Opinión
Venezuela bolivariana: necesidad de combatir «unidad en profundidad» y «unidad en amplitud»
Por Narciso Isa Conde
Venezuela bolivariana ha sido sometida por EE.UU, por el Estado narco-terrorista colombiano y sus aliados europeos-occidentales y latinoamericanos a una guerra de nueva generación que probablemente no va a cesar con el cambio de Trump por Biden; esto es, de los “republicanos” por los “demócratas” o de los “neo-fascistas” por los “globalistas”. Eso indica la experiencia vivida durante los gobiernos de Obama.
En esa guerra ha predominado el uso de medios de agresión, degradación y erosión no propiamente militares, con impactos realmente desgarradores; sin que los medios militares y los nefastos recursos para-militares hayan dejado de incidir contra la existencia de ese pueblo con variada intensidad (guerra económica, mediática, cibernética, y psicológica, junto infiltraciones, sabotajes, modalidades de terrorismo civil, invasiones y proyectos magnicidas).
· REAJUSTES IMPERIALISTAS: BIDEN REEMPLAZA A TRUMP.
Conocidas las características y métodos de la jefatura del Partido Demócrata, y evaluadas los fracasos de la administración Trump en su política contra Venezuela, Cuba, Bolivia y otros países, ya se están produciendo los reajustes tácticos y estratégicos en materia subversiva y desestabilizadora.
Es casi seguro que esa guerra no cesará, más bien habrá de ser remodelada en cuanto a prioridades y énfasis, los cuales casi seguro responderán a las pautas que astuitamente los “tanques pensantes” del “globalismo imperialista” denominan como una combinación del “poder suave” con el “poder duro”; cruzados ambos por el “poder inteligente”, que procura eliminar lo burdo, lo bruto y lo grotesco en la impronta imperial; salvo cuando se trata de los desenlaces y se decide bombardear e invadir militarmente, para lo que no le tiembla el pulso dar la orden, como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones (República Dominicana, Cuba, Haití, Irak, Afganistán, Palestina, Libia…).
Cierto que hay diferencia entre matarte con el abrazo del oso y unos que otros besos, e intentarlo con rostro de odio y echando peste. Pero no tanta disparidad.
La realidad es que si Venezuela en la era Trump necesitó de la unidad interna y de la solidaridad consecuente y constante, ahora la va a necesitar mucho mas frente a una política mucho más hábil, flexible y extremadamente pérfida; destinada no solo a agredir y desestabilizar, sino además a cooptar sectores, sobornar y ablandar los componentes ideológicamente más débiles del proceso.
· DOS TIPOS DE UNIDAD.
Más que antes, la necesidad imperiosa de la unidad requiere priorizar la unidad en profundidad, que equivale a la consolidación de bloque de fuerzas con mayores coincidencias estratégicas, con más firmeza antiimperialista y más disposición de impulsar el desarrollo de las comunas populares, de erradicar la corrupción que rebrota constantemente en estructuras burocráticas y tecnocráticas del Estado, de darle potencia al viraje necesario contenido en el legado teórico-político del Comandante Chávez sintetizado en el Programa de la Patria y en un importante documento en el que antes de morir sentó las bases del denominado “Golpe de Timón”.
Es la unidad entre las fuerzas políticas y sociales decididas a no ceder en la exigencia a EEUU y la UE de desistir del bloqueo genocida, de los embargos asfixiantes y el criminal cerco internacional impuesto por esa conjura imperialista; y, sobre todo, firmemente comprometidas con la necesidad de profundizar progresivamente el proceso hacia la revolución, hacia transformaciones estructurales más radicales, en una dirección más definidamente anticapitalista y socialista.
La unidad en profundidad, en tanto eje transversal y garantía de continuidad ascendente del proceso, no debe obviar un tratamiento especial a la dinámica interna del PSUV y de su significativa diversidad político-ideológica; partido que hegemoniza el poder constituido y que en buena medida buena medida tiende a proceder como Partido-Estado.
Esa vertiente de la unidad, sin embargo, no le resta importancia a la otra vertiente necesaria de la unidad: la unidad en amplitud o unidad táctica de las fuerzas revolucionariascon fuerzas no necesariamente dispuestas, incluso opuestas, a sepultar todo lo sigue vigente del capitalismo venezolano y sus entronques internacionales, ya heredado del anciano régimen o ya surgido en el curso de esta difícil y compleja transición revolucionaria. Pero en disposición de participar en determinadas batallas políticas necesarias para avanzar, en una etapa en que el imperialismo que sustenta la estrategia neoliberal veta cualquier reformismo que la afecte.
