Santo Domingo, RD.-Bajo el alegato de que comenzó una campaña electoral a destiempo, la Fuerza del Pueblo (FP) pidió que la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo sea declarada inadmisible por la Junta Central Electoral (JCE).Nacionales
Buscan declarar inadmisible candidatura de Gonzalo Castillo.
Santo Domingo, RD.-Bajo el alegato de que comenzó una campaña electoral a destiempo, la Fuerza del Pueblo (FP) pidió que la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo sea declarada inadmisible por la Junta Central Electoral (JCE).Mediante una instancia depositada por su delegado político ante la JCE, Manuel Crespo, la FP argumenta que el organismo comicial es la institución responsable de hacer cumplir la disposición que prohíbe el inicio de la campaña a destiempo.
El partido opositor alega que el candidato presidencial del PLD realiza una profusa campaña de promoción de sus aspiraciones antes de que la JCE emita la proclama mediante la cual se deje abierto la campaña electoral para dicho nivel de elección.
En tal sentido, alegó que el 13 de enero de este año, en todos los medios de comunicación impreso del país, como los electrónicos o digitales, Gonzalo Castillo, mediante espacio pagado, publicó una propaganda gráfica masiva en la que promueve su imagen.
Para tales fines, la FP depositó copias ante la JCE de los medios donde fue publicada.
Mientras que el PLD negó la acusación y dijo que Castillo se mantiene en las calles respaldando los candidatos locales.
Explica que la séptima publicación que denuncia la instancia de la FP fue realizada por un grupo de ciudadanos a título particular, y que formar parte de un movimiento externo de apoyo.
Entiende que cualquier sanción aplicable que la JCE determine debe estar apegada al principio de la proporcionalidad para que la sanción sea adaptada al nivel de gravedad de la eventual infracción.
Entiende el PLD que la solicitud de inadmisibilidad de la candidatura solicitada resultaría una sanción totalmente desproporcionada, “ que no se corresponde con el nivel de gravedad de las posibles infracciones que se deriven de las publicaciones realizadas.
El PLD advierte que en caso de que se decidiese imponer alguna sanción por dichas publicaciones, la JCE estaría obligada a sancionar de la misma manera al candidato presidencial Luis Abinader , por las publicaciones que ha realizados.
Mediante instancia firmada por su delegado político José Ramón Fadul y el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, afirman que no hay motivos legales para que la JCE adopte medidas cautelares, imponga sanciones de carácter administrativo electoral y disponga la inadmisibilidad de la candidatura de Castillo por alejadamente iniciar su campaña antes del tiempo reglamentario.
Al reconocer la facultad sancionadora de la JCE, Fadul y Dantés plantean que ninguno de los hechos alegados por la FP constituye faltas a dichas leyes, no procediendo sanción alguna.
Ante el alegato de LP de que mantiene una promoción en las calles y en los medios, el PLD argumenta que no le pueden ser atribuibles al candidato manifestaciones de apoyo que organizaron particulares como es el hecho específico de hacer publicaciones pagadas en los medios de comunicación.
“Nos permitimos aclarar que todas las actividades políticas y de campaña en las que ha participado y continúa participando el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, han sido y son actividades de promoción de candidaturas municipales del PLD y partidos aliados a nivel nacional, correspondientes al certamen electoral de febrero próximo”, dice la instancia con la que respondió ante la JCE.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Su caso ahora pasa a la Procuraduría General de la República para que la solicitud sea tramitada y ejecutada, de conformidad con los términos de la Constitución y las leyes dominicanas para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y se emita el decreto que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de los años de prisión, el Departamento de Justicia indica que el grupo de acusados podría enfrentar una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.