Opinión
¿Qué pasa y qué hacer en un periodo de tanta indignación popular y juvenil?
Por Narciso Isa Conde
La República Dominicana entró a partir de enero del 2017 en un periodo de conversión del descontento acumulado en movilizaciones y luchas sociales ascendentes.
A lo largo de estos tres años irrumpió primero el movimiento Marcha Verde como confluencia de una enorme diversidad político-social indignada por la dimensión insoportable de la corrupción estatal impune (convertida en sistema) y su contribución al deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores del pueblo llano y capas medias de la sociedad.
Diversas e intensas protestas ambientales, comunitarias, barriales, campesinas, femeninas…precedieron esa primera gran oleada verde y confluyeron con ella.
Luego, recientemente, se ha expresado la indignación callejera de la juventud vestida de negro frente al golpe electoral electrónico auspiciado por el gobierno corrupto contra unas votaciones municipales que le serían muy adversas. La rebeldía juvenil de mayor dimensión registrada en la historia reciente.
Una mezcla de espontaneidad, conciencia política y reacción contra el sistema tradicional de partidos y la institucionalidad corrompida y corruptora, acumulada en los últimos 55 años, se ha expresado en ambas irrupciones masivas.
Estas dos cadenas de protestas pacíficas no han estado libres de ciertas manipulaciones instrumentadas por corrientes conservadoras (oposición de derecha, USAID, ONGs e izquierdas derechizadas), en procura de contener su potencial radicalidad.
En ambos casos sectores de capas medias jugaron el rol detonante. Pero muy pronto concurrió hacia ellos la indignación propiamente popular.
Sin embargo, los déficits en los procesos de conformación de una coordinación con visión transformadora y proyección estratégica, y la gravitación en su seno de redes sociales y corrientes proclives a potenciar tendencias y ambiciones electoralistas, han procurado y procuran –en constante disputa con las posiciones avanzadas- aprovechar ambos fenómenos políticos sociales a favor de posiciones antigubernamentales conservadoras, logrando retardar o frenar su necesaria profundización.
- CRISIS MÁS CRISIS.
Hay que destacar, que el publicitado crecimiento de la economía (difundido profusamente a escala nacional e internacional) -exhibiendo a la vez desigualdades sociales ascendentes, penurias e inseguridades sociales estremecedoras, sobre-explotación, corrupción e impunidad in-contenidas- se ha tornado cada vez más cuestionable, frágil y riesgoso para quienes hoy detentan el poder.
Este modelo de crecimiento, -basado en endeudamiento externo, lavado de dinero y turismo- registra ya niveles astronómicos en deuda externa (54 % de PBI y pago de servicios que comprometen más del 40% del presupuesto anual de la Nación), un elevado déficit fiscal y una voluminosa y explosiva deuda social.
Igual podrían vaticinarse riesgos similares –y aun mayores- respecto a la inestabilidad política que asechará a quienes en breve meses podrían relevarlos sin impulsar cambios estructurales.
Son previsibles, en consecuencia, nuevas oleadas de protestas a no muy largo plazo, dado que sus causas y raíces habrán de trascender la presente coyuntura electoral, en tanto el cambio posible por esa vía sería solo de caras, no de modelo ni de sistema institucional.
Este proceso en oleadas es propio del impacto de dos crisis crónicas superpuestas:
- La del modelo de régimen político-institucional, colonizado y corrupto, impuesto por la invasión militar estadounidense de 1965, que derogó la Constitución de 1963 e impidió el restablecimiento del gobierno democrático-reformador (presidido por Juan Bosch), primero; y, luego, bloqueó el Gobierno del Pueblo en Armas, presidido por el coronel Caamaño
- La del modelo de recolonización neoliberal impuesto en la década de los 80, ahora en decadencia en todo el Continente; decadencia acelerada por la multi-crisis global del sistema capitalista.
Estas crisis combinadas y la emergencia de la indignación popular convertida en oleadas de protestas recurrentes, abren la posibilidad en nuestro país de ponerle fin a un ciclo político perverso que ha durado algo más de medio siglo, generando numerosas calamidades sociales.
