Análisis Noticiosos
El presidente y su partido evaden discutir las garantías electorales
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Todo parece indicar que el presidente Danilo Medina está evadiendo el reclamo de equidad democrática y transparencia en las elecciones generales que alcanzó dimensiones históricas al expresarse masivamente y por todos los medios y sectores nacionales, mientras su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados guardan un espeso silencio.
Un intento de mediación protagonizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) no acaba de rendir frutos por las dificultades en integrar una comisión de notables que facilite un diálogo político de alto nivel, mientras las aplazadas elecciones municipales están a dos semanas y se cree que los oficialistas buscarían otra dilación.
Prevalece la desconfianza
A dos semanas de la nueva fecha para celebrar las elecciones municipales frustradas el 16 de febrero prevalece la desconfianza entre los actores políticos, sin que se haya ofrecido la menor explicación de si fueron errores humanos o manipulación criminal lo que impidió la votación, con el agravamiento de que no se espera que las investigaciones solicitadas a la Organización de Estados Americanos concluya antes.
Sigue extrañando que la Junta Central Electoral no haya emitido un comunicado formal con las explicaciones de sus técnicos sobre lo ocurrido en el sistema de voto automatizado, indicando lo que impidió su operación, o por lo menos lo que presumen que pudo haber ocurrido. Si fue por deficiencias humanas o del diseño, lo que contradicen las múltiples pruebas previas, debieron ser comprobadas y admitidas para reducir la desconfianza derivada y evitar que se generalizara la convicción de que se trató de un asalto criminal como denunciaron los opositores al enterarse del colapso en víspera de la votación, o del sabotaje que denunciaron el PLD y sus aliados la tarde de la frustración y que la Procuraduría General asumió con un “sainete de investigación”, detenido luego por disposición presidencial.
El discurso del 27 de febrero en la última presentación de memoria anual del presidente Danilo Medina ha sido definido como de una especie de “canto a mí mismo”, donde el mandatario magnificó los aspectos que se le reconocen a su gestión gubernamental, como la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, la inversión en escuelas y alimentación escolar, más atención a las pequeñas empresas y al crédito agrícola
La investigación solicitada a la OEA no ha comenzado formalmente y se descarta que puedan concluir antes de la nueva cita electoral del 15 de marzo, lo que justifica más el clamor nacional por un pacto político social que reste presión a la JCE y genere confianza, sobre todo en los partidos de oposición que han denunciado reiteradas veces que el PLD y su gobierno violentan la equidad democrática preconizada en la Constitución y las leyes.
Semana de definiciones
Esta semana comenzó con una marcha multitudinaria de 13 partidos opositores que tras responsabilizar al PLD y su gobierno de lo que consideran fue un asalto a las elecciones, que afecta la estabilidad de la nación,enarbolaron un pliego de diez garantías de equidad y transparencia. Fue seguido por el comunicado de casi un centenar de asociaciones empresariales con enérgica condena al colapso electoral y reclamo de sanciones, y formulando un “llamado al liderazgo político nacional para que, con la madurez que ameritan las circunstancias suscriban un gran acuerdo que recoja los compromisos necesarios para que se respete el voto y así garantizar la plena democracia”.
Al día siguiente la Fundación Institucionalidad y Justicia, entidad del empresariado con treinta años de lucha por el fortalecimiento democrático, fue específica al pedir energía “para eliminar la inequidad por el uso de recursos estatales para promover candidaturas”, perseguir y condenar todos los delitos electorales, especialmente la compra de votos,integrar la Procuraduría Especial para estos fines, en consulta con los partidos, y que los órganos públicos se manejen con moderación, razonabilidad y ponderación.
El pleno del Consejo Económico Social, un órgano estatal de participación social, sorprendió cuando formuló “un llamado a las autoridades responsables a preservar la estabilidad política, social, económica e institucional del país” y un “pacto político que contribuya a restablecer la confianza necesaria para la celebración de un proceso electoral libre, transparente y democrático”.
