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Explosiones en tres envasdoras dejan 17 muertos en 4 años
Desde el 2016 hasta la fecha explosiones en tres envasadoras de gas han dejado un saldo de 17 personas muertas, varios heridos de consideración y pérdidas millonarias.
El más reciente fue el caso de la envasadora Copegas, en Licey al Medio, Santiago, que ha dejado un saldo de 11 personas muertas, incluido un niño de siete meses y dos adolescentes de 11 y 15 años, además de tres que continúan en delicado estado de salud en centros médicos de Santiago.
La explosión en la envasadora Copegas ha sido la tragedia que ha dejado mayor número de víctimas mortales en los últimos doce años. El estallido en diciembre del 2018 de la fábrica PolyPlas ubicada en Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, dejó ocho víctimas mortales, según cifras oficiales de fallecidos.
En el 2016, la explosión en la envasadora de Gas “Sol Gas”, en Los Ríos, en el Distrito Nacional y “Mariot Gas”, en Santo Domingo Este, dejaron seis personas muertas, a razón de tres víctimas en cada caso.
La explosión en la envasadora Mariot Gas ocurrió el 3 de marzo del 2016 y dejó seis heridos, además de los tres fallecidos. El caso de Sol Gas ocurrió el 16 de febrero del 2016, en el sector La Esperanza, en Los Ríos, y dejó un saldo de tres muertos, decenas de heridos, casas destruidas y al menos 40 vehículos en estado de destrucción y daños menores.
Los representantes de la empresa Copegas han informado que están en contacto de las víctimas tanto de los fallecidos como de los heridos para los fines correspondientes. Igualmente, han dicho que están a la espera del informe sobre las causas del siniestro.
Todavía las autoridades del gobierno central ni el cuerpo de bomberos que investiga el hecho han dado el informe oficial sobre las causas de la explosión que provocó la tragedia.
Había pedido cerrar Copegas
El 14 de septiembre este año un juez de la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción de Licey, rechazó la notificación presentada por los abogados del Ayuntamiento de Licey al Medio, que recomendaba el cese de las operaciones de Coopegas. La explosión se registró el 6 de octubre, es decir tres semanas después de esa decisión.
Según se ha informado, el Ayuntamiento de Licey al Medio lleva tres años en los tribunales a la espera de que Cámara Civil y Comercial cierre la envasadora Copegas porque no tiene el estudio de permiso de suelo para operar en el lugar.
Según las autoridades municipales la envasadora lleva 31 años operando sin que se haya realizado el estudio de factibilidad de suelo.
La empresa ha logrado mantenerse en servicio porque elevó un recurso de amparo para impedir su clausura, que nuevamente fue aplazado para el jueves 23 de este mes por el juez Henry Domínguez, de la Cámara Civil y Comercial de esa jurisdicción.
Santiago casos son más frecuentes
En febrero del 2016, un incendio consumió la planta Verdum Gas, en el municipio de San José de las Matas, dejando dos personas con quemaduras de consideración, según los reportes.
Los reportes de prensa dan cuenta de que el 11 de agosto del 2010, seis personas resultaron con heridas de quemaduras tras la explosión ocurrida en la envasadora Ana-Gas ubicada en El Jobo del municipio Tamboril. A los pocos días del siniestro murió el bombero Delvinson Caraballo López de 22 años.
También resultó herido el fotógrafo Francisco Vega junto a otros tres bomberos, mientras que resultaron con daños parciales ocho vehículos y una fábrica de salami ubicada en las cercanías de la planta.
Una publicación de la edición del 6 de octubre de elCaribe da cuenta de que el 19 de marzo del 2014, se produjo una explosión en la envasadora (Cocigas) ubicada en la comunidad Canabacoa en la autopista Duarte. Para entonces, se explicó que la causa del siniestro fue en momento en que la estación fue sometida a un proceso de ampliación de las instalaciones.
En junio del 2012, la comisión clausuró las envasadoras Gas Caribe y Sandy Gas ubicadas en Cienfuegos y la autopista Joaquín Balaguer y Gas Fe de Cienfuegos, por presentar fugas.
