Nacionales
La JCE crea crisis de la democracia con resolución sobre boleta.
Santo Domingo.-La Junta Central Electoral (JCE) con su resolución 13-2020 plantea con otras de sus decisiones una crisis de la democracia, toda vez que la misma fue orquestada para dañar a su propuesta electoral, según lo expresado por ex- expresidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados.
En tal virtud, adelantó que la misma será denunciada y rechazada porque constituye una inequidad que viole las leyes, y la Constitución, porque atenta con el derecho de los ciudadanos a la libre elección.
Fernández dijo que se trata de un hecho grave, que amerita una investigación profunda sobre los motivos que la originaron, toda vez que fue más allá de lo decidido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que en atención a una demanda de amparo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se limitaba a suspender la resolución 35-2019, que ratificaba el orden en la boleta electoral.
Esa decisión de la JCE pone en peligro la democracia. Es inaceptable, es escandalosa, y constituye un acto de prevaricación. Ese accionar de la Junta, agregó Fernández, forma parte de una trama, con intención maliciosa, que lo que busca es abortar el proceso.
Dijo que si se observa el comportamiento de la Junta, desde antes de la celebración de las primarias, se descubrirá que todos sus actos están orientados a favorecer al poder gobernante, lo que la descalifica como árbitro de unas elecciones que deben ser libres y transparentes.
Dijo que existe justificado temor de que se produzca lo ocurrido en las primarias del 6 de octubre, cuando se propició la “suplantación del elector a través de la lectura del código QR de cédulas de ciudadanos., se propiciaron incongruencias entre el candidato marcado y el voto impreso; hubo inconsistencias en la transmisión de resultados; votaciones fuera de hora, transmisión resultados durante el proceso de votación y cambio brusco en la tendencia de los resultados, compra masiva de cédulas y toda clase de anomalías como ocurrió en la región sur del país”.
Comentó que la JCE ha venido agregando incumplimientos de sus resoluciones, como la que disponía una auditoría técnica previa al voto automatizado a las primarias y otra auditoría forense posterior.
Señaló que después de autorizar la auditoría forense después de las primarias, procedió unilateralmente para seleccionar la firma auditora, lo que provocó el cuestionamiento de la oposición de la Deloitte & Touch, porque probó los vínculos entre la misma y el gobierno dominicano. Añadió que igual contrató a la firma Alhambra Eidos sin que mediara concurso alguno, y sin considerar la opinión de los partidos.
Dijo que la contratada la Alhambra Eidos también se violaron las normas, como la falta de acompañamiento en el proceso por parte de organismos internacionales y de los partidos, la ruptura de la Cadena custodia del kit electoral e irregularidades en la muestra de los equipos a ser revisados, todos escogido unilateralmente por los mismos técnicos de la JCE. Apenas 370 equipos de los más de 7,000 utilizados en el proceso.
Todo eso, añadió Fernández, hizo necesario que surgiera el reclama de “una auditoría técnico-forense previa y posterior a las elecciones por parte de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES)”.
En la rueda de prensa en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participaron además Rafael Alburquerque, Franklin Alymeida Rancier; el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Marino Vinicio Castillo; Manuel Crespo, Pedro Corporán, presidente del Partido de la Unidad Nacional (PUN), Quique Antún, presidente del PRSC; Elías Wessin Chávez, presidente del PQDC; Luis Toral y otros dirigentes políticos.
Los dirigentes políticos advirtieron las consecuencias de la resolución que dispone el nuevo orden en la boleta electoral, según dijeron, totalmente favorable al oficialismo.
Antún sostuvo que se trata de una violación, de una típica acción de prevaricación, fraudulenta, que no solamente viola la ley y el sentido de equidad, sino las finanzas de los partidos de oposición.
Dijo que la misma impactará el proceso electoral y se levanta como la base para el montaje de todo un proceso fraudulento.
El doctor Castillo dijo que la JCE no “ha hecho ningún esfuerzo serio para garantizar la más mínima idoneidad” en estas elecciones.
