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Recuperar confianza y otros seis desafíos para la nueva Junta
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6 años agoon
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LA REDACCIÓNPartidos, líderes y entidades sociales buscan perfiles que puedan generar credibilidad al desacreditado órgano
La Comisión Especial del Senado avanza en el proceso de selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE). La nueva administración del órgano electoral y del registro civil para el cuatrienio 2020-2024 tendrá importantes retos. El primero es el mismo de siempre, la credibilidad y confianza de la población en el organismo electoral, que en esta ocasión se vio profundamente afectada por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero por un fallo en el sistema del voto automatizado que implementó la JCE.
En cuanto al registro civil, las nuevas autoridades tendrán que revisar la eficiencia y modernización del proceso. A continuación los retos de la JCE para el cuatrienio 2020-2024.
1 Ganar confianza y credibilidad. La JCE llegó a las elecciones municipales con la credibilidad mermada por lo traumática que resultaron las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la inobservancia de los miembros de la JCE en aspectos neurálgicos para generar credibilidad como negarse a practicar las auditorías requeridas al sistema de votación, iniciar la transmisión de los resultados con las filas repletas de votantes y permitir que se votara hasta altas horas de la madrugada. Esos hechos y el comportamiento posterior de los miembros de la JCE, dieron fuerza a las denuncias de fraude que hizo el expresidente Leonel Fernández. El informe de la OEA sobre el fallo del voto automatizado señaló que se debió a una mala gestión del órgano electoral.
Adicionalmente, la JCE fue criticada por no accionar ante los delitos electorales durante la campaña presidencial como la compra de cédulas y la permanencia en los cargos de candidatos como la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño, quien desempeñaba las funciones de coordinadora del gabinete de política social del pasado gobierno. La funcionaria renunció tres semanas antes de las elecciones. En su informe final de observación, la OEA fue crítica con la JCE “por la falta de acción” ante los delitos electorales. El artículo 69 de la Ley La Ley 15/19 establece que los funcionarios que son candidatos están suspendidos “ipso facto” desde la inscripción de la candidatura.
Para ganar confianza y credibilidad, los nuevos integrantes del órgano tendrán que superar la vieja práctica de los partidos y candidatos que no resultan favorecidos con el voto de culpar al órgano electoral de sus derrotas. En el proceso de selección, los partidos y sus líderes, así como entidades sociales, han definido perfiles que puedan llevar al órgano al salto cualitativo de la confianza y credibilidad que necesita.
2 Propiciar la equidad. Las pasadas elecciones se hicieron bajo un nuevo sistema legal por la entrada en vigencia de la Ley de Partidos 33/18 y la ley del Régimen Electoral 15/19, que facilitan una serie de medidas para generar mayor equidad en la competencia electoral y evitar el uso de los recursos del Estado, sin embargo, nada de eso ocurrió en el pasado proceso que fue calificado como uno de los más inequitativos y fue criticado en los informes de observación electoral de Participación Ciudadana y la Organización de Estados Americanos (OEA). Participación Ciudadana sostuvo que en el pasado proceso electoral la JCE no ejerció el poder que le otorgan esas legislaciones y la Constitución y que “perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera contención del desbordado abuso del poder”. El informe de la OEA criticó la falta de acción de la JCE por no aplicar las leyes electorales para prohibir “la masiva distribución de dádivas” a la población con la excusa de la pandemia, gastos que “más bien podrían catalogarse dentro de los comportamientos expresamente prohibidos”.
