Opinión
¿Qué pasa y qué hacer en un periodo de tanta indignación popular y juvenil?
Por Narciso Isa Conde
La República Dominicana entró a partir de enero del 2017 en un periodo de conversión del descontento acumulado en movilizaciones y luchas sociales ascendentes.
A lo largo de estos tres años irrumpió primero el movimiento Marcha Verde como confluencia de una enorme diversidad político-social indignada por la dimensión insoportable de la corrupción estatal impune (convertida en sistema) y su contribución al deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores del pueblo llano y capas medias de la sociedad.
Diversas e intensas protestas ambientales, comunitarias, barriales, campesinas, femeninas…precedieron esa primera gran oleada verde y confluyeron con ella.
Luego, recientemente, se ha expresado la indignación callejera de la juventud vestida de negro frente al golpe electoral electrónico auspiciado por el gobierno corrupto contra unas votaciones municipales que le serían muy adversas. La rebeldía juvenil de mayor dimensión registrada en la historia reciente.
Una mezcla de espontaneidad, conciencia política y reacción contra el sistema tradicional de partidos y la institucionalidad corrompida y corruptora, acumulada en los últimos 55 años, se ha expresado en ambas irrupciones masivas.
Estas dos cadenas de protestas pacíficas no han estado libres de ciertas manipulaciones instrumentadas por corrientes conservadoras (oposición de derecha, USAID, ONGs e izquierdas derechizadas), en procura de contener su potencial radicalidad.
En ambos casos sectores de capas medias jugaron el rol detonante. Pero muy pronto concurrió hacia ellos la indignación propiamente popular.
Sin embargo, los déficits en los procesos de conformación de una coordinación con visión transformadora y proyección estratégica, y la gravitación en su seno de redes sociales y corrientes proclives a potenciar tendencias y ambiciones electoralistas, han procurado y procuran –en constante disputa con las posiciones avanzadas- aprovechar ambos fenómenos políticos sociales a favor de posiciones antigubernamentales conservadoras, logrando retardar o frenar su necesaria profundización.
- CRISIS MÁS CRISIS.
Hay que destacar, que el publicitado crecimiento de la economía (difundido profusamente a escala nacional e internacional) -exhibiendo a la vez desigualdades sociales ascendentes, penurias e inseguridades sociales estremecedoras, sobre-explotación, corrupción e impunidad in-contenidas- se ha tornado cada vez más cuestionable, frágil y riesgoso para quienes hoy detentan el poder.
Este modelo de crecimiento, -basado en endeudamiento externo, lavado de dinero y turismo- registra ya niveles astronómicos en deuda externa (54 % de PBI y pago de servicios que comprometen más del 40% del presupuesto anual de la Nación), un elevado déficit fiscal y una voluminosa y explosiva deuda social.
Igual podrían vaticinarse riesgos similares –y aun mayores- respecto a la inestabilidad política que asechará a quienes en breve meses podrían relevarlos sin impulsar cambios estructurales.
Son previsibles, en consecuencia, nuevas oleadas de protestas a no muy largo plazo, dado que sus causas y raíces habrán de trascender la presente coyuntura electoral, en tanto el cambio posible por esa vía sería solo de caras, no de modelo ni de sistema institucional.
Este proceso en oleadas es propio del impacto de dos crisis crónicas superpuestas:
- La del modelo de régimen político-institucional, colonizado y corrupto, impuesto por la invasión militar estadounidense de 1965, que derogó la Constitución de 1963 e impidió el restablecimiento del gobierno democrático-reformador (presidido por Juan Bosch), primero; y, luego, bloqueó el Gobierno del Pueblo en Armas, presidido por el coronel Caamaño
- La del modelo de recolonización neoliberal impuesto en la década de los 80, ahora en decadencia en todo el Continente; decadencia acelerada por la multi-crisis global del sistema capitalista.
Estas crisis combinadas y la emergencia de la indignación popular convertida en oleadas de protestas recurrentes, abren la posibilidad en nuestro país de ponerle fin a un ciclo político perverso que ha durado algo más de medio siglo, generando numerosas calamidades sociales.
