Opinión
Capitalismo, crisis ambiental y alternativa
Por Narciso Isa Conde
El Planeta Tierra se ha tornado cada vez más árido, caliente, envenenado, contaminado… Con menos bosques, menos vegetación, menos manglares, menos fuentes de agua (lluvias, ríos, lagos, manantiales…). Menos habitable.
Más agredido y depredado.
Más vulnerable.
Con más población empobrecida, con mayores riegos catastrófico.
El Planeta Tierra y la Humanidad que lo habita padecen una crisis ambiental con tendencia a una crisis de existencia.
Esa realidad pesa con mayor fuerza sobre los territorios históricamente sometidos al coloniaje imperial.
Tal crisis compromete el presente y futuro de la presente civilización y conspira contra su existencia. Y tiene una carga mortal superior a otras, en tanto no solo atenta contra la vida de las generaciones presentes sino además de los seres humanos por nacer.
- EVOLUCIÓN PARA PEOR.
En estos tiempos resultan alarmantes las degradaciones y adulteraciones que tiene lugar en la naturaleza a consecuencia de los cambios físicos, biológicos, químicos y tecnológicos operados a la luz de la evolución del capitalismo desde su origen hasta la actualidad.
Esos cambios se han mezclado con la esencia perversa de este sistema de dominación, en la que el afán de lucro de los capitalistas tiene supremacía sobre las necesidades humanas.
La búsqueda de ganancias al máximo nivel posible interviene no importa los daños que ese propósito ocasione a la Madre Tierra y a la vida misma en el sentido más amplio del término.
Como se afirma en la Tesis Ambiental del Movimiento Caamañista Dominicano: “Con el surgimiento de la propiedad privada y las clases sociales, se inició un proceso de apropiación del producto del trabajo social que separa la transformación de la naturaleza de su razón primaria: la creación de valor de uso o satisfactores de necesidades, para ponerlos al servicio de la expansión del capital y de la acumulación particular”.
Ese proceso asume ya modalidades de tragedia social.
Porque el impacto de los métodos productivos y extractivos, el derroche consumista, la imposición de necesidades ficticias, las técnicas degradantes para aumentar la productividad del trabajo e intervenir sobre el suelo, el subsuelo y el sobresuelo, sin tener como centro el ser humano y su Casa Común planetaria, potencian la propensión al desastre.
Porque las repercusiones negativas de las dominantes dinámicas explotadora, depredadoras y contaminadoras del transporte, turismo, industria militar y farmacéutica y agropecuaria, se han tornado altamente empobrecedoras y destructivas de la naturaleza y la humanidad; aumentando la vulnerabilidad de la poblaciones, de las estructuras creadas y su funcionamiento, así como la frecuencia de los fenómenos naturales.
Los desequilibrios ecológicos se tornan de especial gravedad al impactar negativamente esos fenómenos la capa de ozono, las temperaturas ambientales, los glaciales, la conducta del agua en la atmósfera, las propias fuentes de agua en suelo y subsuelo, la recirculación e intensidad de los vientos, los mares, las costas, la biodiversidad, el aire que se respira y los organismos vivientes.
La calidad de la vida humana está cada vez más afectada, en tanto los enormes avances científicos y técnicos no son fundamentalmente aplicados para aumentar la felicidad colectiva de los seres humanos, sino para elevar las ganancias capitalistas y acumular riquezas y capitales en una parte reducida de los integrantes de la sociedad en cada país, región y a escala global; provocando a la vez un empobrecimiento del planeta que se vuelca principalmente contra de grande segmentos de la humanidad empobrecida en todos los continentes y contra los/as trabajadores/as del mundo.
Cada vez más los procesos productivos -necesarios para crear valores de uso- se separan de su real finalidad (que es satisfacer necesidades colectivas e individuales), al imponerse la ganancia y la acumulación de riquezas en pocas manos como móvil esencial de las grandes obras, empresas productivas y de servicios en manos privadas.
- LOS GRANDES DAÑOS AMBIENTALES QUE PROVOCAN LOS DE ARRIBA, LOS SUFREN LOS DE ABAJO.
