Opinión
Venezuela bolivariana: necesidad de combatir «unidad en profundidad» y «unidad en amplitud»
Por Narciso Isa Conde
Venezuela bolivariana ha sido sometida por EE.UU, por el Estado narco-terrorista colombiano y sus aliados europeos-occidentales y latinoamericanos a una guerra de nueva generación que probablemente no va a cesar con el cambio de Trump por Biden; esto es, de los “republicanos” por los “demócratas” o de los “neo-fascistas” por los “globalistas”. Eso indica la experiencia vivida durante los gobiernos de Obama.
En esa guerra ha predominado el uso de medios de agresión, degradación y erosión no propiamente militares, con impactos realmente desgarradores; sin que los medios militares y los nefastos recursos para-militares hayan dejado de incidir contra la existencia de ese pueblo con variada intensidad (guerra económica, mediática, cibernética, y psicológica, junto infiltraciones, sabotajes, modalidades de terrorismo civil, invasiones y proyectos magnicidas).
· REAJUSTES IMPERIALISTAS: BIDEN REEMPLAZA A TRUMP.
Conocidas las características y métodos de la jefatura del Partido Demócrata, y evaluadas los fracasos de la administración Trump en su política contra Venezuela, Cuba, Bolivia y otros países, ya se están produciendo los reajustes tácticos y estratégicos en materia subversiva y desestabilizadora.
Es casi seguro que esa guerra no cesará, más bien habrá de ser remodelada en cuanto a prioridades y énfasis, los cuales casi seguro responderán a las pautas que astuitamente los “tanques pensantes” del “globalismo imperialista” denominan como una combinación del “poder suave” con el “poder duro”; cruzados ambos por el “poder inteligente”, que procura eliminar lo burdo, lo bruto y lo grotesco en la impronta imperial; salvo cuando se trata de los desenlaces y se decide bombardear e invadir militarmente, para lo que no le tiembla el pulso dar la orden, como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones (República Dominicana, Cuba, Haití, Irak, Afganistán, Palestina, Libia…).
Cierto que hay diferencia entre matarte con el abrazo del oso y unos que otros besos, e intentarlo con rostro de odio y echando peste. Pero no tanta disparidad.
La realidad es que si Venezuela en la era Trump necesitó de la unidad interna y de la solidaridad consecuente y constante, ahora la va a necesitar mucho mas frente a una política mucho más hábil, flexible y extremadamente pérfida; destinada no solo a agredir y desestabilizar, sino además a cooptar sectores, sobornar y ablandar los componentes ideológicamente más débiles del proceso.
· DOS TIPOS DE UNIDAD.
Más que antes, la necesidad imperiosa de la unidad requiere priorizar la unidad en profundidad, que equivale a la consolidación de bloque de fuerzas con mayores coincidencias estratégicas, con más firmeza antiimperialista y más disposición de impulsar el desarrollo de las comunas populares, de erradicar la corrupción que rebrota constantemente en estructuras burocráticas y tecnocráticas del Estado, de darle potencia al viraje necesario contenido en el legado teórico-político del Comandante Chávez sintetizado en el Programa de la Patria y en un importante documento en el que antes de morir sentó las bases del denominado “Golpe de Timón”.
Es la unidad entre las fuerzas políticas y sociales decididas a no ceder en la exigencia a EEUU y la UE de desistir del bloqueo genocida, de los embargos asfixiantes y el criminal cerco internacional impuesto por esa conjura imperialista; y, sobre todo, firmemente comprometidas con la necesidad de profundizar progresivamente el proceso hacia la revolución, hacia transformaciones estructurales más radicales, en una dirección más definidamente anticapitalista y socialista.
La unidad en profundidad, en tanto eje transversal y garantía de continuidad ascendente del proceso, no debe obviar un tratamiento especial a la dinámica interna del PSUV y de su significativa diversidad político-ideológica; partido que hegemoniza el poder constituido y que en buena medida buena medida tiende a proceder como Partido-Estado.
