Opinión
Venezuela bolivariana: necesidad de combatir «unidad en profundidad» y «unidad en amplitud»
Por Narciso Isa Conde
Venezuela bolivariana ha sido sometida por EE.UU, por el Estado narco-terrorista colombiano y sus aliados europeos-occidentales y latinoamericanos a una guerra de nueva generación que probablemente no va a cesar con el cambio de Trump por Biden; esto es, de los “republicanos” por los “demócratas” o de los “neo-fascistas” por los “globalistas”. Eso indica la experiencia vivida durante los gobiernos de Obama.
En esa guerra ha predominado el uso de medios de agresión, degradación y erosión no propiamente militares, con impactos realmente desgarradores; sin que los medios militares y los nefastos recursos para-militares hayan dejado de incidir contra la existencia de ese pueblo con variada intensidad (guerra económica, mediática, cibernética, y psicológica, junto infiltraciones, sabotajes, modalidades de terrorismo civil, invasiones y proyectos magnicidas).
· REAJUSTES IMPERIALISTAS: BIDEN REEMPLAZA A TRUMP.
Conocidas las características y métodos de la jefatura del Partido Demócrata, y evaluadas los fracasos de la administración Trump en su política contra Venezuela, Cuba, Bolivia y otros países, ya se están produciendo los reajustes tácticos y estratégicos en materia subversiva y desestabilizadora.
Es casi seguro que esa guerra no cesará, más bien habrá de ser remodelada en cuanto a prioridades y énfasis, los cuales casi seguro responderán a las pautas que astuitamente los “tanques pensantes” del “globalismo imperialista” denominan como una combinación del “poder suave” con el “poder duro”; cruzados ambos por el “poder inteligente”, que procura eliminar lo burdo, lo bruto y lo grotesco en la impronta imperial; salvo cuando se trata de los desenlaces y se decide bombardear e invadir militarmente, para lo que no le tiembla el pulso dar la orden, como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones (República Dominicana, Cuba, Haití, Irak, Afganistán, Palestina, Libia…).
Cierto que hay diferencia entre matarte con el abrazo del oso y unos que otros besos, e intentarlo con rostro de odio y echando peste. Pero no tanta disparidad.
La realidad es que si Venezuela en la era Trump necesitó de la unidad interna y de la solidaridad consecuente y constante, ahora la va a necesitar mucho mas frente a una política mucho más hábil, flexible y extremadamente pérfida; destinada no solo a agredir y desestabilizar, sino además a cooptar sectores, sobornar y ablandar los componentes ideológicamente más débiles del proceso.
· DOS TIPOS DE UNIDAD.
Más que antes, la necesidad imperiosa de la unidad requiere priorizar la unidad en profundidad, que equivale a la consolidación de bloque de fuerzas con mayores coincidencias estratégicas, con más firmeza antiimperialista y más disposición de impulsar el desarrollo de las comunas populares, de erradicar la corrupción que rebrota constantemente en estructuras burocráticas y tecnocráticas del Estado, de darle potencia al viraje necesario contenido en el legado teórico-político del Comandante Chávez sintetizado en el Programa de la Patria y en un importante documento en el que antes de morir sentó las bases del denominado “Golpe de Timón”.
Es la unidad entre las fuerzas políticas y sociales decididas a no ceder en la exigencia a EEUU y la UE de desistir del bloqueo genocida, de los embargos asfixiantes y el criminal cerco internacional impuesto por esa conjura imperialista; y, sobre todo, firmemente comprometidas con la necesidad de profundizar progresivamente el proceso hacia la revolución, hacia transformaciones estructurales más radicales, en una dirección más definidamente anticapitalista y socialista.
La unidad en profundidad, en tanto eje transversal y garantía de continuidad ascendente del proceso, no debe obviar un tratamiento especial a la dinámica interna del PSUV y de su significativa diversidad político-ideológica; partido que hegemoniza el poder constituido y que en buena medida buena medida tiende a proceder como Partido-Estado.