Ese ciclo fue iniciado por el llamado régimen de los doce años de Balaguer en 1966, seguido por los gobiernos corruptos y entreguistas del PRD (1978-86), retomado por diez años mas por el propio Balaguer (1986-94) y continuado por 20 años de gestión peledeísta (Gobiernos de Leonel Fernandez y DaniloMedina) en contubernio con todo lo conservador, con un breve intervalo de 4 años bajo el gobierno de Hipólito-PRD (2000-2004).
El mismo fue degradado en mayor escala por el impacto de las restructuración neoliberal del capitalismo a escala mundial.
La tendencia al agotamiento de ambos productos contrarrevolucionarios, tutelado por EEUU, es más que evidente y explica la creciente insumisión popular-juvenil y de capas medias, como también el aferramiento de las derechas gubernamentales y opositoras a la institucionalidad derivada de la Constitución del 1966, renovada y modernizada por la 2010; como también explica el agresivo endurecimiento del intervencionismo gringo a cargo de Trump, Pompeo, Almagro, su OEA, Comando Sur, CÍA y USAID.
- AUN EN CRISIS E IMPUGNADO MASIVAMENTE, EL PODER CONSTITUIDO SE MANTIENE.
Es preciso tener muy presente:
-Que a pesar de estos tres años de luchas estelares y movilizaciones multitudinarias -centradas en procurar el fin de la impunidad, la corrupción, la trampa electoral, la antidemocracia y el abuso de poder- la dictadura constitucional controlada por mafias políticas, militares policiales y empresariales- ha logrado bloquear esas meta y reproducir sus prácticas, agravando los males que aquejan la Nación.
-Que al mismo tiempo revisten importancia los logros alcanzados por Marcha Verde y por la INDIGNACIÓN JUVENIL, en cuanto a conciencia, creatividad y capacidad combativa de una parte significativa de la sociedad.
-Que las denuncias y acciones de repudio al gobierno y al Estado han sido respondidas con farsas judiciales y simulacros investigación; mientras sigue creciendo el repudio popular, disminuye significativamente la capacidad de convocatoria de un sistema de partidos inmerso en el pantano de la corrupción y se dispara su ilegitimidad y la de las instituciones que controla.
Así las cosas, la corrupción que embarra gobierno e instituciones no cesa de manifestarse en forma ascendente y descarada: desangrando fondos estatales, depredando el patrimonio nacional y disponiendo de dinero en medio del curso forzado de la farsa electoral del 2020.
Sus principales protagonistas están montados sobre montañas de privilegios escandalosos, nuevas asignaciones ilegales, estafas y sobornos; y, para colmo, usando narco-conexiones para competir entre sí, como ha acontecido recientemente con el liderazgo político tradicional de los últimos 22 años.
En adición a ese cuadro degradante, impugnado por amplios sectores de la sociedad, las cúpulas del gobierno turno y de los partidos tradicionales, no solo siguen siendo protagonistas y beneficiarias de un poder corrupto y corruptor, sino también entes subordinados a los designios de EEUU, tanto en política exterior como en cuanto a su voracidad respecto al patrimonio natural de la isla.
El coloniaje ha tenido aquí en estos días una expresión grotesca, precisamente en un país como el nuestro, víctima de la intervención militar estadounidense en 1916 y 1965: ambos polos electorales, el oficialista y el opositor, se han alineado junto a Trump contra Venezuela soberana, en abierto respaldo a la formula Guaido-golpe-invasión y a las perversidades de la OEA.
Esta cada vez más claro que la institucionalidad vigente, especialmente sus detentadores desde el sistema de partidos y sus socios en el empresariado privado, no tiene de otra que aferrarse a la reproducción de unas elecciones excluyentes y estructuralmente fraudulentas que les garanticen continuidad a unos o el relevo en la administración del poder constituido a los otros; estos últimos cada vez más favorecidos por el voto castigo contra el PLD-Gobierno.
