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La JCE crea crisis de la democracia con resolución sobre boleta.
Santo Domingo.-La Junta Central Electoral (JCE) con su resolución 13-2020 plantea con otras de sus decisiones una crisis de la democracia, toda vez que la misma fue orquestada para dañar a su propuesta electoral, según lo expresado por ex- expresidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados.
En tal virtud, adelantó que la misma será denunciada y rechazada porque constituye una inequidad que viole las leyes, y la Constitución, porque atenta con el derecho de los ciudadanos a la libre elección.
Fernández dijo que se trata de un hecho grave, que amerita una investigación profunda sobre los motivos que la originaron, toda vez que fue más allá de lo decidido por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que en atención a una demanda de amparo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se limitaba a suspender la resolución 35-2019, que ratificaba el orden en la boleta electoral.
Esa decisión de la JCE pone en peligro la democracia. Es inaceptable, es escandalosa, y constituye un acto de prevaricación. Ese accionar de la Junta, agregó Fernández, forma parte de una trama, con intención maliciosa, que lo que busca es abortar el proceso.
Dijo que si se observa el comportamiento de la Junta, desde antes de la celebración de las primarias, se descubrirá que todos sus actos están orientados a favorecer al poder gobernante, lo que la descalifica como árbitro de unas elecciones que deben ser libres y transparentes.
Dijo que existe justificado temor de que se produzca lo ocurrido en las primarias del 6 de octubre, cuando se propició la “suplantación del elector a través de la lectura del código QR de cédulas de ciudadanos., se propiciaron incongruencias entre el candidato marcado y el voto impreso; hubo inconsistencias en la transmisión de resultados; votaciones fuera de hora, transmisión resultados durante el proceso de votación y cambio brusco en la tendencia de los resultados, compra masiva de cédulas y toda clase de anomalías como ocurrió en la región sur del país”.
Comentó que la JCE ha venido agregando incumplimientos de sus resoluciones, como la que disponía una auditoría técnica previa al voto automatizado a las primarias y otra auditoría forense posterior.
Señaló que después de autorizar la auditoría forense después de las primarias, procedió unilateralmente para seleccionar la firma auditora, lo que provocó el cuestionamiento de la oposición de la Deloitte & Touch, porque probó los vínculos entre la misma y el gobierno dominicano. Añadió que igual contrató a la firma Alhambra Eidos sin que mediara concurso alguno, y sin considerar la opinión de los partidos.
Dijo que la contratada la Alhambra Eidos también se violaron las normas, como la falta de acompañamiento en el proceso por parte de organismos internacionales y de los partidos, la ruptura de la Cadena custodia del kit electoral e irregularidades en la muestra de los equipos a ser revisados, todos escogido unilateralmente por los mismos técnicos de la JCE. Apenas 370 equipos de los más de 7,000 utilizados en el proceso.
Todo eso, añadió Fernández, hizo necesario que surgiera el reclama de “una auditoría técnico-forense previa y posterior a las elecciones por parte de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES)”.
En la rueda de prensa en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participaron además Rafael Alburquerque, Franklin Alymeida Rancier; el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Marino Vinicio Castillo; Manuel Crespo, Pedro Corporán, presidente del Partido de la Unidad Nacional (PUN), Quique Antún, presidente del PRSC; Elías Wessin Chávez, presidente del PQDC; Luis Toral y otros dirigentes políticos.
Los dirigentes políticos advirtieron las consecuencias de la resolución que dispone el nuevo orden en la boleta electoral, según dijeron, totalmente favorable al oficialismo.
Antún sostuvo que se trata de una violación, de una típica acción de prevaricación, fraudulenta, que no solamente viola la ley y el sentido de equidad, sino las finanzas de los partidos de oposición.
Dijo que la misma impactará el proceso electoral y se levanta como la base para el montaje de todo un proceso fraudulento.
El doctor Castillo dijo que la JCE no “ha hecho ningún esfuerzo serio para garantizar la más mínima idoneidad” en estas elecciones.
“La JCE prevaricó. La resolución es un fraude” y advirtió que del comportamiento idóneo depende la paz social de la República Dominicana. «Es un fraude delictivo”.
Un planteamiento parecido hizo Corporán, quien dijo que todo se ha hecho para disminuir la participación de las fuerzas opositoras, y especialmente los partidos más pequeños. Dijo que la resolución despoja al PUN –por el orden en que aparece en la boleta- de importantes recursos económicos.
Chávez denunció que ya el gobierno está disponiendo de cuentas especiales para la compra del voto y con ese propósito está circulando dinero. Dijo que en ese propósito entra la impresión de miles de boletas, más allá del 10% que prevé la norma.
Pese a todas esas quejas y denuncias, Almeyda Rancier dijo que no impedirán la participación de la Fuerza del Pueblo y sus aliados en las próximas elecciones. Que junto a toda la oposición trabajarán para “derrotar” al oficialismo.
Estamos seguros de que los resultados electorales serán favorables a la oposición, y cuando digo oposición, me refiero a todas las fuerzas que tienen acuerdo con ese fin en la mayoría de los municipios del país, dijo Almeyda.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.