Esa vertiente de la unidad, sin embargo, no le resta importancia a la otra vertiente necesaria de la unidad: la unidad en amplitud o unidad táctica de las fuerzas revolucionariascon fuerzas no necesariamente dispuestas, incluso opuestas, a sepultar todo lo sigue vigente del capitalismo venezolano y sus entronques internacionales, ya heredado del anciano régimen o ya surgido en el curso de esta difícil y compleja transición revolucionaria. Pero en disposición de participar en determinadas batallas políticas necesarias para avanzar, en una etapa en que el imperialismo que sustenta la estrategia neoliberal veta cualquier reformismo que la afecte.
Combinar acertadamente ambas vertientes de la unidad forma parte del arte político para hacer revolución, siempre que se logre que la unidad antiimperialista y anticapitalista obtenga un progresivo predominio; lo que está todavía está en disputa o indefinido.
La unidad táctica posibilita restar fuerza en cada coyuntura a la contrarrevolución, ya sea cuando hay que enfrentar exitosamente su “poder suave” o cuando esta despliega su “poder duro”.
Ella implica un tratamiento diferenciado dentro la diversidad del proceso bolivariano y de sus variados espacios políticos, sociales y culturales, incluido el propio Estado y su gobierno central; mientras cabe la posibilidad que al radicalizarse, podría producirse la decantación de sus partes blandas y la incorporación de nuevos contingentes del campo popular-revolucionario.
La “unidad en amplitud” o “táctica” posibilita alianzas circunstanciales necesarias, confluencias coyunturales en cada fase del proceso, convenientes para restar o neutralizar fuerzas potencialmente adversas en lo que el proceso transformador crece en calidad.
En la sociedad venezolana a nivel civil y militar, en el PSUV (partido amalgamado con el Estado y el Gobierno), en las comunas populares, en las otras izquierdas políticas que forman parte de ese proceso transformador, en los movimientos sociales y político-sociales bolivarianos (feministas, comunitarios, ambientalistas, obreros, profesionales, juveniles, campesinos, religiosos y de unidad cívico-miltar…), abundan activistas, militantes y dirigentes que al tiempo de asumir con determinación la causa antiimperialista, consideran necesario profundizar las transformaciones, superar progresivamente el predominio de las relaciones capitalistas y acelerar la marcha hacia el socialismo.
En esa manera de pensar y actuar, en ese conjunto de factores activos, está la gran fragua de la unidad en profundidad, que en el mejor de los casos tendría la posibilidad de constituirse y consolidarse como componente esencial del proceso, que no solo impide retroceder, sino que junto al pueblo chavista radicalizado garantice su avance sostenido y una dinámica capaz de derrotar los planes y estrategias futuras del enemigo.
· LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD EN PROFUNDIDAD EN LA ERA BIDEN-GLOBALISTAS.
La consolidación de esa unidad es particularmente imperiosa en este nuevo periodo en que EE.UU desplegará diversas estrategias destinadas a fracturar el bloque cívico-militar bolivariano, captar sus partes blandas (las más próximas a la lógica del capitalismo y a esquemas liberales o socialdemócratas), meter en su redil a las derechas moderadas que rehusaron transitar la ruta de la oposición terrorista y la invasión gringa; sin abandonar la continuidad de la “guerra de cuarta generación”, incluida una eventual agresión militar directa, sin logran debilitar y dividir previamente la resistencia patriótica y la solidaridad internacionalista.
Esto exige reparar grietas y superar controversias, por pequeñas que parezcan, entre fuerzas potencialmente afines a esa unidad estratégica de carácter revolucionario.
Se trata, al parecer de grietas y choques con culpas compartidas, surgidas de roles diferentes, de culturas políticas distintas, correlación de fuerzas dispares, menosprecios en torno a problemas de cantidad, aspiraciones no satisfechas, doctrinarismos y prácticas hegemónicas; evidentes también diferencias más o menos profundas entre partes de las partes sobre los ritmos, profundidades, errores y aciertos del proceso, a todas luces no bien tratadas y agravadas por mutuas descalificaciones ofensivas.
