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La JCE crea crisis de la democracia con resolución sobre boleta.

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Santo Domingo.-La Junta Central Electoral (JCE) con su resolución 13-2020 plantea con otras de sus decisiones una crisis de la democracia, toda vez que la misma fue orquestada para dañar a su propuesta electoral, según lo expresado por  ex- expresidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados.

En tal virtud, adelantó que la misma será denunciada y rechazada porque constituye una inequidad que viole las leyes,  y la Constitución, porque atenta con el derecho de los ciudadanos a la libre elección.  

Fernández dijo que se trata de un hecho grave, que amerita una investigación profunda sobre los motivos que la originaron, toda vez que fue más allá de lo decidido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que en atención a una demanda de amparo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se limitaba a suspender la resolución 35-2019, que ratificaba el orden en la boleta electoral.

Esa decisión de la JCE pone en peligro la democracia. Es inaceptable, es escandalosa, y constituye un acto de prevaricación. Ese accionar de la Junta, agregó Fernández, forma parte de una trama, con intención maliciosa, que lo que busca es abortar el proceso.

Dijo que si se observa el comportamiento de la Junta, desde antes de la celebración de las primarias, se descubrirá que todos sus actos están orientados a favorecer al poder gobernante, lo que la descalifica como árbitro de unas elecciones que deben ser libres y transparentes.

Dijo que existe justificado temor de que se produzca lo ocurrido en las primarias del 6 de octubre, cuando se propició la “suplantación del elector a través de la lectura del código QR de cédulas de ciudadanos., se propiciaron incongruencias entre el candidato marcado y el voto impreso; hubo inconsistencias en la transmisión de resultados; votaciones fuera de hora, transmisión resultados durante el proceso de votación y cambio brusco en la tendencia de los resultados, compra masiva de cédulas y toda clase de anomalías como ocurrió en la región sur del país”. 

 Comentó que la JCE ha venido agregando incumplimientos de sus resoluciones, como la que disponía una auditoría técnica previa al voto automatizado a las primarias y otra auditoría forense posterior. 

Señaló que después de autorizar la auditoría forense después de las primarias, procedió unilateralmente para seleccionar la firma auditora, lo que provocó el cuestionamiento  de la oposición de la Deloitte & Touch, porque probó los vínculos entre la misma y el gobierno dominicano. Añadió que igual contrató a la firma Alhambra Eidos sin que mediara concurso alguno, y sin considerar la opinión de los partidos.

Dijo que la contratada la Alhambra Eidos también se violaron las normas, como la falta de acompañamiento en el proceso por parte de organismos internacionales y de los partidos, la ruptura de la Cadena custodia del kit electoral e irregularidades en la muestra de los equipos a ser revisados, todos escogido unilateralmente por los mismos técnicos de la JCE. Apenas 370 equipos de los más de 7,000 utilizados en el proceso.

Todo eso, añadió Fernández, hizo necesario que surgiera el reclama de “una auditoría técnico-forense previa y posterior a las elecciones por parte de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES)”.

En la rueda de prensa en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participaron además Rafael Alburquerque, Franklin Alymeida Rancier; el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Marino Vinicio Castillo; Manuel Crespo, Pedro Corporán, presidente del Partido de la Unidad Nacional (PUN), Quique Antún, presidente del PRSC; Elías Wessin Chávez, presidente del PQDC; Luis Toral y otros dirigentes políticos.

Los dirigentes políticos advirtieron las consecuencias de la resolución que dispone el nuevo orden en la boleta electoral, según dijeron, totalmente favorable al oficialismo.

Antún sostuvo que se trata de una violación, de una típica acción de prevaricación, fraudulenta, que no solamente viola la ley y el sentido de equidad, sino las finanzas de los partidos de oposición.

Dijo que la misma impactará el proceso electoral y se levanta como la base para el montaje de todo un proceso fraudulento.

El doctor Castillo dijo que la JCE no “ha hecho ningún esfuerzo serio para garantizar la más mínima idoneidad” en estas elecciones.

“La JCE prevaricó. La resolución es un fraude” y advirtió que del comportamiento idóneo depende la paz social de la República Dominicana. «Es un fraude delictivo”.

Un planteamiento parecido hizo Corporán, quien dijo que todo se ha hecho para disminuir la participación de las fuerzas opositoras, y especialmente los partidos más pequeños. Dijo que la resolución despoja al PUN –por el orden en que aparece en la boleta- de importantes recursos económicos.

Chávez denunció que ya el gobierno está disponiendo de cuentas especiales para la compra del voto y con ese propósito está circulando dinero. Dijo que en ese propósito entra la impresión de miles de boletas, más allá del 10% que prevé la norma.

Pese a todas esas quejas y denuncias, Almeyda Rancier dijo que no impedirán la participación de la Fuerza del Pueblo y sus aliados en las próximas elecciones. Que junto a toda la oposición trabajarán para “derrotar” al oficialismo.

Estamos seguros de que los resultados electorales serán favorables a la oposición, y cuando digo oposición, me refiero a todas las fuerzas que tienen acuerdo con ese fin en la mayoría de los municipios del país, dijo Almeyda.

 

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Sistema Trae es extendido por Gobierno a tres provincias del Cibao

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Santo Domingo, R.D.-San Francisco de Macorís.- Este jueves fueron entregados por el Gobierno de la República Dominicana  70 autobuses para transportar estudiantes en  las provincias Duarte, Espaillat y La Vega  a través del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) del Ministerio de Educación.

La entrega fue hecha durante un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, al que asistieron autoridades de la provincia, funcionarios nacionales e invitados especiales.

Peña precisó que  “con el fortalecimiento del TRAE en las referidas provincias el Gobierno da otro paso firme hacia la transformación del sistema educativo como un pilar fundamental del desarrollo del país”.

