Unos 25 fiscales asigna­dos a la Pepca y 15 para la dirección de Persecución, trabajan conjuntamen­te con sus directores Wil­son Camacho y Yeni Be­renice Reynoso, para dar respuesta a la ciudadanía, que espera se aplique justi­cia en estos casos.

Las investigaciones abarcan los expedientes apoderados al inicio de la gestión del presidente Luis Abinader, y 326 expedien­tes que estaban en estado “durmiente” en archivos desde hace 17 años.

Los dos organismos de­pendientes de la Procura­duría también iniciaron una investigación en torno a las “trabas” que habría puesto el entonces gober­nante Partido de la Libe­ración Dominicana (PLD), a los trabajos de auditoría de la Cámara de Cuentas a los fondos recibidos por la Junta Central Electoral (JCE) durante 2012 y 2016. Fueron interrogados el pre­sidente interino del PLD. Temístocles Montás, el con­tralor Francisco Liranzo y el gerente financiero Audilio Vargas, del partido morado.

También está pendiente en la Pepca una investigación del  Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) de la cual formó parte la pe­riodista Alicia Ortega, que re­veló que entre diciembre de 2013 y 2014, Odebrecht ha­bría realizado 118 pagos, de los cuales 62 fueron por el concepto “Planta Termo”, en referencia a Punta Catalina, por US$39 millones.

En torno al caso, se inte­rrogó al economista Andrés Dauhajre (Andy), porque la empresa Baker Street Finan­cial, que figura a su nombre, estaba en una lista de supues­tos pagos de Odebrecht, así como José Gregorio Salcedo Llibre, que renunció como presidente de la Bolsa y Mer­cado de Valores de la Repú­blica Dominicana (BVRD), y José Manuel Guzmán Ibarra, que también dimitió como subadministrador del estatal Banco de Reservas.

A principios de diciembre, la Pepca reveló la Operación Anti Pulpo, con un expedien­te que describe la estructura de corrupción que presunta­mente dirigía Alexis Medi­na, hermano del expresiden­te Danilo Medina, por la cual habría logrado RD$4,796 millones de los fondos públi­cos mediante contratos mi­llonarios con instituciones del Estado, practicando el tráfico de influencias.

Las acciones comenzaron el 29 de noviembre. Hasta el momento hay 11 imputados: Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y Aquiles Christopher Sánchez, su ex­director de Fiscalización de Obras.

Además Fernando Rosa, expresidente del Fondo Pa­trimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); la hermana del expresidente Medina, Carmen Magalys Medina, exvicepresiden­ta del Fonper; Freddy Hi­dalgo, exministro de Salud Pública; Rafael Germosén Andújar, excontralor de la República; Julián Suriel, José Dolores Santana; Do­mingo Santiago Muñoz, y Wacal Méndez, todos rela­cionado a las empresas de Alexis Medina.

El ex juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Ale­jandro Vargas, envió sie­te a prisión preventiva por un periodo de tres meses, mientras que dictó órde­nes de arresto domiciliario contra tres, la colocación del brazalete electrónico, impedimento de salida del país, presentación periódi­ca y a dos de ellos el pago de una garantía económica de 10 millones de pesos y a otro solo la presentación periódica.

También está pendien­te el expediente sobre la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente por el Ministerio de Obras Pú­blicas en la gestión de Gon zalo Castillos.

También está bajo in­vestigación los casos de Berlinesa Franco y otros exempleados del Institu­to Nacional de Atención Integral a la Primera In­fancia (Inaipi), el de Iris Guaba, exdirectora del Plan Social de la Presi­dencia; la Omsa y ase­sinato de Yuniol Ramí­rez; Cámara de Cuentas, CEA y la declaración ju­rada de patrimonio.