Ese ciclo fue iniciado por el llamado régimen de los doce años de Balaguer en 1966, seguido por los gobiernos corruptos y entreguistas del PRD (1978-86), retomado por diez años mas por el propio Balaguer (1986-94) y continuado por 20 años de gestión peledeísta (Gobiernos de Leonel Fernandez y DaniloMedina) en contubernio con todo lo conservador, con un breve intervalo de 4 años bajo el gobierno de Hipólito-PRD (2000-2004).
El mismo fue degradado en mayor escala por el impacto de las restructuración neoliberal del capitalismo a escala mundial.
La tendencia al agotamiento de ambos productos contrarrevolucionarios, tutelado por EEUU, es más que evidente y explica la creciente insumisión popular-juvenil y de capas medias, como también el aferramiento de las derechas gubernamentales y opositoras a la institucionalidad derivada de la Constitución del 1966, renovada y modernizada por la 2010; como también explica el agresivo endurecimiento del intervencionismo gringo a cargo de Trump, Pompeo, Almagro, su OEA, Comando Sur, CÍA y USAID.
- AUN EN CRISIS E IMPUGNADO MASIVAMENTE, EL PODER CONSTITUIDO SE MANTIENE.
Es preciso tener muy presente:
-Que a pesar de estos tres años de luchas estelares y movilizaciones multitudinarias -centradas en procurar el fin de la impunidad, la corrupción, la trampa electoral, la antidemocracia y el abuso de poder- la dictadura constitucional controlada por mafias políticas, militares policiales y empresariales- ha logrado bloquear esas meta y reproducir sus prácticas, agravando los males que aquejan la Nación.
-Que al mismo tiempo revisten importancia los logros alcanzados por Marcha Verde y por la INDIGNACIÓN JUVENIL, en cuanto a conciencia, creatividad y capacidad combativa de una parte significativa de la sociedad.
-Que las denuncias y acciones de repudio al gobierno y al Estado han sido respondidas con farsas judiciales y simulacros investigación; mientras sigue creciendo el repudio popular, disminuye significativamente la capacidad de convocatoria de un sistema de partidos inmerso en el pantano de la corrupción y se dispara su ilegitimidad y la de las instituciones que controla.
Así las cosas, la corrupción que embarra gobierno e instituciones no cesa de manifestarse en forma ascendente y descarada: desangrando fondos estatales, depredando el patrimonio nacional y disponiendo de dinero en medio del curso forzado de la farsa electoral del 2020.
Sus principales protagonistas están montados sobre montañas de privilegios escandalosos, nuevas asignaciones ilegales, estafas y sobornos; y, para colmo, usando narco-conexiones para competir entre sí, como ha acontecido recientemente con el liderazgo político tradicional de los últimos 22 años.
En adición a ese cuadro degradante, impugnado por amplios sectores de la sociedad, las cúpulas del gobierno turno y de los partidos tradicionales, no solo siguen siendo protagonistas y beneficiarias de un poder corrupto y corruptor, sino también entes subordinados a los designios de EEUU, tanto en política exterior como en cuanto a su voracidad respecto al patrimonio natural de la isla.
El coloniaje ha tenido aquí en estos días una expresión grotesca, precisamente en un país como el nuestro, víctima de la intervención militar estadounidense en 1916 y 1965: ambos polos electorales, el oficialista y el opositor, se han alineado junto a Trump contra Venezuela soberana, en abierto respaldo a la formula Guaido-golpe-invasión y a las perversidades de la OEA.
Esta cada vez más claro que la institucionalidad vigente, especialmente sus detentadores desde el sistema de partidos y sus socios en el empresariado privado, no tiene de otra que aferrarse a la reproducción de unas elecciones excluyentes y estructuralmente fraudulentas que les garanticen continuidad a unos o el relevo en la administración del poder constituido a los otros; estos últimos cada vez más favorecidos por el voto castigo contra el PLD-Gobierno.
