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Opinión

Capitalismo, crisis ambiental y alternativa

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Por Narciso Isa Conde

El Planeta Tierra se ha tornado cada vez más árido, caliente, envenenado, contaminado… Con menos bosques, menos vegetación, menos manglares, menos fuentes de agua (lluvias, ríos, lagos, manantiales…). Menos habitable.

Más agredido y depredado.

Más vulnerable.

Con más población empobrecida, con mayores riegos catastrófico.

El Planeta Tierra y la Humanidad que lo habita padecen una crisis ambiental con tendencia a una crisis de existencia.

Esa realidad pesa con mayor fuerza sobre los territorios históricamente sometidos al coloniaje imperial.

Tal crisis compromete el presente y futuro de la presente civilización y conspira contra su existencia. Y tiene una carga mortal superior a otras, en tanto no solo atenta contra la vida de las generaciones presentes sino además de los seres humanos por nacer.

  • EVOLUCIÓN PARA PEOR.

En estos tiempos resultan alarmantes las degradaciones y adulteraciones  que tiene lugar en la naturaleza a consecuencia de los cambios físicos, biológicos, químicos y tecnológicos operados a la luz de la evolución del capitalismo desde su origen hasta la actualidad.

Esos cambios se han mezclado con la esencia perversa de este sistema de dominación, en la que el afán de lucro de los capitalistas tiene supremacía sobre las necesidades humanas.

La búsqueda de ganancias al máximo nivel posible interviene no importa los daños que ese propósito ocasione a la Madre Tierra y a la vida misma en el sentido más amplio del término.

Como se afirma en la Tesis Ambiental del Movimiento Caamañista Dominicano: “Con el surgimiento de la propiedad privada y las clases sociales, se inició un proceso de apropiación del producto del trabajo social que separa la transformación de la naturaleza de su razón primaria: la creación de valor de uso o satisfactores de necesidades, para ponerlos al servicio de la expansión del capital y de la acumulación particular”.

Ese proceso asume ya modalidades de tragedia social.

Porque el impacto de los métodos productivos y extractivos, el derroche consumista, la imposición de necesidades ficticias, las técnicas degradantes para aumentar la productividad del trabajo e intervenir sobre el suelo, el subsuelo y el sobresuelo, sin tener como centro el ser humano y su Casa Común planetaria, potencian la propensión al desastre.

Porque las repercusiones negativas de las dominantes dinámicas explotadora, depredadoras y contaminadoras del transporte, turismo, industria militar y farmacéutica y agropecuaria, se han tornado altamente empobrecedoras y destructivas de la naturaleza y la humanidad; aumentando la vulnerabilidad de la poblaciones, de las estructuras creadas y su funcionamiento, así como la frecuencia de los fenómenos naturales.

Los desequilibrios ecológicos se tornan de especial gravedad al impactar negativamente esos fenómenos la capa de ozono, las temperaturas ambientales, los glaciales,  la conducta del agua en la atmósfera, las propias fuentes de agua en suelo y subsuelo, la recirculación e intensidad de los vientos, los mares, las costas, la biodiversidad, el aire que se respira y los organismos vivientes.

La calidad de la vida humana está cada vez más afectada, en tanto los enormes avances científicos y técnicos  no son fundamentalmente aplicados para aumentar la felicidad colectiva de los seres humanos, sino para elevar las ganancias capitalistas y acumular riquezas y capitales   en una parte reducida de los integrantes de la sociedad en cada país, región y a escala global; provocando  a la vez un empobrecimiento del planeta que se vuelca principalmente contra de grande segmentos de la humanidad empobrecida en todos los continentes y contra los/as trabajadores/as del mundo.

Cada vez más los procesos productivos -necesarios para crear valores de uso- se separan de su real finalidad (que es satisfacer necesidades colectivas e individuales), al imponerse la ganancia y la acumulación de riquezas en pocas manos como móvil esencial de las grandes obras, empresas productivas y de servicios en manos privadas. 

