Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.Nacionales
Yeni Berenice asegura Alexis Medina montó operativo en PGR para obstruir su arresto
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.La magistrada Reynoso planteó que los integrantes “del entramado corrupto desarticulado por la Operación Anti Pulpo” estaban destruyendo pruebas y sacando capitales del país a Centroamérica.
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
La procuradora adjunta se refirió al tema al presentar los cargos contra el imputado Rafael Germosén Andújar, excontralor general de la República, quien dijo que llegó a su posición tras participar en un movimiento político en favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Confesó que llegó a su cargo por recomendación de Aracelis Medina, hermana del expresidente Danilo Medina Sánchez y de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalis Medina Sánchez.
Reveló que en su equipo había dos personas clave para agilizar los contratos de Juan Alexis Medina Sánchez: Sandy Sánchez, quien fungía como encargado de las Unidades de Auditorías, y Maryelin Rosado Medina, hija de Aracelis Medina Sánchez y sobrina de Juan Alexis Medina Sánchez.
Reynoso resaltó el impacto social de los delitos de la red delictiva por el impacto social que tiene la distracción de al menos 5,000 mil millones de pesos, una suma que podría hasta triplicarse, para República Dominicana.
Insistió en que la única medida que garantiza la integridad de los testigos será el mantener en prisión a todos los imputados, debido a la persistente intimidación de testigos. “Muchos han declarado”, pero le dicen al Ministerio Público que temen por sus vidas, añadió.
“Cuando a (Juan) Alexis Mediana (Sánchez) se le negaba algo en una institución (pública), ese funcionario duraba dos días en el cargo”, dijo.
Insistió en que el Ministerio Público aportará pruebas por corrupción, asociación de malhechores y complicidad, acusación de la que no se escapa el excontralor Germosén Andújar.
Germosén Andújar confesó al tribunal que perdió su cargo en el Estado luego de una reunión en la que se negó a certificar con celeridad unos contratos. En el encuentro habrían participado la entonces ministra de Educación, el director de la Oisoe, Franscico Pagán, y exviceministro de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“Producto de esa reunión que hubo, donde participaron la ministra de Educación de entones; el director de la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, el señor Pagán, la señora Taty Marcelino y el señor José Ramón Peralta, al ver que yo no obtemperé en la celeridad en la certificación de esos contratos, fui desvinculado en menos de 15 días de la posición de contralor de la República”, confesó, antes de pedir permiso para que le permitiera ir al baño.
La magistrada Reynoso insistió en que Germosén Andújar participó de una coalición de funcionarios dedicada distraer recursos de los contribuyentes. “Ustedes violaron la ley, no solo la Ley de Compras y Contrataciones, éste no es un tema administrativo”, dijo.
Sostuvo que al “Estado se estafó de miles de maneras” en compras que se planificaban bajo un procedimiento de “urgencia” sin tener esa necesidad. Recordó a Germosén Andújar que incluso incumplió con presentar su declaración jurada de patrimonio al salir del cargo.
También, anunció que el Ministerio Público investiga la muerte del chofer Omalto Gutiérrez Remigio, una de las personas utilizadas por Medina Sánchez como testaferro.
“Uno de los principales testaferros de Juan Alexis murió e investigaremos si es una muerte de criminalidad. La investigación determinará”.
Insistió en que la corrupción se debe considerar como un crimen mayor que hasta el narcotráfico porque el narco se apoya en ella para poder operar y blanquear capitales. “La corrupción administrativa nos roba los medicamentos de los hospitales”, dijo.
El Ministerio Público varió la solicitud de coerción contra Germosén Andújar por prisión domiciliaria, con vigilancia. Reveló que no se le puede poner grillete porque los grilletes de la Procuraduría General de la República están sujetos a un contrato con la red de Juan Alexis Medina Sánchez.
listindiario.com
Nacionales
Luego de cumplir 30 años de cárcel por el caso Llenas Aybar quedará libre Mario José Redondo.