La reciente manipulación y los pactos espurios respecto a una ley de partidos y una ley electoral mostrencas, que además violan e interpretan a su manera, ha reforzado el oligopolio electoral, imponiéndole a la sociedad solo dos opciones de las derechas corruptas y subordinadas a EEUU; la opositora, por cierto ahora con mucho más probabilidades de acceso al gobierno y más contaminada con la división del PLD y el paso de la facción del ex–presidente Leonel Fernández a uno de los bloques enfrentados al gobierno en decadencia.
El racismo anti-haitiano de corte fascista, que no es igual a preocupación genuina por el tema migratorio ni al respeto mutuo de la línea fronteriza y las identidades nacionales dominicana y haitiana, está siendo febrilmente utilizado como arma de chantaje y recurso de derechización de esa espuria competencia electoral y, peor aún, como instrumento para conformar una corriente política, que si por inacción de la contrapartida logra convertirse en fuerza masiva, podría generar situaciones trágicas.
Así las cosas, nada sugiere que lo electoral en el 2020 será mejor que en el 2016 y procesos tramposos anteriores. Todo lo contrario: la situación, en cuanto a la esencia del poder constituido, ha cambiado para peor. Su prologo ya ha contado con dos episodios fraudulentos, primero en las primarias del PLD realizadas el 6 de octubre del 2019 y a continuación en las municipales del pasado 16 de febrero del 2020.
Los factores nuevos y esperanzadores siguen siendo el enorme poder de convocatoria, prestigio, fuerza atractiva y unificadora desplegadas sucesivamente por el movimiento verde y por la juventud indignada vestida de negro, y la emergencia concomitante de los movimientos sociales en lucha, con su capacidad para protestar y demandar, paralizar amplias áreas del país y aplicar diversas modalidades de presión y desobediencia civil.
- SUGERENCIAS PARA ESTE NUEVO PERIODO.
- Preservar la independencia y autonomía de los movimientos sociales y políticos-sociales respecto al Estado, partidos (oficialistas y opositores) y cúpulas empresariales, lo que garantiza su unidad en la diversidad y su crecimiento.
- Relanzar oportunamente su accionar con nuevos bríos y renovadas energías, activando todas sus potencialidades.
- Intensificar y coordinar las protestas sociales junto a la nueva rebeldía de la juventud combinándolas con paros de actividades y nuevas modalidades de desobediencia civil; incluida la determinación de hacerle la vida imposible a los corruptos aquí y en el exterior, acciones de exigencia de destitución de la JCE y sus suplentes, y dimisión del Presidente Medina como jefe actual de la corrupción estatal y los fraudes electorales en boga.
Todo esto poniendo énfasis en los reclamos del fin de la corrupción, la impunidad, las trampas electorales, la condena al golpe electoral reciente y la sanción de sus responsables (asumiendo todos los casos pendientes y en curso: ODEBRECHT, CEA, OISOE, TUCANOS, OMSA, TRES BRAZOS, DIANDINO, JCE… y haciendo suya todas las luchas justas y todas las demandas movilizadoras: rebaja de los combustibles, salarios dignos, defensa de las cordilleras del país y de las fuentes de agua frente a la minería destructiva y la depredación voraz; alto a los feminicidios y defensa de los derechos de la mujer (incluidas las tres causales en cuanto al aborto terapéutico); salud para todos/as y eliminación de las ARS y AFP privadas; seguridad ciudadana.
- Fortalecer las Izquierdas del Cambio Radical (IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, MANDO y todas las corrientes y movimientos políticos y organizaciones sociales transformadores), que ha asumido y puedan asumir en lo adelante la necesidad de un PROCESO CONSTITUYENTE, mediante el cual el pueblo movilizado ejerza su soberanía, asuma el rol de Poder Constituyente, desmonte el Poder Constituido y sus instituciones y establezca un Gobierno Provisional que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que elabore una nueva Constitución y organice una elecciones libres y confiables.