Combinar acertadamente ambas vertientes de la unidad forma parte del arte político para hacer revolución, siempre que se logre que la unidad antiimperialista y anticapitalista obtenga un progresivo predominio; lo que está todavía está en disputa o indefinido.
La unidad táctica posibilita restar fuerza en cada coyuntura a la contrarrevolución, ya sea cuando hay que enfrentar exitosamente su “poder suave” o cuando esta despliega su “poder duro”.
Ella implica un tratamiento diferenciado dentro la diversidad del proceso bolivariano y de sus variados espacios políticos, sociales y culturales, incluido el propio Estado y su gobierno central; mientras cabe la posibilidad que al radicalizarse, podría producirse la decantación de sus partes blandas y la incorporación de nuevos contingentes del campo popular-revolucionario.
La “unidad en amplitud” o “táctica” posibilita alianzas circunstanciales necesarias, confluencias coyunturales en cada fase del proceso, convenientes para restar o neutralizar fuerzas potencialmente adversas en lo que el proceso transformador crece en calidad.
En la sociedad venezolana a nivel civil y militar, en el PSUV (partido amalgamado con el Estado y el Gobierno), en las comunas populares, en las otras izquierdas políticas que forman parte de ese proceso transformador, en los movimientos sociales y político-sociales bolivarianos (feministas, comunitarios, ambientalistas, obreros, profesionales, juveniles, campesinos, religiosos y de unidad cívico-miltar…), abundan activistas, militantes y dirigentes que al tiempo de asumir con determinación la causa antiimperialista, consideran necesario profundizar las transformaciones, superar progresivamente el predominio de las relaciones capitalistas y acelerar la marcha hacia el socialismo.
En esa manera de pensar y actuar, en ese conjunto de factores activos, está la gran fragua de la unidad en profundidad, que en el mejor de los casos tendría la posibilidad de constituirse y consolidarse como componente esencial del proceso, que no solo impide retroceder, sino que junto al pueblo chavista radicalizado garantice su avance sostenido y una dinámica capaz de derrotar los planes y estrategias futuras del enemigo.
· LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD EN PROFUNDIDAD EN LA ERA BIDEN-GLOBALISTAS.
La consolidación de esa unidad es particularmente imperiosa en este nuevo periodo en que EE.UU desplegará diversas estrategias destinadas a fracturar el bloque cívico-militar bolivariano, captar sus partes blandas (las más próximas a la lógica del capitalismo y a esquemas liberales o socialdemócratas), meter en su redil a las derechas moderadas que rehusaron transitar la ruta de la oposición terrorista y la invasión gringa; sin abandonar la continuidad de la “guerra de cuarta generación”, incluida una eventual agresión militar directa, sin logran debilitar y dividir previamente la resistencia patriótica y la solidaridad internacionalista.
Esto exige reparar grietas y superar controversias, por pequeñas que parezcan, entre fuerzas potencialmente afines a esa unidad estratégica de carácter revolucionario.
Se trata, al parecer de grietas y choques con culpas compartidas, surgidas de roles diferentes, de culturas políticas distintas, correlación de fuerzas dispares, menosprecios en torno a problemas de cantidad, aspiraciones no satisfechas, doctrinarismos y prácticas hegemónicas; evidentes también diferencias más o menos profundas entre partes de las partes sobre los ritmos, profundidades, errores y aciertos del proceso, a todas luces no bien tratadas y agravadas por mutuas descalificaciones ofensivas.
Superar estos problemas tiene bastante importancia para “resistir avanzando” contra una peligrosas estrategias imperialistas, que no por más inteligente y más flexible, son menos peligrosas.
Uno de los casos a superar es el de las izquierdas antiimperialistas y anti-capitalistas que no están en el PSUV y su gran polo unitario, incluido el Partido Comunista Venezolano-PCV como factor más destacado, las cuales recientemente formaron un bloque electoral separado de ese conjunto (lo que siendo su derecho, no me pareció acertado); seguida esa actitud de desacuerdos y choques que en alguna medida hacen daño y afectan la unidad y solidaridad necesarias.
Esas izquierdas -independientemente de su dimensión, de sus aciertos y desaciertos- son fuerzas del campo popular-revolucionario; son fuerzas comunistas, socialistas, anticapitalistas, que nada tienen que ver con las derechas (extremistas o moderadas), ni con la ultraderecha fascista de Venezuela. Son fuerzas de la revolución bolivariana, imposible de calificar de “quinta columna” o instrumento de EEUU sin incurrir en exageraciones que enturbian más la situación.