Santo Domingo.- Saldra en libertad el próximo 5 de mayo tras cumplir 30 años de cárcel Mario José Redondo Llenas, autor del asesinato del adolescente José Rafael Llenas Aybar, hecho que se produjo en el mismo mes del 1996.
El menor, de 12 años de edad, fue asesinado el 4 de mayo de 1996, en un caso que conmocionó profundamente a la sociedad dominicana por su brutalidad.
De acuerdo con las informaciones, la orden de libertad deberá ser emitida por el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal y ejecutada en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres. Para la fecha de su salida, Redondo Llenas tendrá 50 años de edad.
El caso no solo impactó al país, sino que también dividió a una familia, ya que el condenado era primo de la víctima, lo que provocó una ruptura entre los padres del menor y los familiares del agresor.
Llenas Aybar: A 26 años del crimen horrendo que marcó la sociedad dominicana
El 26 de septiembre de 2006, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia dejó como definitiva la condena de 30 años contra Redondo Llenas y de 20 años contra Juan Manuel Moliné Rodríguez, también implicado en el asesinato.
El 3 de mayo de 1996, José Rafael Llenas Aybar salió junto a su primo Mario José Redondo Llenas hacia una plaza comercial. Al no regresar esa noche, fue reportado como desaparecido.
Al día siguiente, el 4 de mayo, su cuerpo fue encontrado en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte. El cadáver presentaba 34 puñaladas; estaba atado y envuelto en cinta adhesiva.
El hallazgo fue realizado por una pareja de campesinos en el sector El Cenit, en Pedro Brand, quienes encontraron el cuerpo parcialmente flotando en el agua.
Durante la investigación, las autoridades encontraron un papel en las manos del menor con un número telefónico, lo que permitió identificar a los responsables. Dicho número pertenecía a Kimberly Caldas, novia de Moliné Rodríguez, lo que condujo a los investigadores hasta los implicados.
Posteriormente, tanto Mario José Redondo Llenas como Juan Manuel Moliné Rodríguez fueron arrestados y confesaron el crimen, siendo sometidos a la justicia.
El 5 de mayo de 2016, Juan Manuel Moliné Rodríguez salió en libertad tras cumplir su condena de 20 años de prisión. En ese momento tenía 38 años de edad y abandonó el recinto penitenciario de Najayo-Hombres alrededor de las 2:30 de la tarde.
Ese día, los padres de Moliné Rodríguez llegaron al recinto a las 12:00 del mediodía a bordo de un vehículo, en el que ingresaron a las instalaciones de Najayo.
La familia colocó dentro del vehículo las pertenencias del exconvicto, mientras este se despedía del personal de la cárcel. Posteriormente, salieron del recinto y se trasladaron hasta su residencia.
Santo Domingo, R.D.-Mirna Ortiz, Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) acusó de «garantista en extremo» al tribunal que conoce el juicio de fondo por corrupción que se le sigue al exprocurador general (2016-2020) Jean Alain Rodríguez y adelantó que «de ninguna manera» podría declararse la extinción de la acción penal en esa acusación.
A juicio de la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, el Segundo Tribunal Colegiado ha permitido que el grupo de los 15 acusados actualmente encabezado por Rodríguez, presenten incidentes «que a todas luces son inadmisibles» porque ya fueron fallados y rechazados en el juicio preliminar.
«La extinción del caso no podrá venir sobre ninguna manera. Lo único que a ellos les queda es jugar al tiempo para ver si por la divinidad o por arte de magia sucediera algo»Directora de la Pepca
Añadió que, con presentar los incidentes previo a responder la acusación del Ministerio Público, los imputados rehúyen a enfrentarse a las pruebas, a los testigos y a los documentos.
La directora de la Pepca confía en que este caso, de presunta estafa de más de 6 mil millones contra el Estado, «definitivamente tendrá sentencia condenadora«.
Ortiz dijo que todos los ciudadanos necesitan respuestas a los cuestionamientos y a los sometimientos por corrupción por lo que el Poder Judicial debe «avanzar definitivamente» sobre esos procesos.
