Nacionales
3,849 cargos municipales eligen este domingo los dominicanos.
Con la presencia para fines de observación de delegados internacionales de 20 países, la República Dominicana celebra este domingo sus elecciones municipales con el estreno de una metodología de votación automatizada y boletas físicas, bajo el régimen de una nueva Ley Electoral.
Al certamen donde se escogerán 3,849 cargos están llamados a votar 7,487,040 dominicanos en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Más de 190,000 personas, entre funcionarios de colegios, delegados de partidos y miembros de la Policía Militar Electoral, trabajarán en los 4,169 recintos que funcionarán en todo el país.
Del personal, 80,160 serán funcionarios de las 16,032 mesas de votaciones distribuidas en los 158 municipios y que serán integradas por cinco personas: un presidente, primer vocal, segundo vocal, secretario, sustituto de secretario.
También trabajarán 32,064 delegados y suplentes de delegados de los partidos que serán designados en cada uno de los colegios, así como 6,500 soportes técnicos y supervisores, 5,400 facilitadores de recintos, a los que se suman 64,000 miembros de la Policía Militar Electoral.
El padrón para las elecciones municipales es de 7,4 millones de ciudadanos quienes escogerán 3,849 puestos electivos, entre otros. Los electores votarán para escoger 158 alcaldes e igual cantidad de vicealcaldes; 1,164 regidores y una cifra similar de suplentes; 235 directores, y la misma proporción de subdirectores y 735 vocales.
En los comicios se implementará la votación automatizada en el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Higüey, San Francisco de Macorís, Moca, La Romana, La Vega, Bonao, Baní, Puerto Plata, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y Mao. Esos municipios representan el 62% del padrón electoral.
En estas elecciones municipales se utilizará de nuevo la tinta indeleble, el lector de huellas dactilares, así como se empleará una aplicación móvil para tramitar las actas de votaciones en los 140 municipios con boletas físicas.
Ante los comicios de este domingo, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, hizo un llamado para que los dominicanos ejerzan su voto en convivencia y en paz.
“Queremos hacer un llamado oportuno y siempre necesario a la convivencia pacífica, la conducta de todos tiene que ser una conducta civilizada y que precisamente lleve a los dominicanos y dominicanas a ejercer su voto este domingo 16”, enfatizó.
Castaños Guzmán reconoció que aunque estén preparados necesitan el acompañamiento y veeduría de los observadores internacionales, así como de recomendaciones para el proceso.
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jaquez, advirtió que hay una Ley Electoral con “garras” y que con pruebas en las manos no le temblará el pulso para aplicarla.
Sostuvo que en la República Dominicana históricamente no existen antecedentes de ninguna condena penal por violación a la norma electoral, es la primera vez que un marco legal se estructura de manera contundente con ese objetivo.
“Las infracciones electorales pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso electoral. Pueden surgir como ladrón en la noche, y el sistema debe estar preparado para que, por falta de un adecuado y coordinado funcionamiento de lo penal electoral, los delitos y crímenes electorales no queden impunes”, precisó.
Jaquez aseguró que indiscutiblemente hay una judicialización de los procesos electorales y el TSE ha previsto lo necesario para dar respuesta oportuna y efectiva a todas las acciones contenciosas electorales que pudiesen llegar con ocasión de las elecciones de este domingo.
El jefe de la Misión de Observadores de la Unión Interamericana de Organismo Electorales (Uniore), Marcos Antonio Baños, consideró que es hora de tener confianza en el voto automatizado, pues es seguro y no permite tergiversar la voluntad del ciudadano.
“El funcionamiento del voto automatizado creo que será un viraje importante que no va a sentar solo precedentes para República Dominicana”, enfatizó.
Sostuvo que con este sistema República Dominicana se suma a Brasil, que aseguró es la “punta del iceberg” en el voto electrónico en América Latina.
Confió en que se tendrán experiencias importantes para poder avanzar en otras latitudes con el voto automatizado.
“Es momento de tener confianza de que el voto electrónico no se hace con mecanismos que permitan tergiversar la voluntad del ciudadano, es un voto seguro, es un voto que tiene mecanismos de cuidado”, recalcó el jefe de la misión de observadores de Uniore.
Baños también llamó a confiar en las autoridades electorales (Junta Central Electoral) a cargo del montaje de las elecciones municipales.
Participarán 118 observadores internacionales de 20 países: 40 de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore); 24 de la OEA; 6 de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES); 6 del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA); 15 académicos y axpertos; 7 de la Association of World Election Bodies (A-WEB); y 20 del Cuerpo Diplomático.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.