Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.Nacionales
Yeni Berenice asegura Alexis Medina montó operativo en PGR para obstruir su arresto
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.La magistrada Reynoso planteó que los integrantes “del entramado corrupto desarticulado por la Operación Anti Pulpo” estaban destruyendo pruebas y sacando capitales del país a Centroamérica.
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
La procuradora adjunta se refirió al tema al presentar los cargos contra el imputado Rafael Germosén Andújar, excontralor general de la República, quien dijo que llegó a su posición tras participar en un movimiento político en favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Confesó que llegó a su cargo por recomendación de Aracelis Medina, hermana del expresidente Danilo Medina Sánchez y de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalis Medina Sánchez.
Reveló que en su equipo había dos personas clave para agilizar los contratos de Juan Alexis Medina Sánchez: Sandy Sánchez, quien fungía como encargado de las Unidades de Auditorías, y Maryelin Rosado Medina, hija de Aracelis Medina Sánchez y sobrina de Juan Alexis Medina Sánchez.
Reynoso resaltó el impacto social de los delitos de la red delictiva por el impacto social que tiene la distracción de al menos 5,000 mil millones de pesos, una suma que podría hasta triplicarse, para República Dominicana.
Insistió en que la única medida que garantiza la integridad de los testigos será el mantener en prisión a todos los imputados, debido a la persistente intimidación de testigos. “Muchos han declarado”, pero le dicen al Ministerio Público que temen por sus vidas, añadió.
“Cuando a (Juan) Alexis Mediana (Sánchez) se le negaba algo en una institución (pública), ese funcionario duraba dos días en el cargo”, dijo.
Insistió en que el Ministerio Público aportará pruebas por corrupción, asociación de malhechores y complicidad, acusación de la que no se escapa el excontralor Germosén Andújar.
Germosén Andújar confesó al tribunal que perdió su cargo en el Estado luego de una reunión en la que se negó a certificar con celeridad unos contratos. En el encuentro habrían participado la entonces ministra de Educación, el director de la Oisoe, Franscico Pagán, y exviceministro de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“Producto de esa reunión que hubo, donde participaron la ministra de Educación de entones; el director de la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, el señor Pagán, la señora Taty Marcelino y el señor José Ramón Peralta, al ver que yo no obtemperé en la celeridad en la certificación de esos contratos, fui desvinculado en menos de 15 días de la posición de contralor de la República”, confesó, antes de pedir permiso para que le permitiera ir al baño.
La magistrada Reynoso insistió en que Germosén Andújar participó de una coalición de funcionarios dedicada distraer recursos de los contribuyentes. “Ustedes violaron la ley, no solo la Ley de Compras y Contrataciones, éste no es un tema administrativo”, dijo.
Sostuvo que al “Estado se estafó de miles de maneras” en compras que se planificaban bajo un procedimiento de “urgencia” sin tener esa necesidad. Recordó a Germosén Andújar que incluso incumplió con presentar su declaración jurada de patrimonio al salir del cargo.
También, anunció que el Ministerio Público investiga la muerte del chofer Omalto Gutiérrez Remigio, una de las personas utilizadas por Medina Sánchez como testaferro.
“Uno de los principales testaferros de Juan Alexis murió e investigaremos si es una muerte de criminalidad. La investigación determinará”.
Insistió en que la corrupción se debe considerar como un crimen mayor que hasta el narcotráfico porque el narco se apoya en ella para poder operar y blanquear capitales. “La corrupción administrativa nos roba los medicamentos de los hospitales”, dijo.
El Ministerio Público varió la solicitud de coerción contra Germosén Andújar por prisión domiciliaria, con vigilancia. Reveló que no se le puede poner grillete porque los grilletes de la Procuraduría General de la República están sujetos a un contrato con la red de Juan Alexis Medina Sánchez.
listindiario.com
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
El presidente de la alta corte, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, luego de escuchar las conclusiones de los accionantes, la Procuraduría General de la República, los abogados del Senado y de la Cámara de Diputados y a los intervinientes voluntarios, informó que dejaba en estado de fallo el caso sobre la despenalización.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
El magistrado dictaminó la medida de manera excepcional, otorgando una primera prórroga de cinco días hábiles a la parte accionante y a los intervinientes que se adhieren a su postura, a los fines de responder formalmente a las intervenciones producidas en el proceso.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Asimismo, el Ministerio Público catalogó el nuevo esquema penal como un sistema coherente y bioéticamente justificable, amparado en tres pilares: la protección absoluta de la vida, el respeto a la dignidad y las eximentes de responsabilidad penal estructuradas para situaciones de conflicto vital extremo.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
En paralelo, los abogados de la Cámara de Diputados, doctores Tipso Ramírez y Jerry Antonio del Jesús Castillo, ratificaron que el trámite de aprobación de la ley se rigió con estricto apego a la Carta Sustantiva, calificando la acción opositora de improcedente.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
De acuerdo con la investigación, para garantizar el flujo de dinero hacia sus cuentas, los imputados presuntamente desarticularon los controles internos y eliminaron el sistema de pago mediante cheques.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.