La reciente manipulación y los pactos espurios respecto a una ley de partidos y una ley electoral mostrencas, que además violan e interpretan a su manera, ha reforzado el oligopolio electoral, imponiéndole a la sociedad solo dos opciones de las derechas corruptas y subordinadas a EEUU; la opositora, por cierto ahora con mucho más probabilidades de acceso al gobierno y más contaminada con la división del PLD y el paso de la facción del ex–presidente Leonel Fernández a uno de los bloques enfrentados al gobierno en decadencia.
El racismo anti-haitiano de corte fascista, que no es igual a preocupación genuina por el tema migratorio ni al respeto mutuo de la línea fronteriza y las identidades nacionales dominicana y haitiana, está siendo febrilmente utilizado como arma de chantaje y recurso de derechización de esa espuria competencia electoral y, peor aún, como instrumento para conformar una corriente política, que si por inacción de la contrapartida logra convertirse en fuerza masiva, podría generar situaciones trágicas.
Así las cosas, nada sugiere que lo electoral en el 2020 será mejor que en el 2016 y procesos tramposos anteriores. Todo lo contrario: la situación, en cuanto a la esencia del poder constituido, ha cambiado para peor. Su prologo ya ha contado con dos episodios fraudulentos, primero en las primarias del PLD realizadas el 6 de octubre del 2019 y a continuación en las municipales del pasado 16 de febrero del 2020.
Los factores nuevos y esperanzadores siguen siendo el enorme poder de convocatoria, prestigio, fuerza atractiva y unificadora desplegadas sucesivamente por el movimiento verde y por la juventud indignada vestida de negro, y la emergencia concomitante de los movimientos sociales en lucha, con su capacidad para protestar y demandar, paralizar amplias áreas del país y aplicar diversas modalidades de presión y desobediencia civil.
- SUGERENCIAS PARA ESTE NUEVO PERIODO.
- Preservar la independencia y autonomía de los movimientos sociales y políticos-sociales respecto al Estado, partidos (oficialistas y opositores) y cúpulas empresariales, lo que garantiza su unidad en la diversidad y su crecimiento.
- Relanzar oportunamente su accionar con nuevos bríos y renovadas energías, activando todas sus potencialidades.
- Intensificar y coordinar las protestas sociales junto a la nueva rebeldía de la juventud combinándolas con paros de actividades y nuevas modalidades de desobediencia civil; incluida la determinación de hacerle la vida imposible a los corruptos aquí y en el exterior, acciones de exigencia de destitución de la JCE y sus suplentes, y dimisión del Presidente Medina como jefe actual de la corrupción estatal y los fraudes electorales en boga.
Todo esto poniendo énfasis en los reclamos del fin de la corrupción, la impunidad, las trampas electorales, la condena al golpe electoral reciente y la sanción de sus responsables (asumiendo todos los casos pendientes y en curso: ODEBRECHT, CEA, OISOE, TUCANOS, OMSA, TRES BRAZOS, DIANDINO, JCE… y haciendo suya todas las luchas justas y todas las demandas movilizadoras: rebaja de los combustibles, salarios dignos, defensa de las cordilleras del país y de las fuentes de agua frente a la minería destructiva y la depredación voraz; alto a los feminicidios y defensa de los derechos de la mujer (incluidas las tres causales en cuanto al aborto terapéutico); salud para todos/as y eliminación de las ARS y AFP privadas; seguridad ciudadana.
- Fortalecer las Izquierdas del Cambio Radical (IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, MANDO y todas las corrientes y movimientos políticos y organizaciones sociales transformadores), que ha asumido y puedan asumir en lo adelante la necesidad de un PROCESO CONSTITUYENTE, mediante el cual el pueblo movilizado ejerza su soberanía, asuma el rol de Poder Constituyente, desmonte el Poder Constituido y sus instituciones y establezca un Gobierno Provisional que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que elabore una nueva Constitución y organice una elecciones libres y confiables.
- E) Comprometernos, en fin, a sostener estos propósitos y estas dinámicas más allá de esta coyuntura electoral, dotando la avalancha popular de una propuesta político-social que le de trascendencia y poder para romper el bloqueo institucional y para convertirse en fuerza unitaria alternativa.
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.