- E) Comprometernos, en fin, a sostener estos propósitos y estas dinámicas más allá de esta coyuntura electoral, dotando la avalancha popular de una propuesta político-social que le de trascendencia y poder para romper el bloqueo institucional y para convertirse en fuerza unitaria alternativa.
Por Rommel Santos Díaz
El crimen organizado en torno al narcotráfico y la corrupción transnacional se ha convertido en un problema de primer orden para la región latinoamericana y del Caribe, aumentando la violencia y el conflicto que se constituyen en un serio obstáculo para el desarrollo y avance de los países de la región.
El rápido empeoramiento de la situación en los últimos años afecta gravemente a varios de los países de la región, constituyendo una amenaza concreta a la democracia y a los derechos humanos de la población latinoamericana y caribeña.
Es de conocimiento general que las organizaciones criminales han extendido sus estructuras y actividades más allá de los límites de cada país de la región, regionalización y globalización, razones por las cuales las respuestas nacionales resultan necesarias pero son insuficientes actualmente.
El carácter transnacional del crimen organizado en el siglo XXI hace imprescindible y perentorio el desarrollo de instrumentos jurídicos de cooperación internacional y de instituciones basadas en la integración regional que actúen complementariamente en apoyo de las fuerzas de seguridad y las justicias nacionales.
Se hace necesario y urgente que los estados nacionales signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios hagan efectivo el compromiso asumido antes sus propios ciudadanos y la comunidad internacional de combatir el crimen transnacional organizado.
Po todas las razones expuestas anteriormente se justifica la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado, de carácter complementario de las justicias nacionales y dedicada a la desarticulación de las cúpulas criminales que incurran en alguno de los delitos previstos por la Convención de Palermo y sus Protocolos.
Los estados de la región deben comprometerse a llevar a cabo todas las acciones posibles para apoyar esta iniciativa, comenzando por la convocatoria a la participación de los gobiernos de la región y por la aprobación de resoluciones parlamentarias de apoyo en cada uno de los países de latinoamérica y el Caribe.
Finalmente, hacer un llamado a los parlamentarios de la República Dominicana, a los fines de que se pronuncien mediante la aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado.
(tercera parte)
Por Oscar López Reyes
Ser homosexual se ramifica como una tragedia personal y familiar torturante, y basta hacer referencia de un niño que le preguntaba a su madre, bajo llanto, ¿por qué salí así?, y la progenitora le respondía en forma salomónica, mientras a los cercanos ella les decía que no podía matar a su hijo. Otro jovencito de esa preferencia convulsionó en mi presencia, y cuando superó esa impactante crisis lo encaminé -sin deseo yo de comer ese día- hasta el especializado Instituto de la Familia, para un tratamiento en dos vertientes.
El tercer drama: El niño que se quejó de su talante, creció y se declaró homosexual, con el sobrenombre de Salvadora; instaló una sastrería, paseó en horas de la noche, a mediados de 1965, por calles del sector Villa Estela de Barahona junto a sus pares Bebejo y Tony, en una exhibición con recepción de aplausos y bufonadas con la lengua.
Los tres fueron los primeros en salir del clóset en esa ciudad. Después que sus dos compañeros de trajinar fallecieron y, cansado del rechazo social, Salvadora se convirtió a evangélico, y decidió vivir en el cementerio. Vecinos y amigos me ratifican que, desde ese momento, abandonó sus conocidas andanzas. Murió en el 2011, y fue sepultado en otro camposanto.
Cuarta tragedia sumatoria: La muerte a puñaladas -por extraviadas pasiones sentimentales y engaños monetarios en “sexo servicio”- de seis miembros de la comunicación, en Santo Domingo y Santiago:
1.- El director, guionista de cine y productor de televisión Jean Luis Jorge, acuchillado mortalmente el 13 de marzo de 2000, en su apartamento.
2.- El relacionista, articulista de diarios y catedrático Víctor Gulías, victimado de 32 puñaladas el 28 de marzo de 2007, en su apartamento.
