Nacionales
85% de personas VIH positivo disminuyeron ingresos durante COVID-19, revela ONUSIDA
Santo Domingo.- El 85% de las personas VIH positivo que participaron en la “Segunda Encuesta Rápida de Necesidades de las Personas que Viven con VIH (PVVIH) ante la pandemia por COVID-19 en la República Dominicana”, ha sufrido la disminución de sus ingresos económicos en forma drástica, informó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA).
Bethania Betances, directora de ONUSIDA en el país, detalló que los estragos del estado de emergencia por COVID-19 a nivel económico son altos, dado que el 45% de los encuestados expresó que la reducción de sus ingresos supera el 50%, mientras que para el 21% de participantes se redujo entre 25% y 50%, y para el 24% la disminución fue inferior al 25%.
“Al momento de la encuesta, el 38% de las personas haitianas y sus descendientes estaban desempleadas o eran estudiantes. De los que trabajaban, el 1% lo hacía en el sector público y el 16% en el privado, mientras que un 21% laboraba en el sector informal. La población haitiana también presentó porcentajes más altos de ocupación en trabajos domésticos, dado que el 14% se desempeñaba en ese tipo de labores, y un 9% como obreros”, subrayó.
Betances aseguró que la COVID-19 no es solo una pandemia global y una crisis de salud pública, sino que también afecta gravemente la economía de los países, debido a que entre las consecuencias negativas del impacto de las medidas de mitigación que se implementan en muchos países, se encuentran las reducciones significativas de los ingresos, aumento en el desempleo por las interrupciones en el funcionamiento de empresas e industrias, así como de los medios de transporte y otros servicios.
En el estudio se priorizaron las poblaciones clave de la Respuesta Nacional al VIH, por el impacto que tienen la epidemia del Sida y la pandemia COVID-19 en esos grupos poblacionales. “Es por ello que, el 38% de encuestados pertenecen a poblaciones de Hombres que Tienen Sexo con Hombres (HSH), 19% a Trabajadoras Sexuales (TRSX), 14% a migrantes haitianos y sus descendientes, 11% a Usuarios de Drogas (UD), 9% a transgénero femenina, 2% a personas con discapacidad y otro 2% a personas privadas de libertad”, explicó.
En relación con la nacionalidad, el 80.9% estuvo representado por personas que viven con VIH de origen dominicano, seguida por un 14% de migrantes y descendientes haitianos, 4.6% de personas de origen venezolano, y 0.5% de otras nacionalidades, tales como bahameños, colombianos y cubanos.
Del total de participantes en la encuesta, 12.5% carece de documentación o se encuentra en situación irregular en el país, siendo los venezolanos los más afectados, ya que el 70% no ha regularizado su condición migratoria, seguidos de los haitianos y sus descendientes, con un 47%, mientras que el 3% de dominicanos dijo no poseer actas de nacimiento.
Servicios de salud y violencia en tiempos de COVID-19
En lo que se refiere a la atención al VIH durante la COVID-19, destacó que el 22% reportó tener las células CD4 por encima de 500 y que el 5% nunca se ha hecho la prueba, mientras que el 91% dijo estar tomando Medicamentos Antirretrovirales (ARV), el 5% lo había abandonado, el 4% nunca había iniciado su uso. El 69% reportó contar con medicamentos para tres meses o más, recibidos de los Servicios de Atención Integral (SAIS).
Acerca de las condiciones de los servicios disponibles para evitar la interrupción de los tratamientos con ARV, la encuesta resaltó que los participantes expresaron la necesidad de mejorar la confidencialidad, ampliar los horarios de atención en las SIAS, así como recibir apoyo nutricional y de transporte.
Otro dato relevante es que el 16% de las personas que viven con VIH reportó haber sufrido algún tipo de violencia y el 53 % dijo sentir que pudiera ser violentado.
El estudio contó con el apoyo de OMS/OPS, UNICEF, UNFPA, PNUD, ONUMUJER, PMA, UNESCO y UNODC.
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Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.