Opinión
Capitalismo, crisis ambiental y alternativa
Por Narciso Isa Conde
El Planeta Tierra se ha tornado cada vez más árido, caliente, envenenado, contaminado… Con menos bosques, menos vegetación, menos manglares, menos fuentes de agua (lluvias, ríos, lagos, manantiales…). Menos habitable.
Más agredido y depredado.
Más vulnerable.
Con más población empobrecida, con mayores riegos catastrófico.
El Planeta Tierra y la Humanidad que lo habita padecen una crisis ambiental con tendencia a una crisis de existencia.
Esa realidad pesa con mayor fuerza sobre los territorios históricamente sometidos al coloniaje imperial.
Tal crisis compromete el presente y futuro de la presente civilización y conspira contra su existencia. Y tiene una carga mortal superior a otras, en tanto no solo atenta contra la vida de las generaciones presentes sino además de los seres humanos por nacer.
- EVOLUCIÓN PARA PEOR.
En estos tiempos resultan alarmantes las degradaciones y adulteraciones que tiene lugar en la naturaleza a consecuencia de los cambios físicos, biológicos, químicos y tecnológicos operados a la luz de la evolución del capitalismo desde su origen hasta la actualidad.
Esos cambios se han mezclado con la esencia perversa de este sistema de dominación, en la que el afán de lucro de los capitalistas tiene supremacía sobre las necesidades humanas.
La búsqueda de ganancias al máximo nivel posible interviene no importa los daños que ese propósito ocasione a la Madre Tierra y a la vida misma en el sentido más amplio del término.
Como se afirma en la Tesis Ambiental del Movimiento Caamañista Dominicano: “Con el surgimiento de la propiedad privada y las clases sociales, se inició un proceso de apropiación del producto del trabajo social que separa la transformación de la naturaleza de su razón primaria: la creación de valor de uso o satisfactores de necesidades, para ponerlos al servicio de la expansión del capital y de la acumulación particular”.
Ese proceso asume ya modalidades de tragedia social.
Porque el impacto de los métodos productivos y extractivos, el derroche consumista, la imposición de necesidades ficticias, las técnicas degradantes para aumentar la productividad del trabajo e intervenir sobre el suelo, el subsuelo y el sobresuelo, sin tener como centro el ser humano y su Casa Común planetaria, potencian la propensión al desastre.
Porque las repercusiones negativas de las dominantes dinámicas explotadora, depredadoras y contaminadoras del transporte, turismo, industria militar y farmacéutica y agropecuaria, se han tornado altamente empobrecedoras y destructivas de la naturaleza y la humanidad; aumentando la vulnerabilidad de la poblaciones, de las estructuras creadas y su funcionamiento, así como la frecuencia de los fenómenos naturales.
Los desequilibrios ecológicos se tornan de especial gravedad al impactar negativamente esos fenómenos la capa de ozono, las temperaturas ambientales, los glaciales, la conducta del agua en la atmósfera, las propias fuentes de agua en suelo y subsuelo, la recirculación e intensidad de los vientos, los mares, las costas, la biodiversidad, el aire que se respira y los organismos vivientes.
La calidad de la vida humana está cada vez más afectada, en tanto los enormes avances científicos y técnicos no son fundamentalmente aplicados para aumentar la felicidad colectiva de los seres humanos, sino para elevar las ganancias capitalistas y acumular riquezas y capitales en una parte reducida de los integrantes de la sociedad en cada país, región y a escala global; provocando a la vez un empobrecimiento del planeta que se vuelca principalmente contra de grande segmentos de la humanidad empobrecida en todos los continentes y contra los/as trabajadores/as del mundo.
Cada vez más los procesos productivos -necesarios para crear valores de uso- se separan de su real finalidad (que es satisfacer necesidades colectivas e individuales), al imponerse la ganancia y la acumulación de riquezas en pocas manos como móvil esencial de las grandes obras, empresas productivas y de servicios en manos privadas.
- LOS GRANDES DAÑOS AMBIENTALES QUE PROVOCAN LOS DE ARRIBA, LOS SUFREN LOS DE ABAJO.
La mayor parte de los daños ambientales provocados por un capitalismo irremediablemente voraz y destructivo –agravados tales atributos del capitalismo en el curso de la denominada era neo-liberal- los pagan y sufren los de abajo en progresión continua. A mayor discriminación y exclusión por razones de clase, género, edad, color de piel y coloniaje, mayor carga de precariedades y sufrimientos.
En nuestro Caribe, los casos Puerto Rico y Haití son ejemplos extremos de una trágica actualidad; espejos, por demás, de lo que les espera a República Dominicana y otras islas caribeñas cuya naturaleza ha sido también sensiblemente diezmada –y aun más amenazadas en el presente y futuro próximo- por granceros, depredadores de bosques, compañías mineras, cadenas hoteleras, estructuras vulnerables frente a huracanes y terremotos, industrias contaminadoras de ríos, mares y corrientes subterráneas.
El capitalismo y el imperialismo de estos tiempos, sus modelos de expansión y acumulación basados en las nuevas guerras de conquista y re-conquista de territorios y recursos naturales, la intensificación de la depredación y el saqueo, el consumismo superfluo y la sobre-explotación en boga, conducen a un agotamiento más rápido de recursos y medios de vida; reduciendo su oferta, precarizando sus reservas, aumentando el poder de la demanda e incrementando brutalmente los beneficios donde quiera que impere el control del capital privado sobre ellos.
La escasez de recursos naturales opera así como mecanismo de enriquecimiento de minorías con poder, incluyendo en el caso de bienes tan vitales como el agua.
El valor de cambio se impone sobre el valor de uso en elevadísima escala y con altos grados de insensibilidad social y criminalidad. La naturaleza va perdiendo valor de uso mientras se deteriora en gran escala y se privatiza lo que va quedando de ella.
- OPONERLE A LA PRIVATIZACION, LA SOCIALIZACIÓN.
Así, la privatización del agua y de toda la naturaleza, es concomitante con los daños que se le infringen a todas las fuentes de vida, a consecuencia de las posibilidades del súper-lucro privado que genera el creciente dominio del capital sobre el trabajo y el predominio de lo privado sobre lo social y lo público; a lo que se le agrega la corrupción impune de partidocracias asociadas a él, motivadas por sus intensos afanes de enriquecimiento rápido, a cualquier precio.
El imperialismo, por demás pentagonizado y gansterizado, ha devenido en ecocida.
Al paso de los años ha evidenciado ser un sistema ambientalmente insostenible. No hay manera de superar la crisis ambiental sin abolirlo y sin crear una opción en la que predomine el interés de la colectividad humana, construida al calor de las peleas cotidianas en defensa de un ambiente sano.
La transformación ecológica es inseparable de una transformación revolucionaria que socialice la propiedad, el poder, el acceso a los valores de uso y garantice una relación armónica de los seres humanos con su entorno natural.
Que desde las multitudes sacrificadas, imponga lo colectivo sobre lo privado, el respeto a la Madre Tierra y la felicidad humana como objetivo del desarrollo.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.