Esa vertiente de la unidad, sin embargo, no le resta importancia a la otra vertiente necesaria de la unidad: la unidad en amplitud o unidad táctica de las fuerzas revolucionariascon fuerzas no necesariamente dispuestas, incluso opuestas, a sepultar todo lo sigue vigente del capitalismo venezolano y sus entronques internacionales, ya heredado del anciano régimen o ya surgido en el curso de esta difícil y compleja transición revolucionaria. Pero en disposición de participar en determinadas batallas políticas necesarias para avanzar, en una etapa en que el imperialismo que sustenta la estrategia neoliberal veta cualquier reformismo que la afecte.
Combinar acertadamente ambas vertientes de la unidad forma parte del arte político para hacer revolución, siempre que se logre que la unidad antiimperialista y anticapitalista obtenga un progresivo predominio; lo que está todavía está en disputa o indefinido.
La unidad táctica posibilita restar fuerza en cada coyuntura a la contrarrevolución, ya sea cuando hay que enfrentar exitosamente su “poder suave” o cuando esta despliega su “poder duro”.
Ella implica un tratamiento diferenciado dentro la diversidad del proceso bolivariano y de sus variados espacios políticos, sociales y culturales, incluido el propio Estado y su gobierno central; mientras cabe la posibilidad que al radicalizarse, podría producirse la decantación de sus partes blandas y la incorporación de nuevos contingentes del campo popular-revolucionario.
La “unidad en amplitud” o “táctica” posibilita alianzas circunstanciales necesarias, confluencias coyunturales en cada fase del proceso, convenientes para restar o neutralizar fuerzas potencialmente adversas en lo que el proceso transformador crece en calidad.
En la sociedad venezolana a nivel civil y militar, en el PSUV (partido amalgamado con el Estado y el Gobierno), en las comunas populares, en las otras izquierdas políticas que forman parte de ese proceso transformador, en los movimientos sociales y político-sociales bolivarianos (feministas, comunitarios, ambientalistas, obreros, profesionales, juveniles, campesinos, religiosos y de unidad cívico-miltar…), abundan activistas, militantes y dirigentes que al tiempo de asumir con determinación la causa antiimperialista, consideran necesario profundizar las transformaciones, superar progresivamente el predominio de las relaciones capitalistas y acelerar la marcha hacia el socialismo.
En esa manera de pensar y actuar, en ese conjunto de factores activos, está la gran fragua de la unidad en profundidad, que en el mejor de los casos tendría la posibilidad de constituirse y consolidarse como componente esencial del proceso, que no solo impide retroceder, sino que junto al pueblo chavista radicalizado garantice su avance sostenido y una dinámica capaz de derrotar los planes y estrategias futuras del enemigo.
· LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD EN PROFUNDIDAD EN LA ERA BIDEN-GLOBALISTAS.
La consolidación de esa unidad es particularmente imperiosa en este nuevo periodo en que EE.UU desplegará diversas estrategias destinadas a fracturar el bloque cívico-militar bolivariano, captar sus partes blandas (las más próximas a la lógica del capitalismo y a esquemas liberales o socialdemócratas), meter en su redil a las derechas moderadas que rehusaron transitar la ruta de la oposición terrorista y la invasión gringa; sin abandonar la continuidad de la “guerra de cuarta generación”, incluida una eventual agresión militar directa, sin logran debilitar y dividir previamente la resistencia patriótica y la solidaridad internacionalista.
Esto exige reparar grietas y superar controversias, por pequeñas que parezcan, entre fuerzas potencialmente afines a esa unidad estratégica de carácter revolucionario.
Se trata, al parecer de grietas y choques con culpas compartidas, surgidas de roles diferentes, de culturas políticas distintas, correlación de fuerzas dispares, menosprecios en torno a problemas de cantidad, aspiraciones no satisfechas, doctrinarismos y prácticas hegemónicas; evidentes también diferencias más o menos profundas entre partes de las partes sobre los ritmos, profundidades, errores y aciertos del proceso, a todas luces no bien tratadas y agravadas por mutuas descalificaciones ofensivas.