3.- El productor televisivo Miguel Bretón Mieses (Micky Bretón), ultimado de varias estocadas el 4 de noviembre de 2009, en un motel.
4.- El gerente de ventas de El Nacional, William Cordero Acevedo, encontrado en ropa interior, en un charco de sangre, el 24 de enero de 2012, en su apartamento.
5.- El presentador de noticias Claudio Nasco, fallecido violentamente el 13 de diciembre de 2013, en una cabaña. A propósito de ese asesinato, el diseñador de “Los grandes espectáculos”, Jorge David Pérez (Jorge Diep, finado el 28 de octubre de 2018) reveló en un tribunal que desde que optó seguir a Cristo se retiró de la homosexualidad.
6.- El coreógrafo y maquillista Víctor Daniel Erarte (Vitico), ahorcado con saña el 30 de octubre de 2022, en su residencia de Santiago.
Cual que sea la clasificación de la comunidad LGBTQI+: Lesbiana, Gais, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual o Pansexual, o tratase de una raíz epigenética o la predilección de género o identidad, ese engendro se empotra con barullo en el individuo, lo domina en la absoluta perdición y lo rinde en sus deseos sin límites, acatando la voluntad del atraído, en una triste y alarmante vulnerabilidad lujuriosa.
Ese desenfreno -fogoso y anárquico – sin techo en su accionar particular y comunitario, que arruina la moral pública, echa sus pétalos en el cerebro y, conforme a investigaciones científicas, abruma en variadas estructurales del hipotálamo vinculadas con el sexo biológico y la orientación sexual. Estas matizan que el tamaño y el número de células de núcleos hipotalámicos son desiguales entre hombres homosexuales y heterosexuales.
Según esos estudios, la diferenciación hipotalámica posnacimiento (“desarrollo biológico en el que las células madres se convierten en neuronas para regular el sueño, el hambre, la sed, la temperatura y el equilibrio hormonal” en unión de componentes ambientales y psicosociales pueden tener una profunda influencia en la determinación sexual del cerebro. Y puntualizan que, en una muestra de cerebros de hombres homosexuales, se localiza una zona del hipotálamo, llamada Núcleo Supraquiasmático (NSQ) –el marcapasos o reloj del cerebro- que contiene el doble de células que el NSQ de un grupo heterosexual.
Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental concuerdan en que la homosexualidad no es una enfermedad mental, ni una cuestión emocional, causado, en la homosexualidad de los varones, por una predisposición innata, coaligada esencialmente con “las variantes genéticas del receptor de andrógenos ubicadas en el cromosoma X”.
Deriva en acoso sexual, vestirse de mujer, violar a niños, abandonar la Iglesia, casarse con una persona del mismo sexo, sufrir depresión con intentos suicidas, consumir bebidas alcohólicas y drogas y, en tenebrosos celos y odios irracionales, son ahorcados y degollados con objetos punzantes en matorrales, residencias, moteles, calles y otros territorios. Ese ejercicio está tipificado, igual que la prostitución, de alto riesgo, por su exposición al salvajismo corporal, a contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS/VIH) y otras contraídas por el contacto carnal, así como la estigmatización y marginalización social.
¡Qué horizonte más lastimero y compasivo! Obliga, incuestionablemente, al auxilio en endocrinología, psiquiatría, psicología, urología, ginecología, genética y otras especialidades de la salud, conforme a las normas internacionales. En psiquiatría, sí, aunque el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya excluido la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales.
Levantando o no la bandera arcoíris, son incontables las personas -unos pertenecen a los movimientos de exgais (sostienen que ya no los son) y otros al de los ex-ex gais (se retiraron y regresaron), que se han esforzado para variar su orientación sexual. Han acudido a terapias de beber agua bendita, a los rezos de plegarias, a la hipnosis, el exorcismo y a los antidepresivos.