“La JCE prevaricó. La resolución es un fraude” y advirtió que del comportamiento idóneo depende la paz social de la República Dominicana. «Es un fraude delictivo”.
Un planteamiento parecido hizo Corporán, quien dijo que todo se ha hecho para disminuir la participación de las fuerzas opositoras, y especialmente los partidos más pequeños. Dijo que la resolución despoja al PUN –por el orden en que aparece en la boleta- de importantes recursos económicos.
Chávez denunció que ya el gobierno está disponiendo de cuentas especiales para la compra del voto y con ese propósito está circulando dinero. Dijo que en ese propósito entra la impresión de miles de boletas, más allá del 10% que prevé la norma.
Pese a todas esas quejas y denuncias, Almeyda Rancier dijo que no impedirán la participación de la Fuerza del Pueblo y sus aliados en las próximas elecciones. Que junto a toda la oposición trabajarán para “derrotar” al oficialismo.
Estamos seguros de que los resultados electorales serán favorables a la oposición, y cuando digo oposición, me refiero a todas las fuerzas que tienen acuerdo con ese fin en la mayoría de los municipios del país, dijo Almeyda.
Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.
Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.
Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.
“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.
“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.
Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.
En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.
Santo Domingo, R.D.-Fue levantada la prisión domiciliara en favor del mayor general Adán Cáceres por parte de un tribunal que también le quitó el grillete electrónico al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, el principal imputado en el caso de corrupción denominado Coral.
Durante el conocimiento de revision dela medida de coercion, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, ademas le mantuvo la garantia economica que pesa en contra de Cáceres, así como el impedimento de salida.
De acuerdo a la defensa de este imputado, indicó que el tribunal entendió que esta medida era desproporcional y no correspondía con lo que se había “lucidado” en el comportamiento de su defendido.
Cáceres estuvo 18 meses en la cárcel de Najayo-Hombres, pero luego un tribunal le varió la medida de coerción, imponiéndole arresto domiciliario y la colocación del dispositivo.
En el mes de febrero, el imputado había acudido ante la Segunda Sala Penal de la Corte, en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación, alegando que la acción fue interpuesta fuera del plazo.
Varios meses y audiencias después, al imputado, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), le levantan la prisión domiciliaria.
Nacionales
El Dotolcito otra vez frente a tribunal el 31 de octubre para ver si anulan su sentencia.
Santo Domingo, R.D.-Quedó en estado de fallo la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para ver si anula la sentencia que condena a Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, a 15 años de prisión y otros dos por su participación en la muerte del joven Joshua Fernández.
El tribunal presidido por Rosalba Garib Holguín e integrado por Teófilo Andújar y Delio German fijaron para el 31 de octubre la lectura de su decisión de si confirma la condena, ordena la celebración de un nuevo juicio o si por el contrario dicta su propia sentencia.
Durante la audiencia del recurso de apelación los abogados de El Dotolcito, Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) condenado a 30 años de prisión y Luis Alberto “Luisito” Brito condenado a 20 años, solicitaron a los jueces anular la sentencia dictada en su contra.
Asimismo, pidieron al tribunal anular la sentencia para que se conozca el juicio de nuevo desde cero por otro tribunal distinto al que dictó la sentencia condenatoria.
Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener la sentencia condenatoria dictada en contra del grupo y que se mantenga la prisión que pesa en su contra.
Chuquito y Luisito, al tomar un turno en la Corte alegaron que no fueron bien asesorados por sus anteriores abogados sobre lo que tenían que decir en el tribunal de primera instancia donde fueron sentenciados.
Chiquito declaró en el tribunal que quiere que se haga justicia, ya que él quiere salir de prisión, debido a que tiene dos hijos y que además tiene dos semanas con disípela.
Mientras que El Dotolcito dijo que no es cierto que él siempre se mantuviera en el vehículo el día que en ocurrió el hecho de sangre y que él llegó a entrar a la discoteca Kiss Bar.