Superar estos problemas tiene bastante importancia para “resistir avanzando” contra una peligrosas estrategias imperialistas, que no por más inteligente y más flexible, son menos peligrosas.
Uno de los casos a superar es el de las izquierdas antiimperialistas y anti-capitalistas que no están en el PSUV y su gran polo unitario, incluido el Partido Comunista Venezolano-PCV como factor más destacado, las cuales recientemente formaron un bloque electoral separado de ese conjunto (lo que siendo su derecho, no me pareció acertado); seguida esa actitud de desacuerdos y choques que en alguna medida hacen daño y afectan la unidad y solidaridad necesarias.
Esas izquierdas -independientemente de su dimensión, de sus aciertos y desaciertos- son fuerzas del campo popular-revolucionario; son fuerzas comunistas, socialistas, anticapitalistas, que nada tienen que ver con las derechas (extremistas o moderadas), ni con la ultraderecha fascista de Venezuela. Son fuerzas de la revolución bolivariana, imposible de calificar de “quinta columna” o instrumento de EEUU sin incurrir en exageraciones que enturbian más la situación.
Por otra parte, el PSUV puede tener sus propias fallas y sus propias trabas para profundizar el proceso, pero a la vez tiene inmensos méritos recientes y presentes en las batallas libradas, así como enorme potencialidades para avanzar, que es preciso reconocer; y eso es lo que hay que a mi entender procede estimular.
De todas maneras, el tema merece un tratamiento de alto nivel y un debate de calidad con aportes en pensamiento, acciones constructivas y propuestas superadoras.
Es muy importante, en mi modesto pensar, la combinación equilibrada de estas dos grandes vertientes de la unidad, la táctica y la estratégica. Sus tiempos, cualidades e impactos son diferentes, pero ambas son necesarias. Igual la relación entre ellas y el Estado.
A la UNIDAD EN PROFUNDIDAD, en estrecha relación con el bravo pueblo chavista, le toca el rol de vanguardia, procurando un profundo calado estratégico, con una gravitación de más largo aliento y más permanente a lo largo del proyecto transformador. Le toca un rol, que sin dejar de influir sobre el Estado, requiere preservar su independencia política para contribuir a un rumbo transformador y ascendente del proceso.
Le compete –además de garantizar una conducción capaz de vencer a cada paso la agresividad imperialista- impulsar ese rumbo en todo lo relacionado con la socialización progresiva y oportuna de las relaciones de propiedad, el fortalecimiento del Estado comunitario y las alianzas internacionales estratégicas; sin obviar, claro está, la necesaria transformación de un sistema político-electoral y una cultura política todavía influidos por la concepción liberal-representativa, que tiende a reproducir las viejas competencias, las degradaciones ético-morales, las ambiciones y prácticas clientelistas, que siempre afectan la unidad y niegan la democracia directa.
El gran capital privado, asociado a la burguesía transnacional y los déficits en el despliegue y ejercicio del poder popular en construcción, junto a sus conexiones con la corrupción burocrática, son los fundamentos en que se apoyan las derechas de todos los matices y los movimientos corporativos contra-revolucionarios para reproducirse en forma recurrente.
El avance de la socialización de la economía, de la propiedad y el poder, es directamente proporcional a reducir la base social a las derechas y a erosionar el poder de la contrarrevolución imperialista y oligárquico-capitalista en escenario político venezolano.
Un pacto con esas características entre los potenciales componentes de la “unidad estratégica” en esa dirección e inspirado en el “Golpe de Timón” y el “Programa de la Patria”, sería muy importante y sumamente trascendente para la continuidad victoriosa del proceso hacia la revolución socialista venezolana, que a su vez es vital para la revolución continental.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.