Análisis Noticiosos
La sociedad civil decide impulsar un proceso electoral transparente
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7 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
Uno de los acontecimientos más positivos tras el inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales de febrero ha sido el surgimiento de una concertación de organizaciones y personalidades de los ámbitos religiosos, académicos y sociales para promover un proceso electoral transparente que fortalezca la institucionalidad democrática,
En una reunión con partidos políticos, los propulsores comenzaron el miércoles a presentar los lineamientos de su “Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, y ya tienen cita para entregarlo la próxima semana a la Junta Central Electoral (JCE), mientras tratan de incorporar las organizaciones empresariales.
Una iniciativa ciudadana
El Manifiesto es una iniciativa de la Mesa de Justicia y Transparencia del Foro Ciudadano, constituido por cientos de organizaciones y redes sociales, ahora bajo coordinación del Centro Juan XXIII, que es un agrupamiento de intelectuales, académicos y profesionales católicos. Fue dado a conocer en rueda de prensa el 4 de diciembre en el local de esta entidad, que en la parroquia Santísima Trinidad.
El primer encuentro del núcleo tuvo efecto el pasado miércoles 11 con dirigentes de partidos políticos en un salón de la Universidad Católica Madre y Maestra, cuyo rector, reverendo Alfredo de la Cruz Balderas, es parte de los promotores, al igual que el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, monseñor Jesús Castro, quien además es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo.
Aunque fueron invitados formalmente todos los partidos, no asistieron los del bloque que encabezan el Partido de la liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, que postulan a Gonzalo Castillo para la presidencia. Si estuvieron representados los principales de la oposición, los del bloque que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, postulando a Luis Abinader, y el bloque que lidera el nuevo partido La Fuerza del Pueblo y el Reformista Social Cristiano, que impulsan la candidatura presidencial de Leonel Fernández. También la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Se informó que predominó un pleno respaldo a la iniciativa.
Una Comisión de Seguimiento ya tiene cita para entregar el Manifiesto el miércoles a la JCE, y con la meta de hacer lo mismo con el Tribunal Superior Electoral y las autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. Esperan lograr la firma de un compromiso entre los partidos para alcanzar un proceso electoral transparente y competitivo en enero, antes de las elecciones municipales del 16 de febrero.
Objetivos del Manifiesto
El Manifiesto Ciudadano comienza planteando que “La democracia es la obra de todos. El derecho ciudadano a elegir y alternar sus autoridades a través del voto libre, personal, directo y secreto en un estado de derecho es el principal mecanismo de legitimación popular de los gobernantes”. Plantean que, no obstante, los procesos electorales dominicanos se caracterizan por “prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.
Es por eso que han decidido “convocar a todas y todos los dominicanos sin excepción, a no escatimar esfuerzos y sacrificios para rescatar la credibilidad de las elecciones nacionales previstas en el año 2020 y así salvaguardar nuestra democracia y la indispensable legitimización de sus instituciones y representantes”. Dicen estar conscientes de que la manipulación de las elecciones “facilita esa misma corrupción que impunemente roba y malversa el erario y el patrimonio público”.
La convocatoria señala las responsabilidades que corresponden a la JCE, el TSE, al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio Público, a los partidos y movimientos políticos, a los medios y redes de comunicación, así como a la sociedad civil. A la JCE le pide hacer cumplir los planteamientos constitucionales y legales para la transparencia y equidad de los procesos electorales, con una serie de disposiciones específicas.
Principales propulsores
Además de, Foro Ciudadano y los rectores de las dos universidades católicas capitalinas, entre los propulsores aparece también el Obispo de Baní-San Cristóbal, Víctor Masalles, el obispo emérito episcopal Julio César Holguín, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, la Asociación Dominicana de Profesores, el Comité Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Metropolitano de Mujeres, Participación Ciudadana, el Centro Montalvo, Centro de Investigación y Promoción Social, Consejo de Desarrollo Cívico Social, Ciudad Alternativa, Santiago Somos Todos y las fundaciones Masada, Solidaridad, Testimonio y Trópico. Así mismo entidades de bases como Acción Comunitaria para el Progreso, Articulación Nacional Campesina, Cooperativa de Producción Social del Habita y la Vivienda, Comité para Defensa de los Derechos Barriales, Movimiento de Mujeres Trabajadoras y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales.
