Santo Domingo, RD.-“Fue encontrado muerto este jueves el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y catedrático universitario”. De esta forma, aquel 12 de octubre de 2017, un día después de su asesinato, diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso que cobró la vida de Yuniol Ramírez.Nacionales
A tres años del asesinato de Yuniol Ramírez: qué espera su familia y qué dice la justicia
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6 años agoon
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LA REDACCIÓNLas investigaciones determinaron que Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia
Santo Domingo, RD.-“Fue encontrado muerto este jueves el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y catedrático universitario”. De esta forma, aquel 12 de octubre de 2017, un día después de su asesinato, diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso que cobró la vida de Yuniol Ramírez.El cadáver del abogado fue hallado por un pescador, quien al notar un cuerpo con una cadena en el cuello, atada a un block sumergido en el río de Manoguayabo en Hato Nuevo, provincia de Santo Domingo, dio la voz de alerta al sistema de emergencias 911. Su rostro presentaba un impacto de bala en un ojo.
Las investigaciones determinaron que Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia, y los videos de seguridad recolectados por las autoridades determinaron que el catedrático había sido asesinado en las inmediaciones de la UASD.
Su muerte no vino sola, destapó un escándalo de corrupción que se ejecutaba en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y que llevó a la cárcel a varios empleados de esa institución, en especial a su entonces director, Manuel Rivas, acusado entre otras cosas de asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado y corrupción en procesos de duplicidad de pagos.
A tres años de su muerte, el acusado de ser el autor material, Argenis Contreras González, a pesar de que fue capturado en Estados Unidos, lugar donde se refugió un día después de cometer el crimen, continúa sin ser extraditado a República Dominicana.
Este hecho conocido de forma judicial como “caso Yuniol Ramírez”, puso en prisión a varias personas, algunas de ellas se encuentran ya en libertad luego de que se apelara su condena, se demostrara que no existían las suficientes pruebas para mantenerlos en prisión, se procediera al pago de alguna fianza, entre otros aspectos.
Los imputados que mantienen prisión son José Antonio Mercado Blanco (El Grande), Víctor Elizander Ravelo Campos (El Herrero) y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista).
El Grande es señalado como la persona que ayudó a Argenis Contreras a asesinar a Yuniol Ramirez. Mientras que el expediente articulado por la Fiscalía apunta que Víctor Elisander Ravelo y Jorge Luis Abreu ayudaron a Contreras a buscar los instrumentos para encadenar el cuerpo y tratar de deshacerse del cadáver, según la Fiscalía.
“Tenemos la esperanza de que ella instrumente nuevas acusaciones, que las reformule, que la amplíe y que meta a todo el que sacaron y a los que faltan”.
Así se expresa Ramón Ramírez, hermano de Yuniol Ramírez y el abogado que lleva el caso desde hace tres años. Sus esperanzas sobre el destino de su acusación ante la justicia han vuelto a relucir, luego que el nuevo gobierno de Luis Abinader designara a la magistrada Miriam Germán Brito como procuradora general de la República y esta a su vez le quitara a la fiscalía del Distrito Nacional, varios casos de corrupción en los que se encuentra el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que involucra el caso de su hermano.
“Tan pronto nos enteramos de esa situación le solicitamos por escrito una solicitud a la procuradora Miriam Germán, a los fines le solicitamos una reunión con ella o la persona que ella asigne para darle información muy importante acerca del caso, ya que los que acompañaron a Argenis a matar a Yuniol andan ahí sueltos y se sabe y todo el mundo sabe quiénes son y estamos esperando que convoquen a uno”, dice Ramón.
Otro paso ante la justicia que ha dado Ramírez, lo hizo en agosto de este año luego de que la jueza Solange Vásquez, del cuarto juzgado de instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, dejara en libertad a Manuel Rivas, exdirector de la OMSA.
Ramón Ramírez la acusa ante el Consejo del Poder Judicial de actuar de espaldas a la ley, ya que el proceso que se llevó a cabo de forma virtual por la pandemia del Covid-19, se hizo sin convocarlo, uno de los querellantes en el caso.
En una rueda de prensa con distintos medios de comunicación Miriam Germán, indicó que todos los expedientes que la Procuraduría adquirió de la Fiscalía del Distrito están siendo estudiados.
Para ella el tiempo que ha pasado para traer a Argenis Contreras al país ha sido bastante.
“Realmente es bastante el tiempo que ha pasado”, enfatizó.
Para muchos el tiempo se calcula dependiendo del nivel de sus sentimientos, un minuto puede durar una eternidad o ser efímero, y calculando la espera de justicia, tres años es como toda una vida.
listindiario.com
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
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7 horas agoon
mayo 24, 2026
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Nacionales
El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.
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7 horas agoon
mayo 24, 2026
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Nacionales
Autoridades desmantelan red de trata de personas en Puerto Plata.
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7 horas agoon
mayo 24, 2026
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.