Asimismo, la Pepca consideró como «legítimo» los cuestionamientos a la lentitud de la imputación contra el exprocurador general, expediente por dolo de los recursos del Estado que más se ha extendido, debido a que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional «tiene bastante tiempo conociéndolo».
- «Llevamos meses tratando de iniciar el conocimiento de la audiencia y apenas vamos por la fase de incidentes, porque los imputados se han empeñado en retardar el proceso de manera continua».
El Segundo Tribunal Colegiado, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta; Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, fue apoderado para conocer el expediente de presunta corrupción hace 13 meses, luego que la corte acogiera la recusación de Rodríguez contra el Cuarto Tribunal Colegiado, escogido para que conociera el juicio de fondo en agosto de 2024.
El Segundo Tribunal Colegiado fue el que también falló el caso de los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, el de la Lotería Nacional, conocido como Operacion 13, así como el de corrupción en la Omsa que incluyó el asesinato del catedrático Yuniol Ramírez.
El exprocurador insistió en que no es su culpa que no se haya avanzado en su caso que, según él, lleva en los tribunales seis años.
Afirma que con los incidentes presentados buscan demostrar todas las irregularidades y arbitrariedades del Ministerio Público.
«Por eso dicen está perdiendo tiempo, claro, no quieren que se comente los errores y las faltas de ellos. Un ejemplo de ellos es cómo es posible que fiscales que eran compañeros de trabajo míos, que yo era su supervisor, estén preparando la acusación e investigando»Exprocurador general de la República
Sostuvo que esos fiscales tienen una enemistad declarada contra él y que eso viola el debido proceso y no se ve en «ninguna parte del mundo«.
Aseveró también que Participación Ciudadana está «desacreditada por sus actos» y que su informe es «manipulado, dañino e interesado».
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, arremetió este miércoles contra el proceso judicial en su contra, denunciando que el informe utilizado para cuestionar su gestión está «manipulado y dañado».
Rodríguez sugirió que dichos documentos provienen de instituciones que carecen de crédito y que forman parte de una estrategia de persecución política.
El exfuncionario afirmó que incluso el gobierno de los Estados Unidos ha documentado el uso indebido de fondos federales con el fin de atacar a la oposición en la República Dominicana.
«No lo digo yo, ya lo hizo oficial el gobierno americano: mal utilizaron esos fondos para atacar a la oposición. ¿Por qué no hablan de los otros casos de presunta corrupción en este gobierno? «Hacen silencio», cuestionó.
Patrimonio y origen lícito
Respecto a los señalamientos sobre sus bienes, Rodríguez sostuvo que ya se demostró ante un juez, mediante peritajes técnicos, que sus bienes tienen un origen lícito.
Ya probamos que todo el patrimonio era lícito. La ciudadanía merece una respuesta ante tantas calumnias», acotó.
Críticas a la «acusación elefantiásica»
El exprocurador calificó como una «infamia» la versión de que su defensa técnica es la responsable de dilatar el proceso.
Explicó que el juicio no ha iniciado formalmente, a pesar de que el caso data de agosto de 2020, debido a deficiencias del propio Ministerio Público (MP).
Denunció que los fiscales a cargo fueron sus subordinados y mantienen una «enemistad pública declarada» con él, lo que considera causa de nulidad.
Criticó la acusación «elefantiásica» de más de 12,000 páginas y 666,000 archivos, que incluía discos duros defectuosos que el juez mandó a devolver.
Aseguró que se le impidió el acceso a pruebas digitales durante su reclusión, teniendo que esperar seis meses por una autorización judicial para usar una computadora.
«Miedo a la ley»
Rodríguez sostuvo que los constantes reenvíos de las audiencias no han sido solicitados por su defensa, sino que son resultado de las solicitudes de fusión de expedientes del órgano persecutor.
Criticó que el Ministerio Público se tomara dos años para una investigación que legalmente debía durar tres meses, dejando vencer prórrogas procesales.
«El Ministerio Público tiene que adaptarse a la ley y no los jueces al Ministerio Público”, adujo el exprocurador.