inició la exigencia de visa por parte de las autoridades dominicanas a los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al país, mientras estos viven momentos de incertidumbre ante los costos, exigencias y requisitos.Nacionales
Largas filas, pagar más de 250 dólares y desinformación: el panorama de venezolanos que piden visa a RD
Santo Domingo, RD.-Este lunes inició la exigencia de visa por parte de las autoridades dominicanas a los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al país, mientras estos viven momentos de incertidumbre ante los costos, exigencias y requisitos.Esa incertidumbre e inseguridad colmó a decenas de venezolanos que abarrotaron la primera planta del edificio donde se ubica la embajada dominicana en el país sudamericano, ante las nuevas políticas migratoria de República Dominicana.
Ante estas circunstancias, conversamos con una ciudadana venezolana que, a pesar de haber comprado su pasaje en agosto para viajar hacia República Dominicana a finales de diciembre, tuvo que adherirse a las nuevas normativas impuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con un pasaje para el 22 de diciembre, comprado con cuatro meses de anticipación y con la idea de reencontrarse con su familia, Ana Julia, como llamaremos a la protagonista de esta historia, narra sus peripecias a partir del pasado lunes 9, fecha en la cual conoció la noticia sobre la exigencia de obtener visado para entrar a territorio dominicano.
Tomando en consideración el costo de la visa, y la obligatoriedad de adquirir un seguro para venir a República Dominicana, vendido en el mismo consulado, el total a pagar por el trámite (sin tener en cuenta el pasaje de avión, tarjeta de turista y otros gastos o impuestos) es de 250 dólares, lo que se traduce a 11,801,000 bolívares venezolanos, según la tasa de cambio actual.
La noticia de la imposición de visa causó revuelo en territorio venezolano, cuyos ciudadanos hasta el momento del anuncio, el pasado 9 de diciembre, no requerían del permiso para ingresar a suelo dominicano. Ana explica que lo más preocupante en un principio fue que no se ofrecía detalles sobre cómo obtener el visado: “No había información sobre cómo hacer el trámite, mucho menos de los costos”, explicó a Listín Diario.
Ante este desconocimiento, la mujer decidió dirigirse al consulado dominicano, ubicado en el segundo piso de un centro de oficinas empresariales en Caracas.
Al llegar al lugar, observó como la planta baja de esta estructura estaba repleta de personas buscando información, pero con la imposibilidad de subir hacia el consulado y, por ende, conocer las exigencias y requisitos para poder viajar.
Con el paso del tiempo, comenta que bajó un funcionario del consulado, el cual en primera instancia se vio acorralado ante la ola de personas con muestras de incertidumbre y desesperación que se le abalanzaron en búsqueda de información.
“El hombre estaba tan acorralado de gente que amenazó con subir a la oficina y no dar información. Los que estábamos ahí intentábamos hacer fila para que el funcionario fuera caso a caso respondiendo inquietudes, pero fue imposible. Más podía la incertidumbre de la gente.”, relata Ana.
Poco después, y para el alivio temporal de los venezolanos, les comenzaron a pasar hojas con los requisitos para obtener el visado dominicano, pero en ese momento nadie se percató de los costos exigidos para viajar.
En un principio, la mujer comenta que todos los presentes fijaron sus ojos en el pago de 100 dólares, efectivo o vía depósito en un banco dominicano, que debía de realizarse para el trámite. Señala que en ese instante “nadie había prestado atención al tema del seguro”.
“Al día siguiente (martes), comenzaron a decir que el seguro es obligatorio. Cuesta 150 dólares y con la empresa que ellos indican, denominado como Garantía Migratoria Internacional”, que tiene un portal de internet con la siguiente dirección: Gmi.do.
Los dolores de cabeza continuaron ya que de acuerdo a los formularios la información no especificaba si el trámite del seguro podía hacerse en familia (porque cada dependiente son 30 dólares) y, luego de confirmarse la obligación de adquirirlo, la página colapsó y no llegaron las planillas. “Fue un verdadero desastre”, manifiesta la mujer.
Un día después (miércoles 11) y ante el desorden entre informaciones y personas, la mujer explica que varias personas en el lugar decidieron formar una lista de manera organizada para “asegurarse” de que los atendieran el jueves.
A los organizadores de esta lista les dieron “papelitos con números” según el orden establecido, para ser atendidos, pero los dejaron “relegados”.
“El jueves 12 la fila era bastante larga y era molesto porque empezaba a llegar gente que viajaba el 16, entonces le daban prioridad a esas personas y los que estábamos organizados nos dejaron relegados”, relata.
Luego de muchas ideas y vuelta, la Ana Julia dice que logró subir a la oficina del consulado y que prometieron darle respuesta entre el lunes y martes de esta semana, pero, mantiene la incertidumbre de saber si podrá viajar a ver sus familiares el próximo 22 de diciembre.
listindiario.com
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.