La mayor expresión de la indignación y reclamo de respeto a los derechos políticos lo constituyó el “Trabucazo” en la Plaza de la Bandera, por donde desfilaron durante 12 horas decenas de miles de personas, con participación de relevantes artistas y comunicadores, en lo que puede ser la mayor manifestación política de la historia nacional, tras diez días de concentraciones y marchas en múltiples ciudades del país y de las naciones que concentran emigrantes dominicanos. Los cacerolazos y otras expresiones de protesta proliferaron hasta en los restaurantes de clases altas, decretando una mayúscula insatisfacción impactante en el proceso electoral.
Ya en noviembre fue publicado un “Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral”, suscrito por decenas de entidades y personalidades religiosas, académicas y sociales y personalidades, y en enero la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una pastoral con fuertes reclamos para la libre elección.
Oportunidad desperdiciada
Con tan amplio consenso nacional hubo quienes creyeron que el presidente Danilo Medina aprovecharía su comparecencia anual ante el Congreso Nacional para ofrecer alguna repuesta que contribuyera a superar lo que se considera una grave crisis política e institucional y a restablecer la confianza en las instituciones. Pero creyó suficiente expresar su coincidencia con el clamor, especialmente de los jóvenes, para que se investiguen las causas del colapso electoral.
El mandatario ignoró las propuestas de pacto político y social, de los partidos y de tant diversos sectores, que lo incluyen por su condición de jefe del Estado y de director de la campaña electoral de su partido, hasta el punto de haber proclamado públicamente “yo voy a ganar las elecciones” y luego que no hay forma de que las pierdan.
Mientras trascendió que hasta ayer no había fructificado una gestión emprendida a comienzo de semana por dirigentes del CONEP para constituir una comisión mediadora que promovería el pacto político-social propuesto por diversos sectores. Desde la oposición política se reclama que sea plural o diversa, mientras desde el poder se inclinan por personalidades moderadas, incluyendo al retirado exrector Agripino Núñez Collado, cuestionado por haber aceptado presidir la comisión que investigó el contrato de las plantas de carbón del actual gobierno siendo del consejo directivo de una de las empresas ejecutoras de la polémica obra.
Riesgos de complicaciones
Por todos los sectores se expanden los temores de que en el actual clima de incertidumbre y desconfianzas, la cita electoral dentro de dos semanas agrave la crisis político-institucional y repercuta sobre la estabilidad económica y social. Más aún en momentos de graves dificultades para el turismo, la mayor actividad económica nacional, derivadas de la expansión del coronavirus, que está provocando drástica reducción de viajes y hasta suspensión de eventos internacionales.
Las encuestas publicadas en lo que va del año, incluyendo las dos más acreditadas durante décadas en el país, han arrojado consistente y amplia ventaja al principal partido de oposición, el PRM. Fuentes de crédito testimonian que una “encuesta jumbo”, con 5 mil entrevistas, auspiciada por las máximas organizaciones empresariales le otorgó 49% de preferencias al candidadoperremeísta Luis Abinader, y avasallante ventaja a su partido en las mayores provincias y municipios, anyes del colapso electoral.
Persiste preocupación por el silencio del partido de gobierno y que buscaría retrasar acuerdos para ver si pueden provocar otro aplazamiento de las elecciones municipales, y hasta la reunificación con las presidenciales y congresuales de mayo, como se planteó cuando Danilo Medina capituló en su empeño por reformar la Constitución para aspirar a otro período de gobierno. Requeriría la reforma constitucional y se adelantaba que incluiría rehabilitar a Medina para que volviera a postularse a partir del 2024, por lo que cayó en el vacío.
Un discurso de autocomplacencia
El discurso del 27 de febrero en la última presentación de memoria anual del presidente Danilo Medina ha sido definido como de una especie de “canto a mí mismo”, donde el mandatario magnificó los aspectos que se le reconocen a su gestión gubernamental, como la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, la inversión en escuelas y alimentación escolar, más atención a las pequeñas empresas y al crédito agrícola.