La mayor parte de los daños ambientales provocados por un capitalismo irremediablemente voraz y destructivo –agravados tales atributos del capitalismo en el curso de la denominada era neo-liberal- los pagan y sufren los de abajo en progresión continua. A mayor discriminación y exclusión por razones de clase, género, edad, color de piel y coloniaje, mayor carga de precariedades y sufrimientos.
En nuestro Caribe, los casos Puerto Rico y Haití son ejemplos extremos de una trágica actualidad; espejos, por demás, de lo que les espera a República Dominicana y otras islas caribeñas cuya naturaleza ha sido también sensiblemente diezmada –y aun más amenazadas en el presente y futuro próximo- por granceros, depredadores de bosques, compañías mineras, cadenas hoteleras, estructuras vulnerables frente a huracanes y terremotos, industrias contaminadoras de ríos, mares y corrientes subterráneas.
El capitalismo y el imperialismo de estos tiempos, sus modelos de expansión y acumulación basados en las nuevas guerras de conquista y re-conquista de territorios y recursos naturales, la intensificación de la depredación y el saqueo, el consumismo superfluo y la sobre-explotación en boga, conducen a un agotamiento más rápido de recursos y medios de vida; reduciendo su oferta, precarizando sus reservas, aumentando el poder de la demanda e incrementando brutalmente los beneficios donde quiera que impere el control del capital privado sobre ellos.
La escasez de recursos naturales opera así como mecanismo de enriquecimiento de minorías con poder, incluyendo en el caso de bienes tan vitales como el agua.
El valor de cambio se impone sobre el valor de uso en elevadísima escala y con altos grados de insensibilidad social y criminalidad. La naturaleza va perdiendo valor de uso mientras se deteriora en gran escala y se privatiza lo que va quedando de ella.
- OPONERLE A LA PRIVATIZACION, LA SOCIALIZACIÓN.
Así, la privatización del agua y de toda la naturaleza, es concomitante con los daños que se le infringen a todas las fuentes de vida, a consecuencia de las posibilidades del súper-lucro privado que genera el creciente dominio del capital sobre el trabajo y el predominio de lo privado sobre lo social y lo público; a lo que se le agrega la corrupción impune de partidocracias asociadas a él, motivadas por sus intensos afanes de enriquecimiento rápido, a cualquier precio.
El imperialismo, por demás pentagonizado y gansterizado, ha devenido en ecocida.
Al paso de los años ha evidenciado ser un sistema ambientalmente insostenible. No hay manera de superar la crisis ambiental sin abolirlo y sin crear una opción en la que predomine el interés de la colectividad humana, construida al calor de las peleas cotidianas en defensa de un ambiente sano.
La transformación ecológica es inseparable de una transformación revolucionaria que socialice la propiedad, el poder, el acceso a los valores de uso y garantice una relación armónica de los seres humanos con su entorno natural.
Que desde las multitudes sacrificadas, imponga lo colectivo sobre lo privado, el respeto a la Madre Tierra y la felicidad humana como objetivo del desarrollo.
Por José Cabral
Santiago siempre ha sido definida como la “Ciudad Corazón”, cuya expresión refleja una condición que no se encuentra en cualquier lugar.
Nadie puede negar el calor humano que caracteriza al santiaguero, pero la realidad es que en los últimos años las cosas han cambiado bastante y no se sabe hasta dónde la “Ciudad Corazón” conserva esa condición.
Pero independientemente de que quede muy poco de ese cariño y calor que adorna al que procede de un municipio que ahora camina indiscutiblemente a la conversión en una gran metrópolis, es vital que se trabaje también para conservar muchas de las tradiciones de la segunda capital del país como la llaman muchos.
El crecimiento urbanístico, comercial y empresarial dirige a Santiago a ocupar uno de los primeros lugares en cuanto a desarrollo se refiere, pero se impone que se dote de herramientas que contribuyan con el restablecimiento valores culturales y morales, porque es mucho lo que se ha perdido en esta materia.
