Santo Domingo, RD.-“Fue encontrado muerto este jueves el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y catedrático universitario”. De esta forma, aquel 12 de octubre de 2017, un día después de su asesinato, diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso que cobró la vida de Yuniol Ramírez.Nacionales
A tres años del asesinato de Yuniol Ramírez: qué espera su familia y qué dice la justicia
Las investigaciones determinaron que Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia
Santo Domingo, RD.-“Fue encontrado muerto este jueves el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y catedrático universitario”. De esta forma, aquel 12 de octubre de 2017, un día después de su asesinato, diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso que cobró la vida de Yuniol Ramírez.El cadáver del abogado fue hallado por un pescador, quien al notar un cuerpo con una cadena en el cuello, atada a un block sumergido en el río de Manoguayabo en Hato Nuevo, provincia de Santo Domingo, dio la voz de alerta al sistema de emergencias 911. Su rostro presentaba un impacto de bala en un ojo.
Las investigaciones determinaron que Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia, y los videos de seguridad recolectados por las autoridades determinaron que el catedrático había sido asesinado en las inmediaciones de la UASD.
Su muerte no vino sola, destapó un escándalo de corrupción que se ejecutaba en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y que llevó a la cárcel a varios empleados de esa institución, en especial a su entonces director, Manuel Rivas, acusado entre otras cosas de asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado y corrupción en procesos de duplicidad de pagos.
A tres años de su muerte, el acusado de ser el autor material, Argenis Contreras González, a pesar de que fue capturado en Estados Unidos, lugar donde se refugió un día después de cometer el crimen, continúa sin ser extraditado a República Dominicana.
Este hecho conocido de forma judicial como “caso Yuniol Ramírez”, puso en prisión a varias personas, algunas de ellas se encuentran ya en libertad luego de que se apelara su condena, se demostrara que no existían las suficientes pruebas para mantenerlos en prisión, se procediera al pago de alguna fianza, entre otros aspectos.
Los imputados que mantienen prisión son José Antonio Mercado Blanco (El Grande), Víctor Elizander Ravelo Campos (El Herrero) y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista).
El Grande es señalado como la persona que ayudó a Argenis Contreras a asesinar a Yuniol Ramirez. Mientras que el expediente articulado por la Fiscalía apunta que Víctor Elisander Ravelo y Jorge Luis Abreu ayudaron a Contreras a buscar los instrumentos para encadenar el cuerpo y tratar de deshacerse del cadáver, según la Fiscalía.
“Tenemos la esperanza de que ella instrumente nuevas acusaciones, que las reformule, que la amplíe y que meta a todo el que sacaron y a los que faltan”.
Así se expresa Ramón Ramírez, hermano de Yuniol Ramírez y el abogado que lleva el caso desde hace tres años. Sus esperanzas sobre el destino de su acusación ante la justicia han vuelto a relucir, luego que el nuevo gobierno de Luis Abinader designara a la magistrada Miriam Germán Brito como procuradora general de la República y esta a su vez le quitara a la fiscalía del Distrito Nacional, varios casos de corrupción en los que se encuentra el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que involucra el caso de su hermano.
“Tan pronto nos enteramos de esa situación le solicitamos por escrito una solicitud a la procuradora Miriam Germán, a los fines le solicitamos una reunión con ella o la persona que ella asigne para darle información muy importante acerca del caso, ya que los que acompañaron a Argenis a matar a Yuniol andan ahí sueltos y se sabe y todo el mundo sabe quiénes son y estamos esperando que convoquen a uno”, dice Ramón.
Otro paso ante la justicia que ha dado Ramírez, lo hizo en agosto de este año luego de que la jueza Solange Vásquez, del cuarto juzgado de instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, dejara en libertad a Manuel Rivas, exdirector de la OMSA.
Ramón Ramírez la acusa ante el Consejo del Poder Judicial de actuar de espaldas a la ley, ya que el proceso que se llevó a cabo de forma virtual por la pandemia del Covid-19, se hizo sin convocarlo, uno de los querellantes en el caso.
En una rueda de prensa con distintos medios de comunicación Miriam Germán, indicó que todos los expedientes que la Procuraduría adquirió de la Fiscalía del Distrito están siendo estudiados.
Para ella el tiempo que ha pasado para traer a Argenis Contreras al país ha sido bastante.
“Realmente es bastante el tiempo que ha pasado”, enfatizó.
Para muchos el tiempo se calcula dependiendo del nivel de sus sentimientos, un minuto puede durar una eternidad o ser efímero, y calculando la espera de justicia, tres años es como toda una vida.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.