  • LOS GRANDES DAÑOS AMBIENTALES QUE PROVOCAN LOS DE ARRIBA, LOS SUFREN LOS DE ABAJO.

La mayor parte de los daños ambientales provocados por un capitalismo irremediablemente voraz y destructivo –agravados tales atributos del capitalismo en el curso de la denominada era neo-liberal- los pagan y sufren los de abajo  en progresión continua.  A mayor discriminación y exclusión por razones de clase, género, edad, color de piel y coloniaje, mayor carga de precariedades y sufrimientos.

En nuestro Caribe, los casos Puerto Rico y Haití son ejemplos extremos de una trágica actualidad; espejos, por demás, de lo que les espera  a República Dominicana y otras islas caribeñas cuya naturaleza ha sido también sensiblemente diezmada –y aun más amenazadas en el presente y futuro próximo- por granceros, depredadores de bosques, compañías mineras, cadenas hoteleras, estructuras vulnerables frente a huracanes y terremotos, industrias contaminadoras de ríos,  mares y corrientes subterráneas.

El capitalismo y el imperialismo de estos tiempos, sus modelos de expansión  y acumulación basados en las nuevas guerras de conquista y re-conquista de territorios y recursos naturales, la intensificación de la depredación y el saqueo, el consumismo superfluo y la sobre-explotación en boga, conducen a un agotamiento más rápido de recursos y medios de vida; reduciendo su oferta, precarizando sus reservas, aumentando el poder de la demanda e incrementando brutalmente los beneficios donde quiera que impere el control del capital privado sobre ellos.

La escasez de recursos naturales opera así como mecanismo de enriquecimiento de minorías con poder, incluyendo en el caso de bienes tan vitales como el agua.

El valor de cambio se impone sobre el valor de uso en elevadísima escala y con altos grados de insensibilidad social y criminalidad. La naturaleza va perdiendo valor de uso mientras se deteriora en gran escala y se privatiza lo que va quedando de ella.

  • OPONERLE A LA PRIVATIZACION, LA SOCIALIZACIÓN.

Así, la privatización del agua y de toda la naturaleza, es concomitante con los daños que se le infringen a todas las fuentes de vida, a consecuencia de las posibilidades del  súper-lucro privado que genera el creciente dominio del capital sobre el trabajo y el predominio de lo privado sobre lo social y lo público; a lo que se le agrega la corrupción impune de partidocracias asociadas a él, motivadas por sus intensos afanes de enriquecimiento rápido, a cualquier precio.

El imperialismo, por demás pentagonizado y gansterizado, ha devenido en ecocida.

Al paso de los años ha evidenciado ser un sistema ambientalmente insostenible. No hay manera de superar la crisis ambiental sin abolirlo y sin crear una opción en la que predomine el interés de la colectividad humana, construida al calor de las peleas cotidianas en defensa de un ambiente sano.

La transformación ecológica es inseparable de una transformación revolucionaria que socialice la propiedad, el poder, el acceso a los valores de uso y garantice una relación armónica de los seres humanos con su entorno  natural.

Que desde las multitudes sacrificadas, imponga lo colectivo sobre lo privado, el respeto a la Madre Tierra y la felicidad humana como objetivo del desarrollo.

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Opinión

La democracia no es sólo electoral.

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Por José Cabral

Lo dicho por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, en el sentido de que tras el cierre definitivo del proceso electoral, el país puede exhibir cada vez más el fortalecimiento del sistema democrático como una referencia regional.

Esta expresión del presidente del órgano comicial se inscribe en lo que siempre se pregona, pero que no pasa de ser un enunciado que en realidad no se corresponde con la verdad.

La JCE todavía es un verdadero desastre, aunque en asuntos puntuales parece haber cumplido con algunas formalidades, como, por ejemplo, unas votaciones relativamente ordenadas, lo cual es un logro de hace ya muchos años.