Superar estos problemas tiene bastante importancia para “resistir avanzando” contra una peligrosas estrategias imperialistas, que no por más inteligente y más flexible, son menos peligrosas.
Uno de los casos a superar es el de las izquierdas antiimperialistas y anti-capitalistas que no están en el PSUV y su gran polo unitario, incluido el Partido Comunista Venezolano-PCV como factor más destacado, las cuales recientemente formaron un bloque electoral separado de ese conjunto (lo que siendo su derecho, no me pareció acertado); seguida esa actitud de desacuerdos y choques que en alguna medida hacen daño y afectan la unidad y solidaridad necesarias.
Esas izquierdas -independientemente de su dimensión, de sus aciertos y desaciertos- son fuerzas del campo popular-revolucionario; son fuerzas comunistas, socialistas, anticapitalistas, que nada tienen que ver con las derechas (extremistas o moderadas), ni con la ultraderecha fascista de Venezuela. Son fuerzas de la revolución bolivariana, imposible de calificar de “quinta columna” o instrumento de EEUU sin incurrir en exageraciones que enturbian más la situación.
Por otra parte, el PSUV puede tener sus propias fallas y sus propias trabas para profundizar el proceso, pero a la vez tiene inmensos méritos recientes y presentes en las batallas libradas, así como enorme potencialidades para avanzar, que es preciso reconocer; y eso es lo que hay que a mi entender procede estimular.
De todas maneras, el tema merece un tratamiento de alto nivel y un debate de calidad con aportes en pensamiento, acciones constructivas y propuestas superadoras.
Es muy importante, en mi modesto pensar, la combinación equilibrada de estas dos grandes vertientes de la unidad, la táctica y la estratégica. Sus tiempos, cualidades e impactos son diferentes, pero ambas son necesarias. Igual la relación entre ellas y el Estado.
A la UNIDAD EN PROFUNDIDAD, en estrecha relación con el bravo pueblo chavista, le toca el rol de vanguardia, procurando un profundo calado estratégico, con una gravitación de más largo aliento y más permanente a lo largo del proyecto transformador. Le toca un rol, que sin dejar de influir sobre el Estado, requiere preservar su independencia política para contribuir a un rumbo transformador y ascendente del proceso.
Le compete –además de garantizar una conducción capaz de vencer a cada paso la agresividad imperialista- impulsar ese rumbo en todo lo relacionado con la socialización progresiva y oportuna de las relaciones de propiedad, el fortalecimiento del Estado comunitario y las alianzas internacionales estratégicas; sin obviar, claro está, la necesaria transformación de un sistema político-electoral y una cultura política todavía influidos por la concepción liberal-representativa, que tiende a reproducir las viejas competencias, las degradaciones ético-morales, las ambiciones y prácticas clientelistas, que siempre afectan la unidad y niegan la democracia directa.
El gran capital privado, asociado a la burguesía transnacional y los déficits en el despliegue y ejercicio del poder popular en construcción, junto a sus conexiones con la corrupción burocrática, son los fundamentos en que se apoyan las derechas de todos los matices y los movimientos corporativos contra-revolucionarios para reproducirse en forma recurrente.
El avance de la socialización de la economía, de la propiedad y el poder, es directamente proporcional a reducir la base social a las derechas y a erosionar el poder de la contrarrevolución imperialista y oligárquico-capitalista en escenario político venezolano.
Un pacto con esas características entre los potenciales componentes de la “unidad estratégica” en esa dirección e inspirado en el “Golpe de Timón” y el “Programa de la Patria”, sería muy importante y sumamente trascendente para la continuidad victoriosa del proceso hacia la revolución socialista venezolana, que a su vez es vital para la revolución continental.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?