Nacionales
No fue alterado voto automatizado.
”
La empresa española Alhambra Eidos, quien hizo la auditoría forense a los equipos del voto automatizado utilizado en las primarias del seis de octubre del 2019, aseguró ayer que software de dicho sistema impide la realización de tareas maliciosas y que el código fuente no puede alterar los resultados.
Al concluir sus trabajos en el país, los técnicos auditores ofrecieron ayer una declaración a la prensa y entregaron un informe final de 390 páginas al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que ahora analizará y leerá los resultados para posteriormente compartirlo a los medios de comunicación.
En su declaración, el director de proyectos de Alhambra Eidos, Sergio García, afirmó que durante la experticia que iniciaron a principio de enero, pudieron comprobar que el sistema de voto automatizado tuvo un correcto funcionamiento en un 99,8% y que los problemas que pudieron identificar consisten en conectividad de la red que se presentaron al momento de la transmisión de los resultados.
Mencionó que las mesas que presentaron esas dificultades fueron sólo 16, pero que al analizarlas no pudieron ver alteraciones en ellas.
Sostuvo, además, que los votos que se encontraban en las urnas corresponden con lo que se encuentra en la base de datos central y que no detectaron la intromisión de hackers nacionales o internacionales.
“Dicho análisis concluye que el sistema impide la realización de tareas maliciosas y además determina un resultado positivo en cuanto al desempeño de sus funciones normales como estación de votación. Se comprobó que el Código Fuente no puede alterar los resultados o intentar conectar a las personas con sus votos e identificar por quien votó cada uno de los electores,no hallándose indicio alguno de ello. Todo el Código Fuente de manejo de datos hace lo que tiene que hacer y nada más”, precisó Antonio Gil, auditor jefe del área técnica.
Antonio Gil recordó que para la auditoría fue seleccionada una muestra del 5% de los 7,732 equipos que se utilizaron en las primarias que corresponden a 370 máquinas, pero que por solicitud de los partidos fueron incluidas 20 más que se escogieron al azar, con lo que resultaron ser 390.
“El análisis de las bases de datos de los 390 equipos, divididos en 13 tandas de 30 mesas cada una, ha tenido un resultado coherente en el escenario auditado”, enfatizó.
El voto automatizado ya ha recibido el espaldarazo de dos firmas auditoras, puesto que la pasada semana, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), quien tenía a su cargo certificar el sistema de cara a las elecciones municipales, informó que no identificó ninguna deficiencia que pudiera causar preocupación por el uso de esta tecnología.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Junta Central Electoral (JCE), Sophie Lagueny, jefa de la misión de IFES, a través de la firma Pro V&, manifestó que el equipo de evaluación quedó impresionado con el sistema.
Dijo que IFES sí identificó algunas recomendaciones a corto plazo, las cuales se han compartido verbalmente con la Junta Central Electoral (JCE) y se presentarán formalmente en un resumen de resultados antes del final de la próxima semana.
“El informe se estructurará con recomendaciones para mejorar el sistema a corto, mediano y largo plazo. Tanto el resumen de resultados como el informe completo se harán públicos para garantizar la máxima transparencia en el proceso”, dijo la jefa de la misión de IFES.
El equipo técnico de Pro V&V analizó la funcionalidad, auditabilidad, seguridad y mecanismos de transmisión del sistema de votación automatizado, así como la cadena de custodia y código fuente.
IFES también incluyó una revisión de la aplicación móvil que se utilizará para transmitir los resultados del sistema de votación manual y se reunió con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la Junta Central Electoral para obtener una comprensión más completa de los desafíos y las preocupaciones que se abordarán en la evaluación preelectoral.
“IFES aprecia la cooperación que ha recibido mientras llevo a cabo su trabajo esta semana. Esperamos continuar brindando asesoramiento técnico a la Junta Central Electoral antes de las elecciones municipales del 16 de febrero y antes de las elecciones generales del 17 de mayo del corriente año (…). Como un líder mundial en la promoción de la democracia, IFES impulsa el desarrollo de buenas políticas de gobierno y de los derechos propios de la democracia”, dijo Sophie Lagueny en su declaración ante los medios de comunicación.
El auditor jefe del área técnica de Alhambra Eidos, Antonio Gil, manifestó que los sistemas auditados, basados en Windows 10 personalizados en su ejecución y seguridad, disponen de un nivel de seguridad, desempeño y tolerancia a fallos que los hacen “robustos, fiables y rápidos en su ejecución”. “Analizando el tráfico existente entre el servidor de la base de datos central y sus comunicaciones con el exterior y, con ello, comprobando a través de herramientas principalmente SIEM si hay contenido malicioso que pueda vulnerar el correcto funcionamiento de la plataforma a auditar, se constata que el tráfico de red auditado no contiene ninguna actividad, virus o malware detectado, con lo que no ha habido alteración en el funcionamiento del proceso electoral desde un punto de vista de código malicioso”, precisó.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.