El crecimiento comercial, empresarial y urbanístico no puede ser lo único que impacta a Santiago, sino que se necesita que conserve su riqueza cultural y medioambiental, sobre todo porque estos aspectos pueden ser un instrumento para lograr lo que mucha gente ha planteado que es convertirla en un verdadero polo de turismo de salud, ecológico, histórico y de montañas.
Las intervenciones del Estado en áreas que se caracterizan por una fuerte presencia de actividades culturales como la calle Benito Monción, Del Sol, entre otras, sin lugar a dudas, que cambiarán la cara de una ciudad encantadora como Santiago.
Pero se necesita profundizar para que la cultura sea una buena carta de presentación del santiaguero, amén de otras condiciones que adornan a la ciudad.
En la actualidad están dadas las condiciones para que Santiago entre al mundo de la televisión pública y que su proyección sea de primer orden, sobre todo con una alianza de la gente de la zona que vive en los Estados Unidos.
Hay que hacer un puente de doble vía entre ambas comunidades para sacar provecho de los grandes recursos que existen en uno y otro lado.
En un próximo artículo profundizaré sobre los beneficios que traería a Santiago una estación de televisión pública que la proyecte como una de las grandes ciudades del mundo que no sólo está dotada de un potencial turístico y cultural, sino también de una historia enriquecedora y que enaltece el espíritu.
Por Rommel Santos Díaz
El Estatuto de la Corte Penal Internacional se refiere con frecuencia a la protección de información confidencial. La Corte tiene el deber general de proteger la confidencialidad de los documentos e información en su posesión, salvo que su divulgación sea necesaria para una solicitud de cooperación para un Estado.
El artículo 87 del Estatuto prevé que ¨el Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que la justifiquen , salvo cuando su divulgación sea necesaria para tramitarla¨. Por ende los Estados deberán mantener la confidencialidad de todas las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional, y sólo podrán revelar a las autoridades correspondientes ( por ejemplo, a la policía para que ejecuten una orden de arresto) la información que necesiten para llevar a cabo la solicitud.
Esas cláusulas pretenden que el Fiscal y la Corte mantengan la confidencialidad lo mejor posible en las investigaciones, órdenes y solicitudes de asistencia de la Corte para evitar que las personas acusadas huyan, los testigos sean amenazados o eliminados, y la prueba desaparezca o sea destruida. Por ende, el éxito del Estado en la conservación de la confidencialidad de tales solicitudes repercutirá directamente sobre la efectividad de la Corte.
Según el artículo 87, un Estado Parte podrá también ser requerido para proteger cierta información en su posesión o control, cuando se necesiten medidas para garantizar la seguridad o bienestar físico o psicológico de las víctimas, posibles testigos y sus familiares.Estas medidas se aplicarán de conformidad con la forma en que el Estado prevea y maneje la información y podría también involucrar la confidencialidad de cierta información.
Según el artículo 68 del Estatuto de Roma, un Estado podrá solicitar a la Corte la adopción de medidas necesarias para la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la información de carácter confidencial o restringida.
El artículo 93 estipula que el Estado requerido para cooperación podrá transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial, y el Fiscal podrá únicamente utilizarlos para reunir nuevas pruebas.El párrafo C de ese mismo artículo prevé que el Estado podrá autorizar la divulgación ulterior de los documentos.
En el contexto de las obligaciones los Estados deberán mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación, y de cualquier documento que fundamente estas solicitudes.
Si la Corte Penal Internacional realiza una solicitud de conformidad con el artículo 87 para proteger cierta información, el Estado deberá cumplirla para asi proteger a las víctimas, testigos y sus familiares
En cuanto a la implementación los Estados deberán contar con procedimientos para mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación y los documentos que las fundamenten. Esta obligación de confidencialidad podrá regularse por vía legal, o podría ser definida por el Poder Ejecutivo. Ya sea que la obligación se implemente por la legislación o por una decisión ejecutiva , el Estado deberá asegurarse de que la vía elegida para recibir las solicitudes proteja la confidencialidad.
Adicionalmente los Estados podrán necesitar la implementación de procedimientos y posiblemente leyes que les permitan proveer y manejar información de una manera tal que se proteja la seguridad y el bienestar de las víctimas, testigos y sus familiares. Estos procedimientos normalmente se regularán por la vía ejecutiva y no legal.