Por otra parte, el PSUV puede tener sus propias fallas y sus propias trabas para profundizar el proceso, pero a la vez tiene inmensos méritos recientes y presentes en las batallas libradas, así como enorme potencialidades para avanzar, que es preciso reconocer; y eso es lo que hay que a mi entender procede estimular.
De todas maneras, el tema merece un tratamiento de alto nivel y un debate de calidad con aportes en pensamiento, acciones constructivas y propuestas superadoras.
Es muy importante, en mi modesto pensar, la combinación equilibrada de estas dos grandes vertientes de la unidad, la táctica y la estratégica. Sus tiempos, cualidades e impactos son diferentes, pero ambas son necesarias. Igual la relación entre ellas y el Estado.
A la UNIDAD EN PROFUNDIDAD, en estrecha relación con el bravo pueblo chavista, le toca el rol de vanguardia, procurando un profundo calado estratégico, con una gravitación de más largo aliento y más permanente a lo largo del proyecto transformador. Le toca un rol, que sin dejar de influir sobre el Estado, requiere preservar su independencia política para contribuir a un rumbo transformador y ascendente del proceso.
Le compete –además de garantizar una conducción capaz de vencer a cada paso la agresividad imperialista- impulsar ese rumbo en todo lo relacionado con la socialización progresiva y oportuna de las relaciones de propiedad, el fortalecimiento del Estado comunitario y las alianzas internacionales estratégicas; sin obviar, claro está, la necesaria transformación de un sistema político-electoral y una cultura política todavía influidos por la concepción liberal-representativa, que tiende a reproducir las viejas competencias, las degradaciones ético-morales, las ambiciones y prácticas clientelistas, que siempre afectan la unidad y niegan la democracia directa.
El gran capital privado, asociado a la burguesía transnacional y los déficits en el despliegue y ejercicio del poder popular en construcción, junto a sus conexiones con la corrupción burocrática, son los fundamentos en que se apoyan las derechas de todos los matices y los movimientos corporativos contra-revolucionarios para reproducirse en forma recurrente.
El avance de la socialización de la economía, de la propiedad y el poder, es directamente proporcional a reducir la base social a las derechas y a erosionar el poder de la contrarrevolución imperialista y oligárquico-capitalista en escenario político venezolano.
Un pacto con esas características entre los potenciales componentes de la “unidad estratégica” en esa dirección e inspirado en el “Golpe de Timón” y el “Programa de la Patria”, sería muy importante y sumamente trascendente para la continuidad victoriosa del proceso hacia la revolución socialista venezolana, que a su vez es vital para la revolución continental.
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?
Por Miguel Guerrero
Cuando hablamos del precio de la democracia, nada me parece más horripilante que ese lugar común al que apelan diariamente los dirigentes del país para justificar los vicios de la política vernácula. Eso de “pagar el precio de la dominicana” no es más que una vulgar falacia, un intento de legitimar cuantas barbaridades ha padecido la nación para mantener los privilegios de una clase que controla los resortes de la vida política, como si se tratara de derechos nobiliarios, adquiridos por herencia, olvidándose de que al igual que la realeza europea, que se casa entre familia, los genes de la dirigencia política nacional han dejado ver desde hace tiempo sus estragos.
Mientras se aduce falta de recursos para atender los principales requerimientos de la salud y la educación, dos de nuestras grandes e inaplazables prioridades, y el país vive a oscuras a causa de la falta de pago por el Gobierno a los generadores, se destinan en publicidad miles de millones de pesos para exaltar la figura presidencial en desmedro de reales necesidades de la sociedad.
Asignación que no discrimina si hay elecciones o no cada año, cuando se trata de un año preelectoral, significa que al siguiente la erogación será mucho mayor. La suma en sí misma no significaría mucho si se les exigiera transparencia en el uso y rendición de cuentas. Pero no podemos esperar que eso suceda, porque el sistema es tan pobre en garantías ciudadanas que los políticos del país no se sienten obligados a cumplir siquiera algo tan simple como una declaración de bienes, que pueden en todo caso manipular a su antojo sin mayores consecuencias.
La democracia no necesita que se entregue el precio que por ella pagamos, ni requiere tampoco del tutelaje que pretenden unos clanes que han hecho de la noble actividad partidaria un coto de corrupción y malas mañas.