Santo Domingo, RD.-Los agentes responsables de la vigilancia de la prisión domiciliaria no pueden aceptar “ni un vaso de agua” de los imputados bajo esa modalidad ni de las personas que viven en la casa, una medida que forma parte del protocolo que ejecuta el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (NMGP) para evitar que entren en complicidad y se viole la resolución judicial.Nacionales
Custodios de prisión domiciliaria no pueden recibir nada de los acusados
Santo Domingo, RD.-Los agentes responsables de la vigilancia de la prisión domiciliaria no pueden aceptar “ni un vaso de agua” de los imputados bajo esa modalidad ni de las personas que viven en la casa, una medida que forma parte del protocolo que ejecuta el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (NMGP) para evitar que entren en complicidad y se viole la resolución judicial.El Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria tiene bajo su custodia 188 acusados de delitos penales que guardan prisión en sus residencias actualmente, entre ellos tres que pertenecen al caso “Anti pulpo”, por corrupción, testaferros y suplidores del Estado privilegiados en el pasado gobierno de Danilo Medina.
Se trata de la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente de la República, así como el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, y el excontralor general, Rafael Antonio Germosén Andújar, a quienes el juez José Alejandro Vargas les impuso tres meses de prisión preventiva el 8 de este mes. El personal asignado a la seguridad de la prisión en los domicilios debe cumplir reglas. La primera es no dejar que la persona salga de su casa, porque se trata de una privación de libertad, pero en su residencia.
Cuando una autoridad judicial autoriza una salida médica o al tribunal, la coordinación del NMGP le envía al agente las instrucciones por escrito, según precisó Hilda Patricia Lagombra Polanco, coordinadora del NMGP.
Hay otras pautas importantes que deben seguir los agentes penitenciarios que conciernen a cómo deben tratar a los acusados y a las personas que viven dentro de la vivienda.
“No se les está permitido recibir siquiera un vaso de agua de las personas privadas de libertad con arresto domiciliario, porque para eso el sistema penitenciario le suministra los viáticos correspondientes”, precisó Lagombra Polanco.
Con esa medida también procuran evitar que el agente de vigilancia entre en confianza y complicidad con los acusados.
PROTOCOLO
Vigilancia permanente
Personal.
Un personal mixto está a cargo de la prisión domiciliaria, tanto de los Agentes de Vigilancia Penitenciaria (VTP) como de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR).
Amañar.
“Se nos pueden amañar. Si el VTP comienza a recibir una menta ya el privado de libertad empieza a darte órdenes”, alertó Lagombra Polanco.
listindiario.com
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
El presidente de la alta corte, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, luego de escuchar las conclusiones de los accionantes, la Procuraduría General de la República, los abogados del Senado y de la Cámara de Diputados y a los intervinientes voluntarios, informó que dejaba en estado de fallo el caso sobre la despenalización.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
El magistrado dictaminó la medida de manera excepcional, otorgando una primera prórroga de cinco días hábiles a la parte accionante y a los intervinientes que se adhieren a su postura, a los fines de responder formalmente a las intervenciones producidas en el proceso.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Asimismo, el Ministerio Público catalogó el nuevo esquema penal como un sistema coherente y bioéticamente justificable, amparado en tres pilares: la protección absoluta de la vida, el respeto a la dignidad y las eximentes de responsabilidad penal estructuradas para situaciones de conflicto vital extremo.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
En paralelo, los abogados de la Cámara de Diputados, doctores Tipso Ramírez y Jerry Antonio del Jesús Castillo, ratificaron que el trámite de aprobación de la ley se rigió con estricto apego a la Carta Sustantiva, calificando la acción opositora de improcedente.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
De acuerdo con la investigación, para garantizar el flujo de dinero hacia sus cuentas, los imputados presuntamente desarticularon los controles internos y eliminaron el sistema de pago mediante cheques.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.