Indistintamente, han apelado a la administración de hormonas, a las terapias por conversión o reparativa, el choque farmacológico, el análisis aplicado de conducta, el tratamiento por electrochoque, terapia grupal, psicoanálisis, terapia Afirmativa LGBTIQ+ y de contexto específico.
Además de las terapias pseudocientíficas e ilegales buscando curar a homosexuales, también han sobresalido tratamientos quirúrgicos, como la vasectomía, la histerectomía, la castración, la cirugía del nervio pudendo, la ablación de clítoris, la ooforectomía y la lobotomía.
El consenso médico aclara que no existe evidencia experimental de que esos tratamientos, que todavía están en uso, sean efectivos para cambiar la orientación sexual, pero sí que son fraudes crueles, degradantes, dañinos y peligrosos en cuanto a que provocan percances psicológicos, espirituales, relacionales, económicos, profesionales o laborales, físicos y sexuales. Estos métodos han sido calificados como “charlatanería”, porque están prohibidos y se apartan de los sistemas éticos de salud mental.
Los métodos y técnicas empleados, y confrontados en una cosa y la otra, persiguiendo el fin preconcebido, igualmente han sido útiles para crear 6 sistemas lógicos y deductivos sobre la homosexualidad: 1) Teorías psicodinámicas, 2) Postulado del determinismo biológico y sanación genética, 3) Inferencias endocrinólogas, 4) Observaciones neurobiológicas, 5) Principios de diversidad biológica y disidencia sexual, y 6) Teoría de la homosexualidad en otras especies.
Una buena psicoterapia y la Biblia son aproximativas para surcar en ese pantano. Las descripciones precedentes invitan a preparar profesionales enfocados en el acompañamiento y la más apropiada y efectiva asistencia sanitaria de los integrantes de esa población endeble, para cuya gestión han sido fundadas numerosas instituciones y grupos delineados.
¿Cuáles? La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación de Psiquiatras Gays y Lesbianas (ahora Asociación de Psiquiatras LGTBQ), Human Rights Watch, la Unesco, el Fondo Mama Cash, QuRight Action Internacional y el Fondo para la Igualdad Global.
¿Y en República Dominicana? Operan la estatal Conavihsida y las privadas Trans Siempre Amigos (Transsa), el Voluntariado GLBT Dominicano, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (Odhpt), el Centro de Orientación e Investigación Integral (Coin) y otras entidades. Ahorita, ¿surgirá en RD un equipo de psiquiatras para explorar, como respuesta facultativa, las vivencias, la ansiedad, la depresión y otras patologías mentales del Colectivo LGBTQI+?
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El autor: expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Por Isaías Ramos
Febrero no es un mes cualquiera.
Febrero es memoria.
Es advertencia.
Es juramento.
En febrero, el pueblo dominicano dejó de obedecer manos opresoras y decidió ser dueño de su destino. No fue un gesto romántico: fue coraje frente al abuso, la expoliación y el desprecio por la dignidad humana. Por eso febrero no se celebra; febrero se honra. Honrarlo no es repetir consignas: es recordar que la independencia no fue un evento del pasado, sino una tarea permanente.
Hoy, al iniciar este Mes de la Patria, emerge una verdad incómoda: la dominación ya no llega con fusiles, sino con contratos; no con ejércitos, sino con estructuras que llaman “modernización”; no con cadenas visibles, sino con legalidades que pueden despojar cuando faltan control democrático y transparencia.
En días recientes, el país ha presenciado dos movimientos presidenciales que muchos interpretan como aislados, pero que revelan una misma lógica: el control de lo estratégico envuelto en lenguaje técnico que, si no se fiscaliza, sustituye soberanía ciudadana por opacidad.
Por un lado, se anunció la readecuación de la OPRET en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y el fortalecimiento de la ETED bajo “autonomía técnica” y “gobernanza corporativa” (Decretos 55-26 y 60-26, 30 de enero de 2026). Por otro, el Presidente eleva el tono contra AERODOM y advierte sometimientos judiciales si no se construye una nueva terminal. En apariencia, modernización de un lado y defensa del interés nacional del otro. En la práctica, activos estratégicos, contratos y poder.
