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Editorial

Una violación del orden jerárquico en la normativa jurídica nacional.

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Cómo se explica que el presidente Danilo Medina viole flagrantemente el orden jerárquico en la normativa jurídica nacional, ya que es de conocimiento general que un decreto no puede estar por encima de una ley.

La Ley 64’00 establece de manera muy clara los límites del antiguo  Parque Nacional del Este, el cual ahora resulta gravemente afectado con una decisión del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo ministro Ángel Estévez, ha otorgado un permiso que pone en peligro una zona protegida.

Pero necesariamente hay que preguntarse cómo el presidente pretende que una comisión designada mediante un decreto, que incluye al responsable de la irregularidad, pueda decidir lo que ya está determinado por la ley.

Este es un verdadero contrasentido del presidente, porque el Estado con esa decisión del jefe del Poder Ejecutivo, viola su propia legalidad para favorecer intereses contrarios a la salud medioambiental de la República Dominicana.

Lo que procede frente a semejante disparate es que el consultor del Poder Ejecutivo, Flario Darío Espinal, le advierta al presidente Medina que incurre en una violación muy grave al orden jerárquico en la normativa jurídica nacional.

Es importante recordar que el primer lugar en el orden jurídico lo ocupa la ley de leyes, que es la constitución de la República, seguido por los acuerdos y tratados internacionales,  después por  las leyes orgánicas y a continuación  las leyes ordinarias, para entonces llegar a los decretos del presidente.

Cómo se entiende que el presidente haya pretendido poner por encima de la Ley 64.00, sobre medioambiente y recursos naturales, un decreto suyo, el cual constituye una monstruosidad jurídica.

El presidente Medina está a tiempo de corregir ese entuerto, porque parece que la decisión ilegal obedece  a  los intereses envueltos en el conflicto sobre la construcción de un hotel turístico en una zona protegida.

Estas son  de las cosas que provocan que nadie crea en el pretendido proceso de institucionalidad democrática que tanto se pregona en la República Dominicana.

El que menos autoridad moral tiene para hablar del tema de la institucionalidad es el propio presidente de la República que le quiere meter gatos por liebres al pueblo dominicano.

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Editorial

En el país el principal problema no es ideológico, sino ético moral.

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El reportaje histórico-interpretativo de esta semana parte del legado ético moral de los tres grandes líderes de las últimas décadas, naturalmente guardando las diferencias entre ellos, lo que lleva a este periódico a sostener que su legado parece que ha servido de poco.

Los tres, Balaguer, Pena Gómez y Bosch, representan una época que luce que no volverá, porque la sociedad dominicana ha entrado en un marcado deterioro en los detalles que constituyeron las principales fortalezas de estos prohombres.

Estamos hablando de la visión ética de los tres, uno más que otro, pero que actuaron durante toda su trayectoria no apegados a lo que es el comportamiento de la figura del depredador del patrimonio público, el cual acompaña la historia nacional desde los tiempos de la colonia.

La muerte de los tres líderes ha traído consigo una profundización del problema ético en la política, ya que se ha visto que el asunto es tan serio que nadie entra a esta actividad para servir, sino para servirse, cuyas aspiraciones no es llevarse del Estado 1,50 o cien millones de pesos, sino miles.

Los casos de corrupción que no paran son el mejor ejemplo de la realidad por la que atraviesa la sociedad dominicana, ya que se puede afirmar que con el dinero público sustraído se pueden construir varias republicas dominicanas y más grande que la que tenemos.

El panorama nacional luce bastante feo, dado que los déficits fiscales de la nación están asociados a un gasto público definitivamente poco racional y explicado por los niveles tan altos de corrupción administrativa, cuya deuda externa también impactada por ese deseo de acumulación de bienes materiales de los actores de la vida política nacional.

Es muy común escuchar que si se quiere acumular riquezas hay que incursionar en la actividad política partidista o vender drogas o ascender al control del patrimonio público y cuando esto no ocurra perseguir una contrata del Estado para de entrada llevarse a sus bolsillos no menos de un 80 por ciento del presupuesto de la misma, la cual tiene la opción de aumentar el monto originalmente aprobado mediante adendas que cuadruplican el valor de la obra.

Todo ello deja claro que el problema del país es ético-moral, pero que este discurso no encaja con ninguno de los partidos que tienen reales posibilidades de ascender al poder, porque ya han sido probados y los mismos continuarán  pregonando lo que no practican.

Es decir, que el legado de los líderes políticos ya fallecidos, no le sirve de mucho al país, ya que la formación de los actores de la vida política nacional consiste más en llenar sus bolsillos que apegarse al legado de prohombres que pregonaron durante toda su vida política la ética y la moral en el manejo de la administración pública.

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Editorial

Otra vez el lenguaje de sustituir la fuerza por la razón.

