Opinión
Venezuela bolivariana: necesidad de combatir «unidad en profundidad» y «unidad en amplitud»
Por Narciso Isa Conde
Venezuela bolivariana ha sido sometida por EE.UU, por el Estado narco-terrorista colombiano y sus aliados europeos-occidentales y latinoamericanos a una guerra de nueva generación que probablemente no va a cesar con el cambio de Trump por Biden; esto es, de los “republicanos” por los “demócratas” o de los “neo-fascistas” por los “globalistas”. Eso indica la experiencia vivida durante los gobiernos de Obama.
En esa guerra ha predominado el uso de medios de agresión, degradación y erosión no propiamente militares, con impactos realmente desgarradores; sin que los medios militares y los nefastos recursos para-militares hayan dejado de incidir contra la existencia de ese pueblo con variada intensidad (guerra económica, mediática, cibernética, y psicológica, junto infiltraciones, sabotajes, modalidades de terrorismo civil, invasiones y proyectos magnicidas).
· REAJUSTES IMPERIALISTAS: BIDEN REEMPLAZA A TRUMP.
Conocidas las características y métodos de la jefatura del Partido Demócrata, y evaluadas los fracasos de la administración Trump en su política contra Venezuela, Cuba, Bolivia y otros países, ya se están produciendo los reajustes tácticos y estratégicos en materia subversiva y desestabilizadora.
Es casi seguro que esa guerra no cesará, más bien habrá de ser remodelada en cuanto a prioridades y énfasis, los cuales casi seguro responderán a las pautas que astuitamente los “tanques pensantes” del “globalismo imperialista” denominan como una combinación del “poder suave” con el “poder duro”; cruzados ambos por el “poder inteligente”, que procura eliminar lo burdo, lo bruto y lo grotesco en la impronta imperial; salvo cuando se trata de los desenlaces y se decide bombardear e invadir militarmente, para lo que no le tiembla el pulso dar la orden, como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones (República Dominicana, Cuba, Haití, Irak, Afganistán, Palestina, Libia…).
Cierto que hay diferencia entre matarte con el abrazo del oso y unos que otros besos, e intentarlo con rostro de odio y echando peste. Pero no tanta disparidad.
La realidad es que si Venezuela en la era Trump necesitó de la unidad interna y de la solidaridad consecuente y constante, ahora la va a necesitar mucho mas frente a una política mucho más hábil, flexible y extremadamente pérfida; destinada no solo a agredir y desestabilizar, sino además a cooptar sectores, sobornar y ablandar los componentes ideológicamente más débiles del proceso.
· DOS TIPOS DE UNIDAD.
Más que antes, la necesidad imperiosa de la unidad requiere priorizar la unidad en profundidad, que equivale a la consolidación de bloque de fuerzas con mayores coincidencias estratégicas, con más firmeza antiimperialista y más disposición de impulsar el desarrollo de las comunas populares, de erradicar la corrupción que rebrota constantemente en estructuras burocráticas y tecnocráticas del Estado, de darle potencia al viraje necesario contenido en el legado teórico-político del Comandante Chávez sintetizado en el Programa de la Patria y en un importante documento en el que antes de morir sentó las bases del denominado “Golpe de Timón”.
Es la unidad entre las fuerzas políticas y sociales decididas a no ceder en la exigencia a EEUU y la UE de desistir del bloqueo genocida, de los embargos asfixiantes y el criminal cerco internacional impuesto por esa conjura imperialista; y, sobre todo, firmemente comprometidas con la necesidad de profundizar progresivamente el proceso hacia la revolución, hacia transformaciones estructurales más radicales, en una dirección más definidamente anticapitalista y socialista.
La unidad en profundidad, en tanto eje transversal y garantía de continuidad ascendente del proceso, no debe obviar un tratamiento especial a la dinámica interna del PSUV y de su significativa diversidad político-ideológica; partido que hegemoniza el poder constituido y que en buena medida buena medida tiende a proceder como Partido-Estado.