Pero la Patria exige memoria, no espectáculo.
Conviene recordar lo esencial: en 2023, este Gobierno extendió por 30 años la concesión de AERODOM, del 2030 al 2060, siete años antes del vencimiento original. Decisiones que amarran al país por décadas exigen prudencia democrática, transparencia y control ciudadano. Es legítimo preguntar por qué adelantar una negociación de tan largo alcance y por qué no abrir un debate nacional amplio que blindara el interés público.
Nadie puede erigirse en justiciero de un contrato que su propio Gobierno extendió y aprobó por décadas sin explicar qué se pactó, qué obligaciones rigen y qué sanciones las garantizan. La coherencia institucional no se demuestra con amenazas: se demuestra con transparencia y rendición de cuentas verificables.
Si el Presidente aspira a autoridad moral, hay dos pruebas simples: publicar el estado del pago de la multa de cinco millones de dólares impuesta a AERODOM (con comprobantes o, si no se ha pagado, plazos y razones) y poner a disposición pública, accesible y centralizada, el contrato renovado y sus anexos. La Patria no se defiende con gestos: se defiende con documentos.
Mientras la atención pública se concentra en titulares, avanza lo verdaderamente estructural.
La conversión de la OPRET en empresa operadora, la delimitación de funciones con el fideicomiso del transporte masivo y la redefinición de la ETED no son simples ajustes administrativos: rediseñan el Estado. Modernizar puede ser necesario. Pero si se reduce el control democrático, se debilita la fiscalización y se encierra lo público en arquitecturas opacas, se abre la puerta a la captura.
El riesgo se repite: el Estado asume costos; lo rentable se vuelve concesionable; el ciudadano pasa de titular de derechos a cliente; y los servicios esenciales se convierten en plataformas de rentas, con poca claridad sobre quién decide, quién gana y quién paga.
Esto no es un error aislado. Es una visión de Estado: pérdidas socializadas, ganancias privatizadas; riesgo ciudadano, beneficio concentrado; control democrático debilitado y opacidad creciente. Es la nueva ingeniería de la dominación: elegante, legal y silenciosa. No oprime de golpe; desgasta hasta que el pueblo se acostumbra a perder.
Este modelo no es abstracto. Cuando se alinean decisiones estratégicas, contratos de largo plazo y estructuras opacas, se crean incentivos para capturar rentas y control sin debate público suficiente ni contrapesos eficaces. Y cuando el poder político y económico opera sin control democrático real, el resultado rara vez es desarrollo inclusivo.
Como ciudadanos y sujetos morales, esta responsabilidad no se delega. La libertad no se preserva sola: se defiende. Y defenderla hoy no exige odio ni caos, sino exigencia cívica sostenida. Comprender es actuar.
Desde hace años, el Foro y Frente Cívico y Social advierte que 2026 es un año clave: el punto en que este modelo puede consolidarse si la ciudadanía no exige controles y transparencia reales. El riesgo es que una minoría se quede con “el santo y la limosna”, mientras la mayoría pierde Estado, instituciones y patria como casa común.
Por eso febrero es advertencia. Porque febrero recuerda que la historia cambia cuando la conciencia se organiza.
Todavía estamos a tiempo de impedir que el Estado sea reducido a empresa y la Patria a negocio; de exigir orden con justicia, desarrollo con igualdad y progreso con dignidad; y de recordar que el Estado Social y Democrático de Derecho no es un lema, sino un mandato constitucional.
Este momento exige valentía moral y disciplina cívica. Exige contratos públicos, explicaciones claras, auditoría real y veeduría social activa. Exige, en suma, vencer convenciendo: con argumentos, verdad y memoria histórica.
Porque cuando la Patria se convierte en negocio, el silencio del pueblo se vuelve complicidad. Y la historia no absuelve a quienes, pudiendo defenderla, eligieron mirar hacia otro lado.
Despierta RD!