Santo Domingo, RD.-Mediante un discurso a todo el país el presidente Danilo Medina llamó a la población a mantener la paz y la buena convivencia, al referirse por primera vez a la actual crisis política que enfrenta el país, luego de que se suspendieran las elecciones municipales pautadas para desarrollarse el domingo 16 de febrero. Nacionales
Medina llama a la población a mantener la tranquilidad y la convivencia pacífica
Santo Domingo, RD.-Mediante un discurso a todo el país el presidente Danilo Medina llamó a la población a mantener la paz y la buena convivencia, al referirse por primera vez a la actual crisis política que enfrenta el país, luego de que se suspendieran las elecciones municipales pautadas para desarrollarse el domingo 16 de febrero. En un mensaje a la nación, transmitido por una red de radio y televisión, el mandatario dejó claro que es mucho lo que se puede perder “si nos dejamos llevar por las sendas del fanatismo”.
Dijo que la situación presentada deberá ser resuelta de acuerdo a lo que establecen las leyes y la Constitución de la República.
“Por tanto, insto a todas las instituciones públicas y privadas a continuar su buen funcionamiento, al igual que invito a toda la población a mantener la tranquilidad y la convivencia pacífica”, sostuvo.
Consideró que es momento de rectificar errores y de sacar lo mejor de cada ciudadano. Hizo un llamado a todos los actores políticos del país y a los líderes de opinión, para que mantengan a la cordura y la responsabilidad ante la actual situación.
“Es en situaciones como esta cuando debemos demostrar en la medida de nuestro liderazgo, actuando con la debida prudencia y poniendo en todo momento los intereses del país por encima de los intereses partidarios”.
A continuación el discurso íntegro del Presidente Danilo Medina:
Pueblo Dominicano
La decisión de la Junta Central Electoral de suspender las elecciones municipales convocadas para el día de ayer amerita sin duda que, desde mi responsabilidad como Jefe de Estado, me dirija a todos ustedes.
Lamentamos realmente esta decisión y las circunstancias que han llevado a que se tomara, pues ha impedido que millones de ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.
Nos encontramos ante una situación sin precedentes en nuestra historia reciente y es nuestro deber reaccionar con firmeza y prontitud, para preservar nuestro Estado de Derecho y llevar tranquilidad a todos los hogares dominicanos.
Con este objetivo, llamamos a los poderes del Estado a actuar conjuntamente en pro de los mejores intereses de nuestra nación. En este sentido, respetando la autonomía e independencia de la Junta Central Electoral, le instamos a ponerse a la altura de las demandas legítimas del pueblo dominicano, a tomar los debidos correctivos y a dar cumplida respuesta, hasta las últimas consecuencias, a los cuestionamientos que se presentan, para preservar la legitimidad de la institución.
Asimismo, consideramos que deben poner todo su empeño en llevar a cabo los procesos electivos que marca la ley en este año 2020 y garantizar, así, el ejercicio de la soberanía popular a los dominicanos y dominicanas.
Desde el gobierno, tenemos el firme compromiso de proteger la institucionalidad democrática y garantizar el respeto a nuestro orden constitucional.
Y lo haremos apoyando los debidos procesos, afianzando los plazos legales y garantizando los recursos necesarios para que se celebren los procesos eleccionarios.
En ese orden, la Constitución de la República establece, en primer lugar, que las elecciones municipales y las presidenciales deben celebrarse en procesos independientes.
Y, en segundo lugar, que las autoridades municipales electas deben tomar posesión el 24 de abril de este año. Asimismo, en respuesta a la situación de suspensión en que nos encontramos, nuestra ley electoral establece que se deben convocar nuevamente las elecciones en un plazo no mayor de 30 días y, desde el gobierno, vamos a colaborar porque así sea.
Pueden estar seguros, el gobierno actuará con responsabilidad y dará el respaldo necesario a las instituciones, para preservar el Estado de Derecho. Confiamos también en que seguiremos contando con el apoyo de la OEA y el resto de observadores internacionales que nos están acompañando, para que continúen en el país dando seguimiento a los acontecimientos, en beneficio de la credibilidad internacional de las dos elecciones que se celebrarán este año.
Señoras y señores:
Quisiera también en esta ocasión hacer un llamado a todos los actores políticos del país y a los líderes de opinión. Un llamado a la cordura y a la responsabilidad.
Es en situaciones como ésta cuando debemos mostrar la medida de nuestro liderazgo, actuando con la debida prudencia y poniendo en todo momento los intereses del país por encima de los intereses partidarios. Como dije anteriormente, esta situación cuenta con los cauces institucionales para resolverse y deberá ser resuelta de acuerdo a la Constitución y las leyes.
Por tanto, insto a todas las instituciones públicas y privadas a continuar su normal funcionamiento, al igual que invito a toda la población a mantener la tranquilidad y la convivencia pacífica que ha caracterizado siempre a los dominicanos y dominicanas.
Creo, sinceramente, que si miramos más allá del cortoplacismo que puede estar cargando a algunos, todos los actores políticos, sociales y económicos del país se benefician de un proceso democrático legítimo y con credibilidad.
Y, por el contrario, es mucho lo que podemos perder si nos dejamos llevar por la senda del fanatismo. No es momento de sembrar el caos, ni de actuar de manera impulsiva.
No podemos permitir que unos pocos que no quieren regirse por las reglas democráticas manchen la reputación de nuestro país, propaguen noticias falsas, pongan en entredicho nuestras instituciones y amenacen la senda de progreso que venimos recorriendo. Es momento de reflexionar, de rectificar errores y de sacar lo mejor de nosotros mismos.
Eso es lo que necesita el país en este momento. Eso es actuar con verdadero patriotismo. Comunidad Internacional; Pueden estar seguros. Nuestra patria es fuerte, nuestros pilares democráticos son sólidos y nuestra gente quiere seguir viviendo en paz.
Dominicanos y dominicanas; Sigamos enfocándonos en llevar adelante este país, en encontrar soluciones constructivas, en hacer las cosas bien y en permitir a nuestros ciudadanos expresar su voluntad, en un ejercicio democrático limpio, transparente y justo, que nos permita seguir construyendo confianza. Muchas gracias y buenas noches.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.