Santo Domingo, RD.-“Fue encontrado muerto este jueves el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y catedrático universitario”. De esta forma, aquel 12 de octubre de 2017, un día después de su asesinato, diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso que cobró la vida de Yuniol Ramírez.Nacionales
A tres años del asesinato de Yuniol Ramírez: qué espera su familia y qué dice la justicia
Las investigaciones determinaron que Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia
Santo Domingo, RD.-“Fue encontrado muerto este jueves el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y catedrático universitario”. De esta forma, aquel 12 de octubre de 2017, un día después de su asesinato, diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso que cobró la vida de Yuniol Ramírez.El cadáver del abogado fue hallado por un pescador, quien al notar un cuerpo con una cadena en el cuello, atada a un block sumergido en el río de Manoguayabo en Hato Nuevo, provincia de Santo Domingo, dio la voz de alerta al sistema de emergencias 911. Su rostro presentaba un impacto de bala en un ojo.
Las investigaciones determinaron que Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia, y los videos de seguridad recolectados por las autoridades determinaron que el catedrático había sido asesinado en las inmediaciones de la UASD.
Su muerte no vino sola, destapó un escándalo de corrupción que se ejecutaba en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y que llevó a la cárcel a varios empleados de esa institución, en especial a su entonces director, Manuel Rivas, acusado entre otras cosas de asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado y corrupción en procesos de duplicidad de pagos.
A tres años de su muerte, el acusado de ser el autor material, Argenis Contreras González, a pesar de que fue capturado en Estados Unidos, lugar donde se refugió un día después de cometer el crimen, continúa sin ser extraditado a República Dominicana.
Este hecho conocido de forma judicial como “caso Yuniol Ramírez”, puso en prisión a varias personas, algunas de ellas se encuentran ya en libertad luego de que se apelara su condena, se demostrara que no existían las suficientes pruebas para mantenerlos en prisión, se procediera al pago de alguna fianza, entre otros aspectos.
Los imputados que mantienen prisión son José Antonio Mercado Blanco (El Grande), Víctor Elizander Ravelo Campos (El Herrero) y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista).
El Grande es señalado como la persona que ayudó a Argenis Contreras a asesinar a Yuniol Ramirez. Mientras que el expediente articulado por la Fiscalía apunta que Víctor Elisander Ravelo y Jorge Luis Abreu ayudaron a Contreras a buscar los instrumentos para encadenar el cuerpo y tratar de deshacerse del cadáver, según la Fiscalía.
“Tenemos la esperanza de que ella instrumente nuevas acusaciones, que las reformule, que la amplíe y que meta a todo el que sacaron y a los que faltan”.
Así se expresa Ramón Ramírez, hermano de Yuniol Ramírez y el abogado que lleva el caso desde hace tres años. Sus esperanzas sobre el destino de su acusación ante la justicia han vuelto a relucir, luego que el nuevo gobierno de Luis Abinader designara a la magistrada Miriam Germán Brito como procuradora general de la República y esta a su vez le quitara a la fiscalía del Distrito Nacional, varios casos de corrupción en los que se encuentra el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que involucra el caso de su hermano.
“Tan pronto nos enteramos de esa situación le solicitamos por escrito una solicitud a la procuradora Miriam Germán, a los fines le solicitamos una reunión con ella o la persona que ella asigne para darle información muy importante acerca del caso, ya que los que acompañaron a Argenis a matar a Yuniol andan ahí sueltos y se sabe y todo el mundo sabe quiénes son y estamos esperando que convoquen a uno”, dice Ramón.
Otro paso ante la justicia que ha dado Ramírez, lo hizo en agosto de este año luego de que la jueza Solange Vásquez, del cuarto juzgado de instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, dejara en libertad a Manuel Rivas, exdirector de la OMSA.
Ramón Ramírez la acusa ante el Consejo del Poder Judicial de actuar de espaldas a la ley, ya que el proceso que se llevó a cabo de forma virtual por la pandemia del Covid-19, se hizo sin convocarlo, uno de los querellantes en el caso.
En una rueda de prensa con distintos medios de comunicación Miriam Germán, indicó que todos los expedientes que la Procuraduría adquirió de la Fiscalía del Distrito están siendo estudiados.
Para ella el tiempo que ha pasado para traer a Argenis Contreras al país ha sido bastante.
“Realmente es bastante el tiempo que ha pasado”, enfatizó.
Para muchos el tiempo se calcula dependiendo del nivel de sus sentimientos, un minuto puede durar una eternidad o ser efímero, y calculando la espera de justicia, tres años es como toda una vida.
listindiario.com
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.