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La FAO apuesta a la digitalización para mitigar impactos del COVID-19 en sistemas alimentarios
La pobreza extrema ha aumentado entre 3.6 y el 4.8 % en América Latina y el Caribe
La próxima Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe tendrá lugar en línea, del 19 al 21 de octubre.
Fotografía de archivo de QU Dongyu, director general de la FAO. (FUENTE EXTERNA)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apuesta a la digitalización en América Latina y el Caribe para enfrentar las consecuencias del COVID-19 en los sistemas alimentarios.
En tal sentido, el organismo internacional informó que trabaja en la implementación de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales, con el objetivo de asesorar a los gobiernos y otros actores relevantes, de impulsar el intercambio de ideas y experiencias, y ayudar a todos a aprovechar las oportunidades que presenta la digitalización.
El director general de la FAO, QU Dongyu, hizo un llamado a los gobiernos y actores privados para que la alimentación y la agricultura sean sinónimos de innovación, progreso, inclusión social, sostenibilidad y resiliencia.
La pandemia de COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe con especial intensidad. Millones de personas han perdido su vida o sus medios de subsistencia y la pobreza extrema ha aumentado entre 3,6 y el 4,8 %. Pero, incluso antes de la propagación del nuevo coronavirus la región ya se encontraba en una encrucijada.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a partir de 2014 el hambre creció en esta región en 13 millones de personas, con más de 62 millones viviendo en la actualidad en condiciones de inseguridad alimentaria severa, mientras que el sobrepeso y la obesidad afectan a 262 millones (casi el 40% de la población).
Los gobiernos y los actores privados, especialmente los agricultores, han realizado esfuerzos heroicos para garantizar que el suministro de alimentos no se detenga en medio de la pandemia. Hay millones de personas cuyo acceso a los alimentos ha disminuido, pero esto se debe principalmente a la falta de ingresos y no a la falta de alimentos en los mercados.
Muchas familias han reducido la calidad de sus dietas, dejando de comprar alimentos más saludables que, paradójicamente, tienden a ser más caros. Debemos asegurarnos de que las personas que viven en pobreza reciban el apoyo de los sistemas de protección social para que puedan comer una dieta saludable.
Para apoyar a los países, la FAO ha lanzado un nuevo Programa integral de respuesta y recuperación de COVID-19, que tiene como objetivo mitigar los impactos inmediatos de la pandemia y fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios y los medios de vida a largo plazo.
Sus áreas prioritarias buscan mejorar los datos para la toma de decisiones, garantizar la inclusión económica y la protección social para reducir la pobreza, fortalecer los estándares comerciales y de seguridad alimentaria, impulsar la resiliencia de los pequeños agricultores, prevenir pandemias zoonóticas e impulsar la transformación de los sistemas alimentarios para hacer hacerlos más resilientes, sostenibles y equitativos.
Un elemento es clave en este proceso es la innovación. Debemos adoptar enfoques innovadores y aplicar la ciencia y la tecnología modernas al enfrentar nuevas situaciones y desafíos. Esto requiere innovación a nivel de nuestra mentalidad, innovación de los modelos de negocio y cooperación y, en particular, la innovación por digitalización.
La región de América Latina y el Caribe puede dar un gran salto hacia la digitalización de su comercio agrícola y alimentario, mejorando la conectividad de las zonas rurales y las capacidades de los pequeños y medianos productores para aprovechar la revolución tecnológica en curso. Las tecnologías de la digitalización y la comunicación tienen el potencial de reducir costos, abrir el acceso a los mercados, mejorar los servicios, crear nuevas oportunidades laborales y ayudar a ahorrar recursos.
Se necesita aprovechar al máximo la era digital a través de asociaciones innovadoras con gobiernos nacionales, agricultores, el sector privado, el mundo científico, las ONG y muchos otros actores.
Los sistemas agroalimentarios pueden volverse más resistentes mediante el uso de sensores en el campo, inteligencia artificial y aplicaciones de big data, el uso de drones, biotecnología y mapeo por satélite, o con mejoras disponibles para todos, como el comercio electrónico y las aplicaciones telefónicas para acercar a productores y consumidores, o rastrear, por ejemplo, brotes de plagas transfronterizas, como la aplicación eLocust3.
Otro factor clave es no dejar a nadie atrás y poner un énfasis prioritario en los países y áreas más afectados en términos de hambre y pobreza: en esto se centra la Iniciativa Mano de la mano. Su objetivo es acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible basado en datos e información. La Iniciativa cuenta con tecnologías de punta, como la Plataforma Geoespacial Mano de la mano, que entrega información clave para la toma de decisiones, y el Laboratorio de Datos para la Innovación Estadística, que combina fuentes de datos no convencionales, big data, inteligencia artificial y ciencia de datos para la toma de decisiones y la evaluación de impacto.
Pero todas estas innovaciones, cambios y transformaciones requieren voluntad política, acuerdos y colaboración entre países. La próxima Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en línea, del 19 al 21 de octubre, es una ocasión histórica y oportuna para impulsar todos estos esfuerzos regionales.
diariolibre.com
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.