Esa vertiente de la unidad, sin embargo, no le resta importancia a la otra vertiente necesaria de la unidad: la unidad en amplitud o unidad táctica de las fuerzas revolucionariascon fuerzas no necesariamente dispuestas, incluso opuestas, a sepultar todo lo sigue vigente del capitalismo venezolano y sus entronques internacionales, ya heredado del anciano régimen o ya surgido en el curso de esta difícil y compleja transición revolucionaria. Pero en disposición de participar en determinadas batallas políticas necesarias para avanzar, en una etapa en que el imperialismo que sustenta la estrategia neoliberal veta cualquier reformismo que la afecte.
Combinar acertadamente ambas vertientes de la unidad forma parte del arte político para hacer revolución, siempre que se logre que la unidad antiimperialista y anticapitalista obtenga un progresivo predominio; lo que está todavía está en disputa o indefinido.
La unidad táctica posibilita restar fuerza en cada coyuntura a la contrarrevolución, ya sea cuando hay que enfrentar exitosamente su “poder suave” o cuando esta despliega su “poder duro”.
Ella implica un tratamiento diferenciado dentro la diversidad del proceso bolivariano y de sus variados espacios políticos, sociales y culturales, incluido el propio Estado y su gobierno central; mientras cabe la posibilidad que al radicalizarse, podría producirse la decantación de sus partes blandas y la incorporación de nuevos contingentes del campo popular-revolucionario.
La “unidad en amplitud” o “táctica” posibilita alianzas circunstanciales necesarias, confluencias coyunturales en cada fase del proceso, convenientes para restar o neutralizar fuerzas potencialmente adversas en lo que el proceso transformador crece en calidad.
En la sociedad venezolana a nivel civil y militar, en el PSUV (partido amalgamado con el Estado y el Gobierno), en las comunas populares, en las otras izquierdas políticas que forman parte de ese proceso transformador, en los movimientos sociales y político-sociales bolivarianos (feministas, comunitarios, ambientalistas, obreros, profesionales, juveniles, campesinos, religiosos y de unidad cívico-miltar…), abundan activistas, militantes y dirigentes que al tiempo de asumir con determinación la causa antiimperialista, consideran necesario profundizar las transformaciones, superar progresivamente el predominio de las relaciones capitalistas y acelerar la marcha hacia el socialismo.
En esa manera de pensar y actuar, en ese conjunto de factores activos, está la gran fragua de la unidad en profundidad, que en el mejor de los casos tendría la posibilidad de constituirse y consolidarse como componente esencial del proceso, que no solo impide retroceder, sino que junto al pueblo chavista radicalizado garantice su avance sostenido y una dinámica capaz de derrotar los planes y estrategias futuras del enemigo.
· LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD EN PROFUNDIDAD EN LA ERA BIDEN-GLOBALISTAS.
La consolidación de esa unidad es particularmente imperiosa en este nuevo periodo en que EE.UU desplegará diversas estrategias destinadas a fracturar el bloque cívico-militar bolivariano, captar sus partes blandas (las más próximas a la lógica del capitalismo y a esquemas liberales o socialdemócratas), meter en su redil a las derechas moderadas que rehusaron transitar la ruta de la oposición terrorista y la invasión gringa; sin abandonar la continuidad de la “guerra de cuarta generación”, incluida una eventual agresión militar directa, sin logran debilitar y dividir previamente la resistencia patriótica y la solidaridad internacionalista.
Esto exige reparar grietas y superar controversias, por pequeñas que parezcan, entre fuerzas potencialmente afines a esa unidad estratégica de carácter revolucionario.
Se trata, al parecer de grietas y choques con culpas compartidas, surgidas de roles diferentes, de culturas políticas distintas, correlación de fuerzas dispares, menosprecios en torno a problemas de cantidad, aspiraciones no satisfechas, doctrinarismos y prácticas hegemónicas; evidentes también diferencias más o menos profundas entre partes de las partes sobre los ritmos, profundidades, errores y aciertos del proceso, a todas luces no bien tratadas y agravadas por mutuas descalificaciones ofensivas.