Finalmente, podrían implementarse, tanto para la aplicación de las solicitudes de la Corte para proteger información, así como para las solicitudes a la Corte por parte de un Estado para proteger información y ciertos individuos. No obstante, el Estado deberá tomar en cuenta su legislación nacional sobre privacidad, al establecer estos procedimientos y deberá determinar si requiere reformarla.
Por Isaías Ramos
Es fundamental que la población dominicana se mantenga alerta y consciente de las graves implicaciones de las decisiones y acciones que este gobierno está llevando a cabo. Estas medidas amenazan nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales, económicos y sociales.
La introducción simultánea de diversas reformas puede interpretarse como una estrategia deliberada para provocar un shock en la ciudadanía, generando confusión y descontento que podrían resultar devastadores tanto para la nación como para quienes promueven estas medidas.
No podemos ignorar el inminente riesgo de que, bajo el pretexto de estas «reformas», se desencadene un caos social. Este escenario es tan alarmante que podría invocar el artículo 264 de nuestra Constitución, permitiendo declarar un “Estado de Conmoción Interior”. Como dice el refrán: “guerra avisada no mata soldado”.
Es momento de alertar a nuestra sociedad antes de permitir situaciones indeseables que puedan desembocar en calamidades similares a las vividas en abril de 1984. No podemos permitir que nuestro pueblo sufra nuevamente bajo el peso del dolor y la indignación.
La violación del orden constitucional por parte del gobierno no solo socava los principios fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho, sino que también pone en grave riesgo el futuro económico y social de millones de dominicanos. Estamos en un punto crítico: empujar a la clase trabajadora y a la clase media hacia condiciones extremas de pobreza, mientras otros sectores disfrutan del privilegio, es una injusticia que no podemos tolerar.
Al igual que en la fábula del sapo en agua hirviendo, donde el peligro es subestimado hasta ser irreversible, es crucial que nuestros ciudadanos tomen conciencia urgente para fortalecer sus mecanismos defensivos ante estas contrarreformas.
La situación actual exige atención inmediata. Las decisiones de este gobierno están erosionando los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución. La tendencia hacia privatizar servicios esenciales —como el sector eléctrico— plantea riesgos significativos de perpetuarnos en el subdesarrollo de una eterna miseria.
Debemos unirnos con determinación para defender nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando que los recursos públicos no sean despojados en beneficio exclusivo del sector privado; solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos.
En el Frente Cívico y Social, reconocemos con preocupación el enorme endeudamiento al que ha sido sometido nuestro país durante dos décadas, y especialmente en los últimos cuatro años. Esta situación representa una bomba de tiempo lista para estallar.
Nos enfrentamos al riesgo real e inmediato de experimentar hiperinflación sin precedentes junto con niveles históricos de desempleo que pueden desestabilizar aún más nuestra economía e impactar severamente nuestra calidad de vida.
Este panorama exige una reflexión profunda sobre nuestras políticas económicas actuales, así como un compromiso colectivo orientado hacia soluciones sostenibles capaces de prevenir esta catástrofe inminente.
Esta administración ha inaugurado una forma evolutiva del corporativismo, donde el Gobierno y las élites económicas le declaran una guerra a la clase media y trabajadora con el fin de hundirla en la eterna pobreza. Mientras la fórmula de alianza gobierno-élite garantiza grandes beneficios a expensa de financiarlo con deuda y subsidios públicos.
Este modelo se asemeja más a un Estado policial que lanza una guerra total contra los derechos económicos y sociales fundamentales. La creciente concentración de la riqueza nacional entre unos pocos privilegiados es alarmante, mientras empuja a gran parte de la población hacia condiciones precarias.
Esta orquestada transferencia de riqueza, presentada como inevitable, es en realidad parte de un diseño social que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo y sumerge a millones en una miseria estructurada.
En el FCS, entendemos que es imperativo abordar las desigualdades con propuestas sólidas, promoviendo modelos justos e inclusivos enfocados en el bienestar colectivo y el mandato constitucional.
¡Despierta, RD!