Opinión
Capitalismo, crisis ambiental y alternativa
Por Narciso Isa Conde
El Planeta Tierra se ha tornado cada vez más árido, caliente, envenenado, contaminado… Con menos bosques, menos vegetación, menos manglares, menos fuentes de agua (lluvias, ríos, lagos, manantiales…). Menos habitable.
Más agredido y depredado.
Más vulnerable.
Con más población empobrecida, con mayores riegos catastrófico.
El Planeta Tierra y la Humanidad que lo habita padecen una crisis ambiental con tendencia a una crisis de existencia.
Esa realidad pesa con mayor fuerza sobre los territorios históricamente sometidos al coloniaje imperial.
Tal crisis compromete el presente y futuro de la presente civilización y conspira contra su existencia. Y tiene una carga mortal superior a otras, en tanto no solo atenta contra la vida de las generaciones presentes sino además de los seres humanos por nacer.
- EVOLUCIÓN PARA PEOR.
En estos tiempos resultan alarmantes las degradaciones y adulteraciones que tiene lugar en la naturaleza a consecuencia de los cambios físicos, biológicos, químicos y tecnológicos operados a la luz de la evolución del capitalismo desde su origen hasta la actualidad.
Esos cambios se han mezclado con la esencia perversa de este sistema de dominación, en la que el afán de lucro de los capitalistas tiene supremacía sobre las necesidades humanas.
La búsqueda de ganancias al máximo nivel posible interviene no importa los daños que ese propósito ocasione a la Madre Tierra y a la vida misma en el sentido más amplio del término.
Como se afirma en la Tesis Ambiental del Movimiento Caamañista Dominicano: “Con el surgimiento de la propiedad privada y las clases sociales, se inició un proceso de apropiación del producto del trabajo social que separa la transformación de la naturaleza de su razón primaria: la creación de valor de uso o satisfactores de necesidades, para ponerlos al servicio de la expansión del capital y de la acumulación particular”.
Ese proceso asume ya modalidades de tragedia social.
Porque el impacto de los métodos productivos y extractivos, el derroche consumista, la imposición de necesidades ficticias, las técnicas degradantes para aumentar la productividad del trabajo e intervenir sobre el suelo, el subsuelo y el sobresuelo, sin tener como centro el ser humano y su Casa Común planetaria, potencian la propensión al desastre.
Porque las repercusiones negativas de las dominantes dinámicas explotadora, depredadoras y contaminadoras del transporte, turismo, industria militar y farmacéutica y agropecuaria, se han tornado altamente empobrecedoras y destructivas de la naturaleza y la humanidad; aumentando la vulnerabilidad de la poblaciones, de las estructuras creadas y su funcionamiento, así como la frecuencia de los fenómenos naturales.
Los desequilibrios ecológicos se tornan de especial gravedad al impactar negativamente esos fenómenos la capa de ozono, las temperaturas ambientales, los glaciales, la conducta del agua en la atmósfera, las propias fuentes de agua en suelo y subsuelo, la recirculación e intensidad de los vientos, los mares, las costas, la biodiversidad, el aire que se respira y los organismos vivientes.
La calidad de la vida humana está cada vez más afectada, en tanto los enormes avances científicos y técnicos no son fundamentalmente aplicados para aumentar la felicidad colectiva de los seres humanos, sino para elevar las ganancias capitalistas y acumular riquezas y capitales en una parte reducida de los integrantes de la sociedad en cada país, región y a escala global; provocando a la vez un empobrecimiento del planeta que se vuelca principalmente contra de grande segmentos de la humanidad empobrecida en todos los continentes y contra los/as trabajadores/as del mundo.
Cada vez más los procesos productivos -necesarios para crear valores de uso- se separan de su real finalidad (que es satisfacer necesidades colectivas e individuales), al imponerse la ganancia y la acumulación de riquezas en pocas manos como móvil esencial de las grandes obras, empresas productivas y de servicios en manos privadas.
- LOS GRANDES DAÑOS AMBIENTALES QUE PROVOCAN LOS DE ARRIBA, LOS SUFREN LOS DE ABAJO.
La mayor parte de los daños ambientales provocados por un capitalismo irremediablemente voraz y destructivo –agravados tales atributos del capitalismo en el curso de la denominada era neo-liberal- los pagan y sufren los de abajo en progresión continua. A mayor discriminación y exclusión por razones de clase, género, edad, color de piel y coloniaje, mayor carga de precariedades y sufrimientos.
En nuestro Caribe, los casos Puerto Rico y Haití son ejemplos extremos de una trágica actualidad; espejos, por demás, de lo que les espera a República Dominicana y otras islas caribeñas cuya naturaleza ha sido también sensiblemente diezmada –y aun más amenazadas en el presente y futuro próximo- por granceros, depredadores de bosques, compañías mineras, cadenas hoteleras, estructuras vulnerables frente a huracanes y terremotos, industrias contaminadoras de ríos, mares y corrientes subterráneas.
El capitalismo y el imperialismo de estos tiempos, sus modelos de expansión y acumulación basados en las nuevas guerras de conquista y re-conquista de territorios y recursos naturales, la intensificación de la depredación y el saqueo, el consumismo superfluo y la sobre-explotación en boga, conducen a un agotamiento más rápido de recursos y medios de vida; reduciendo su oferta, precarizando sus reservas, aumentando el poder de la demanda e incrementando brutalmente los beneficios donde quiera que impere el control del capital privado sobre ellos.
La escasez de recursos naturales opera así como mecanismo de enriquecimiento de minorías con poder, incluyendo en el caso de bienes tan vitales como el agua.
El valor de cambio se impone sobre el valor de uso en elevadísima escala y con altos grados de insensibilidad social y criminalidad. La naturaleza va perdiendo valor de uso mientras se deteriora en gran escala y se privatiza lo que va quedando de ella.
- OPONERLE A LA PRIVATIZACION, LA SOCIALIZACIÓN.
Así, la privatización del agua y de toda la naturaleza, es concomitante con los daños que se le infringen a todas las fuentes de vida, a consecuencia de las posibilidades del súper-lucro privado que genera el creciente dominio del capital sobre el trabajo y el predominio de lo privado sobre lo social y lo público; a lo que se le agrega la corrupción impune de partidocracias asociadas a él, motivadas por sus intensos afanes de enriquecimiento rápido, a cualquier precio.
El imperialismo, por demás pentagonizado y gansterizado, ha devenido en ecocida.
Al paso de los años ha evidenciado ser un sistema ambientalmente insostenible. No hay manera de superar la crisis ambiental sin abolirlo y sin crear una opción en la que predomine el interés de la colectividad humana, construida al calor de las peleas cotidianas en defensa de un ambiente sano.
La transformación ecológica es inseparable de una transformación revolucionaria que socialice la propiedad, el poder, el acceso a los valores de uso y garantice una relación armónica de los seres humanos con su entorno natural.
Que desde las multitudes sacrificadas, imponga lo colectivo sobre lo privado, el respeto a la Madre Tierra y la felicidad humana como objetivo del desarrollo.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.