Pero hablar de avances democráticos evidentemente que es una cuestión relativa, porque este sistema luce muy rezagado y para hacer un análisis realista de la democracia habría que tomar en cuenta muchas otras aristas.

La verdad es que la democracia dominicana es todavía muy de papel, la cual entraña una serie de falencias que muy difícilmente con el comportamiento que tienen los actores políticos se pueda llegar a un punto en el que se acabe la frase más común en el país de que el modelo político avanza y se fortalece.

Escuchar afirmaciones como las de Román Jáquez confirma de que el país sólo sabe manejarse con la creación de una percepción que representa un verdadero engaño, una mentira.

Hay que ser muy atrevido para hablar de un proceso electoral enteramente democrático, transparente e íntegro, cuando todo el mundo sabe que el mismo está lleno de trampas, de compra de votos y de todo tipo de fraudes.

La Junta Central Electoral (JCE) está llena de tantas deficiencias que tal vez sea una de las peores instancias de la débil democracia nacional.

Ahí es muy poco el control que existe, tanto es así que su funcionamiento representa una vergüenza nacional, donde no hay control de nada, absolutamente de nada, a menos que no sea de la organización puntual de unas elecciones llenas de problemas.

Hay que parar que se digan cosas que cuando se ven en los medios de comunicación no deja otra impresión de que el dominicano nada en la mentira y la manipulación.

Cuando la JCE examine y proceda en contra de los que más dañan el sistema electoral y toda la democracia, entonces se podrá usar el lenguaje de que el país camine hacia una forma más creíble y fortalecimiento institucional.

De otra manera se trata de una verdadera vacuencia, que nadie cree y que los resultados son el mejor desmentido de una democracia que sólo existe en el papel, no en los hechos.

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Opinión

República Dominicana: Por ahora… un país a la deriva

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Por Isaías Ramos

Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha disfrutado de un supuesto crecimiento económico notable, impulsado por las remesas de los dominicanos en el exterior, un endeudamiento preocupante, una economía de vitrina, el auge del turismo y las zonas francas. Sin embargo, este «progreso» no ha sido suficiente para superar las vulnerabilidades estructurales de una economía extremadamente dependiente del entorno internacional.

La industria nacional, incapaz de convertirse en competitiva a nivel internacional o de satisfacer la demanda interna, sufre debido a un suministro eléctrico caro e ineficaz, leyes laborales que parecen reliquias del pasado y un sistema de seguridad social ajeno al bienestar colectivo. Esto refleja la falta de voluntad política para buscar un desarrollo económico y social que beneficie a la mayoría del pueblo dominicano. Un claro ejemplo de esto es la Ley de Educación (66-97), que, aunque virtuosa y creadora de grandes expectativas, finalmente solo ha dejado decepción y frustración en la población.

No obstante, es en la Ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se plasma la visión de país que aspiramos construir antes del año 2030: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho, y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, gestionando y aprovechando sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y se inserta competitivamente en la economía global”.

Esta estrategia de desarrollo, elaborada desde el 2008 y convertida en ley en el 2012, a pesar de estar sustentada en el espíritu de un Estado Social y Democrático de Derecho, permite abrir ventanas a un neoliberalismo que ha logrado imponerse, bloqueando toda posibilidad de promover e implementar la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.

A esto se suma un alarmante endeudamiento, una educación que ha dado la espalda a la formación en principios cívicos y valores morales, exacerbada por métodos de perversión, una inseguridad ciudadana desbordada y un sistema de impunidad que perpetúa la corrupción a niveles alarmantes, debilitando la confianza en las instituciones.

Ante este panorama, el gobierno actual ha propuesto 12 reformas, la mayoría ya contempladas en dicha ley. Es imperativo para el gobierno, antes de llevar a cabo la mayoría de estas reformas, restaurar la credibilidad del Estado y ganar la confianza de los ciudadanos con medidas y reformas reales hacia el bienestar colectivo.

