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Insistencia para usar plan social en proselitismo es un peligroso desafío institucional, advierte el PRM.
Constituye un peligroso desafío a la institucionalidad electoral que el delegado del PLD ante la Junta Central Electoral y la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, insistan en desconocer la Ley del Régimen Electoral y el mandato constitucional que dispone que la JCE es la responsable de organizar las elecciones de forma libre, justa y transparente.
La advertencia fue hecha por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos dirigentes sostienen que el Gobierno se juega con candela cuando actua de la forma en que lo hace e incluso en desconocimiento de las leyes electorales de la Republica Dominicana.
Permitirse el uso de las mercancías, equipos y materiales del Plan Social de la Presidencia en el proceso electoral, colocaría al partido de gobierno en situación de ventajismo frente a los demás partido que acudirán a las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidencial de mayo, advirtió esta tarde el presidente del PRM, senador José Paliza.
La distribución de grandes cantidades de bienes por parte de las autoridades gubernamentales, a diez días de las elecciones municipales y a ciento once de los comicios presidenciales y congresionales, supone un desequilibrio favorable a los candidatos del partido oficial, subrayó Paliza en rueda de presa concedida esta tarde en la casa nacional del PRM.
Puntualizó que tales acciones son parte de un repertorio de conductas desesperadas frente al resultado electoral adverso que tendrán para las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y legislativas de mayo.
“El pueblo dominicano debe conocer que miles de raciones de alimentos, compradas con el dinero de todos, se están entregando a dirigentes de los organismos intermedios y a toda la estructura política del partido oficial.
“La institucionalidad democrática tiene como requisito indispensable la competitividad equilibrada entre el partido oficial y los partidos de oposición, para garantizar la posibilidad de la alternabilidad democrática.
“Como principal organización de oposición el PRM está en la obligación de exigir al gobierno una rectificación de este comportamiento poco democrático y a la Junta Central Electoral cumplir con las facultades que el orden jurídico le otorga”, precisó el alto dirigente y legislador
Citó que el delegado político del partido ante la JCE, Orlando Jorge Mera, y el equipo jurídico elevaron ayer una instancia ante el órgano electoral indicando que de conformidad al artículo 196, párrafo IV, de la Ley 15-19 del Régimen Electoral durante el período de 40 días anteriores a las elecciones municipales y 60 días de las elecciones presidenciales y congresionales están prohibidos los actos inaugurales de obras públicas y los programas de apoyo social o comunitarios extraordinarios por parte de los entes y órganos de la administración pública.
El PRM presentó ante la JCE una solicitud de medida cautelar para la suspensión de compras y contrataciones públicas ilícitas; y el presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, solicitó al gobierno del PLD suspender de “motu proprio” tal ilegalidad.
El PRM aclara que la Junta Central Electoral no solo debe limitarse a sugerir, sino que está en la obligación de restablecer la autoridad que le otorga la Constitución de la República a través de una decisión que prohíba la distribución de bienes con fines electorales.
“En nuestro partido, defendemos la dignidad de la persona, auspiciamos el bien común y promovemos la solidaridad con los que menos tienen, pero nunca permitiremos que organización política alguna se aproveche de ellos para manipular su voluntad.
“Como organización defensora de la institucionalidad, el PRM espera que los actores involucrados actúen con responsabilidad para que tengamos una campaña electoral equilibrada, y apegada a la ley”, expuso Paliza.
En su intercambio por la presan Paliza estuvo acompañado por Jorge Mera, los abogados Antoliano Peraltaq, Andrés Astacio, Luis Soto, Luis Soto,los diputados Napoleón Lopez Rodríguez, Andrés Bernal y otros altos dirigentes del PRM.
Nacionales
Implicados en asalto al Popular quería cambiar contrato de alquiler de vehículo porque “los muertos no hablan”
Santo Domingo, R.D.-La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella Arias, establece que las cinco personas involucradas en este hecho jugaron un rol importante para cometer el crimen.
Durante los diferentes allanamientos la Policía Nacional ultimó a Richard Michel Estrella Arias y Johan Eduardo Belliard Aybar, alias «Beberra».
La aseveración del órgano acusador en que “cada participante jugó un rol” importante en el atraco, es para destacar el papel que desempeñó Alberto Ezequiel Estrella Arias, quien a pesar de no participar directamente en el asalto al banco fue la persona que alquiló el vehículo donde se cometió el crimen.
Varios días después y al tener pruebas que lo vinculaban con el caso, las autoridades procedieron a su detención. Contra él se dictó una garantía económica de RD$500,000, como medida de coerción.
Este joven fue el responsable de contactar a Manuel Antonio Matos, dueño del dealer donde se alquiló el vehículo, tipo jeep, marca Kía, Modelo Sorento negra. El alquiler del mismo se realizó el 31 de mayo 2024, bajo el alegato de que era para otra para uno de sus clientes y lo necesitaba por cinco días.
Este joven hermano de dos de los implicados y primo de otro, fue un día antes del asalto al cajero del Banco Popular a realizar una transacción de RD$ 10,100 para pagar por el alquiler del vehículo.
Luego que las autoridades apresaran a los implicados en la sustracción del dinero, de acuerdo a la acusación, Alberto Ezequiel Estrella Arias, se puso en contacto con el dueño del vehículo para pedirle que pusieran a su hermano ultimado por las autoridades como la persona que alquiló la jeepeta.
“El acusado le dice que le consiga el formulario (Contrato de Renta de Vehículo) para poner a su hermano como la persona que alquiló, añadiendo: Los muertos no hablan, a lo que Manuel Antonio Matos Reyes le indicó que no podía hacer eso”, las autoridades indican que tienen estas pruebas debido a que el duelo del automóvil entregó su celular con las conversaciones.
¿Qué pasó con el dinero?
Hasta el momento las autoridades no han podido recuperar la suma de RD$ 1,520,745.16; US$ 2,718.00 y 50 euros sustraídos en el asalto realizado el pasado 3 de junio en la entidad bancaria ubicada en la avenida Gregorio Luperón esquina Olof Palmer, sector Las Praderas, del Distrito Nacional.
De acuerdo a la acusación Johan Eduardo Belliard Aybar, ultimado en su residencia cuatro días después del asalto, fue la persona que “portaba una mochila que contenía en su interior el dinero sustraído al banco”.
Con la acusación, la fiscalía del Distrito Nacional está solicitando la apertura a juicio contra los tres implicados de este caso.
Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.
Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.
Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.
“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.
“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.
Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.
En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.
Santo Domingo, R.D.-Fue levantada la prisión domiciliara en favor del mayor general Adán Cáceres por parte de un tribunal que también le quitó el grillete electrónico al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, el principal imputado en el caso de corrupción denominado Coral.
Durante el conocimiento de revision dela medida de coercion, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, ademas le mantuvo la garantia economica que pesa en contra de Cáceres, así como el impedimento de salida.
De acuerdo a la defensa de este imputado, indicó que el tribunal entendió que esta medida era desproporcional y no correspondía con lo que se había “lucidado” en el comportamiento de su defendido.
Cáceres estuvo 18 meses en la cárcel de Najayo-Hombres, pero luego un tribunal le varió la medida de coerción, imponiéndole arresto domiciliario y la colocación del dispositivo.
En el mes de febrero, el imputado había acudido ante la Segunda Sala Penal de la Corte, en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación, alegando que la acción fue interpuesta fuera del plazo.
Varios meses y audiencias después, al imputado, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), le levantan la prisión domiciliaria.