El presidente Luis Abinader cuando anunciaba anoche un conjunto de iniciativas para frenar la corrupción administrativa.
Santo Domingo, RD.-El presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas, a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos, que buscan prevenir y detener la corrupción administrativa, así como fortalecer la transparencia institucional.
Dentro de los anuncios hechos en la presentación del “Plan Integral de Reformas Institucionales”, el mandatario aseguró que para fortalecer la independencia del Ministerio Público, impulsará una reforma constitucional en la que el procurador sea designado por un órgano apartidista.
“Asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público y en un legado institucional duradero”, dijo Abinader.
Asimismo, dijo que propondrá aumentar las consultas populares vía referendo, además de poner en marcha mecanismos que blinden “el texto constitucional de cualquier intento de convertir las aspiraciones personales en norma constitucional, sin tomar en cuenta la estabilidad democrática e institucional”.
Dentro de las leyes que propuso Abinader están una modificación a la ley de Compras y Contrataciones Públicas para mitigar riesgos en las compras y contrataciones del Estado.
La modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones públicas.
“Les anuncio la creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno”, anunció.
De igual forma, la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control.
El mandatario dijo que en los próximos meses apoyará a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución “de modo que los llamados ´barrilitos´ sean eliminados de manera definitiva”.
Blindar la Constitución
“Estas iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales instituciones de la democracia dominicana, de manera que a partir de su aprobación podamos decir que el futuro de nuestra República jamás dependerá del capricho o de los intereses de un líder, o de un partido político concreto”, aseguró el mandatario.
De igual forma, la creación de una comisión de revisión y reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social, que presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que concentre, gestione y supervise todos los programas.
Otros de los proyectos anunciados por Abinader, para ejecutarse mediante decretos son la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad de las instituciones del Gobierno, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se conformen al estándar interamericano para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información.
“También con carácter de urgencia se acometerán las acciones que permitan a todos los ciudadanos disponer de toda la información pública relativa al estado de su dinero y sus ayudas, por parte de quienes las reciban”, indicó.
Asimismo la creación de un Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, encabezado Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, con la dirección ejecutiva de Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas e integrado además por el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto y la Unidad de Análisis Financiero de la República. En el acto realizado con directores de medios de comunicación y representantes de las instituciones del Estado, Abinader comunicó que de “inmediato” se contratará un equipo de abogados que acompañe al Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de la corrupción administrativa.
“Ello no implicará una intromisión del gobierno en la labor del Ministerio Público, sino el cumplimiento de la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de todos los dominicanos”, expresó el gobernante durante el acto.
En puntos
Decretos.
El presidente Abinader adelantó que emitirá decretos para la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la información relativa a la actividad de las instituciones del Gobierno, la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se conformen según el estándar interamericano para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información.
Invitados.
Al acto celebrado en el Palacio Nacional fueron invitados los directores de medios de comunicación y funcionarios.
listindiario.com
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.
