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Multas y prisión por hacer fraude al declarar bienes
Las sanciones previstas en la ley para aquellos funcionarios que incurran en irregularidades al momento de declarar su patrimonio van desde la destitución del cargo, multas, confiscación de bienes, inhabilitación para ocupar funciones públicas y prisión de hasta 10 años.
La normativa que rige todo esto es la Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, promulgada en agosto de 2014.
“Si una persona presentó declaración jurada estamos indagando sobre lo que se declaró y en el caso de los omisos, por ejemplo, estamos indagando sobre las razones que han llevado a esta persona a no cumplir con la ley”, explicó ayer el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Lo que establece la Ley No. 311-14
Desde el artículo 14 hasta el 18, la Ley 311-14 establece las consecuencias de cometer algún tipo de irregularidad.
Si el servidor público no presenta su declaración dentro del plazo establecido u omite declarar algún bien, incurre en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 41-08 de Función Pública, y cuya sanción es la destitución del servicio.
También será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central, los que falseen los datos en su declaración jurada.
El enriquecimiento ilícito conlleva prisión hasta por 10 años
En caso de que el funcionario se enriquezca de manera ilícita será sancionado con la pena de cuatro a 10 años de prisión mayor, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de 10 años.
La ley explica que la pena de inhabilitación de 10 años se impone como pena complementaria, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta.
Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.
En caso de que, al momento de ser requerido para explicar la legitimidad de su patrimonio, el funcionario no pueda probar el origen del mismo, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados.
La normativa indica que el patrimonio que se demuestre constituye enriquecimiento ilícito en favor del funcionario o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionados, cuyo decomiso haya sido ordenado por sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pasa a ser propiedad del Estado dominicano, conforme ordene el juez competente.
El Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley.
Servidores, obligados a declarar sus bienes
Entre los llamados a presentar su declaración de bienes están el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros, los senadores y diputados, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, el procurador general y demás miembros del Ministerio Público, los jefes y subjefes de las instituciones militares y policiales, los funcionarios de las instituciones autónomas, centralizadas o descentralizada del Estado que administren fondos públicos.
Seguirán interrogando a ex y actuales funcionarios
El titular de la Pepca, Wilson Camacho, indicó que esta semana seguirán citando a funcionarios para dar su versión sobre la declaración jurada de bienes que presentaron. El viernes pasado fueron llamados el diputado nacional Radhamés Camacho, el alcalde del municipio de Pedro Brand, Wilson Paniagua, y el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert De La Cruz. “Citaremos tantos funcionarios como sea necesario aclarar conforme la información que han entregado a la Cámara de Cuentas”, dijo Camacho.
elcaribe.com.do
Santo Domingo, R.D.-Centenares de observaciones han sido hechas por la sociedad en la apertura de las vistas públicas al proyecto legislativo de “Transformación Fiscal” o reforma fiscal depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.
Desde primeras horas de la mañana, diversas personas del ámbito empresarial y social han acudido al llamado realizado por la comisión de Hacienda, quien debe estudiar lo contenido en el documento.
No obstante, sin dejar a un lado las propuestas de modificación compartidas por diversos sectores, los exponentes utilizaron su turno a la palabra para destacar el rechazo que siente ante la visión tributaria plasmada por el Gobierno dominicano, destacando la falta de consenso con la que fue preparada.
Fiduciarias y constructores
El representante de la Asociación de Fiduciarias Dominicana (Asofidom), Crhistian Molina, aseguró que lo planteado con esta reforma afecta a este sector y busca acabar con la comercialización de las viviendas en el territorio nacional.
Entiende que el enfoque de los tributos no debería afectar a las fiduciarias para continuar con el desarrollo del país.
“Esto afecta la vivienda porque amenaza que 6 de cada 10 dominicanos se queden sin acceso a su primer. Un retroceso de décadas en la compra de viviendas accesibles”, manifestó.
Además, expresó que estos impuestos violarían un derecho tan importante para todos los ciudadanos, como lo dictan la Constitución y las leyes.
Meléndez estableció que la eliminación de las tasas diferenciadas a los fideicomisos de casas causaría un aumento de 12.5% para los consumidores.
También, teniendo en cuenta que de ser agravada la materia prima utilizada por los constructores, las edificaciones continuarán elevando a un más su costo.
Con la eliminación de las exenciones y la reducción de nueve a cinco millones de pesos el pago de Impuesto Patrimonio Inmobiliario (IPI), aproximadamente sería el 59% de los hogares de bajo costo que saldrían de esta clasificación. Disminuyendo en 57 mil millones de pesos lo aportado por el sector.
