Santo Domingo, RD.- Unos 40 fiscales de la Procuraduría Especializada de la Corrupción (PEPCA) se mantienen muy ocupados en el desarrollo de las investigaciones de presuntos actos de corrupción, asesinatos, declaración jurada de patrimonio, entre otros ílicitos penales.Nacionales
La Procuraduría general de la República da fuerte batalla contra la corrupción.
Santo Domingo, RD.- Unos 40 fiscales de la Procuraduría Especializada de la Corrupción (PEPCA) se mantienen muy ocupados en el desarrollo de las investigaciones de presuntos actos de corrupción, asesinatos, declaración jurada de patrimonio, entre otros ílicitos penales.Unos 25 fiscales asignados a la Pepca y 15 para la dirección de Persecución, trabajan conjuntamente con sus directores Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, para dar respuesta a la ciudadanía, que espera se aplique justicia en estos casos.
Las investigaciones abarcan los expedientes apoderados al inicio de la gestión del presidente Luis Abinader, y 326 expedientes que estaban en estado “durmiente” en archivos desde hace 17 años.
Los dos organismos dependientes de la Procuraduría también iniciaron una investigación en torno a las “trabas” que habría puesto el entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a los trabajos de auditoría de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos por la Junta Central Electoral (JCE) durante 2012 y 2016. Fueron interrogados el presidente interino del PLD. Temístocles Montás, el contralor Francisco Liranzo y el gerente financiero Audilio Vargas, del partido morado.
También está pendiente en la Pepca una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) de la cual formó parte la periodista Alicia Ortega, que reveló que entre diciembre de 2013 y 2014, Odebrecht habría realizado 118 pagos, de los cuales 62 fueron por el concepto “Planta Termo”, en referencia a Punta Catalina, por US$39 millones.
En torno al caso, se interrogó al economista Andrés Dauhajre (Andy), porque la empresa Baker Street Financial, que figura a su nombre, estaba en una lista de supuestos pagos de Odebrecht, así como José Gregorio Salcedo Llibre, que renunció como presidente de la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD), y José Manuel Guzmán Ibarra, que también dimitió como subadministrador del estatal Banco de Reservas.
A principios de diciembre, la Pepca reveló la Operación Anti Pulpo, con un expediente que describe la estructura de corrupción que presuntamente dirigía Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, por la cual habría logrado RD$4,796 millones de los fondos públicos mediante contratos millonarios con instituciones del Estado, practicando el tráfico de influencias.
Las acciones comenzaron el 29 de noviembre. Hasta el momento hay 11 imputados: Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y Aquiles Christopher Sánchez, su exdirector de Fiscalización de Obras.
Además Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); la hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina, exvicepresidenta del Fonper; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Rafael Germosén Andújar, excontralor de la República; Julián Suriel, José Dolores Santana; Domingo Santiago Muñoz, y Wacal Méndez, todos relacionado a las empresas de Alexis Medina.
El ex juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, envió siete a prisión preventiva por un periodo de tres meses, mientras que dictó órdenes de arresto domiciliario contra tres, la colocación del brazalete electrónico, impedimento de salida del país, presentación periódica y a dos de ellos el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos y a otro solo la presentación periódica.
También está pendiente el expediente sobre la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente por el Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Gon zalo Castillos.
También está bajo investigación los casos de Berlinesa Franco y otros exempleados del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el de Iris Guaba, exdirectora del Plan Social de la Presidencia; la Omsa y asesinato de Yuniol Ramírez; Cámara de Cuentas, CEA y la declaración jurada de patrimonio.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.