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No hay un solo escenario en el que la administración estadounidense no busque sustituir la fuerza por la razón.

El primer lugar escogido fue Venezuela, donde fue apresado dentro de su territorio el presidente de ese país, quien independientemente de su legitimidad o no, debe ser enjuiciado por los tribunales de su país, no de los Estados Unidos.

La ofensiva a través del uso o de la amenaza de la fuerza fue seguido en contra de Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, e igual amenaza sufre el pueblo haitiano con buques de guerra en sus costas.

 Pero la imposición de la fuerza, aunque en una versión política, no militar, también ha sido vista en Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otras naciones del continente, por parte de la nueva versión de gobernar del presidente Donald Trump.

 Aunque todo luce como una locura que no cabe en pleno siglo 21, cuando el derecho internacional está lo suficientemente empoderado, es como una versión del régimen nazi, cuyo principal protagonista actúa sin miramientos y sin importarle las consecuencias de su conducta.

La realidad es que se sienta un precedente de tensión y violencia que cambia una serie de patrones culturales que se han impuesto en las sociedades civilizadas y modernas de estos tiempos.

Este periódico lo había advertido de que Donald Trump era un peligro para la paz mundial, quien, incluso, ha logrado doblegar  la institucionalidad que ha exhibido históricamente los Estados Unidos, ejemplo de aplicación de un buen derecho y cuyo sistema de justicia es admirado en todo el planeta.

Sin embargo, inexplicablemente Trump se ha puesto por encima del orden y la ley, lo que distorsiona el espíritu que tradicionalmente ha caracterizado a la nación más poderosa del mundo, fruto de que allí prevaleció un Estado netamente capitalista sin influencias federales, como resultado de un alto desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social.

En el contexto de los embates de una visión autoritaria y vulneradora de derechos, Trump ahora mete sus manos en Haití mediante la amenaza de la fuerza a través de las armas e impone a un gobernante que no garantiza el logro del objetivo perseguido por la comunidad internacional de construir un Estado que haga duradera una democracia que promueva el estado de derecho y la paz anhelada por el pueblo más débil y pobre de todo el hemisferio.

El desgraciado precedente que persigue hacer sucumbir el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la auto determinación de los pueblos toma cuerpo ante la mirada complaciente de gente que antepone el miedo frente la vergüenza y la dignidad humana.

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Editorial

La educación superior, ¿instrumento de desarrollo o de atraso?

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La educación superior es cuestionada permanentemente por aquellos que conocen del asunto, porque en el país las universidades se han convertido en un negocio vulgar.

Formar a troche y moche es la filosofía que prevalece en la mayoría de las universidades nacionales, donde un buen nivel académico y mucho más preocuparse por la investigación científica es un asunto del pasado y que parece que nunca volverá.

Lo peligroso de este concepto de comercializar con la educación es que genera la salida hacia las calles, que entran al mercado laboral, profesionales como médicos, abogados e ingenieros que poco les importa los resultados de su trabajo.

Porque su poca formación no es solo académico, sino tambien ético, ya que son educados en un entorno en el que no tiene ningún valor una buena conducta, sólo el componente dinero.

Hace algún tiempo que luego de la celebración de una feria de la salud se vio a un joven profesional de la Medicina muy preocupado mientras estaba en la oficina de la empresa organizadora de la misma y cuando se le preguntó por qué lucia así, dijo que tenía una paciente que había venido de los Estados Unidos para hacerse una cirugía plástica, pero que mostraba las plaquetas muy bajas y que si se concreta la operación podía morir.

Agregó que su dilema era si hacía o no la cirugía porque entendía que frente a la situación ella podía morir, pero que el dueño de la clínica le decía que le pusiera sangre y la interviniera, lo que dejó evidente su poco amor por la vida de sus pacientes y que sólo le interesaba el dinero.

Ese cuadro es el pan nuestro de cada día, a lo que se agrega el hecho de que en muchos casos no sólo se produce un problema ético, sino también de poca preparación o formación profesional y cuando ambos se juntan los resultados jamás pueden ser buenos.

La cuestión es que el aspecto ético generalmente es imperceptible y el Estado no cuenta con mecanismos para detectarlo o vigilarlo, ya que incluso los colegios profesionales que deben jugar ese papel están también desnaturalizados como parte del problema integral que padece la sociedad.

Se impone que las universidades dominicanas sean vigiladas para que mejoren académicamente y que fortalezcan la ética en  la enseñanza para que el país esté en manos de médicos más preparados, pero lo propio hay que decir de los abogados e ingenieros, así como de los demás profesionales académicos que también son parte del festival de graduaciones universitarias sobre la base del dinero, de las ganancias económicas, sin importar suplir la necesidad nacional de formar los científicos y técnicos que contribuyan con el desarrollo nacional.

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