3 Conteo votos y transmisión. El problema que persiste en el sistema electoral dominicano es el conteo de los votos y la transmisión de los resultados. Uno de los mayores problemas en el conteo de los votos se presenta en el voto preferencial, esa situación genere el descuadre de las actas que en cada proceso electoral terminan por salpicar de desconfianza los resultados. El conteo a mano es, además, una gran desventaja para los partidos y candidatos que no logran acreditar delegados en los colegios electorales. La propuesta de las actuales autoridades de la JCE para resolver el problema fue el voto electrónico, pero fracasó por un fallo generalizado que provocó la suspensión de las elecciones municipales de este año, una experiencia que hace poco probable que vuelva a probarse, sobre todo porque ese sistema de votación ha fracasado en la mayoría de los países donde se ha implementado. Las anteriores autoridades, en el 2016 probaron un sistema de conteo por escáneres de las boletas, pero quedó desacreditado por las múltiples fallas que se produjeron al inicio de las votaciones en el 2016, pues el paquete incluyó automatizar el registro de concurrentes. Implementar un sistema confiable para contabilizar los votos y que gane la confianza de los partidos políticos y de la ciudadanía, es, sin dudas, el gran reto de los nuevos miembros de la JCE.
4 Promover debates electorales. El párrafo único del artículo 172 de la Ley 15/19 establece que “la Junta Central Electoral promoverá la realización de debates sobre los programas y plataformas que presenten los partidos o alianzas de partidos en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas congresionales y municipales de los partidos políticos”. A pesar de eso la JCE no promovió el debate entre los candidatos en las pasadas elecciones, un anhelo de diversos sectores sociales y la ciudadanía en general que se vuelve tema de campaña en cada proceso desde el 1996. Hasta ahora, ha llevado la voz cantante sobre esa posibilidad la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) y para el 2024 bien podría la JCE apoyar esa iniciativa para forzar a los candidatos y partidos a debatir en televisión sus propuestas de campaña. El TSE en la ordenanza 002−2020 del 5 de febrero del 2020, dio un espaldarazo a los debates al establecer que “se debe impulsar la celebración de debates electorales, tanto desde la academia como desde el sector privado, pues con ello se contribuye a la sensibilización sobre la necesidad de que el debate político se enfoque en políticas serias y pertinentes para el colectivo y que den como resultado un voto temático”.
5 Transparentar gasto en las campañas. La Ley de Partidos y la Ley Electoral establecen topes para el gasto de la precampaña y de la campaña. El costo de la política es uno de los temas que sigue preocupando a los estudiosos de los sistemas democráticos, tanto por lo costosa que resulta la competencia por un cargo de elección popular como por el origen del dinero que financia las campañas. Mediante las leyes 33/18 y 15/19 se intentó dar respuesta a ese problema, pero la práctica no dio el resultado esperado, por un lado, porque el tope de hasta RD$922 millones que podían gastar los candidatos es muy alto para bajar el costo de las campañas y, por otro lado, por las dificultades para establecer si efectivamente los candidatos y partidos gastan lo que reportan ante la JCE. El tema se mantiene como un gran desafío para las nuevas autoridades de la JCE.
6 Eficientizar y modernizar el registro civil. La JCE además del tema electoral tiene la responsabilidad del registro civil, pues le brinda servicios a los más de diez millones de dominicanos, porque tiene la responsabilidad de expedir las actas de nacimiento, cédula de identidad, actas de defunción. actas de matrimonio y de divorcio. Adicionalmente, tiene la responsabilidad del registro del libro de extranjería para los extranjeros que nacen en el país. El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, en cuya gestión se automatizó el registro civil, sostuvo que el reto ahora es eficientizarlo y modernizarlo para agilizar la entregada de documentos y evitar que se aglomeren tantas personas en las oficialías del registro civil. Este departamento además es fuente de conflicto por el otorgamiento de documentos de identidad a los extranjeros.
7 Las juntas electorales. Las juntas electorales son las responsables del montaje de las elecciones y además funcionan como tribunales de primera instancia en los casos contenciosos electorales. Los actores políticos han señalado las deficiencias de esas instancias en los procesos y han abogado por la calidad de sus integrantes. El presidente del TSE y aspirante a presidir la JCE, Román Jáquez, aboga para que sean divididas.
elcaribe.com.do
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
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3 horas agoon
agosto 18, 2026
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
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Asesino de conductor de camión recolector de basura es apresado en Jamaica.
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3 horas agoon
agosto 18, 2026
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
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Tribunal Constitucional rechaza amparo contra embargo inmobiliario.
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3 horas agoon
agosto 18, 2026
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.