Protección al cine
Por otro lado el presidente Asociación Nacional Dominicana de Cine (Adocine), Hans García, recordó esa industria está conformada en la actualidad por 135 empresas que pagan impuestos, generan empleos y hacen inversiones millonarias.
Según explicó, son 1,200 estudiantes, muchos provenientes de las provincias del interior, los que pertenecen a la industria cinematográfica, que aporta 25,000 empleos.
Hans defendió los incentivos fiscales que recibe el cine, por medio de la Ley 108-10, destacando otros beneficios que simboliza para el Estado.
“El 55% de quienes ocupan los puestos son las mujeres. El cine lo hacen las mujeres”, apuntó.
Resaltó que el 85% de los gastos, registrados al producir una película, están limitados en la subcontratación de pequeñas y medianas empresas del comercio local, utilizando más de 200,000 habitaciones de hoteles.
“Compramos más de 1,400 millones en combustible y vehículo de alquileres en todo el país”, apuntó.
Hans reconoció que es necesaria una readecuación de la ley. Pero, pidió no lacerar el desarrollo económico de los cineastas.
Ejes centrales
Además de estas, diversas entidades presentaron su posición ante el pleno de los congresistas de la cámara baja.
Estas son el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Colegio Médico Dominicano (CMD), sector textil, asociaciones de detallistas, organizaciones políticas, entre otras.
Además de no alterar las exenciones, los planteamientos de los voceros sociales y empresariales parecían estar unificadas, como el aumento del salario mínimo, reducción de la nómina pública, disminución de la pérdida en energía eléctrica, reducción de la publicidad gubernamental y la nómina pública, fiscalización a los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
Igualmente proteger a los alimentos y productos que conforman la canasta básica familiar de los impuestos.
Asimismo, consideraron como necesaria ampliar la ejecución de fiscalización y reducir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) para garantizar una mayor mitigación a la evasión de impuestos. El Itbis pasará a llamarse Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por otro lado, representantes de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA) pidieron cuidar y fomentar los ahorros, teniendo en cuenta que existen artículos en el documento legislativo que afectarán al sistema bancario, incluyendo a las transferencias digitales.
“Reforma fiscal inconstitucional”
Por otro lado, el activista político Carlos Peña mostró su preocupación con lo planteado en la propuesta del Poder Ejecutivo, asegurando una supuesta ilegalidad.
Peña dijo que viola el artículo 251 de la Constitución, donde establece la creación el Consejo Económico Social (CES).
“Si la aprueban sería caer en un acto de inconstitucional. Es por eso que llegaríamos una instancia al TC para declarar la reforma fiscal como Inconstitucional”, subrayó.
Peña aseguró que el Gobierno del presidente Luis Abinader superó, durante su primer cuatrienio en 2020-2024, la deuda obtenida en más de 700 años con la adquisición de 45 mil millones de dólares en préstamos.
“Planteamos no modificación ni revisión de nada, pedimos plenamente el retiro del proyecto”, acotó.
De manera similar la excandidata presidencial por el partido Opción Democrática (OD), Virginia Antares, también acudió a este mecanismo de participación ciudadana para calificar de injusta la pieza entregada por el Ministerio de Hacienda.
Santo Domingo.- El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, Director de Migración, dijo “no hubo ningún motín”, esto con referencia al supuesto disturbio que se presentó esta tarde en el Centro de Acogida Vacacional de Haina.
Explicó que se activó el protocolo de actuación que tienen las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración, debido al tono de voz alto que tenían los migrantes irregulares y estaban hamaqueando algunas puertas.
Mientras que la tarde de este jueves se había reportado un conato de motín en el interior del Vacacional de Haina, cuando supuestamente un haitiano estaba solicitando asistencia médica, según informó otro nacional.
Aunque la versión del herido fue desmentida por el director de Migración hubo un gran movimiento de unidades antimotines de diferentes instituciones de seguridad.
Santo Domingo.- Un aspirante a integrar la nueva Junta Central Electoral (JCE) produjo un incidente esta tarde cuando cuando acusó en el proceso de evaluación a la Comisión Especial del Senado de estar «viciada», alegando que cumplirán la petición del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien expresó que lo ideal es que permanezcan en el cargo los actuales miembros del órgano de comicios.
César René Peñaló Ozuna, quien se inscribió para participar en el proceso, lamentó que desde el Gobierno se esté bajando línea para que la Cámara Alta acate esa propuesta que dice salió del Palacio Nacional.
De acuerdo con la comisión especial, unos 23 ciudadanos se sometieron a las entrevistas, cuyo proceso culminará este viernes como se tenía estimado donde se evaluarán a 28 personas.