Un vocero del movimiento indicó que sua Comisión de Seguimiento está constituida por el rector Alfredo de la Cruz Baldera, el reverendo Fidel Lorenzo, el empresario Franklin Báez Brugal, los académicos Rafael Toribio, Fernando Ferrán y Fernando Peña, Jaime González, del Centro Juan XXIII, los comunicadores María Asela Alvarez y Huchi Lora, Mario Fernández, de Santiago Somos Todos, la sindicalista Eulogia Familia y Ricardo González, del Foro Ciudadano.
Volver a la concertación
A los propulsores del Manifiesto Ciudadano les mueve el objetivo de fortalecer la credibilidad de los partidos y la ciudadanía en los órganos rectores del proceso electoral, en especial la JCE, partiendo de que la misma necesita un fuerte apoyo para organizar un proceso electoral como dispone la Constitución y las leyes del Régimen Electoral y de Partidos Políticos.
Partieron de los conflictos en que devino el proceso de la elección primaria hasta el punto de haber provocado la división del partido gobernante y dejando incertidumbres sobre el voto automatizado y la credibilidad en los resultados electorales. Sólo el mercado de compra y venta de votos que operó públicamente en las primarias, ha sido señalado como suficiente para motivar la presencia activa de la sociedad civil en el seguimiento al proceso electoral de febrero y mayo, más allá del trabajo de observación electoral que hace 25 años realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana.
Estarían procurando levantar una participación como el proyecto de Iniciativas Democráticas que movilizaron a la sociedad civil por la limpieza de las elecciones de 1996, 2000 y hasta el 2004, y que apoyaron firmemente a la JCE y contribuyeron al mejoramiento de esos procesos después del traumático fraude electoral de 1994 que llevó al Pacto por la Democracia, reduciendo a dos años el período gubernamental.
Aunque el Partido de la Liberación Dominicana no asistió a la convocatoria del “Manifiesto Ciudadano” el miércoles en la PUCMM, al día siguiente el coordinador de su Comisión de Estrategia de Campaña Electoral”, Francisco Javier, emplazó al PRM y su candidato Luis Abinader “a que diga que él está dispuesto a firmar un pacto por una campaña decente. Eso tras denunciar que en enero se pondría en práctica una “campaña negativa” contra su candidato Gonzalo Castillo.
La demanda peledeista podría canalizarse en el marco de la iniciativa ciudadana, donde podrían precisarse los términos de campaña negativa y de campaña sucia, porque negativo puede ser todo lo que denuncie hasta errores, limitaciones y actitudes de un partido o candidato. Campaña sucia es la que se fundamenta en mentiras, inventos o manipulaciones o distorsiones.
Abinader y los también candidatos presidenciales Leonel Fernández y Guillermo Moreno, así como dirigentes opositores han dicho que no están dispuestos a permitir inequidades y abusos del poder del Estado, como los denunciados en las últimas elecciones generales, cuando incluso la oposición no reconoció la legitimidad de la reelección del presidente Danilo medina, y en las primarias de octubre pasado.
Análisis Noticiosos
El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití
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1 semana agoon
noviembre 9, 2026Por José Cabral
El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.
Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.
Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.
Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?
Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.
El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.
De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.
En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.
Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.
Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.
Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada imagen de Donald Trump, a quien se le cae la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica su han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.
De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.
Análisis Noticiosos
La esclavitud disfrazada de tradición
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2 semanas agoon
octubre 31, 2026Por Rafael N. Fernández
En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.
Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.
Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable y una condena injusta.
Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando, sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.
Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.
Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.
Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.
Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.
Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.
En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.
Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría, que no podía defender y que no podía defenderse.
La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato animal, el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.
¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo llamarlo “tradición”?
¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?
Lo más indignante y terrible es que, tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad y buscar otras alternativas económicas para los cocheros.
El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.
Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.
Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.
Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada, sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.
Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.
No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.
Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)
Por José Cabral
La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.
Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.
Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.
Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.
Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.
Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.
Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.
Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.
Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.
De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.
Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.
