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Abogada de Berlinesa Franco responde a expedientes depositados por Carlos Pimentel en el Pepca
Emery Rodríguez, abogada de Berlinesa Franco
La abogada de la exdirectora Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Berlinesa Franco, informó a Diario Libre que su clienta fue designada en esa institución en fecha del 7 de diciembre del año 2016 y que por consiguiente no tendría nada que ver con los expedientes llevados recientemente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por la dirección de Compras y Contrataciones Públicas con referencia a esa fecha.
La abogada de Franco, Emery Rodríguez, explicó que de acuerdo a las informaciones emitidas en medios de comunicación Carlos Pimentel apoderó al Pepca de un expediente por supuesta violación de los procedimientos de compras y contrataciones por un valor de RD$208.05 millones. Este es el mismo valor pagado en obras de infraestructura que se realizaron en 2016 a través de procedimientos de urgencia, según hace constar el informe de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas en el período del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de ese mismo año.
“Nosotros estaremos un poco indagando respecto de qué depositó (Carlos Pimentel), sobre lo que dijo en su declaración. Ha dicho que en esta institución hubo problemas con unos temas en el año 2016. Hablaba de unos procesos de licitación de equipos tecnológicos. El interés nuestro es que quede constancia de que durante el año 2016, la señora Berlinesa no era directora del Inaipi”, declaró la abogada. Ambos procesos, los equipos computacionales y las obras de infraestructura, están señalados en la citada auditoría.
La abogada explica que a pesar de que el decreto presidencial de la designación de Berlinesa Franco tenía fecha del dos de diciembre del año 2016, ella tomó posesión el ocho del mismo mes, pero en ese lapso lo que hizo “fue una transición con quien era la antigua directora. Inició formalmente en enero del 2017”.
En la referida auditoría, la Cámara de Cuentas advierte “ausencia en la aplicación de la Ley 340-06 en procedimientos de urgencias” que se realizaron en varios procesos, entre los que se encuentras obras de infraestructura ejecutadas entre el 10 de mayo de ese año hasta el 21 de diciembre de 2016 por 208 millones de pesos, citados por Pimentel el pasado 27 de octubre a medios de comunicación.
Sobre la auditoría, Berlinesa Franco hizo saber al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, en fecha del 6 de marzo de 2019 su posición. «Nuestra gestión frente del Inaipi empezó el 6-12-16, gracias al decreto 367-16 de fecha de 2-12-16, del presidente Danilo Medina, para sustituir a la licencia Alexandra I. Santelises Joaquín, razón por la cual no tuvimos tiempo hábil ni conocimientos relacionados con las ejecutorias de las actividades del Inaipi pertenecientes al período objeto de la referida auditoría”, añadió.
Otro expediente del Inaipi, sometido ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, fue el de unas alegadas irregularidades detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data del año 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.
Según la Dirección General de Contrataciones Públicas, Inaipi adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los RD$90 millones.
“Sobre esto, lo único que puedo dar como dato, es que Inaipi no trabajaba con leche para desayuno escolar, porque la institución trabaja con niños de 45 días a 5 años. Son estancias infantiles. Por lo que Inaipi no está vinculado a ningún proceso de leche para desayuno escolar”, alegó la abogada.
“Si es que se refiere a algún otro proceso de licitación de algún tipo, tendríamos que indagar. Lo del 2018 es un amigo invisible es muy poco lo que podemos decir, lo único que no se trata de desayuno escolar porque el Inaipi no trabaja desayuno escolar”, expresó.
Emery Rodríguez sostiene además que este expediente, no tiene ningún vínculo con la investigación iniciada por la Fiscalía del Distrito Nacional sobre supuestas irregularidades en la licitación para la compra de 40 mil kits de alimentos ante la pandemia del COVID-19.
Sobre este expediente, dijo que no ha vuelto a ser convocada por las autoridades en ese caso luego de que fuera convocada a interrogar, justamente luego de que asumiera el nuevo Gobierno. “Nos encontramos a la espera de que el Ministerio Público nos requiera nuevamente”, dijo.
“Queremos decir que en ese caso de los 40 mil kits, que ese proceso del 20 de marzo se han dicho muchas cosas. En ese proceso la señora Berlinesa no pertenecía al proceso de compras de la institución. Además, se quiere decir que el monto de los 2,500 pesos de los kits sobrevaluados y eso es producto de un estudio económico que hace la propia institución de lo que va a contener la canasta o el kit que va a llegar al hogar del niño y lo otro es que el monto de los 100 millones nunca se manejó durante la gestión de la señora Berlinesa. Ese monto de 100 millones de pesos llegó a la institución después de que ella ya no estaba estaba en ese curso. El 8 de abril del 2020 es que de Presupuesto desembolsan el monto de los 100 millones y de hecho no depositan 100 millones, sino 150 millones de pesos”, sentenció la abogada.
diariolibre.com
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.