Nacionales
Usuarios del Metro y Teleférico serán vigilados por inteligencia militar.
Mediante el convenio firmado el pasado 30 de octubre por el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, y el director de la OPRET, ingeniero Manuel Antonio Saleta García, se establece que el objetivo es facilitar “la interconexión del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras e Inteligencia (C4I) del MIDE, a los Sistemas de Manejo de Videos de la OPRET, para monitoreo en tiempo real, en las diferentes líneas del Metro y Teleférico”. Agrega que la OPRET suministrará los accesos necesarios al MIDE, que permita la conexión a los Sistemas, para el monitoreo en tiempo real de las diferentes líneas del Metro y Teleférico de Santo Domingo.
Los accesos permitidos al MIDE se corresponden con las áreas de “entradas, pasillos, andenes, ascensores, puente atirantado, pasillos de las galerías comerciales y otras áreas públicas de libre tránsito al usuario”.
El acuerdo establece que el MIDE tendrá que resguardar la confidencialidad de las grabaciones realizadas, de conformidad con la Constitución y las leyes relacionadas a la imagen y dignidad de las personas, tanto en la grabación, difusión y uso de las imágenes obtenidas.
Especifica que cuando el MIDE quiera “grabar cualquier evento o incidencia, la misma debe ser solicitada de manera formal a la autoridad competente de la OPRET” y agrega que cualquier difusión y uso de las imágenes obtenidas por el MIDE, “deberán ser autorizadas por la autoridad competente, conforme las disposiciones de nuestra legislación vigente”.
Dispone que las actividades programadas por la OPRET que pudiesen confundir o alterar la normal visualización realizada por el MIDE, como son fumigaciones, simulacros, entre otros, serán previamente comunicadas por la OPRET.
“En caso de que el MIDE visualice actividades que les parezcan anormales, deberá llamar para fines de alerta al Puesto de Mando Central (PCC) de la OPRET, vía telefónica o comunicarse por cualquier vía disponible”, establece el convenio entre las partes. Para que el MIDE pueda visualizar las “cámaras internas de los trenes”, tendrán que obtener una autorización expresa de la OPRET, previo requerimiento de los militares.
Para concretar los términos del acuerdo, las partes decidieron formar “una comisión mixta integrada por representantes de OPRET y el MIDE para el seguimiento y complimiento de lo pactado”.
El pasado 16 de noviembre, el senador por Florida, Marco Rubio, denunció que República Dominicana forma parte del “estado de vigilancia” de China por el uso de cámaras que estarían destinadas a labores de inteligencia. “Así es como China difunde su estado de vigilancia y recopila datos en países de todo el mundo. Esto ahora incluye al gobierno dominicano, que recibió este equipo de vigilancia por parte de los chinos”, dijo Rubio.
El gobierno reaccionó diciendo que está ampliando el sistema de cámaras de vigilancia con equipos adquiridos “con total transparencia”, de varios proveedores.
Santo Domingo, R.D.-La figura de la candidatura independiente se posiciona en el centro de atención de las organizaciones políticas y otros sectores sociales a partir de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
De manera específica, el pleno del TC hizo, además, un análisis de las reformas desarrolladas a este marco legal en los últimos 98 años, con la cual determinó que en “el único momento que, conceptualmente” las candidaturas independientes estuvieron alejadas de los partidos políticos fue hasta el año 1962. Desde este período, hasta este 2024, esta legislación ha resultado “extremadamente difícil y contraria” a la esencia misma de las candidaturas independientes.
Sin embargo, desde la publicación del dictamen el pasado 13 de diciembre, sobre este método de postulación a los puestos de los tres niveles de elección, parte de los representantes políticos aseguran que el sistema de partidos podría ser afectado con esta decisión en el futuro.
Algunos de los factores señalados por las agrupaciones políticas son los riesgos de desigualdad en la competencia electoral y posibles dificultades con la logística de los sufragios. Además, que esta flexibilización apertura una puerta para recibir a ciudadanos que estén vinculados a acciones criminales.
El veredicto del pleno de la Alta Corte ante la instancia depositada por Alberto Fiallo Billini fue declarar no conforme con la Constitución lo establecido en los artículos 167 y 157, situados en el capítulo titulado “De las candidaturas independientes”.
Este documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados y al Senado, declaró la interpretación del pleno sobre la forma en la cual debe ser redactado en el texto de esos artículos.
El segundo párrafo del artículo 47 en la Ley 137-11 permite al pleno del TC dictar sentencias interpretativas, que pueden ser “aditivas” cuando se busca controlar las omisiones legislativas inconstitucionales. Tal es el caso de las ausencias de previsión legal expresa de “lo que constitucionalmente debía haberse previsto o cuando se limitan a realizar una interpretación extensiva o analógica del precepto impugnado”.
Modificación legislativa
Estos artículos en la ley del Régimen Electoral vigente consideran como hábiles las candidaturas independientes que “surjan” a través de agrupaciones políticas. Asimismo, contiene en los requisitos la necesidad de conformar una organización de “cuadros directivos”, para que pueda ser sustentada la propuesta electoral independiente.
Precisamente, esto es lo que el TC instruyó eliminar, sustituyendo el rol de las agrupaciones políticas por organizaciones sociales y civiles, para que puedan ser validadas las candidaturas independientes.
Pero, ¿Cuál es el origen de esta figura en la ley?
De acuerdo con la evaluación del pleno de la Alta Corte, la figura de las candidaturas independientes fue introducida en la legislación dominicana mediante el artículo 77 de la Ley 386,de 1926, en el que se establecía la existencia de dos tipos de candidatos: Los de partidos e independientes, los cuales podían presentarse para todas las posiciones electivas habilitadas. En esa ocasión, los requisitos para su postulación eran presentar una instancia motivada al órgano electoral que correspondiera, según la posición perseguida. Mientras que para la postulación de cargos de alcance nacional, el ciudadano debía ser respaldado por al menos 2,000 sufragantes.
Legislaciones.
En 1962 el Poder Legislativo efectuó una reforma, introduciendo la ley 5884, en la que se apertura un apartado especial para consignar este mecanismo. Con esta reforma a la ley electoral fue cambiado de manera “sustancial” este apartado, ya que “las candidaturas independientes debían ser propuestas por agrupaciones políticas accidentales” y conformar una estructura de cuadros directivos con el mismo esquema de los partidos políticos. Luego, en 1997, adiciona un mandato para que quienes opten por utilizar este derecho político fundamental presenten una agrupación política avalada por un porcentaje mínimo de inscritos en el registro electoral. Por último, fueron promulgadas las leyes 15-19 y 20-23, que mantienen una redacción idéntica en estos artículos.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que autoriza a los dominicanos con aspiraciones a inscribir sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Durante una entrevista en el programa matutino «El Sol de la Mañana», el también ministro de la Presidencia, considera que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
Paliza consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar «detenidamente» el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Diversos sectores se han pronunciado en torno a la sentencia TC-0788-24, emitida el pasado 13 de diciembre, y expresado su preocupación, ya que genera una incertidumbre sobre hacia dónde conducirá al sistema político esta nueva normativa.
Además de dirigentes políticos como Leonel Fernández, Sigmund Freud, Edy Olivares también ha fijado posición la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, expresa su “preocupación”.
El jurista aseguró que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.
Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.
84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.
Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.
Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.
72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.
Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).
Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).
El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.
Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).