Santo Domingo, RD.-La división de Estadísticas de la Dirección Gteneral de Prisiones declaró que un total de 6,358 internos guardan prisión en las cárceles del viejo y del nuevo modelo penitenciario dominicano, acusados de homicidios y feminicidios, ocupando la Penitenciaria Nacional de La Victoria la mayor cantidad de presos.Nacionales
Las cárceles dominicanas tienen más de 6,000 presos por homicidios y feminicidios
Santo Domingo, RD.-La división de Estadísticas de la Dirección Gteneral de Prisiones declaró que un total de 6,358 internos guardan prisión en las cárceles del viejo y del nuevo modelo penitenciario dominicano, acusados de homicidios y feminicidios, ocupando la Penitenciaria Nacional de La Victoria la mayor cantidad de presos.Así lo hace constar la División de Estadísticas de la Dirección General de Prisiones, que registra 4,475 reclusos en el viejo modelo penitenciario y el Departamento de Planificación y Desarrollo de la Procuraduría General de la República, que sostiene que en el nuevo modelo hay 1,828 internos.
Conforme con el informe estadístico en la cárcel de La Victoria se encuentran recluidos un total de 2,036 reclusos por homidicios y feminidicios, seguido de la cárcel pública de La Vega, con 397 internos, mientras que la cárcel de pública de Baní, hay detenidos 270 presos por crímenes.
En la cárcel del kilómetro 15 de Azua se encuentran recluidos un total de 216 internos, igual cantidad de reclusos están en la cárcel pública de Barahona, por homicidios y feminicidios, mientras que en la cárcel de San Juan de la Maguana hay detenidos un total de 210 reclusos por la misma infracción, y en El Seibo, hay 208 reclusos criminales.
En la cárcel de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se encuentran detenidos 188 reclusos, la cárcel de San Francisco de Macorís cuenta con 153 reclusos, las de Samaná y Neiba tienen 100 reclusos cada una; Monte Cristi, tiene 82 reclusos, mientras que en la de Nagua hay 80 internos.
Asimismo, se encuentran recluidos en la cárcel de Operaciones Especial de Manoguayabo un total de 64 agentes policiales, 50 reclusos en la cárcel pública de Azua, 35 en la cárcel de Santiago Rodríguez, 32 en la cárcel de Salcedo, 25 en la cárcel de Higuey y 14 en la cárcel de Pedernales.
Mientras que en cinco centros de Corrección y Rehabilitación del nuevo modelo penitenciario se encuentran la mayor cantidad de internos acusados de homicidios y feminicidios, con un total de 1,828 internos.
De esa cantidad de internos un total de 944 están condenados por homicidio, en tanto que 884 internos acusados de homicidios esperan condena. En las cinco cárceles del nuevo modelo Penitenciario, hay 5,556 internos 3,691 preventivos acusados de diferentes infracciones, mientras que 2,233 internos fueron condenados.
En El Pinito de La Vega se encuentran internos un total de 279 condenados, en San Pedro de Macorís 201 condenados y 71 preventivos, en la cárcel de Najayo Hombres, 148 condenados y 544 preventivos.
En la cárcel de Anamuya, localizada en Higu¨ey, hay 141 internos condenados y 130 preventivos; en La Isleta de Moca, 124 internos condenados y 91 preventivos, en la cárcel de Cucama, en La Romana, un total de 51 internos condenados y 48 preventivos.
Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.