Superar estos problemas tiene bastante importancia para “resistir avanzando” contra una peligrosas estrategias imperialistas, que no por más inteligente y más flexible, son menos peligrosas.
Uno de los casos a superar es el de las izquierdas antiimperialistas y anti-capitalistas que no están en el PSUV y su gran polo unitario, incluido el Partido Comunista Venezolano-PCV como factor más destacado, las cuales recientemente formaron un bloque electoral separado de ese conjunto (lo que siendo su derecho, no me pareció acertado); seguida esa actitud de desacuerdos y choques que en alguna medida hacen daño y afectan la unidad y solidaridad necesarias.
Esas izquierdas -independientemente de su dimensión, de sus aciertos y desaciertos- son fuerzas del campo popular-revolucionario; son fuerzas comunistas, socialistas, anticapitalistas, que nada tienen que ver con las derechas (extremistas o moderadas), ni con la ultraderecha fascista de Venezuela. Son fuerzas de la revolución bolivariana, imposible de calificar de “quinta columna” o instrumento de EEUU sin incurrir en exageraciones que enturbian más la situación.
Por otra parte, el PSUV puede tener sus propias fallas y sus propias trabas para profundizar el proceso, pero a la vez tiene inmensos méritos recientes y presentes en las batallas libradas, así como enorme potencialidades para avanzar, que es preciso reconocer; y eso es lo que hay que a mi entender procede estimular.
De todas maneras, el tema merece un tratamiento de alto nivel y un debate de calidad con aportes en pensamiento, acciones constructivas y propuestas superadoras.
Es muy importante, en mi modesto pensar, la combinación equilibrada de estas dos grandes vertientes de la unidad, la táctica y la estratégica. Sus tiempos, cualidades e impactos son diferentes, pero ambas son necesarias. Igual la relación entre ellas y el Estado.
A la UNIDAD EN PROFUNDIDAD, en estrecha relación con el bravo pueblo chavista, le toca el rol de vanguardia, procurando un profundo calado estratégico, con una gravitación de más largo aliento y más permanente a lo largo del proyecto transformador. Le toca un rol, que sin dejar de influir sobre el Estado, requiere preservar su independencia política para contribuir a un rumbo transformador y ascendente del proceso.
Le compete –además de garantizar una conducción capaz de vencer a cada paso la agresividad imperialista- impulsar ese rumbo en todo lo relacionado con la socialización progresiva y oportuna de las relaciones de propiedad, el fortalecimiento del Estado comunitario y las alianzas internacionales estratégicas; sin obviar, claro está, la necesaria transformación de un sistema político-electoral y una cultura política todavía influidos por la concepción liberal-representativa, que tiende a reproducir las viejas competencias, las degradaciones ético-morales, las ambiciones y prácticas clientelistas, que siempre afectan la unidad y niegan la democracia directa.
El gran capital privado, asociado a la burguesía transnacional y los déficits en el despliegue y ejercicio del poder popular en construcción, junto a sus conexiones con la corrupción burocrática, son los fundamentos en que se apoyan las derechas de todos los matices y los movimientos corporativos contra-revolucionarios para reproducirse en forma recurrente.
El avance de la socialización de la economía, de la propiedad y el poder, es directamente proporcional a reducir la base social a las derechas y a erosionar el poder de la contrarrevolución imperialista y oligárquico-capitalista en escenario político venezolano.
Un pacto con esas características entre los potenciales componentes de la “unidad estratégica” en esa dirección e inspirado en el “Golpe de Timón” y el “Programa de la Patria”, sería muy importante y sumamente trascendente para la continuidad victoriosa del proceso hacia la revolución socialista venezolana, que a su vez es vital para la revolución continental.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.