Reformas como el código laboral, la seguridad social y del sector eléctrico para adecuarlas al Estado Social y Democrático de Derecho son impostergables con el objetivo de evitar continuar profundizando la miseria y el endeudamiento económico y social al que este modelo neoliberal ha sometido a la población.

Desde el Frente Cívico y Social entendemos que un Estado Social y Democrático de Derecho no es compatible con un modelo económico neoliberal; por lo tanto, las reformas contempladas en la Ley 1-12 deben realizarse acorde a ese espíritu constitucional y a esa visión del país que todos soñamos vivir, y así encaminar a la nación hacia un futuro próspero y equitativo. ¡Es el momento de demostrar que podemos construir ese país que no solo «crezca», sino que también mejore la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos!

¡Despierta, RD!

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Opinión

Los Derechos del Acusado ante la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

El desarrollo de una norma internacional de derecho esta obviamente centrado en el  enjuiciamiento de los supuestos criminales de guerra, el cual se traduce en el apoyo  a un proceso  penal fuerte e independiente.

La implementación de una norma de derecho esta igualmente fundamentada, sin embargo , en la manera en que las personas acusadas  son llevadas ante la Corte Penal Internacional. El proceso  para alcanzar el objetivo  incluye la garantía de un  debido proceso  para todas las personas acusadas.

Es por esta razón que es necesario crear un proceso de defensa  fuerte e independiente. La garantía de los derechos del imputado  es esencial para el establecimiento de un  proceso de defensa  fuerte, y los Estados  Partes podrían necesitar adaptar ciertos aspectos de sus sistemas de justicia penal en el futuro, para asegurar  que sus prácticas referentes a los imputados  tomen en cuenta la jurisprudencia de la CPI en esta área. Delo contrario podrían amenazar la integridad del proceso y perjudicar el trabajo futuro de la CPI.

Uno de los objetivos del sistema  internacional de justicia penal es apoyar la reconciliación entre las personas  y evitar los actos de retribución  colectiva. Para que esto suceda ,  los procedimientos de juicio  deberán respetar los derechos  del acusado, garantizando el empleo de todos los medios de defensa de los cuales tienen derecho  de hacer uso.

Deberá haber un debido proceso , o los miembros del grupo de la persona  acusada se percibirán  ultrajados por un sistema de justicia que no es más que un frente de venganza organizada.

Los artículos 55 y 67 del Estatuto de Roma enumeran los derechos generales de las personas acusadas, y  estos derechos afectan  los procedimientos de competencia del Estado de detención  o custodia.

Los derechos y las obligaciones  que se mencionara están estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,y particularmente garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales son obligatorios para la mayoría de los Estados  Miembros de las Naciones Unidas.

El artículo 67 del Estatuto de Roma establece claramente que deberá existir plena igualdad entre la defensa y la Fiscalía en cualquier proceso ante la Corte Penal Internacional. Por ende, el Estatuto de Roma enfatiza el principio de igualdad de poderes.

A la luz de los derechos del sospechoso establecidos tanto en el artículo 55 como en el artículo 67 del Estatuto de Roma, es esencial para llevar a cabo un procedimiento justo  y efectivo que se garanticen y protejan  estos derechos a lo largo de todo el proceso.

Es recomendable que al arrestar o detener a  una persona el Estado respete todos los derechos estipulados en el artículo 55 para que se garantice el debido proceso, y se evite agravar el proceso en el caso de una revisión  judicial.

El artículo 54 del Estatuto de Roma establece que el Fiscal deberá respetar plenamente los derechos de las personas dispuestos por el Estatuto. Esto significa que las autoridades locales deberán cooperar plenamente con la Fiscalía durante las investigaciones en el lugar de los hechos, y cumplir con cualquier requisito que permita que la investigación descubra tanto prueba vinculante como exculparte para presentar ante la CPI.

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