Análisis Noticiosos
El presidente y su partido evaden discutir las garantías electorales
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Todo parece indicar que el presidente Danilo Medina está evadiendo el reclamo de equidad democrática y transparencia en las elecciones generales que alcanzó dimensiones históricas al expresarse masivamente y por todos los medios y sectores nacionales, mientras su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados guardan un espeso silencio.
Un intento de mediación protagonizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) no acaba de rendir frutos por las dificultades en integrar una comisión de notables que facilite un diálogo político de alto nivel, mientras las aplazadas elecciones municipales están a dos semanas y se cree que los oficialistas buscarían otra dilación.
Prevalece la desconfianza
A dos semanas de la nueva fecha para celebrar las elecciones municipales frustradas el 16 de febrero prevalece la desconfianza entre los actores políticos, sin que se haya ofrecido la menor explicación de si fueron errores humanos o manipulación criminal lo que impidió la votación, con el agravamiento de que no se espera que las investigaciones solicitadas a la Organización de Estados Americanos concluya antes.
Sigue extrañando que la Junta Central Electoral no haya emitido un comunicado formal con las explicaciones de sus técnicos sobre lo ocurrido en el sistema de voto automatizado, indicando lo que impidió su operación, o por lo menos lo que presumen que pudo haber ocurrido. Si fue por deficiencias humanas o del diseño, lo que contradicen las múltiples pruebas previas, debieron ser comprobadas y admitidas para reducir la desconfianza derivada y evitar que se generalizara la convicción de que se trató de un asalto criminal como denunciaron los opositores al enterarse del colapso en víspera de la votación, o del sabotaje que denunciaron el PLD y sus aliados la tarde de la frustración y que la Procuraduría General asumió con un “sainete de investigación”, detenido luego por disposición presidencial.
El discurso del 27 de febrero en la última presentación de memoria anual del presidente Danilo Medina ha sido definido como de una especie de “canto a mí mismo”, donde el mandatario magnificó los aspectos que se le reconocen a su gestión gubernamental, como la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, la inversión en escuelas y alimentación escolar, más atención a las pequeñas empresas y al crédito agrícola
La investigación solicitada a la OEA no ha comenzado formalmente y se descarta que puedan concluir antes de la nueva cita electoral del 15 de marzo, lo que justifica más el clamor nacional por un pacto político social que reste presión a la JCE y genere confianza, sobre todo en los partidos de oposición que han denunciado reiteradas veces que el PLD y su gobierno violentan la equidad democrática preconizada en la Constitución y las leyes.
Semana de definiciones
Esta semana comenzó con una marcha multitudinaria de 13 partidos opositores que tras responsabilizar al PLD y su gobierno de lo que consideran fue un asalto a las elecciones, que afecta la estabilidad de la nación,enarbolaron un pliego de diez garantías de equidad y transparencia. Fue seguido por el comunicado de casi un centenar de asociaciones empresariales con enérgica condena al colapso electoral y reclamo de sanciones, y formulando un “llamado al liderazgo político nacional para que, con la madurez que ameritan las circunstancias suscriban un gran acuerdo que recoja los compromisos necesarios para que se respete el voto y así garantizar la plena democracia”.
Al día siguiente la Fundación Institucionalidad y Justicia, entidad del empresariado con treinta años de lucha por el fortalecimiento democrático, fue específica al pedir energía “para eliminar la inequidad por el uso de recursos estatales para promover candidaturas”, perseguir y condenar todos los delitos electorales, especialmente la compra de votos,integrar la Procuraduría Especial para estos fines, en consulta con los partidos, y que los órganos públicos se manejen con moderación, razonabilidad y ponderación.
El pleno del Consejo Económico Social, un órgano estatal de participación social, sorprendió cuando formuló “un llamado a las autoridades responsables a preservar la estabilidad política, social, económica e institucional del país” y un “pacto político que contribuya a restablecer la confianza necesaria para la celebración de un proceso electoral libre, transparente y democrático”.
La mayor expresión de la indignación y reclamo de respeto a los derechos políticos lo constituyó el “Trabucazo” en la Plaza de la Bandera, por donde desfilaron durante 12 horas decenas de miles de personas, con participación de relevantes artistas y comunicadores, en lo que puede ser la mayor manifestación política de la historia nacional, tras diez días de concentraciones y marchas en múltiples ciudades del país y de las naciones que concentran emigrantes dominicanos. Los cacerolazos y otras expresiones de protesta proliferaron hasta en los restaurantes de clases altas, decretando una mayúscula insatisfacción impactante en el proceso electoral.
Ya en noviembre fue publicado un “Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral”, suscrito por decenas de entidades y personalidades religiosas, académicas y sociales y personalidades, y en enero la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una pastoral con fuertes reclamos para la libre elección.