Industria y Comercio puso más requisitos
A raíz de los siniestros del 2016, en el 2017 el Ministerio de Industria y Comercio emitió la resolución 201 que hizo más rígidos los requisitos de operación de las envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esa resolución establece que para fines de requisitos y seguridad las concentraciones de personas deben estar dentro de un círculo de radio de 150 metros, medido a partir de la ubicación del tanque de almacenamiento de la envasadora. Esa resolución establece que todas las envasadoras se someterían a una nueva evaluación a los fines de ajustarse a los nuevos requisitos. El numeral dos del artículo seis de la resolución establece que en todas las envasadoras los dispensadores deben estar equipados “con una válvula interna para cierre por impacto y corte automático”. “Esta válvula deberá estar diseñada para retener el líquido a ambos lados del punto de separación en caso de impacto. Estará instalada entre la tubería que llega de la bomba y la base del dispensador, además estará fija de modo tal que permita su separación en la parte débil”, señala. La resolución también establece cinco nuevos requisitos contra incendio y obliga a todas las envasadoras a cumplirlos incluyendo las que ya estaban en operación al momento de emitir la nueva resolución. Hasta el momento el Ministerio de Industria y Comercio no ha informado si Copegas cumplía con todos los requisitos de regulación que establece la ley.
elcaribe.com.do
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó este viernes que ya son 46 las personas físicas y jurídicas acusadas en el expediente de corrupción Operación Calamar.
El expediente de 3,162 páginas fue depositado de manera formal el jueves e involucra a varios exministros de la pasada gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina.
«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes.
Tras recibir el documento, la Coordinación de los Juzgados de Instrucción deberá determinar qué juzgado será apoderado en el caso.
En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
Además de los exministros Peralta y Guerrero se involucra en la supuesta estafa al Estado al excandidato presidencial del PLD, Castillo, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
Santo Domingo, R.D.-Siete expedientes conoció este viernes el Tribunal Constitucional (TC) que atacan la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los documentos fueron conocidos durante una audiencia que se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La misma estuvo encabezada por el presidente de la alta corte, Napoleón Estévez Lavandier. Además, de los jueces que integran el organismo constitucional.
A través de una nota de prensa, el TC indicó que los mismo quedaron pendiente de ser fallados.
En el desarrollo de la audiencia, se conoció el expediente TC-01-2024-0005 que tuvo como accionante a Cirilo de Jesús Guzmán López, quien atacó los artículos 9, 10, 11 y 26 de esta norma. Y en el TC-01-2024-0006, el Partido Generación de Servidores (GENS) y Carlos Peña también se opusieron a esta ley.
Asimismo, ocurrió con el expediente TC-01-2024-0007, en el que el Instituto de Capacitación y Formación Política Jurídica y Social (ICAP) atacó el artículo 9, numerales 2, 4, 6 y 15; y los artículos 11, 26 y 29 de la referida ley.
TC deja en estado de fallo quince expedientes
Acuerdo con la nota, la institución dejó en estado de fallo quince expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.
Entre estos, el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
De igual manera, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución núm. 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
También los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan Loanders Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal.
También quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0001, en el que Identidad Dominicana (IDEDOM), impugnó la Ley número 391, del 20 de septiembre de 1943, que establece penas correccionales para las personas que practiquen los espectáculos de «Voudou» o «Luá».
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0002, igualmente interpuesto por Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc, que atacó el artículo 130, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, del 7 de marzo de 2023.
En la audiencia, además, se conoció y quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0003, cuyo accionante Jean Carlos Machuca de la Mota atacó las actuaciones e informes provenientes de la Policía Nacional y de los señores Ramón O. Hernández Peralta, Roberto A. Albino Filpo, Miguel Cuevas Cuevas y Flavia D. Montero Romero.
Los magistrados también dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0008, con el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el licenciado Miguel Alberto Surún Hernández refutaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de esta misma ley.
Igualmente, el expediente TC-01-2024-0009, interpuesto por Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien impugnó la ley, y el expediente TC-01-2024-0010, donde Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc., y los señores María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco Lara atacaron específicamente sus artículos 9, 11 13, 15, 26 y 30.
Finalmente, los jueces de esta alta corte vieron el expediente TC-01-2024-0013, que tuvo como accionantes al Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional de San Pedro de Macorís y la señora Josefina Guerrero, quienes atacaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de la mencionada ley promulgada el 15 de enero de 2024.
SANTO DOMINGO.-El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informo que el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de los implicados en el caso Calamar.
La instancia con los encartados y nuevas pruebas, fueron depositadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fiscales de la dirección de Persecución y del Pepca.
La magistrada hará un inventario de las piezas y mediante un sorteo aleatorio computarizado, apoderará a uno de los juzgados de instrucción que conocerá el juicio preliminar.
El apoderamiento de la acusación se producirá luego de que el Ministerio Público interrogue al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
El 8 de abril, la jueza Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán a presentar acusación en contra de los implicados, en un plazo de 15 días.
IMPUTADOS
En el caso figuran como imputados el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
mpv