“Hoy reafirmamos nuestra determinación de construir un país más inclusivo y justo, donde cada niño y joven llegue de manera eficiente a su centro educativo como parte esencial de su desarrollo integral”, manifestó Peña tras asegurar que la finalidad del presidente Luis Abinader es alcanzar la cobertura del servicio en todo el territorio nacional.

Aseguró que al garantizar que cada niño, niña y adolescente llegue puntual y con tranquilidad a su escuela, no solo se contribuye a la mejora de su desempeño académico sino que también se fortalece su sentido de responsabilidad.

DISTRIBUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

En tanto, Onéximo González, director de TRAE, detalló que en San Francisco de Macorís se desplegarán 30 autobuses, 30 en La Vega y 14 en Espaillat, para beneficiar a una población de más de 115 mil estudiantes.

Informó que los vehículos tienen capacidad para de 22 a 30 pasajeros, serán movilizados con combustible diésel y están equipados con tecnología de última generación, GPS, cámaras con cobertura de 360 grados, cinturones de seguridad, señal de PARE plegable y sistema contra incendios.

Además, destacó que los conductores, auxiliares y supervisoras están capacitados en base pruebas psicométricas y antidopajes, y cursos de formación durante 36 horas sobre la Ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, manejo defensivo, relaciones humanas, derechos humanos y primeros auxilios para brindar un servicio con seguridad a los estudiantes.

La puesta en funcionamiento del servicio se llevó a cabo en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, con la presencia del viceministro de Gestión Administrativa del MINERD, Julio Cordero; la gobernadora provincial, Ana Xiomara Cortés; el senador provincial, Franklin Romero; el alcalde Alex Díaz; y autoridades regionales de Educación; estudiantes, maestros y representantes de las comunidades beneficiadas.

RUTAS DE IMPACTO 

En la provincia Duarte los 30 autobuses ejecutarán 36 corredores de los cuales seis serán en Castillo, igual cantidad en Villa Riva, 12 en San Francisco de Macorís Sur-Este, y 12 en San Francisco de Macorís Norte-Oeste.

Los 30 autobuses de La Vega estarán asignados a los distritos educativos 06-03, 06-04 y 06-05, correspondientes a los municipios de Jarabacoa, con siete rutas; La Vega Oeste, con seis; y La Vega Este, con cinco.

En Espaillat, la flotilla desarrollará 13 corredores que a su vez estarán distribuidos en 3 rutas en Villa Trina, 8 en Moca y 2 en San Víctor.

Los 74 autobuses brindarán servicio en horario de 6:00 a 8:00 de la mañana, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde y de 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sp-mdp-am

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Juicio de fondo contra pelotero Wander Franco fue aplazado para junio 2025.

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Santo Domingo.- La acusación por abuso psicológico y sexual contra una adolescente de 14 años por parte del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco,  fue aplazado para ser conocido  el día 2 de junio del 2025.

El aplazamiento se debió a que la mayoría de los testigos del caso no fueron citados.

El tribunal, presidido por la magistrada Yakaira Veras, dictó orden de conducencia contra los 30 declarantes que se ausentaron al inicio del juicio.

La nueva audiencia fue fijada para iniciar a partir de las 9:00 de la mañana en la sala del Tribunal Colegiado de Puerto Plata.

Además del pelotero, en el proceso también está imputada la madre de la víctima, Martha Vanessa Chevalier Almonte, por presunta explotación sexual y lavado de activos.

El campocorto de los Rays de Tampa Bay es acusado de abuso sexual, explotación sexual y comercial contra una menor y trata de personas.

El Ministerio Público alega en su acusación que Franco, a través de su madre Yudelka Aybar, transfirió sumas significativas en pesos y dólares a la mamá de la menor de edad, alegadamente para consentir el abuso.

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El país se incorpora a la Alianza para Seguridad, Justicia y Desarrollo en América Latina

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Agencias- De la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un total de 18 países de América Latina y el Caribe presentaron este jueves la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, que buscará llevar a cabo iniciativas y proyectos para enfrentar y prevenir las consecuencias del crimen organizado.

“La seguridad tiene que ser parte de la solución para nuestro progreso económico”, apuntó en una conversación con medios el presidente del BID, el brasileño Ilan Goldfajn.

La Alianza se ha lanzado este jueves en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia celebrada en Bridgetown, Barbados, y estará formada por un comité directivo y tres grupos de trabajo técnicos que involucran a más de 20 países.

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Belice, República Dominicana y Uruguay son los países que por ahora se han adherido, aunque el objetivo es que la cifra crezca.

La Alianza también cuenta con la participación de entidades como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) del Ministerio del Interior de Italia, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otras.

“La Alianza tendrá un número mucho mayor de participantes y planeamos tener números y nuevos compromisos en marcha a principios del segundo trimestre del año que viene”, detalló el brasileño.

Para el próximo año, precisó, el BID tiene contemplados proyectos de seguridad en planificación por valor de 1.000 millones de dólares.

Ecuador ocupará la primera presidencia pro tempore de la Alianza y el BID actuará como Secretaría Técnica, brindando apoyo estratégico y contribuyendo a movilizar recursos y ampliar las intervenciones efectivas.

La Alianza operará sobre tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados ilícitos y los flujos financieros.

Goldfajn recordó que, según las estadísticas, en Latinoamérica y el Caribe el crimen tiene un costo económico de aproximadamente el 3,4 % del PIB.

“El crimen organizado es responsable de la mitad de los homicidios en América Latina y el Caribe, y ahora también sabemos que el crimen organizado no tiene fronteras nacionales, va más allá, es una organización regional”, señaló.

El BID participará en la alianza en términos de financiamiento, de asistencia técnica, generando una red entre países, y también para movilizar recursos.

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