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Recuperar confianza y otros seis desafíos para la nueva Junta
Partidos, líderes y entidades sociales buscan perfiles que puedan generar credibilidad al desacreditado órgano
La Comisión Especial del Senado avanza en el proceso de selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE). La nueva administración del órgano electoral y del registro civil para el cuatrienio 2020-2024 tendrá importantes retos. El primero es el mismo de siempre, la credibilidad y confianza de la población en el organismo electoral, que en esta ocasión se vio profundamente afectada por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero por un fallo en el sistema del voto automatizado que implementó la JCE.
En cuanto al registro civil, las nuevas autoridades tendrán que revisar la eficiencia y modernización del proceso. A continuación los retos de la JCE para el cuatrienio 2020-2024.
1 Ganar confianza y credibilidad. La JCE llegó a las elecciones municipales con la credibilidad mermada por lo traumática que resultaron las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la inobservancia de los miembros de la JCE en aspectos neurálgicos para generar credibilidad como negarse a practicar las auditorías requeridas al sistema de votación, iniciar la transmisión de los resultados con las filas repletas de votantes y permitir que se votara hasta altas horas de la madrugada. Esos hechos y el comportamiento posterior de los miembros de la JCE, dieron fuerza a las denuncias de fraude que hizo el expresidente Leonel Fernández. El informe de la OEA sobre el fallo del voto automatizado señaló que se debió a una mala gestión del órgano electoral.
Adicionalmente, la JCE fue criticada por no accionar ante los delitos electorales durante la campaña presidencial como la compra de cédulas y la permanencia en los cargos de candidatos como la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño, quien desempeñaba las funciones de coordinadora del gabinete de política social del pasado gobierno. La funcionaria renunció tres semanas antes de las elecciones. En su informe final de observación, la OEA fue crítica con la JCE “por la falta de acción” ante los delitos electorales. El artículo 69 de la Ley La Ley 15/19 establece que los funcionarios que son candidatos están suspendidos “ipso facto” desde la inscripción de la candidatura.
Para ganar confianza y credibilidad, los nuevos integrantes del órgano tendrán que superar la vieja práctica de los partidos y candidatos que no resultan favorecidos con el voto de culpar al órgano electoral de sus derrotas. En el proceso de selección, los partidos y sus líderes, así como entidades sociales, han definido perfiles que puedan llevar al órgano al salto cualitativo de la confianza y credibilidad que necesita.
2 Propiciar la equidad. Las pasadas elecciones se hicieron bajo un nuevo sistema legal por la entrada en vigencia de la Ley de Partidos 33/18 y la ley del Régimen Electoral 15/19, que facilitan una serie de medidas para generar mayor equidad en la competencia electoral y evitar el uso de los recursos del Estado, sin embargo, nada de eso ocurrió en el pasado proceso que fue calificado como uno de los más inequitativos y fue criticado en los informes de observación electoral de Participación Ciudadana y la Organización de Estados Americanos (OEA). Participación Ciudadana sostuvo que en el pasado proceso electoral la JCE no ejerció el poder que le otorgan esas legislaciones y la Constitución y que “perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera contención del desbordado abuso del poder”. El informe de la OEA criticó la falta de acción de la JCE por no aplicar las leyes electorales para prohibir “la masiva distribución de dádivas” a la población con la excusa de la pandemia, gastos que “más bien podrían catalogarse dentro de los comportamientos expresamente prohibidos”.
3 Conteo votos y transmisión. El problema que persiste en el sistema electoral dominicano es el conteo de los votos y la transmisión de los resultados. Uno de los mayores problemas en el conteo de los votos se presenta en el voto preferencial, esa situación genere el descuadre de las actas que en cada proceso electoral terminan por salpicar de desconfianza los resultados. El conteo a mano es, además, una gran desventaja para los partidos y candidatos que no logran acreditar delegados en los colegios electorales. La propuesta de las actuales autoridades de la JCE para resolver el problema fue el voto electrónico, pero fracasó por un fallo generalizado que provocó la suspensión de las elecciones municipales de este año, una experiencia que hace poco probable que vuelva a probarse, sobre todo porque ese sistema de votación ha fracasado en la mayoría de los países donde se ha implementado. Las anteriores autoridades, en el 2016 probaron un sistema de conteo por escáneres de las boletas, pero quedó desacreditado por las múltiples fallas que se produjeron al inicio de las votaciones en el 2016, pues el paquete incluyó automatizar el registro de concurrentes. Implementar un sistema confiable para contabilizar los votos y que gane la confianza de los partidos políticos y de la ciudadanía, es, sin dudas, el gran reto de los nuevos miembros de la JCE.
4 Promover debates electorales. El párrafo único del artículo 172 de la Ley 15/19 establece que “la Junta Central Electoral promoverá la realización de debates sobre los programas y plataformas que presenten los partidos o alianzas de partidos en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas congresionales y municipales de los partidos políticos”. A pesar de eso la JCE no promovió el debate entre los candidatos en las pasadas elecciones, un anhelo de diversos sectores sociales y la ciudadanía en general que se vuelve tema de campaña en cada proceso desde el 1996. Hasta ahora, ha llevado la voz cantante sobre esa posibilidad la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) y para el 2024 bien podría la JCE apoyar esa iniciativa para forzar a los candidatos y partidos a debatir en televisión sus propuestas de campaña. El TSE en la ordenanza 002−2020 del 5 de febrero del 2020, dio un espaldarazo a los debates al establecer que “se debe impulsar la celebración de debates electorales, tanto desde la academia como desde el sector privado, pues con ello se contribuye a la sensibilización sobre la necesidad de que el debate político se enfoque en políticas serias y pertinentes para el colectivo y que den como resultado un voto temático”.
5 Transparentar gasto en las campañas. La Ley de Partidos y la Ley Electoral establecen topes para el gasto de la precampaña y de la campaña. El costo de la política es uno de los temas que sigue preocupando a los estudiosos de los sistemas democráticos, tanto por lo costosa que resulta la competencia por un cargo de elección popular como por el origen del dinero que financia las campañas. Mediante las leyes 33/18 y 15/19 se intentó dar respuesta a ese problema, pero la práctica no dio el resultado esperado, por un lado, porque el tope de hasta RD$922 millones que podían gastar los candidatos es muy alto para bajar el costo de las campañas y, por otro lado, por las dificultades para establecer si efectivamente los candidatos y partidos gastan lo que reportan ante la JCE. El tema se mantiene como un gran desafío para las nuevas autoridades de la JCE.
6 Eficientizar y modernizar el registro civil. La JCE además del tema electoral tiene la responsabilidad del registro civil, pues le brinda servicios a los más de diez millones de dominicanos, porque tiene la responsabilidad de expedir las actas de nacimiento, cédula de identidad, actas de defunción. actas de matrimonio y de divorcio. Adicionalmente, tiene la responsabilidad del registro del libro de extranjería para los extranjeros que nacen en el país. El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, en cuya gestión se automatizó el registro civil, sostuvo que el reto ahora es eficientizarlo y modernizarlo para agilizar la entregada de documentos y evitar que se aglomeren tantas personas en las oficialías del registro civil. Este departamento además es fuente de conflicto por el otorgamiento de documentos de identidad a los extranjeros.
7 Las juntas electorales. Las juntas electorales son las responsables del montaje de las elecciones y además funcionan como tribunales de primera instancia en los casos contenciosos electorales. Los actores políticos han señalado las deficiencias de esas instancias en los procesos y han abogado por la calidad de sus integrantes. El presidente del TSE y aspirante a presidir la JCE, Román Jáquez, aboga para que sean divididas.
elcaribe.com.do
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.