Oportunidad desperdiciada
Con tan amplio consenso nacional hubo quienes creyeron que el presidente Danilo Medina aprovecharía su comparecencia anual ante el Congreso Nacional para ofrecer alguna repuesta que contribuyera a superar lo que se considera una grave crisis política e institucional y a restablecer la confianza en las instituciones. Pero creyó suficiente expresar su coincidencia con el clamor, especialmente de los jóvenes, para que se investiguen las causas del colapso electoral.
El mandatario ignoró las propuestas de pacto político y social, de los partidos y de tant diversos sectores, que lo incluyen por su condición de jefe del Estado y de director de la campaña electoral de su partido, hasta el punto de haber proclamado públicamente “yo voy a ganar las elecciones” y luego que no hay forma de que las pierdan.
Mientras trascendió que hasta ayer no había fructificado una gestión emprendida a comienzo de semana por dirigentes del CONEP para constituir una comisión mediadora que promovería el pacto político-social propuesto por diversos sectores. Desde la oposición política se reclama que sea plural o diversa, mientras desde el poder se inclinan por personalidades moderadas, incluyendo al retirado exrector Agripino Núñez Collado, cuestionado por haber aceptado presidir la comisión que investigó el contrato de las plantas de carbón del actual gobierno siendo del consejo directivo de una de las empresas ejecutoras de la polémica obra.
Riesgos de complicaciones
Por todos los sectores se expanden los temores de que en el actual clima de incertidumbre y desconfianzas, la cita electoral dentro de dos semanas agrave la crisis político-institucional y repercuta sobre la estabilidad económica y social. Más aún en momentos de graves dificultades para el turismo, la mayor actividad económica nacional, derivadas de la expansión del coronavirus, que está provocando drástica reducción de viajes y hasta suspensión de eventos internacionales.
Las encuestas publicadas en lo que va del año, incluyendo las dos más acreditadas durante décadas en el país, han arrojado consistente y amplia ventaja al principal partido de oposición, el PRM. Fuentes de crédito testimonian que una “encuesta jumbo”, con 5 mil entrevistas, auspiciada por las máximas organizaciones empresariales le otorgó 49% de preferencias al candidadoperremeísta Luis Abinader, y avasallante ventaja a su partido en las mayores provincias y municipios, anyes del colapso electoral.
Persiste preocupación por el silencio del partido de gobierno y que buscaría retrasar acuerdos para ver si pueden provocar otro aplazamiento de las elecciones municipales, y hasta la reunificación con las presidenciales y congresuales de mayo, como se planteó cuando Danilo Medina capituló en su empeño por reformar la Constitución para aspirar a otro período de gobierno. Requeriría la reforma constitucional y se adelantaba que incluiría rehabilitar a Medina para que volviera a postularse a partir del 2024, por lo que cayó en el vacío.
Un discurso de autocomplacencia
El discurso del 27 de febrero en la última presentación de memoria anual del presidente Danilo Medina ha sido definido como de una especie de “canto a mí mismo”, donde el mandatario magnificó los aspectos que se le reconocen a su gestión gubernamental, como la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, la inversión en escuelas y alimentación escolar, más atención a las pequeñas empresas y al crédito agrícola.
No fue la memoria del 2019, sino de sus 7 años y medio de gobierno, con múltiples manipulaciones de cifras y sin abordar aspectos medulares, como la quiebra institucional, que doblega el Congreso, la justicia, el Ministerio Público y los ayuntamientos, así como los organismos de control, y el uso de los recursos públicos para afianzar un enorme entramado de dominación social y de la comunicación.
Otros déficits de la pieza oratoria fueron el de la corrupción y la impunidad que agobian al país y se inscriben en los mayores escalones de las mediciones internacionales, y el deterioro persistente de los servicios, incluyendo la calidad de la salud, de la seguridad social, la seguridad pública y hasta de la calidad de la educación pese a la inversión del 4% del PIB en ese sector. Tampoco se refirió el mandatario a los déficits fiscales consecutivos y al consiguiente endeudamiento que duplicó la deuda pública en su período.
El incremento del empleo, hasta reducir el desempleo a un 6%, cuando en España es 14 y en Francia 9%, y la reducción de la pobreza fueron sobredimensionados, y en esto último se ignoró el aporte de las remesas de la diáspora dominicana que sólo en el 2019 envió al país 7 mil 87 millones de dólares, a la tasa actual 375 mil 611 millones de pesos, que promedian 35 mil 714 pesos por cada uno de los 10.5 millones de habitantes. Se apropió hasta de las inversiones privadas en la producción agropecuaria y en energía limpia, cuando él construyó la mayor planta, pero de carbón, que en 7 años y medio todavía ni genera plenamente ni ha reducido las tarifas, como se prometió.-
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.