No fue la memoria del 2019, sino de sus 7 años y medio de gobierno, con múltiples manipulaciones de cifras y sin abordar aspectos medulares, como la quiebra institucional, que doblega el Congreso, la justicia, el Ministerio Público y los ayuntamientos, así como los organismos de control, y el uso de los recursos públicos para afianzar un enorme entramado de dominación social y de la comunicación.
Otros déficits de la pieza oratoria fueron el de la corrupción y la impunidad que agobian al país y se inscriben en los mayores escalones de las mediciones internacionales, y el deterioro persistente de los servicios, incluyendo la calidad de la salud, de la seguridad social, la seguridad pública y hasta de la calidad de la educación pese a la inversión del 4% del PIB en ese sector. Tampoco se refirió el mandatario a los déficits fiscales consecutivos y al consiguiente endeudamiento que duplicó la deuda pública en su período.
El incremento del empleo, hasta reducir el desempleo a un 6%, cuando en España es 14 y en Francia 9%, y la reducción de la pobreza fueron sobredimensionados, y en esto último se ignoró el aporte de las remesas de la diáspora dominicana que sólo en el 2019 envió al país 7 mil 87 millones de dólares, a la tasa actual 375 mil 611 millones de pesos, que promedian 35 mil 714 pesos por cada uno de los 10.5 millones de habitantes. Se apropió hasta de las inversiones privadas en la producción agropecuaria y en energía limpia, cuando él construyó la mayor planta, pero de carbón, que en 7 años y medio todavía ni genera plenamente ni ha reducido las tarifas, como se prometió.-
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.
Análisis Noticiosos
Santo Domingo está entre los destinos para viajar en 2026, según la BBC de Londres
Santo Domingo figura entre los destinos recomendados para viajar en el año 2026, de acuerdo con una selección especial de BBC Travel, que destaca destinos mundiales con capacidad para de ofrecer experiencias mientras promueven el turismo sostenible y la preservación del patrimonio cultural.
La capital dominicana aparece en una lista que incluye 11 destinos internacionales, cinco de ellos ubicados en América Latina, elegidos a partir de recomendaciones de periodistas de la BBC, expertos en viajes y autoridades globales en turismo responsable.
El criterio central fue identificar lugares que reciben al visitante con entusiasmo y donde el impacto del turismo sea positivo y duradero.
Según la BBC, 2026 será un año clave para Santo Domingo, ya que la ciudad albergará los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto, en el marco del centenario de la competencia. Este evento reunirá a atletas de 37 países y ha impulsado una serie de mejoras urbanas y deportivas en la capital.
Asimismo, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fue modernizado, incorporando infraestructura inclusiva como senderos de pavimentación táctil para personas con discapacidad visual.
La BBC subraya que Santo Domingo ofrece mucho más que historia. La ciudad es el epicentro del merengue y la bachata, ritmos que marcan el pulso de celebraciones como el Carnaval de febrero y el Festival del Merengue.
En 2026, además, regresan grandes citas musicales como el Isle of Light, en marzo, y el Presidente Festival, que vuelve tras una pausa de una década como uno de los eventos musicales más emblemáticos de América Latina.
Puerta al ecoturismo del Caribe
BBC Travel también resalta la conexión de Santo Domingo con Samaná, conocida por sus calas, selvas tropicales y aguas turquesas. El hotel Ocama, por ejemplo, ofrece traslados en helicóptero desde la capital hacia esta región, facilitando el acceso a uno de los destinos naturales más atractivos del país.
Otros destinos citados por la BBC, según el orden alfabético
- Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
- Costa de Oregón, Estados Unidos
- Costa Rica
- Guimarães, Portugal
- Islas Hébridas, Escocia
- Ishikawa, Japón
- Loreto, Baja California Sur, México
- Montenegro
- Uruguay
- Valle de Colchagua, Chile